Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2025, cuando Luis Enrique N., recibió a su hijo de 1 año y 3 meses de edad en la colonia Galaxia La Laguna, en la ciudad de Puebla, con la obligación legal de devolverlo a su madre —titular de la custodia— el 13 de julio. Sin embargo, retuvo al menor sin justificación ni autorización.

Tras la denuncia interpuesta por la progenitora, el Ministerio Público inició la investigación, recabó datos de prueba y judicializó el caso. En la audiencia inicial, el juez determinó vincular a proceso al imputado y le impuso las siguientes medidas cautelares:

• Firma periódica ante la autoridad
• Prohibición de salir del estado o del país
• Restricción para acercarse a la víctima, testigos o lugares que frecuenten
• Exhibición de una garantía económica de 80 mil pesos

La FGE refrendó su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con el combate a la violencia familiar y de género en todas sus formas.

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De acuerdo con la información oficial, la progenitora señaló que había establecido un acuerdo verbal con su suegra para que esta pudiera visitar a su nieta los domingos y llevársela por algunas horas, con el compromiso de regresarla el mismo día. No obstante, el pasado 13 de diciembre de 2025, dicho acuerdo fue incumplido, ya que la mujer se negó a devolver a la menor.

Ante la negativa, la madre acudió al domicilio de la probable responsable para solicitar la entrega de su hija; sin embargo, al no lograrlo, presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público por el delito de sustracción de menores.

El caso fue canalizado a la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la FGE, donde se llevó a cabo una audiencia de mediación. Como resultado del diálogo y la conciliación entre las partes, se concretó la restitución de la menor a su progenitora, garantizando su bienestar y el respeto a sus derechos.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará impulsando el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias en los casos que la ley lo permita, con el objetivo de brindar atención oportuna a las víctimas y asegurar soluciones justas que protejan de manera prioritaria los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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En cumplimiento del mandato institucional de procurar justicia y garantizar el interés superior de la niñez, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo 45 actos de investigación y 15 cateos, 11 de ellos en los municipios de Puebla y San Pedro Cholula, extendiendo las diligencias a otras entidades, como Tlaxcala, donde se realizaron 4 cateos adicionales. Estas acciones permitieron acotar las posibilidades de ocultamiento de las menores y hacer posible su recuperación.

De las investigaciones se desprende que la madre de las víctimas mantuvo una relación de concubinato durante cinco años con Erick N., con quien procreó tres hijas. En marzo de 2023, promovió un juicio familiar que concluyó con la asignación de la guardia y custodia de las menores a su favor, ordenando al padre su entrega inmediata.

Pese a la resolución judicial, Erick N., se negó a cumplir con la orden. Asimismo, tras denunciar la agraviada que desde noviembre de 2022 no veía a sus hijas, el masculino fue detenido en junio de 2023 por los delitos de violencia familiar, violencia vicaria y sustracción de menores, sin embargo, presuntamente con apoyo de sus padres, José Francisco N. y Blanca Patricia N., continuaron ocultando a las menores impidiendo el contacto con su madre, por lo que denunció su desaparición.

Asimismo, en 2024, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente por sustracción de menores y violencia vicaria en contra de los abuelos paternos de las niñas, siendo detenidos y vinculados a proceso por su probable responsabilidad en ambos delitos, en tanto las menores quedaron al cuidado de los hermanos de Erick N., y posteriormente de Jessica N., pareja sentimental de la persona, quien también fue detenida en el curso de la investigación.

Es importante destacar que las menores reciben atención por parte del personal especializado en trabajo social y psicológico, garantizando así su bienestar integral tras la recuperación. Actualmente, ya se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, quien cuenta con todo el respaldo jurídico necesario para ejercer plenamente la custodia y protección de sus hijas.

El resultado de esta operación derivó del esfuerzo conjunto y la articulación efectiva entre las áreas de investigación ministerial, el Poder Judicial y las instancias interinstitucionales involucradas, consolidando los mecanismos de cooperación para garantizar la aplicación de la justicia.

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La resolución fue anunciada por Vélez a través de sus redes sociales, donde calificó este paso como un avance hacia la justicia. Desde hace 69 días, la madre no ha tenido contacto con sus hijos y responsabiliza a Armando de haberlos separado de ella de manera violenta y sin consentimiento legal.

En un video difundido por la víctima, se observa cómo el médico la arrastra del cabello y la agrede físicamente, en un acto de violencia documentado en cámaras de seguridad. Vélez también denunció que el 13 de abril fue amenazada con una pistola en la cabeza por el propio Armando, hechos que, afirma, constituyen un intento de feminicidio.

Además, este jueves 24 de julio, el agresor enfrentará una nueva audiencia por violencia familiar, aunque la víctima insiste en que las autoridades deben reclasificar el delito como feminicidio en grado de tentativa.

Durante el proceso judicial, la defensa del imputado buscó llegar a un acuerdo para permitirle convivir con los menores a cambio de que Vélez retirara las denuncias, pero ella rechazó tajantemente la propuesta.

September Vélez hizo un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado, al DIF y al Poder Judicial para que le restituyan de inmediato a sus hijos y garanticen su seguridad e integridad.

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