🚨 ¿Y a qué hora el sedicente dirigente del @PANPuebla2427, @marioriestra, va a salir a condenar la abierta provocación de @FiloSarmiento, el panista más impresentable del estado y quien, creyéndose dueño de #Cuautlancingo, causó los hechos violentos durante un festejo por el Dia… pic.twitter.com/ckQS0dXon6

— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) May 2, 2026

No es una exageración.

Un reciente informe de la consultoría Integralia confirma que el fenómeno de la violencia política es como el elefante en medio de la sala, es decir, está ahí, frente a todos y todas, pero nadie quiere verlo ni mucho hablar de tan enorme paquidermo.

Toma como materia de análisis 2025 y señala que la violencia político-electoral no depende exclusivamente del calendario electoral: aunque no fue un año electoral típico (salvo la elección judicial y de ayuntamientos en dos entidades), se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018.

El incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere, incluso, que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales.

Por entidad federativa, los mayores registros se concentraron en Veracruz (104 casos), Guerrero (34), Morelos (32), Oaxaca (29), Puebla (26) y Guanajuato (21). En contraste, Yucatán no reportó casos, mientras que Zacatecas, Querétaro, Nayarit y Campeche registraron un caso cada uno, y Chiapas, Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala contabilizaron dos casos por entidad. Por su parte, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México y Sinaloa reportaron 16, 14, 13 y 12 casos, respectivamente.

El estudio refiere que la violencia político-electoral se intensifica en la antesala de procesos electorales: el primer semestre concentró 254 incidentes, frente a 128 en la segunda mitad del año, con picos en mayo y junio.

Esto indica que la proximidad a jornadas electorales –incluso parciales– sigue siendo un detonante clave para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.

Todavía peor:

Mientras la violencia político-electoral persista, también lo hará el control territorial del crimen organizado: este fenómeno no se agota en el hecho violento en sí mismo: el objetivo último de estas organizaciones es asegurar el dominio de rutas, mercados y economías locales, así como de la vida pública en general, mediante mecanismos de imposición y coacción.

En ese sentido, los municipios se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad frente a otros niveles de gobierno.

Y advierte:

La concentración en regiones y órdenes de gobierno confirma patrones: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Guanajuato registraron el mayor número de casos.

La recurrencia de casos en estas entidades confirma que la violencia política se asienta en territorios con alta fragmentación criminal y debilidad institucional. Además, los municipios continúan siendo el principal foco de vulnerabilidad, con el 79.3% de los casos registrados.

El homicidio se consolida como el principal mecanismo de violencia político-electoral: casi la mitad de los incidentes (49.2%) correspondieron a homicidios dolosos, seguidos por amenazas y atentados con arma de fuego. Esta composición refleja una escalada en la letalidad y una menor dependencia de mecanismos de intimidación indirecta.

Sin rutas oficiales para resolver el problema: a pesar de que la violencia política va en aumento, las sucesivas propuestas de reforma electoral no abordan cómo lidiar con este fenómeno. Fue el caso de la última reforma electoral aprobada.

Ello implica que es altamente probable que en 2027 veamos una cifra muy superior de casos de asesinatos, atentados, amenazas, secuestros y otras agresiones contra figuras políticas, aspirantes, candidatas y candidatos.

Que lo ocurrido en Cuautlancingo –reprobable desde cualquier punto de vista– sirva de foco rojo en materia de gobernabilidad: nadie quiere que la lucha por el poder, de por sí encarnizada, se convierta en reguero de muertos y heridos.

¿O sí?

El cargo Puebla y la violencia política rumbo a 2027 apareció primero en Reto Diario.

Los principales casos se dan en el ámbito municipal, el eslabón más débil de una larga cadena de corrupción e intereses políticos y económicos vinculados directa o indirectamente con las mafias de la delincuencia.

Por violencia política se entiende todo tipo de agresiones contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en los resultados electorales y/o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y cualquier otro mecanismo que produzca daño físico o emocional.

Según el más reciente reporte de la consultoría Integralia, ocurrieron 253 hechos de violencia política en el primer semestre de 2025, que incluyen 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis correspondientes a otros delitos menores como robos en 29 de 32 entidades del país.

Diecinueve de esos hechos de violencia política sucedieron en el estado de Puebla.

La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.

La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación. La violencia fue más intensa a nivel municipal: la mayoría de las víctimas (79%) fueron figuras políticas, funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.

Integralia subraya que las organizaciones criminales priorizan el control municipal debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados. Algo de lo que aquí ya hemos abordado.

Morena fue el partido con más víctimas: en el periodo, se contabilizaron 73 casos de violencia política en contra de personas relacionadas con ese partido, seguido por el PT con 28 y el PRI con 27.

Sin embargo, destaca que en segundo lugar están las víctimas sin afiliación a partido político alguno, con 69 casos.

¿Qué pasó en las recientes elecciones judiciales?

Salvo excepciones (3), prácticamente no hubo actos de violencia política en contra de candidatos a algún puesto de elección del Poder Judicial local y federal.

Veracruz fue el estado que concentró más eventos de violencia política: en el marco de las elecciones municipales, se contabilizaron 81 casos, mientras que Guerrero (24), Morelos (21) y Oaxaca (20) mantuvieron altos niveles de violencia sin elecciones locales.

A pesar del tamaño que representó en número de candidatos, la violencia prácticamente no se hizo presente en estos comicios: únicamente se registraron tres casos de amenazas contra candidatos del orden federal (Guanajuato y Puebla) y uno más del orden local en el Estado de México.

En el caso de Puebla, Esmeralda García Santamaría, candidata a jueza de distrito federal, denunció haber recibido amenazas.

Por otro lado, Durango, que sí tuvo comicios locales, solo registró un evento.

La mayoría de los incidentes se concentró en el centro y sur del país. Destaca Veracruz, donde se sostuvieron elecciones de ayuntamientos en junio, con 81 casos de violencia política.

Por otro lado, destacan Guerrero, Morelos y Oaxaca, pues pese a que no tuvieron comicios, mantuvieron niveles altos de violencia. Estas cuatro entidades se encuentran actualmente en medio de disputas de varias organizaciones delictivas que pelean por su control.

La violencia política, como bien señala Integralia, ya no es una excepción: se ha convertido en parte del paisaje nacional, y eso es una pésima noticia desde cualquier punto de vista.

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