Lo más inaudito es que para justificar dichos trámites un juzgado civil de Tlaxcala ha decretado que el norte del municipio de Puebla, en realidad es territorio tlaxcalteca, para de esa manera otorgar un fallo favorable a un juicio de usucapión y adjudicar el terreno despojado a La Covadonga a un particular, mediante trámites realizados en las instancias oficiales del estado vecino.

Ahora resulta que un juez tlaxcalteca se ha saltado a los poderes legislativos de Puebla y Tlaxcala para cambiar las áreas limítrofes entre ambos estados y establecer que La Covadonga, que data de 1897 y desde entonces se ha ubicado en la capital poblana, en realidad está en territorio de Tenancingo.

Es obvio que ese cambio solo existe en la imaginación del togado y en la sentencia que emitió, no en la frontera real que existe entre las dos entidades en cuestión.

Para lograr esta operación fraudulenta, todos los involucrados lo que han hecho es crear una fachada de registros y números de expediente, que hacen suponer a cualquier ciudadano que la escritura de la compraventa de los predios invadidos es legal. La realidad es que varios de los números de expedientes que aparecen en el documento son falsos.

¿Cuál es el propósito de elaborar una escritura falsa, avalada por instancias oficiales de Tlaxcala? La respuesta es: cometer un fraude inmobiliario monumental.

En abril de 2023, un grupo armado realizó la primera de dos invasiones a la ex fábrica La Covadonga en una extensión de 8.3 hectáreas y a las pocas semanas, el área que fue despojada a la Fundación Julita y Antonio, la convirtieron en 250 lotes, que se pusieron a la venta.

Las escrituras falsas sirven para que quienes compren alguno de los pequeños terrenos, sean objeto de un timo para hacerlos creer que están adquiriendo una propiedad de manera legal y con los legítimos propietarios.

La trama de la falsa escritura

Este columnista tuvo la posibilidad de conocer una copia del instrumento 2 mil 461, volumen 21, de la Notaría Pública Dos de San Pablo del Monte Tlaxcala, cuya titular es Verónica Sánchez Veana, en donde se establece lo siguiente:

Según el documento, el 5 de abril de 2024, una persona llamada José Luis Hernández Ortega vendió un predio rústico, ubicado en la calle Emiliano Zapata sin número, en la Primera Sección del municipio de Tenancingo, Tlaxcala. El comprador fue la empresa Agua Inmaculada –que es una marca muy conocida en Puebla– y la operación la suscribió su representante legal, Eymard Argüello Mancilla.

Para quien es un neófito en trámites inmobiliarios, dicha escritura parece muy real y no hay objeción alguna.

En cambio, si se conoce de la materia inmobiliaria lo primero que salta “a simple vista” es que la escritura nunca establece el tamaño de la superficie del terreno, que es un dato fundamental. Solo plantea las colindancias, pero no dice de cuántos metros cuadrados es la propiedad.

Un segundo absurdo: el supuesto vendedor del predio aparece su nombre en la demanda –que desde 2023– presentó la Fundación Julita y Antonio, señalando que esta persona fue uno de los presuntos invasores de los terrenos de La Covadonga.

El tercer dato fuera de toda lógica es que en las declaraciones que se contienen en la escritura se dice que, en septiembre de 2023, el señor José Luis Hernández Ortega ganó un juicio de usucapión de un terreno del Rancho de Moratilla, por lo que es legítimo propietario. Pero resulta que el mismo predio, cinco meses antes, se menciona en una denuncia penal –radicada en un juzgado de Puebla– y se señala que fue objeto de un despojo.

En dicha escritura dice que el Juzgado de lo Civil y lo Familiar del distrito judicial Xicohténcatl, como parte del expediente 598/2023, emitió una sentencia favorable en un juicio de usucapión, misma que quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, con el folio electrónico TL39-Z7K4-AM2A-3J7Q y la clave catastral R-07986-27-01, que se emitieron el 26 de enero de 2024.

Resulta que, si se busca esas claves en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlaxcala, simplemente no aparecen.

También dice la escritura que el arquitecto Abel Francisco Gutiérrez Andrade, director de Obras Públicas de Tenancingo, Tlaxcala, reportó que el terreno que se vendió a la empresa Agua Inmaculada tiene en orden su permiso de divisiones.

Y que la ingeniera Claudia Mozencahuatzi Cuamatzi, en su calidad de tesorera municipal, reporta que el predio está al corriente del pago de impuesto. Pero luego hay un dato peculiar: después del nombre de la funcionaria aparece la inscripción que dice: “Firma Ilegible”, como diciendo que no se distingue si la rúbrica de la funcionaria es real.