Durante la administración en curso, detalló, se han acumulado 262 reportes por posibles afectaciones a los derechos de menores de edad. De estos expedientes, 13 alcanzaron un nivel de gravedad que obligó a presentar denuncias formales por violencia familiar y abandono ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La funcionaria explicó que las intervenciones se determinan según la naturaleza del caso. Cuando se trata de problemáticas vinculadas con carencias alimentarias o descuido asociado a la falta de recursos, el DIF municipal actúa de manera directa mediante esquemas de apoyo social y seguimiento familiar. En muchos de estos contextos —subrayó— la raíz del problema es económica y no necesariamente producto de negligencia intencional.

En contraste, cuando el personal detecta indicios de agresiones físicas o afectaciones psicológicas, el procedimiento cambia: se activa la ruta institucional correspondiente y se da vista a la autoridad ministerial para que investigue posibles delitos.

Los reportes, añadió, no se concentran únicamente en juntas auxiliares o colonias de la periferia, sino que también se presentan en zonas cercanas al primer cuadro de la ciudad, lo que evidencia que la vulneración de derechos infantiles es una problemática transversal.

Los casos llegan al organismo principalmente a través de alertas canalizadas por el C5 estatal y municipal, así como por denuncias ciudadanas difundidas en plataformas digitales. Una vez recibidos, equipos especializados realizan visitas domiciliarias, valoraciones y, de ser necesario, brindan atención médica y psicológica con el objetivo de restituir derechos y evitar que las situaciones se repitan.

El cargo Niñas y niños de 5 a 13 años, los más vulnerables en la capital poblana apareció primero en Reto Diario.