La violencia política de género (VPG) se está utilizando en México como un descarado mecanismo de censura de manera preocupante.

Esto se debe a que algunos personajes políticos –de la 4T, pero también del PAN y PRI– están instrumentalizando esta figura legal para silenciar críticas y acallar a periodistas y ciudadanos que los cuestionan o critican en pleno uso de su libertad de expresión.

Los casos más recientes deberían prender todas las alarmas.

El de Karla Estrella Murrieta, una ciudadana que fue sancionada por el Tribunal Electoral por publicar un tuit crítico sobre la diputada Diana Karina Barreras, bautizada y ridiculizada como “Dato Protegido”. La sentencia incluyó disculpas públicas durante 30 días y una multa.

El de Jorge González, un periodista de Campeche que fue inhabilitado y vinculado a proceso tras una denuncia de la gobernadora Layda Sansores.

El de Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo, periodistas que enfrentan procesos judiciales por sus investigaciones. En el caso de De Mauleón, columnista de El Universal, trascendió que su domicilio privado incluso está siendo vigilado con un dron, luego de que el INE le hizo llegar una notificación para eliminar una información en la que escribió sobre una red de huachicol con operaciones en Tamaulipas.

El de Laisha Wilkins, una conocida actriz, muy activa y crítica en la red social X, que fue demandada por violencia política de género por responder con una risa a un post sobre una candidata a ministra de la Suprema Corte.

El de Radio Teocelo, una de las emisoras comunitarias más importantes y antiguas en México, que enfrenta una persecución judicial por ejercer un periodismo crítico e independiente. En mayo de 2024 transmitió un spot de un minuto, en formato de caricatura política, que cuestionaba malas prácticas como corrupción, nepotismo y candidaturas plurinominales, sin mencionar nombres, partidos, familias ni lugares. Luego de la transmisión de esa cápsula, Mara Chama Villa, hija del exalcalde de ese municipio, Mario Antonio Chama Díaz, los denunció por VPG.

Y el de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, quien acusa de violencia política a un medio de comunicación que reveló un supuesto desvío de 898 millones de pesos en su administración y pide 15 días de disculpas públicas.

Ya no es una casualidad.

Políticos y políticas de piel sensible, reacios a la crítica –ya no se diga a la autocrítica–, encontraron ya el camino fácil y cómodo para, con la complicidad de jueces y autoridades electorales corruptas, limitar o frenar en seco a periodistas y ciudadanos.

Victimizarse bajo el argumento de sufrir violencia política de género es la nueva amenaza a la libertad de expresión en México.

Hoy, hacer un comentario o difundir alguna información delicada sobre alguna mujer política –no en razón de su género, sino por su desempeño en la arena pública– es casi como jugar a la ruleta rusa.

En Puebla ha habido varios casos, bastante conocidos: algunos muy justificados por los excesos cometidos, otros meros instrumentos de gente con poder para amedrentar, acosar, perseguir, amordazar y desprestigiar.

El clima de terror que se ha construido so pretexto la “violencia política de género” es a todas luces injustificable.

Pero, hay que decirlo, se enmarca en los tiempos que corren: tiempos de intolerancia, de generaciones de cristal, de censura, de victimización y de autocompasión, fenómenos a los que –por cierto– no son ajenos los integrantes de la nueva camada de reporteros y reporteras poblanas, que no hubieran soportado los choques prensa-poder en los gobiernos de Manuel Bartlett Díaz, Mario Marín Torres o Rafael Moreno Valle Rosas. Hoy, hasta una simple mirada feroz del poder los lastima.

En resumen: la instrumentalización de la violencia política de género está generando miedo y autocensura entre periodistas y ciudadanos, limitando la libertad de expresión y el debate público.

Y lo peor es que la utilización de esta figura para silenciar críticas, deslegitima la lucha genuina contra la violencia política de género y debilita la protección efectiva de las mujeres en política.

Hay un patrón sistemático de censura institucional y judicialización de la crítica.

La “violencia política de género” es la nueva, y más eficaz, arma de políticos y gobernantes para evadir la rendición de cuentas, ocultar sus abusos y acallar a quienes los denuncian.

Como diría el clásico: “Qué asquerosidad es esto, ¡eh!”

El cargo El uso y abuso de la violencia política de género apareció primero en Reto Diario.

La Sala Superior avaló el fallo emitido por la Sala Regional Especializada, que acreditó que Blanco, junto con su entonces director de Logística y Eventos, Arturo César Millán Torres, excluyó a la legisladora de un acto cívico conmemorativo en 2023. Se trató del desfile por el CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, evento promovido por la propia Guerra Mena.

De acuerdo con la denuncia, la diputada no fue invitada a las reuniones preparatorias, se le impidió instalar un templete autorizado y se le negó el acceso al palco principal durante el acto oficial. Estos hechos fueron considerados como violencia simbólica y psicológica, pues afectaron su visibilidad como representante popular.

“La responsable concluyó que ese actuar no solo limita los derechos de la denunciante en un plano individual o subjetivo por el cual se menoscabó su posicionamiento frente al electorado de su distrito, sino que generó el mensaje de que la exclusión de una mujer, representante popular, de un evento público […] es una conducta que puede aceptarse”, afirmó el magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón.

Aunque Blanco y Millán argumentaron que no eran responsables directos del evento, la Sala Superior calificó sus argumentos como infundados e inoperantes. Por su parte, la exdiputada solicitó que se sancionara a más personas y por más hechos, sin que se ampliara la resolución en ese sentido.

Además de la inscripción en el registro del INE, Cuauhtémoc Blanco deberá tomar un curso obligatorio sobre derechos de las mujeres. Pese a la sanción, Blanco no queda impedido para participar en futuras elecciones, ya que su inscripción en el registro concluirá antes del proceso electoral federal de 2027.

El cargo Confirman sanción a Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género; estará 18 meses en registro del INE apareció primero en Reto Diario.

La denunciante, Erika de la Vega, exaspirante panista a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, denunció a Alcántara en 2021 por haberle exigido 1.5 millones de pesos a cambio de una candidatura, además de acosarla desde 2018, cuando él fue designado para coordinar postulaciones femeninas dentro del partido.

La defensa de Alcántara busca el cierre definitivo del caso, pero la parte acusatoria insiste en su reapertura, argumentando que el expediente fue indebidamente archivado durante la pasada administración estatal, situación que fue impugnada por la vía legal.

Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ya inhabilitó a Alcántara por tres años y ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política contra las Mujeres, la denunciante considera que la vía penal sigue siendo necesaria para que el caso tenga consecuencias jurídicas.

“Seguimos desahogando el tema penal, ya van casi 4 años y medio y hasta la fecha no hemos tenido la solución”, declaró Erika de la Vega.

El cargo Audiencia contra exdiputado Eduardo Alcántara es reprogramada para el 8 de julio apareció primero en Reto Diario.

La comparecencia tuvo lugar en la Casa de Justicia del Estado de Puebla, tras dos ausencias justificadas por presuntos problemas de salud.

En entrevista previa con medios de comunicación, Erika de la Vega señaló que hubo intentos por archivar la carpeta de investigación durante la administración de Sergio Salomón Céspedes, pero ella impugnó esa decisión, lo que permitió que el proceso continuara.

“Quisieron archivar y dar por terminada la investigación, pero gracias a que impugné se volvió a abrir la cita de audiencia”, declaró De la Vega.

La panista reiteró su exigencia de justicia y recordó que Eduardo Alcántara ya fue expulsado del PAN y se encuentra inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos, además de estar inscrito en el Padrón Nacional de Violentadores.

En julio de 2024, Erika de la Vega denunció públicamente que Alcántara la acosó sexualmente y le exigió 1.5 millones de pesos a cambio de permitirle ser candidata a la alcaldía de San Pedro Cholula en 2021.

Finalmente, de la Vega reiteró su exigencia de que el caso de Eduardo Alcántara siente un precedente, al considerar que debe recibir un castigo ejemplar. Señaló que se trata de un agresor que actuó con pleno conocimiento de lo que hacía y resaltó que el caso tiene un carácter de índole sexual.

El cargo Eduardo Alcántara acude a audiencia por violencia de género; Erika de la Vega exige justicia apareció primero en Reto Diario.

En octubre del año pasado, el Consejo General del órgano electoral abrió un proceso de oficio después de observar irregularidades en el ejercicio de las prerrogativas por parte del partido blanquiazul.

Entonces, halló que este instituto político, a cargo de Augusta Valentina Díaz de Rivera y Marcos Castro Martínez, otorgó a las candidatas solo una ínfima parte (5%) del financiamiento que por ley les correspondía.

El procedimiento administrativo sancionador que derivó de esas observaciones hoy todavía no se convierte en denuncia en el Tribunal Electoral del Estado, pero eso no hace falta para mostrar lo que hizo aquella dirigencia con algunas de sus candidatas mujeres para simular paridad y fingir una competencia que no existió.

Al interior del PAN les han denominado “candidatas chocolate”.

Se trata de mujeres que fueron candidatas a alcaldesas sin siquiera saberlo. No participaron realmente en la contienda, no hicieron campaña y no requirieron de financiamiento, como descubrieron los consejeros electorales nada más con mirar los informes del gasto correspondiente a las prerrogativas.

Hasta hace unas semanas, los integrantes del IEE no tenían la intención de indagar sobre la autenticidad de las candidaturas de mujeres presentadas por el blanquiazul en las elecciones de 2024.

Pretendían quedarse en la distribución de los recursos públicos y su evidente inequidad para emitir un dictamen sancionador y finiquitar el asunto.

Sin embargo, esforzándose un poco más, una cosa podría llevarlos a la otra.

Si se ocupan de citar a esas mujeres para preguntarles si sabían que el PAN las había registrado como candidatas a un cargo público, podrían llevarse grandes sorpresas.

Antes de sacar algunas conclusiones, repasemos los números de las 24 abanderadas menos votadas del blanquiazul en esa contienda:

Alicia Romero Díaz, candidata a alcaldesa de Coatepec, se fue en blanco, sin un solo voto.

Mari Carmen Amigón Contreras, de Tepemexalco; María de Lourdes Briseño Tenorio, de San Juan Atzompa, y Areli Aridaí Hidalgo Pacheco, de Ahuehuetitla, obtuvieron un sufragio.

María del Carmen Fuentes Díaz, candidata de San Pablo Anicano; Leticia Amigón Galindo, de Atzala, y Mariela Jiménez Corro, de Totoltepec de Guerrero, lograron apenas dos votos.

Juana Jacinto Lozano, de Camocuautla; Araceli Tapia Delgado, de Axutla; Angélica Francisco Pineda, de Zoquiapan; Cecilia Ortiz Mendoza, de Xayacatlán de Bravo; Guadalupe Carmen Ordóñez Rosas, de Chila de la Sal; Jhanet Bueno, de Cohetzala; Marisela Parra Hernández, de Caxhuacan; Guadalupe Camacho Rodríguez, de Ocotepec; Cynthia Córdova Perdiz, de Mixtla; Petra Contreras Miranda, de Tepexco, y Rosaura Romero Guzmán, de Tlanepantla, alcanzaron entre tres y 15 votos, cada una.

Por último, Juana San Agustín Cruz, abanderada de Tulcingo; Cliceria Arias Morales, de Atoyatempan; Liseth Nadia Rodrigo, de Xochitlán Todos Santos; Leonarda Castillo Heraclio, de Tepeojuma; Valeria Hernández Morales, de Juan Galindo, y Juana González Peláez, de Santa Catarina Tlaltempan, se hicieron de entre 18 y 29 votos. Muy bajas también.

Todas ellas, 24, quedaron por debajo de los 30 votos.

Porque no hicieron campaña y en algunos casos ni supieron que eran candidatas.

Si lo hubiesen sabido, si hubiesen asumido el rol que sí ocuparon en el papel, habrían conseguido por lo menos los 16 votos de los integrantes de las planillas, entre titulares y suplentes, más otros 16 de amigos o familiares. Habrían quedado, en caso extremo, en 32.

Eso no sucedió porque no compitieron.

Y como no compitieron, no necesitaron dinero para hacer campaña.

Ahí está la respuesta que tendrían que buscar los consejeros electorales.

Mientras tanto, en el PAN tendrían que pedirle cuentas a Díaz de Rivera y a Castro Martínez.

¿Por qué les regalaron a Morena y la 4T esos municipios?

¿Acaso no compitieron, en esas demarcaciones y en el resto del estado, para ganar?

Un sector importante del blanquiazul mantiene la hipótesis de que la dirigencia de esa época y el jefe político de ella, Eduardo Rivera Pérez, candidato a gobernador, no compitieron para ganar, sino para perder.

La famélica votación registrada en esos 24 municipios, junto con muchas otras pruebas que aparecieron después, parece confirmar que así fue.

@jorgerdzc

El cargo Candidatas “chocolate” en el PAN apareció primero en Reto Diario.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía SCM-JDC-19/2025, el Pleno ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) el pasado 24 de enero.

Esto al determinar que, aunque la libertad de expresión cuenta con un estándar reforzado de protección en materia política, no es absoluta, pues encuentra límites válidos cuando se utiliza para difundir mensajes que constituyan una forma de discriminación y violencia de género.

Mensajes contenían expresiones sexistas y misóginas

En la sentencia, se declaró que Elsa Bracamonte cometió violencia política de género por las manifestaciones realizadas el 3 de abril de 2024 a través de la red social X (antes Twitter) en perjuicio de la entonces candidata a diputada local por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” Grace Palomares.

Los mensajes reproducían estereotipos de género, contenían expresiones sexistas y misóginas, y afectaban directamente el ejercicio de los derechos político-electorales de la víctima.

La exsecretaria de Movilidad y Transporte puede impugnar el fallo ante la Sala Superior del TEPJF, la máxima instancia en materia electoral del país.

Si la sentencia es confirmada será inscrita en el registro de sancionados del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado (IEE). Además, se mantendrá la amonestación pública impuesta por el TEEP.

Para fines informativos, en esta nota se reproducen los mensajes emitidos por Elsa Bracamonte, considerados como violencia política de género:

• “¡La puta por favor novia es para una mujer decente!”
• “Ojalá las personas razonen y no le den el voto a esta tranfuga prostituta política no merece más que escupitajos por lo miserable que es esta mujer Graciela Palomares” (sic)
• “Total, la señora se ha vestido de muchísimos colores, cínica –al lado un emoji– desvergonzada y miserable NO CONOCES LA PALABRA DIGNIDAD desgraciada ojalá no ganes”
• “La señora Grace Palomares que ha transitado por cinco partidos hace dos semanas aún quería ser la candidata a gobernadora de MC, el sobrino de Mario Marín José Luis García Parra, alias el Choco, EL PRIISTA Figueroa, la ex alcaldesa corrupta Claudia Rivera, y un montón más”
• “Al precioso se las prestó y a quién se deje, no deberían darle ningún puesto a sexo servidoras, si se les quiere apoyar que las pongan en nómina de alguna secretaria y mejor que les paguen ahí un salario, porque no midan el daño social que le hacen al pueblo este tipo de señoras”

El cargo Elsa Bracamonte cometió violencia política de género en contra de Grace Palomares, confirma TEPJF apareció primero en Reto Diario.