Como parte del orden del día, el órgano colegiado aprobó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en la que se actualiza la denominación de los organismos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, se modifica la estructura, organización, facultades y conformación del Tribunal Superior de Justicia, así como la organización del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, que son de reciente creación.

De igual forma, plantea la actualización en la estructura, organización y competencias de la Escuela Estatal de Formación Judicial y de las unidades auxiliares del órgano de administración judicial.

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Las y los diputados aprobaron el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, mediante la cual se establece la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, se aprobó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que tiene como finalidad armonizar la legislación local con la Ley General, para incorporar el Centro Privado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa, para fortalecer el acceso a la justicia.

Este marco normativo considera las disposiciones sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los centros públicos y privados de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como regular la certificación y actuación de las personas facilitadoras y de las abogadas y abogados de estos sectores.

Por otra parte, se aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, a fin de garantizar que los juicios contenciosos se sustancien bajo los principios de legalidad, debido proceso y transparencia, para consolidar un sistema de justicia administrativa acorde a los nuevos estándares institucionales legales, así como establecer los requisitos para tramitar la suspensión del acto reclamativo.

Entre los asuntos abordados, también se aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, mediante el cual se sustituye el Consejo de la Judicatura por el Órgano de Administración Judicial, se deroga el capítulo relativo a los recursos de legalidad por razones de reorganización del sistema de justicia constitucional en el Estado y se suprimen las referencias al Instituto de Transparencia, considerando la extinción del ente.

El órgano colegiado también aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Carrera Judicial del Estado de Puebla para actualizar la denominación del Consejo de la Judicatura para denominarse Órgano de Administración Judicial del Estado de Puebla e indicar sus atribuciones.

Asimismo, se incorpora que la formación de la carrera judicial deberá apegarse a los principios de perspectiva de género, igualdad de género, vocación de servicio público y compromiso social.

Sobre el tema, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales expuso que en el dictamen no se precisa lo que ocurrirá con las y los servidores públicos que actualmente laboran en el Poder Judicial, pues se establecen nuevas reglas para el ingreso y promoción mediante la carrera judicial, así como los concursos de oposición, pero no hay claridad o certeza jurídica sobre los derechos de quienes trabajan actualmente para la impartición de justicia.

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Asimismo, se aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, con la que se busca consolidar una modernización institucional y garantizar que la ciudadanía reciba un servicio adecuado por parte de las y los abogados integrantes de la defensoría pública.

Los dictámenes antes mencionados fueron elaborados con las iniciativas que remitió el titular del Poder Ejecutivo.

Aprueban reformas en materia de abuso sexual, despojo y seguridad

Como parte de la sesión, se aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, que tiene como objetivo armonizar el tipo penal de abuso sexual contenido en el Código Federal, a fin de fortalecer el marco jurídico y facilitar la denuncia, brindar acompañamiento especializado, asegurar que las sanciones impuestas sean proporcionales y eficaces para prevenir la reincidencia.

En las modificaciones, se incluye la obligación para el agresor de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social; además, el delito se perseguirá de oficio y la reparación del daño a la víctima debe incluir atención psicológica.

El proyecto de dictamen fue elaborado con las iniciativas de las diputadas Xel Arianna Hernández García y Azucena Rosas Tapia, así como de los diputados José Luis Figueroa Cortés y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Xel Arianna Hernández García señaló que el acoso sexual no es un problema aislado, sino un asunto de voluntad política y responsabilidad institucional que debe atenderse de manera integral, por ello, celebró la aprobación de estas reformas.

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Por otra parte, las y los diputados aprobaron el proyecto de dictamen por el que se reforman los artículos 409 y 409 Bis; se adiciona el artículo 409 Ter, y se deroga el segundo párrafo del artículo 408 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de despojo. Fue elaborado con las propuestas del Ejecutivo, así como de las y los diputados Araceli Celestino Rosas, Beatriz Manrique Guevara, Susana del Carmen Riestra Piña, Celia Bonaga Ruiz, Modesta Delgado Juárez, Andrés Iván Villegas Mendoza y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

El objetivo es fortalecer el marco jurídico aplicable al delito de despojo, mediante el establecimiento de sanciones claras y proporcionales y el aumento de las penas correspondientes; proteger efectivamente el derecho a la propiedad, con especial atención cuando el delito se comete en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad; salvaguardar la seguridad jurídica; proteger de manera efectiva el derecho humano a la propiedad y a la vivienda en el Estado; y sancionar de manera severa el despojo cometido con el propósito de notificar o comercializar la tierra.

En su participación, la diputada Araceli Celestino Rosas indicó que la aprobación de esta iniciativa representa un paso importante para garantizar certeza jurídica y proteger a la ciudadanía, pues con las modificaciones, se protege el derecho humano a la vivienda.

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Finalmente, se aprobó el proyecto de dictamen, elaborado con la iniciativa del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza, por el que se adicionan los artículos 192 bis y 192 ter al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

El objeto del dictamen es incorporar dentro de los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte la colocación o arrojo en vías de comunicación de objetos punzocortantes, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar con el fin de obstaculizar ilícitamente el tránsito vehicular o utilizarlos para ponchar llantas o dañar cualquier vehículo.

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Poseer, fabricar, distribuir, comercializar o facilitar la obtención de aquellos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daños a terceros.

Además, se establece que las penas por este delito serían de 2 a 6 años de prisión, multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de los objetos utilizados.

El cargo Avala Comisión del Congreso de Puebla Leyes y reformas en materia judicial apareció primero en Reto Diario.

No como un actor poderoso, sino como el ejemplo más reciente de alguien que apostó todo a que la ley podía doblarse con dinero, presiones y padrinazgos políticos.

Desde su detención y posterior vinculación a proceso por el delito de extorsión, diversas fuentes coinciden en que el imputado activó una estrategia paralela al proceso judicial: no jurídica, sino de poder.

Gestiones fuera del expediente, acercamientos indebidos y, según versiones reiteradas, intentos de “comprar” voluntades dentro del sistema de justicia, incluyendo agentes del Ministerio Público, jueces de control y hasta magistrados.

En círculos cercanos al propio imputado se llegó incluso a presumir –con ligereza y soberbia– que “el asunto estaba controlado”, que “ya se había hablado con quien se tenía que hablar” y que contaba con el respaldo de un senador poblano, cuyo nombre habría sido utilizado como carta de intimidación más que como apoyo real.

La narrativa era clara: la prisión sería temporal y la libertad, cuestión de días.

Nada de eso ocurrió.

Lejos de encontrar eco en los tribunales, esas versiones chocaron con una resolución contundente. La Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla confirmó la vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa. El mensaje fue inequívoco: el expediente pesó más que cualquier presunción de poder.

Fuentes judiciales consultadas refieren que, pese a los rumores de sobornos y presiones, no existió ninguna actuación procesal que beneficiara al imputado, ni se alteró el curso del procedimiento. Por el contrario, la resolución fue jurídicamente sólida, fundada y motivada, cerrando de tajo cualquier intento inmediato de obtener la libertad por la vía de las influencias.

Las supuestas alianzas políticas resultaron ser, en los hechos, promesas vacías. Figuras que habrían sido utilizadas como escudo discursivo no aparecieron cuando el caso llegó a segunda instancia. Nadie intervino. Nadie “resolvió”. Nadie torció la ley.

El contraste es brutal. Mientras afuera se presume poder, adentro del penal la realidad es otra. La prisión preventiva no es un castigo anticipado, pero sí una consecuencia legal que hoy pesa más que cualquier fajo de billetes, llamada nocturna o nombre lanzado al aire para intimidar.

Este caso deja una lección incómoda para quienes aún creen que el sistema se mueve a base de sobres y favores: la justicia puede ser presionada, pero no siempre se deja comprar. Y cuando decide sostenerse en el derecho, no hay operador, senador ni intermediario que la saque del camino.

Las fiestas pasarán. Los alardes también. El proceso penal seguirá su curso. Y Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal”, pese a todos los intentos, está y seguirá dentro.

Porque al final, por más que se presuma poder, la justicia no se negocia.

El cargo La justicia no se compra: el caso de “El Animal” apareció primero en Reto Diario.

En un acto protocolario celebrado en la sede del Congreso del estado, y ante la presencia del gobernador Alejandro Armenta, el presidente del Consejo de la Judicatura emitió un mensaje acompañado por sus homólogas del Tribunal Superior de Justicia, magistrada María Belinda Aguilar Díaz, y del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrada María Elena Farfán González.

María Belinda Aguilar, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; Alejandro Armenta, gobernador del estado, y María Elena Farfán, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla. Foto: Especial

En su intervención, el gobernador reconoció el esfuerzo de las magistradas, magistrados, juezas y jueces que conforman el Poder Judicial, destacando el trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo, y confió en que se mantendrá la relación institucional en el marco del respeto a las facultades y autonomía de cada Poder.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Conciliación Política del Congreso del estado, la diputada Laura Artemisa García Chávez, señaló que la presentación de esta Memoria Anual refleja el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la modernización del sistema judicial poblano. Además, destacó la visión de derechos humanos e igualdad de género en las acciones de protección a grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes.

José Eduardo Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura; Laura Artemisa García, presidenta del Congreso de Puebla, y Alejandro Armenta, gobernador del estado de Puebla. Foto: Especial

En su mensaje, el presidente del Consejo de la Judicatura explicó que la Memoria expone el estado que guardan el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa, y resume las acciones más relevantes en materia de justicia, incluyendo la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la modernización del Sistema de Justicia en Puebla, tanto en infraestructura física como tecnológica.

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Entre los principales logros reportados por el Tribunal Superior de Justicia destacan:

• Participación activa en comisiones nacionales para unificar criterios en justicia civil, familiar y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
• Presencia en 51 sesiones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad.
• Atención de más de 59 mil juicios de primera instancia, con un incremento de casi 30% respecto al periodo anterior, y dictado de 41 mil sentencias.
• En segunda instancia, la resolución de más de 4 mil 300 ejecutorias, con un aumento significativo en comparación con el año previo.

Por su parte, el Tribunal de Justicia Administrativa realizó más de 180 sesiones de sus Salas Colegiadas, emitió cerca de 11 mil 250 acuerdos y 700 sentencias definitivas a favor de los particulares, garantizando transparencia e imparcialidad en la resolución de los asuntos.

El Consejo de la Judicatura priorizó la implementación de las reformas constitucionales de marzo de 2025, emitió más de mil acuerdos plenarios, más de 30 resoluciones y más de 90 visitas de supervisión a juzgados, así como la creación de nuevos juzgados, la puesta en marcha del Distrito Judicial de Ajalpan y la creación del Distrito Judicial de Acatzingo. También se destacan acciones coordinadas con el Ejecutivo y Legislativo para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.

En materia de atención ciudadana, los órganos auxiliares del Poder Judicial alcanzaron importantes resultados:

• Centro Estatal de Convivencia Familiar: supervisión de más de 94 mil 500 convivencias y 2 mil 600 evaluaciones psicológicas.
• Instituto Especializado de la Defensoría Pública: más de 10 mil 900 patrocinios jurídicos y un incremento del 143% en montos recuperados a favor de los ciudadanos.
• Centro de Justicia Alternativa: más de mil 800 acuerdos de mediación y 4 mil 700 orientaciones jurídicas.
• Escuela Estatal de Formación Judicial: capacitación y formación de más de 270 personas en maestrías, especialidades y diplomados, incluyendo temas como Mediación, Derechos Humanos, Justicia Laboral y Código Nacional de Procedimientos Civiles.

Finalmente, Hernández Sánchez reiteró el compromiso del Poder Judicial de seguir trabajando para garantizar un Estado de derecho sólido y confiable, agradeciendo el apoyo del Ejecutivo y del Congreso del estado para fortalecer la justicia y el bienestar de la ciudadanía poblana.

El cargo Poder Judicial de Puebla presenta su Memoria Anual 2024-2025 en la sede del Congreso local apareció primero en Reto Diario.

Unas voces aseguran que ya presentó su renuncia al cargo, junto con otros dos integrantes del Consejo de la Judicatura. El movimiento se habría dado con el propósito de ya no figurar en la presentación de la Memoria Anual del Poder Judicial, que se realizará –este martes– en un acto convocado en el Congreso del estado, con la presencia del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Otros sostienen que apenas estaría preparando su dimisión, misma que podría presentar en la semana que corre. Una salida que se ha esperado en los últimos nueve meses.

El segundo rumor señala que el magistrado Pedro Martínez Hernández, quien hace un mes fue nombrado integrante del Consejo de la Judicatura, se estaría preparando para ocupar la vacante que dejaría –o ya dejó– José Eduardo Hernández Sánchez.

De ser cierta “la caída” de Hernández Sánchez, es relevante apuntar que se va 21 meses antes de que concluyera su periodo como cabeza del Consejo de la Judicatura, que es el órgano rector del Poder Judicial, que se encarga de administrar, vigilar y cuidar la disciplina en los tribunales de la entidad.

El cargo Cae José Eduardo Hernández como presidente del Consejo de la Judicatura de Puebla apareció primero en Reto Diario.

Y en cambio, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cada vez que puede, quiere asumir el control del PJP, sin tener facultades legales para tomar ese papel o para que se lo otorguen desde otro poder público.

Tal situación quedó evidenciada –hace unos días– cuando el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, encabezó una de sus habituales ruedas de prensa –“una mañanera”– desde el Centro de Convivencia Familiar de Ciudad Judicial.

Y resulta que, en una segunda fila y en medio de algunos invitados, se encontraba José Eduardo Hernández Sánchez, como intentando pasar desapercibido.

Lo natural es que Hernández Sánchez tuviera que encabezar cualquier actividad que se realice en algún recinto del ámbito judicial.

En cambio, quien sí estaba cerca del gobernador y demás miembros del Gabinete era la magistrada “Beli”, tal como le gusta ser mencionada a la togada María Belinda Aguilar Díaz.

Una situación que se ve con frecuencia. Por ejemplo, la presidenta del TSJ acude a las mesas de Seguridad Pública que se organizan cada lunes en la sede del Poder Ejecutivo.

¿Cuál es el problema de que en esos encuentros institucionales esté presente Belinda Aguilar en lugar de Eduardo Hernández?

Que los papeles de las dos principales figuras del Poder Judicial están invertidos y eso es ilegal.

De acuerdo con la última reforma judicial, que se aprobó durante el mandato del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y que quedó plasmada en el artículo 88 de la Constitución del estado de Puebla, se establece con claridad que el presidente del Consejo de la Judicatura es el titular del cuerpo colegiado del PJP, encargado de administrar y de dirigir el aparato de impartición de justicia.

Y esa misma reforma, le acabó quitando casi todas las facultades que tenía la Presidencia del TSJ, antes de que se creara el Consejo de la Judicatura. Prácticamente acabó convirtiéndose –casi– en un puesto honorífico.

Ahora, el asunto hay que verlo de esta manera: si María Belinda Aguilar quisiera cambiar a su secretaria privada de manera directa, no lo puede hacer porque es una determinación que necesariamente debe ser aprobada por el Consejo de la Judicatura.

Eso significa que ella, desde el punto de vista formal, no puede mandar sobre los jueces o magistrados del PJP.

Tal situación significaría que quien debe mandar en el Poder Judicial, es decir, José Eduardo Hernández Sánchez, no lo dejan mandar.

Y quien no puede mandar, como es el caso de María Belinda Aguilar Díaz, es quien siempre intenta mandar en el Poder Judicial.

Esta situación va más allá de lo anecdotario, refleja cómo el Poder Judicial no respeta ni su propia normatividad.

Por eso en Puebla el tema de la impartición de justicia es solo una ilusión, no una realidad para el grueso de la población.

Las causas

¿Por qué José Eduardo Hernández Sánchez ha sido relegado en el Poder Judicial?

Ya en un par de ocasiones, en este mismo espacio, se ha especulado de tres causas. Vale la pena recordarlas:

Primera: durante el gobierno del autoritario exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas hubo una persecución política contra el entonces legislador federal Alejandro Armenta Mier. Lo querían meter a la cárcel.

Quien operó esa persecución fue José Eduardo Hernández Sánchez, en su calidad de subsecretario de la Contraloría. Actuó bajó las órdenes de Eukid Castañón Herrera, quien era el encargado del “trabajo sucio” en el morenovallismo.

Segunda: Hernández Sánchez llegó a la cúpula del Poder Judicial durante el mandato del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y quien lo recomendó fue Patricia Leal, otra importante operadora del morenovallismo y que en el pasado mandato del Poder Ejecutivo fungió como asesora.

Se sabe que, en el actual sexenio, se ha determinado que no tienen cabida los intereses de la morenovallista Patricia Leal.

Tercera: el presidente del Consejo de la Judicatura cometió un error garrafal, en el proceso interno de la 4T para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla, optó por el aspirante perdedor: Ignacio Mier Velazco.

Cualquiera que sea la causa que explique el mal trato que le dan a José Eduardo Hernández Sánchez, el magistrado debería aplicar la máxima: más vale irse a tiempo con la cabeza en alto, que acabar siendo echado y sin poder ver a la cara a los demás.

El cargo En el Poder Judicial al que manda no lo dejan mandar, y la que no puede mandar es la que quiere mandar apareció primero en Reto Diario.