Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2025, cuando Luis Enrique N., recibió a su hijo de 1 año y 3 meses de edad en la colonia Galaxia La Laguna, en la ciudad de Puebla, con la obligación legal de devolverlo a su madre —titular de la custodia— el 13 de julio. Sin embargo, retuvo al menor sin justificación ni autorización.

Tras la denuncia interpuesta por la progenitora, el Ministerio Público inició la investigación, recabó datos de prueba y judicializó el caso. En la audiencia inicial, el juez determinó vincular a proceso al imputado y le impuso las siguientes medidas cautelares:

• Firma periódica ante la autoridad
• Prohibición de salir del estado o del país
• Restricción para acercarse a la víctima, testigos o lugares que frecuenten
• Exhibición de una garantía económica de 80 mil pesos

La FGE refrendó su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con el combate a la violencia familiar y de género en todas sus formas.

El cargo Vinculan a proceso a hombre por violencia familiar vicaria y sustracción de menor en Puebla apareció primero en Reto Diario.

La resolución fue dictada contra Stella N., señalada por la Fiscalía estatal de haber utilizado a sus hijos para afectar emocionalmente a su expareja, en medio de un conflicto familiar. Según la acusación, la mujer habría limitado la convivencia y el contacto con los menores con la intención de causar daño.

La violencia vicaria es una modalidad de violencia familiar reconocida en la legislación de Coahuila. Se configura cuando una persona utiliza a hijos u otros familiares cercanos para lastimar emocional o físicamente a otra persona.

Tras analizar los elementos presentados por la autoridad investigadora, el juez determinó que existen indicios suficientes para que el caso continúe y se realice una investigación más amplia antes de decidir si se lleva a juicio.

Foto: Redes sociales

La ley estatal contempla sanciones que pueden incluir penas de prisión y la posible restricción de derechos relacionados con la custodia o convivencia con los hijos, dependiendo de lo que se determine en el proceso.

La defensa de la mujer informó que revisará la decisión y que hará valer los recursos legales correspondientes.

El cargo Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Coahuila apareció primero en Reto Diario.

Después de que la jueza de control, Alejandra Román Pérez decidiera liberar a Ricardo N., primer vinculado en Latinoamérica por violencia vicaria, este martes 4 de noviembre, a las 11:45, se llevará a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar.

La víctima, Andrea Lezama, exige que se actúe con perspectiva de género e infancia, y en la audiencia se revoque el resguardo domiciliario de su agresor, quién sustrajo a su hijo menor por años de forma ilegal, para que vuelva a prisión, tras la solicitud presentada por la Fiscalía de Puebla.

Foto: Ulises Raziel Juárez Guarneros / EsImagen

Los colectivos exigen medidas efectivas de protección para Andrea y su hijo, así como la revisión de los criterios judiciales para evitar que se repitan casos similares.

La violencia vicaria es un delito grave que se castiga con hasta 10 años y 8 meses de cárcel y multas de hasta 25 mil pesos en el estado de Puebla.

El cargo Andrea Lezama, víctima de violencia vicaria, protesta en Casa de Justicia ante medida cautelar de su agresor apareció primero en Reto Diario.

La jueza de Control Alejandra Román Pérez determinó sustituir la prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, pese a que en la misma audiencia reconoció que sí existe riesgo de que el imputado sustraiga nuevamente a su hijo, hecho que motivó su vinculación a proceso en 2022.

La medida, criticada por su falta de perspectiva de género, implica que Ricardo N. cumplirá su arresto en la casa de sus padres, las mismas personas que, de acuerdo con los antecedentes judiciales, ocultaron durante seis años el paradero del menor y facilitaron su sustracción de la madre, Andrea Lezama Bonilla.

Una decisión con contradicciones y sin garantías

Durante la audiencia, la jueza Román Pérez incurrió en contradicciones, señalaron las colectivas. Primero argumentó que no existía riesgo alguno y luego admitió lo contrario. Aun así, decidió liberar al imputado sin una evaluación reciente de riesgo ni medidas efectivas de protección hacia la víctima y el niño.

Además, rechazó la colocación de un brazalete electrónico al acusado bajo el argumento de que “no tiene recursos para costearlo”. En su lugar, ordenó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal lo vigilen de forma permanente, aunque sin precisar si existen los medios humanos y materiales suficientes para cumplir con esa tarea.

Organizaciones feministas denunciaron que el fallo privilegia los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de la víctima. “El sistema judicial vuelve a dar la espalda a las víctimas, negándoles la protección y reparación que legítimamente merecen”, expresaron en un pronunciamiento conjunto.

Retroceso para un estado que fue referente

Puebla fue el primer estado de México y de América Latina en vincular a proceso a un agresor por violencia vicaria, tras comprobarse que Ricardo N. mantuvo lejos de su madre a su hijo durante seis años con el propósito de causarle daño. El caso de Andrea Lezama se convirtió entonces en un símbolo de resistencia y justicia para miles de mujeres.

Hoy, ese precedente se tambalea. “Es un retroceso para un estado que había sido referente internacional en el reconocimiento de la violencia vicaria”, denunció la colectiva Cam Cai, de la cual Andrea es vicepresidenta.

La decisión judicial, advierten las organizaciones, reabre el riesgo para Andrea y su hijo y sienta un precedente que podría debilitar los avances alcanzados en la tipificación de este delito, que en Puebla se castiga con hasta 10 años y 8 meses de prisión y multas de hasta 25 mil pesos.

Exigen responsabilidad institucional y garantías de seguridad

Trece organizaciones, entre ellas el Movimiento Nacional contra la Violencia Vicaria, Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, Marea Verde México, Red de Mujeres Feministas de Puebla y Observatorio Ciudadano de Violencia Vicaria, exigieron al Poder Judicial reconsiderar la medida y asumir su responsabilidad institucional.

Pidieron garantizar medidas reales de protección a Andrea Lezama y a su hijo, así como preservar el carácter ejemplar del caso que en 2022 colocó a Puebla como pionero en la lucha contra la violencia vicaria.

Foto: Facebook / Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violecia Vicaria

“Si fueron capaces de lastimar a mi hijo, pueden ser capaces de hacer cualquier cosa”, advirtió Andrea, visiblemente preocupada ante el nuevo panorama judicial.

La liberación de Ricardo N. no solo representa una amenaza para una madre y su hijo, sino también un duro golpe a la confianza en las instituciones que deberían protegerlos. En un estado que había marcado la pauta contra la violencia vicaria, la justicia parece haber dado un paso atrás.

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La propuesta considera que la rapidez y la precisión en la movilización de recursos son factores importantes que determinan el mínimo de daños y la salvaguarda de vidas durante un desastre, por lo que la falta de un inventario actualizado y de una logística preestablecida puede generar retrasos fatales.

La iniciativa, que propone reformar las fracciones XIII, XIV y adicionar la XV y XVI al artículo 53 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, fue turnada a la Comisión de Protección Civil, para su estudio correspondiente.

Por otra parte, las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez, María Fernanda De la Barreda Angón, Beatriz Manrique Guevara, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Kathya Sánchez Rodríguez y los diputados Miguel Márquez Ríos y Jaime Natale Uranga presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de sustituir expresiones como “el gobernador”, “el magistrado”, “el ciudadano”, entre otras, por términos neutros e incluyentes como “la persona titular del Poder Ejecutivo”, “las diputaciones” o “la ciudadanía”. Con ello se avanza hacia un marco normativo con perspectiva de género y una legislación más accesible y democrática.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Foto: Especial

En su momento, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, y del Código Penal del Estado, con el objetivo de quitar el concepto de “perjuicio” de la definición de violencia vicaria, considerando la diferencia entre daño y perjuicio desde el punto de vista doctrinal. Puesto que el perjuicio es la ganancia legítima que se deja de obtener como consecuencia de un daño. Es así que el concepto de violencia vicaria hace referencia a daño que ya incluye, en su caso, al perjuicio.

Foto: Especial

La propuesta fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio procedente.

Durante la sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

• Iniciativa del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con la finalidad de que las madres o padres de personas menores de 16 años que han sido diagnosticadas con cualquier tipo de cáncer, gozarán de una licencia por cuidados médicos para sus hijas e hijos, con la intención de que puedan acompañarles en sus correspondientes tratamientos médicos o de hospitalización

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para su estudio y resolución correspondiente.

• Iniciativa de la diputada Araceli Celestino Rosas para adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de diseñar e implementar políticas, programas y mecanismos integrales de prevención, supervisión y alerta temprana frente a prácticas fraudulentas o irregulares relacionadas con ofertas laborales, dando prioridad a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, así como garantizar el acceso a información clara, veraz y oportuna sobre oportunidades de empleo.

La propuesta legislativa pretende adicionar las fracciones LXV Bis al artículo 35 y la XXXIII Bis al artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

Para su estudio y resolución, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

• Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de eliminar cualquier apariencia de parcialidad y asegurar que las responsabilidades de la entrega-recepción se determinen conforme a derecho, bajo la conducción de una autoridad imparcial, técnica y legalmente competente, como lo es el Órgano Interno de Control

Para su estudio y resolución procedente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

• Punto de acuerdo del diputado Elpidio Díaz Escobar para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales a que ejecuten acciones coordinadas con la Secretaría de Salud para la atención de jaurías y animales en situación de calle. Se pretende reducir la incidencia de ataques de perros a humanos, sin que impliquen actos de maltrato o crueldad animal

Para su estudio respectivo, el exhorto fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales.

El cargo Promueve diputada Guadalupe Vargas iniciativa para fortalecer protección civil en municipios apareció primero en Reto Diario.

En cumplimiento del mandato institucional de procurar justicia y garantizar el interés superior de la niñez, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo 45 actos de investigación y 15 cateos, 11 de ellos en los municipios de Puebla y San Pedro Cholula, extendiendo las diligencias a otras entidades, como Tlaxcala, donde se realizaron 4 cateos adicionales. Estas acciones permitieron acotar las posibilidades de ocultamiento de las menores y hacer posible su recuperación.

De las investigaciones se desprende que la madre de las víctimas mantuvo una relación de concubinato durante cinco años con Erick N., con quien procreó tres hijas. En marzo de 2023, promovió un juicio familiar que concluyó con la asignación de la guardia y custodia de las menores a su favor, ordenando al padre su entrega inmediata.

Pese a la resolución judicial, Erick N., se negó a cumplir con la orden. Asimismo, tras denunciar la agraviada que desde noviembre de 2022 no veía a sus hijas, el masculino fue detenido en junio de 2023 por los delitos de violencia familiar, violencia vicaria y sustracción de menores, sin embargo, presuntamente con apoyo de sus padres, José Francisco N. y Blanca Patricia N., continuaron ocultando a las menores impidiendo el contacto con su madre, por lo que denunció su desaparición.

Asimismo, en 2024, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente por sustracción de menores y violencia vicaria en contra de los abuelos paternos de las niñas, siendo detenidos y vinculados a proceso por su probable responsabilidad en ambos delitos, en tanto las menores quedaron al cuidado de los hermanos de Erick N., y posteriormente de Jessica N., pareja sentimental de la persona, quien también fue detenida en el curso de la investigación.

Es importante destacar que las menores reciben atención por parte del personal especializado en trabajo social y psicológico, garantizando así su bienestar integral tras la recuperación. Actualmente, ya se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, quien cuenta con todo el respaldo jurídico necesario para ejercer plenamente la custodia y protección de sus hijas.

El resultado de esta operación derivó del esfuerzo conjunto y la articulación efectiva entre las áreas de investigación ministerial, el Poder Judicial y las instancias interinstitucionales involucradas, consolidando los mecanismos de cooperación para garantizar la aplicación de la justicia.

El cargo Madre se reencuentra con sus tres hijas después de años de sustracción y violencia vicaria apareció primero en Reto Diario.

Se trata de la segunda vinculación judicial en su contra, luego de que anteriormente fuera procesado por el delito de sustracción de menores. De acuerdo con la abogada de la víctima, Anahí Benítez Balderas, el imputado continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras sigue pendiente otra causa penal por presunta violencia contra sus hijos.

La denunciante, la nutrióloga September Vélez, expareja del médico, acudió a la audiencia en el Centro de Justicia Penal de Puebla, donde denunció haber sido víctima de intimidación por parte de familiares del acusado. En un video difundido en sus redes sociales, señaló directamente a dos personas que, dijo, la hostigaron a su llegada.

“Hoy llegué a la audiencia donde mi agresor enfrenta un proceso por feminicidio en grado de tentativa. Afuera me esperaban familiares suyos, listos para intimidarme, gritarme y pintar a un agresor como si fuera la víctima”, expresó Vélez en las historias de su cuenta de Instagram.

La víctima agregó en sus publicaciones:

“¿Dónde estaban cuando me golpearon, cuando me intentaron matar no una, sino dos veces? ¿Dónde estaban cuando de manera ilegal me arrebataron a mis hijos? Hoy pretenden voltear la historia, como si el que intentó asesinarme fuera un hombre inocente. Pero la verdad es clara: hay un video, hay pruebas, hay años de violencia documentada”.

Restitución de la custodia

El caso tomó fuerza mediática desde el 25 de mayo, cuando Vélez denunció a su exesposo por violencia vicaria, intento de feminicidio y sustracción ilegal de menores. Ese día afirmó públicamente: “Estoy viva, pero pude no estarlo”, al narrar que fue agredida físicamente y amenazada con un arma de fuego, hechos que quedaron registrados en video.

Tras semanas de procesos legales, hace unos días la nutrióloga logró reencontrarse con sus hijos, después de casi 100 días separados. La restitución de la custodia fue posible gracias a la intervención de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, que garantizaron la entrega inmediata de los menores a su madre.

“Hoy, después de 98 días de angustia, lágrimas y lucha… la JUSTICIA por fin se hizo presente. Hoy mis hijos y yo volvimos a abrazarnos, y ese abrazo significó libertad, verdad y dignidad”, compartió Vélez en redes sociales tras el reencuentro.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró que mantendrá su actuación “con firmeza para garantizar la justicia y la seguridad de las víctimas”, en tanto que colectivos feministas han calificado este caso como un precedente contra la violencia vicaria y la revictimización institucional.

Actualmente, Armando S. C. enfrenta dos procesos en curso y una tercera causa penal pendiente, mientras la defensa de September Vélez asegura que seguirá luchando para que se respeten sus derechos y los de sus hijos.

El cargo Armando S. C., exmédico del Hospital Ángeles, es vinculado a proceso por violencia familiar; September Vélez denuncia intimidación apareció primero en Reto Diario.

El juez de Control determinó la medida cautelar este jueves 21 de agosto, con el fin de salvaguardar la integridad de la víctima y de sus dos hijos menores.

Restitución de la custodia

De manera paralela, la Secretaría de Mujeres del Gobierno federal y la Secretaría de Seguridad Pública estatal coordinaron las acciones que permitieron la restitución inmediata de los menores a su madre, quien ejercerá de ahora en adelante la guarda y custodia plena.

Este fallo fue calificado por las autoridades como un paso firme en la defensa de los derechos de las mujeres y un precedente en la lucha contra la violencia de género.

“Hoy, después de 98 días de angustia, lágrimas y lucha… la JUSTICIA por fin se hizo presente. Hoy mis hijos y yo volvimos a abrazarnos, y ese abrazo significó libertad, verdad y dignidad”, señaló September en un video del momento en que se reencontró con sus hijos, que compartió en redes sociales.

Antecedentes del caso

El caso cobró notoriedad pública desde el 25 de mayo de 2025, cuando September Vélez denunció a su exesposo por violencia vicaria, intento de feminicidio y sustracción ilegal de menores. En un video difundido en redes sociales, la nutrióloga relató que el médico la había amenazado con un arma de fuego y la agredió físicamente, hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad.

“Estoy viva, pero pude no estarlo”, declaró en aquella ocasión, señalando además que el médico utilizaba a sus hijos como un mecanismo de control y hostigamiento.

Reacciones institucionales y sociales

Tras la denuncia pública, el Hospital Ángeles Puebla anunció el 26 de mayo la suspensión inmediata y preventiva de Armando S., mientras avanzaban las investigaciones. La decisión buscó resguardar los principios éticos de la institución médica.

El caso generó una ola de indignación en redes sociales y entre colectivos feministas, especialmente cuando, en junio, un fallo judicial inicial había permitido que el médico mantuviera la custodia temporal de los menores.

Con la nueva resolución judicial y la vinculación a proceso, September Vélez logra recuperar a sus hijos, en un hecho que activistas consideran un triunfo contra la violencia vicaria y la revictimización institucional.

La Fiscalía poblana refrendó que continuará actuando “con firmeza para garantizar la justicia y la seguridad de las víctimas”, mientras colectivos de mujeres advierten que seguirán acompañando el caso para evitar nuevos actos de violencia.

El cargo September Vélez recupera la custodia de sus hijos; vinculan a proceso y dictan prisión preventiva al médico Armando S. apareció primero en Reto Diario.

El Colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia informó que la restitución deberá cumplirse de manera inmediata, destacando que la decisión protege el interés superior de la menor, hoy de 11 años, cuya infancia estuvo judicializada. La organización calificó la medida como un precedente histórico en la defensa de los derechos de la niñez y de las madres víctimas de violencia vicaria.

Foto: Andrea Vicente Sandoval / EsImagen

La jueza penal Arely Joffre Luna también fue reconocida por señalar al padre como agresor vicario y sustractor, a pesar de intentos de intimidación durante las audiencias. El pasado 17 de junio, se vinculó al imputado a proceso por el delito de sustracción derivado de violencia vicaria, aunque ha interpuesto una apelación.

La reunión entre madre e hija se llevará a cabo en el Centro de Convivencia Familiar de Puebla. Daniela confía en que el progenitor cumpla con la orden judicial sin recurrir a más recursos dilatorios, y llamó a las autoridades a garantizar el respeto a los derechos de ambas.

Inicialmente, este caso lo llevó la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada en 2022. Tras su muerte, los avances legales logrados se estancaron, prolongando la separación.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han pedido que este fallo sirva de ejemplo para acelerar procesos similares y erradicar la impunidad en casos de sustracción de menores y violencia familiar.

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Acompañada por su abogada Montserrat González y diversas colectivas feministas, Angélica exigió la devolución inmediata del menor, así como la actuación urgente de las autoridades. Acusó a la Fiscalía General del Estado de Puebla de incurrir en violencia institucional, negándole medidas de protección y permitiendo omisiones graves en su caso.

La situación se agravó tras la detención de su anterior abogado, Raúl Andrade Osorio, acusado de lesiones y amenazas luego de un altercado con el agresor. Angélica denunció que esto la dejó sin defensa legal justo en un momento clave del proceso.

La abogada González advirtió que existe el riesgo de que el menor sea sacado del país, ya que el padre cuenta con el pasaporte del niño y posibles contactos en el extranjero. A pesar de ello, no se ha activado la Alerta Amber, y la Comisión de Búsqueda retiró el boletín tras una declaración informal del padre.

Angélica relató que ha sido víctima de violencia vicaria e institucional desde que denunció a su expareja por violencia familiar a inicios de año. Recalcó que el proceso legal está detenido por el periodo vacacional del Poder Judicial, y exigió medidas inmediatas para salvaguardar los derechos del menor.

Finalmente, pidió apoyo a la sociedad para difundir su caso, denunciando que teme por la integridad física y emocional de su hijo.

El cargo Madre denuncia violencia vicaria en Puebla: su hijo fue sustraído por su expareja apareció primero en Reto Diario.