Las cifras son contundentes y muestran una terrible realidad: en Puebla se tortura a diario por parte de agentes ministeriales, policías municipales y estatales, por custodios de los penales e incluso por algunos alcaldes. Y sobre este mundo de violencia institucional, la presidenta de la CDH decidió “esconder el tema abajo del tapete”.

En un informe de 17 cuartillas, Rosa Isela Sánchez Soya únicamente le dedicó un renglón y medio, en el que caben 20 palabras, al tema de la tortura.

El cargo La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos “borró” de tajo el problema de la tortura en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2018, cuando la víctima y una acompañante fueron interceptados por el hoy sentenciado en conjunto con otro elemento policiaco, quienes se desplazaban en vehículos particulares, privando de la libertad al masculino para trasladarlo a un lugar aislado.

La víctima fue golpeada en distintas partes del cuerpo, asfixiada con una bolsa de plástico y sometida a descargas eléctricas. Además, sufrió una fractura en la clavícula como resultado de la agresión. Estos actos fueron cometidos con el propósito de interrogarla sobre presuntos vínculos con robos ocurridos en las zonas de Angelópolis y La Calera.

También fue obligado a entregar dinero en efectivo tras haber sido llevado a su domicilio. Posteriormente, los elementos intentaron incriminarlo con la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos.

Derivado de estos hechos, en 2024 la autoridad judicial determinó una pena privativa de libertad de 11 años, 3 meses de prisión, no obstante, la defensa promovió un medio de impugnación.

Mediante análisis, el Tribunal de Alzada confirmó la condena al considerar que existen elementos probatorios suficientes que acreditan la plena responsabilidad penal del sentenciado.

El cargo Confirman sentencia contra policía municipal de Puebla que torturó a ciudadano durante un interrogatorio apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, los dos elementos fueron vistos por última vez en el billar Los Dos Amigos, en la colonia Nueva Tijuana, donde se registró una confrontación con un grupo de civiles vinculados a Felipe “N”, alias El Pantera, presunto líder criminal de la zona. Tras el altercado, las víctimas aceptaron subir voluntariamente a un vehículo, perdiéndose todo rastro de su paradero.

La denuncia por desaparición se presentó el 3 de septiembre y, días después, la Fiscalía realizó un cateo en una vivienda de Playas de Rosarito, donde fue detenido El Pantera por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Según la titular de la FGE, Elena Andrade Ramírez, existe evidencia videográfica y testimonial que confirma que los agentes subieron por su cuenta a un automóvil.

Los cuerpos fueron localizados el 15 de septiembre en la colonia Nido de las Águilas, al oeste de Tijuana, y trasladados a la morgue en calidad de desconocidos hasta que se confirmó su identidad.

Las autoridades federales y estatales continúan las investigaciones, mientras se espera el traslado de los restos de Omar Eliseo a Puebla y de su compañero a la Ciudad de México.

El cargo Asesinan en Tijuana a agente poblano de la Guardia Nacional apareció primero en Reto Diario.

La abogada general, Miriam Olga Ponce Gómez, definió la tortura como un acto atroz, “no sólo daña el cuerpo, trastoca el sentido mismo del ser humano”. Por ello, la importancia de este esfuerzo para difundir información sobre cómo prevenirla, atender a las víctimas y conocer su gravedad como una violación a los derechos humanos. “Necesitamos ser agentes de erradicación mediante la acción colectiva”.

Foto: Especial

En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado el 26 de junio, el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra, indicó que este conversatorio se suma a la campaña nacional México contra la Tortura 2025, impulsada por el Gobierno federal desde diferentes instancias.

“En esta cascada de colaboraciones con la federación, desde la universidad generamos un trabajo relacionado con la promoción de una cultura de paz. Realizamos una campaña de sensibilización y concientización, por lo que en las últimas dos semanas se publicaron infografías y participamos en otras pláticas”, sostuvo.

En su intervención titulada “La universidad como espacio de memoria, prevención y acción contra la tortura”, el vicerrector de Docencia, José Jaime Vázquez López, expuso que se vive una situación compleja en términos sociales: violencia, bajo promedio salarial, efectos de cambio climático, un número creciente de defunciones en hombres, poco acceso a la salud, cambios en la figura paternal, bajas tasas de natalidad, aumento de la población adulta, entre otras variantes.

“Estos datos ya se normalizaron y pareciera que son parte de la cotidianidad, pero sin duda deben ser elementos de análisis”, externó.

Vázquez López dejó en claro que la universidad es mucho más que aulas, es un custodio de la memoria y un motor de cambio, por lo que aportó una mirada clara desde el quehacer universitario y el rol de la universidad frente a la tortura.

En este conversatorio que tuvo lugar en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, también intervino el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis Ochoa Bilbao, quien compartió su visión sobre la educación superior y la cultura de paz para la erradicación de la tortura.

Foto: Especial

Por parte de la sindicatura del municipio de Puebla, Jessica Calderón García, directora de Derechos Humanos, e Iván Andrés Flores Cano, jefe de Departamentos de Amparos, expusieron el marco legal, nacional e internacional, que prohíbe la tortura y protege la dignidad humana.

Entre los asistentes acudió personal de la Escuela de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Universidad de Ciencias Policiales del Estado y del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano “El Batán”.

El cargo Especialistas reflexionan en la BUAP sobre una dolorosa realidad: la tortura apareció primero en Reto Diario.

Un juez de Distrito vinculó a proceso a Irene Olea Torres el 17 de junio de 2025, por supuestamente amenazar a testigos clave con perder su trabajo si declaraban ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de Irene Olea, otras 11 personas subordinadas a ella ya están vinculadas a proceso por diversos delitos relacionados con la tortura sexual, incluyendo presentación de informes falsos para encubrir los hechos.

En este, un caso de la máxima atención debido a las implicaciones políticas y en materia de derechos humanos que conlleva, cinco policías municipales y un juez calificador local también están vinculados a proceso por su participación directa en la tortura sexual contra las periodistas: Natalie es actualmente directora general de Sicom y una funcionaria cercana al gobernador Alejandro Armenta Mier.

Recientemente, el juez de Control otorgó dos meses para la investigación complementaria y decretó medidas cautelares para proteger a las víctimas.

La FGR continúa investigando y recopilando pruebas para fortalecer el caso contra Irene Olea y otros implicados. La exalcaldesa ha buscado evadir su responsabilidad creyendo que pertenecer a Morena, el partido en el poder, le da una patente de corso. Ha tocado muchas puertas pidiendo impunidad. Ninguna le ha sido abierta.

El caso se relaciona con la detención ilegal y tortura de las periodistas mientras cubrían para el diario The Mixteca Times –un medio de comunicación de gran influencia en la Mixteca, específicamente en las poblaciones con mayor número de migrantes a Estados Unidos– un evento feminista en Izúcar de Matamoros.

Durante su detención, fueron sometidas a agresiones físicas, psicológicas y verbales por parte de los policías municipales. Todo con el consentimiento de Irene Olea, otra odiadora profesional del periodismo.

Soberbia, prepotente e insufrible, la exalcaldesa ha intentado evadir cualquier acción legal en su contra, recurriendo a múltiples argucias en el sistema judicial; sin embargo, todo parece indicar que, guardando las proporciones, podría terminar de la misma forma que Mario Marín Torres, el ex gobernador poblano que hoy todavía sigue pagando los pecados cometidos en torno al caso de la periodista Lydia Cacho, un caso del que, increíblemente, pese a su impacto en materia de libertad de expresión, pocas lecciones sacó la clase política poblana.

Lo peor para la ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros es que sus problemas no empiezan –ni terminan– con su presunta culpabilidad en las agresiones en agravio de Natalie y Michelle Hoyos López.

Y es que su irresponsabilidad y abuso en el manejo de los recursos públicos que ejerció, la tienen, también, a un pie de la picota.

Más de 26.8 millones de pesos dejó en irregularidades, principalmente anomalías en contrataciones.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó en su informe de la cuenta pública del 2023, que Irene Olea sumó 22 observaciones.

Entre las irregularidades, la más alta fue la 0287-23-10/01-E-PO-11 por más de 3.9 millones de pesos, correspondientes a seis contratos que carecían de documentos que demuestren que el gasto fue “orientado a lograr resultados en beneficio de la población”.

Otra de las mayores anomalías fue la 0287-23-10/01-E-PO-19 por 3.7 millones de pesos en irregularidades en cuatro contrataciones que carecían de programa presupuestario y de tipo de gasto.

La tercera irregularidad más elevada fue la 0287-23-10/01-E-PO-22 por más de 2.9 millones de pesos por no entregar a los auditores los programas presupuestarios y de tipo de gastos.

Además de violentadora de derechos humanos de periodistas, Irene Olea huele, hiede, apesta a… corrupción.

No, su historia no tendrá un final feliz.

El cargo Irene Olea, en la picota apareció primero en Reto Diario.

Aunque al mismo tiempo, el fallo del juez de la causa dejó un fuerte descontento por no permitir que se levantaran cargos contra la exedil por los ilícitos de falsificación de documentos y por ofrecer declaraciones falsas a una autoridad. Esa determinación ha dejado la sensación de que pudo hubo algo irregular, “algo chueco”, en la resolución del togado Jorge Eduardo Ramírez Téllez.

Y es que hay elementos para no confiar en el juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez, pues es un personaje obscuro al que, hace 22 meses, se le exhibió como un funcionario judicial que habría protegido a supuestos miembros del crimen organizado.

El 22 de agosto de 2023, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el juez federal, en materia penal, Jorge Eduardo Ramírez Téllez había sido detectado cometiendo actos en contra de la justicia.

La relatoría de lo ocurrido corrió a cargo del entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodrigo Bucio, quien detalló que había seis expedientes en donde se había detectado un comportamiento favorable del juez hacia presuntos criminales.

En dos casos, Jorge Eduardo Ramírez Téllez se habría negado a vincular a proceso a los acusados de delitos importantes.

En otro asunto calificó de ilegal la detención de un supuesto criminal y en tres juicios emitió sentencias absolutorias contra posibles integrantes del hampa.

Por esas fechas es cuando el enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en su momento más álgido, por lo que nunca hubo una investigación –que fuera pública– de parte del Poder Judicial Federal para revisar el desempeño del juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez.

Ahora el togado sigue ejerciendo en el Centro de Justicia Federal de Puebla como si no hubiera pasado nada.

Fallo incongruente

Este lunes, Irene Olea se presentó –por tercera vez– ante el Centro de Justicia Federal, sin la compañía de un abogado. Esta sesión sirvió para que aportara sus pruebas personales frente a los cargos penales que le fueron comunicados la semana anterior.

En esta ocasión, compareció por casi cinco horas y utilizó el recurso sentimental de ponerse a llorar frente al juez y decir que es una perseguida, pese a que existe un expediente de 12 tomos que integró la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se da cuenta, con lujo de detalle, de cómo el 10 de marzo de 2023 las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López sufrieron una detención ilegal y tortura en los separos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros.

Una semana antes, comparecieron dos de las tres testigos protegidas del caso. La tercera –de nombre Socorro Barreda– fue asesinada hace un año, cuando estaba a punto de rendir su declaración ante una autoridad judicial.

Las testigos, entre otros datos que aportaron al juzgado, relataron que habían sido objeto de hostigamiento, pues fueron perseguidas en varias ocasiones por agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, bajo el mandato de Irene Olea, como una manera de buscar que se desistieran de colaborar con la FGR.

Se sabe que las testigos habrían aportado información en la que supuestamente señalan que Irene Olea habría conocido en tiempo real la detención y el maltrato que sufrieron las hermanas Michelle y Natalie Hoyos, por lo cual se intuye que ella habría ordenado esos actos de barbarie.

También la semana pasada, la FGR presentó las evidencias de que en el gobierno de Olea Torres se falsificaron documentos y se mintió a la autoridad ministerial, para intentar ocultar y negar la detención ilegal de las periodistas.

Es relevante apuntar que un tribunal colegiado ya ordenó que se dé prisión preventiva a cinco policías y un ex juez municipal por los mismos cargos: la alteración de documentos oficiales y mentir sobre la detención ilegal de las comunicadoras. Es decir, son hechos que ya está plenamente asentado ante el Poder Judicial por parte de la FGR.

Por eso resulta incongruente que, en la audiencia de este lunes, haya determinado que no hay evidencias de que Irene Olea Torres participó en la alteración de documentos y haya mentido ante la autoridad sobre la detención de las periodistas, cuando ella misma hizo declaraciones públicas diciendo que “no había pasado nada” con las agraviadas.

Y, entonces, si ella no intervino en permitir la detención y tortura de las periodistas, surge una pregunta básica: ¿por qué la exedil sí permitió que se intimidara a las testigos protegidas?

Al finalizar la audiencia de este lunes, los representantes de la FGR y las agraviadas, por separado, anunciaron que apelarán el fallo del juez Jorge Eduardo Ramírez Téllez. Es decir, el proceso penal va para largo.

El cargo A juez que favoreció a Irene Olea en su momento AMLO lo acusó de tener un historial de corrupción apareció primero en Reto Diario.

Una condicionante que dejó un mal sabor de boca a Irene Olea, que quiso mostrar indiferencia y tranquilidad en la primera cita del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla.

Ataviada con una blusa blanca, un pantalón de mezclilla ajustado y un cubrebocas, quiso aparentar que llegaba como cualquier ciudadana, caminando, sin acompañantes, al cumplimiento del citatorio judicial. Sin embargo, era solo una fachada, ya que a su arribo y cuando se retiró estuvo siempre vigilada, a lo lejos, por un grupo de guaruras que estaba a bordo de un vehículo compacto, de color blanco.

Poco después de las 13:30 horas, la exalcaldesa llegó al juzgado sin querer dar declaraciones a los medios de comunicación y sin voltear a ver a los periodistas que la esperaban afuera del Centro de Justicia Federal.

Tampoco tuvo la valentía de mirar hacia la ubicación en donde se encontraba un contingente de mujeres de colectivos feministas que llegaron a protestar por la agresión que el gobierno de Olea no solamente generó contra las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López, el 10 de marzo de 2023, sino también contra integrantes de la agrupación Marea Púrpura, que en ese mismo episodio fueron objeto de abusos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros.

Quien fuera alcaldesa entre los años 2021 y 2024, dentro del juzgado por primera vez se vio frente a frente a Michelle Hoyos, una de las dos hermanas agraviadas. La exedil de Morena se la pasó viendo a todas direcciones, menos hacia donde estaba la periodista.

Cuando el juez llamó a Olea, la ex presidenta municipal se apuró a decir que no sabía el motivo por el cual había sido citada. El juez no dio importancia a su dicho.

Luego argumentó que no tenía dinero –algo que nadie le preguntó– y que por esa razón no había podido contratar a un abogado para defenderla.

A todas luces parecía ser una estrategia para pedir que se aplazara la audiencia.

El juez, que por cierto es muy joven, le interrumpió y le dijo que no había problema de que hubiera llegado sin la compañía y asesoramiento de un litigante. Le recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de proporcionarle un abogado de oficio.

A continuación, el juzgador les informó a los presentes que había un asunto de última hora y de suma urgencia de ser atendido, por tratarse de un caso de un delito de alto impacto, por lo que difería la audiencia para una nueva fecha.

Por un momento, el rostro de la exmunícipe se iluminó, parecía que funcionaba su intento de que no se efectuara el desahogo de esa cita en el tribunal.

Ese jubilo duró poco. El juez fijo dos cosas que no le gustó nada a la exalcaldesa:

Primero: la audiencia será este miércoles, a las 13:15 horas. Eso es algo inusual, ya que el Poder Judicial se caracteriza por reprogramar una cita de 3 a 8 meses. Ahora solo la esta corriendo un par de días.

Segundo: el titular del juzgado le advirtió a Irene Olea que no puede cambiar del domicilio en donde recibió el último citatorio judicial. Ni tampoco salir de territorio poblano, en tanto no se realice la primera comparecencia del juicio.

La molestia en la mujer que fue la anterior cabeza del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros se hizo notar. No era lo que esperaba y se le veía enojada, incómoda.}

Posteriormente, todos los presentes se dispusieron a salir del Centro de Justicia Federal, menos una persona: Irene Olea.

Las integrantes de los colectivos, luego de enterarse lo que había ocurrido en el interior del inmueble, decidieron esperar que saliera la exalcaldesa, la misma que nunca quiso dar la cara para responder por lo hechos ominosos ocurridos hace dos años, en torno a la conmemoración del Día Mundial de la Mujer.

Minutos más tarde empezó a abandonar el estacionamiento un auto blanco que, evidentemente, llevaba un bulto muy grande en la cajuela.

Para las mujeres que protestaban no había duda, quien iba en el portaequipaje del auto sedán era Irene Olea, que de esa manera se estaba escondiendo.

Le gritaron: “cobarde”, “no huyas”, “da la cara por tus actos”, durante los segundos que tardó el vehículo en alejarse del lugar.

Todo fue un engaño. Irene Olea no iba en el auto. Ella se quedó adentro del juzgado unas tres horas.

Poco antes de la 6:00 de la tarde, salió del edificio. Ya la esperaba un taxi negro, sucio y viejo, modelo Tsuru. Ella subió al asiento del copiloto. Otra vez fingiendo que se iba como había llegado: ella sola.

Antes de que arrancara el vehículo de alquiler, apareció el auto blanco con los guaruras que siempre la estuvieron vigilando y se fue siguiendo al taxi en cuestión.

No cabe duda de que es evidente el miedo que siente Irene Olea de enfrentar los abusos cometidos durante su gobierno.

El cargo Juez le advirtió a Irene Olea que no puede salir del estado de Puebla apareció primero en Reto Diario.

Todo hace suponer que la exedil –surgida de Morena– ya no tiene escapatoria y sería vinculada a un proceso penal por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante una autoridad y por ocultar documentos oficiales.

Las dos comunicadoras fueron objeto de una brutal agresión por parte de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros la noche del 10 de marzo de 2023, que corresponde al segundo año del mandato de Irene Olea como alcaldesa de esa localidad. Los afectados por este hecho siempre han sostenido que la presidenta municipal habría sido quien ordenó la acometida contra las periodistas.

Como pocas veces, la Fiscalía General de la República (FGR) logró aplicar el Protocolo de Estambul y determinó que sí hubo tortura contra ambas reporteras que, en ese entonces, cubrían la organización previa por la marcha del Día Mundial de la Mujer como integrantes de la redacción del diario Enlace de la Mixteca.

Semanas después de que se hizo la demanda penal por lo ocurrido, un nutrido equipo de la FGR, formado entre policías, agentes del Ministerio Público federal y peritos, llegaron hasta Izúcar de Matamoros, en una diligencia sorpresa que permitió recabar testimonios y elementos documentales que demuestran que sí existió el atentado contra las hermanas Hoyos López.

Una situación que metió en un brete a Irene Olea y 12 funcionarios municipales que aseguraban que “no había pasado nada”. Según la versión oficial del Ayuntamiento es que todo se había reducido a la aplicación de una simple falta administrativa por “ensuciar la ciudad”.

Es importante aclarara que el tema del ocultamiento de la información es apenas la primera parte del proceso penal que se sigue por este asunto.

La segunda fase es esclarecer el delito de tortura, que es considerado un ilícito grave y del que también podría acabar involucrada Irene Olea.

Hasta hace unos días, la acusación de desaparecer las evidencias de la agresión únicamente había recaído en contra de cinco agentes de la Policía Municipal y de Jesús Venancio Castro, quien era el juez municipal al momento de la privación ilegal de la libertad de las periodistas. Eso ya cambió drásticamente.

Como resultado de los elementos de prueba que ha presentado la FGR ante Poder Judicial Federal, se logró que en el proceso penal que se sigue a los policías y el ex juez, se incorpore a Irene Olea, como la máxima autoridad de Izúcar de Matamoros, que habría intentado “borrar” las huellas de la detención ilegal, la tortura y la agresión sexual que las reporteras sufrieron en los separos de la Policía Municipal entre la noche del 10 de marzo y la madrugada del día 11 del mismo mes de 2023.

De acuerdo con lo que determinó la justicia federal, Irene Olea Torres tendría que comparecer el próximo lunes a las 13.30 horas, ante el Centro de Justicia Penal Federal, que se encuentra en las inmediaciones de El Batán, el hospital psiquiátrico de Puebla.

Buscan proteger a Irene Olea desde el Poder Judicial de Puebla

Todo marchaba bien en el camino de vincular a Irene Olea Torres al proceso penal que se sigue por la agresión contra las jóvenes Michelle y Natalie Hoyos López, pero como siempre ocurre en el defectuoso y corrupto Poder Judicial, algo ha fallado.

Resulta que bajo el argumento de que en el Centro de Justicia Penal Federal hay exceso de cargas de trabajo, se trasladó la audiencia en la que debe comparecer Irene Olea a un tribunal del Poder Judicial de Puebla, de manera supletoria y temporal.

Por la aplicación del reglamento en la materia, se determinó que la audiencia la debe hacer el juez de la Sala de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, radicado en Izúcar de Matamoros.

Y resulta que el titular de ese juzgado, hasta el jueves por la noche, no ha citado para la audiencia del lunes. Tampoco ha informado a las partes involucradas el avance del trámite, tal como se establece en los procedimientos penales.

Pareciera que el juez a cargo, del que todavía no se sabe su nombre, estaría actuando a favor de Irene Olea, pues de acuerdo con información oficial, desde la semana pasada el togado recibió el exhorto para cumplir con la realización de la audiencia en cuestión.

Si de que aquí al próximo lunes no convoca a la audiencia, estaría violando los artículos 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo que se ha advertido desde la FGR.

El cargo Ordenan vincular a proceso a la exalcaldesa Irene Olea apareció primero en Reto Diario.

Lo grave de esta situación es que en el llamado “acordeón” se está colocando a Lidia Antonio Sánchez en el primer lugar de la lista de “sugerencias” de aspirantes mujeres que compiten por el cargo de jueza de control penal en el distrito judicial 2, que abarca una parte de la capital del estado, junto con las regiones de Huejotzingo, Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez y Ajalpan.

En esta columna ya se había hablado del caso de Lidia Antonio Sánchez, quien actualmente es jueza de Distrito y se inscribió en la elección judicial para buscar repetir en el mismo cargo.

El cargo Pide la 4T votar a favor de la jueza que no quiso encarcelar a policías torturadores apareció primero en Reto Diario.