La dimisión se da a solo horas de que el Senado de la República tenga programada, para este martes 28 de abril a las 11:00 horas, una reunión de trabajo en las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública a la que fueron invitados la gobernadora María Eugenia Campos Galván (Maru Campos) y el propio Jáuregui (antes de su renuncia).

Todo inició entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua. Tras un operativo para desmantelar un presunto narcolaboratorio de drogas sintéticas, cuatro personas perdieron la vida en un accidente automovilístico: el director local de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera, su escolta Manuel Méndez, y dos ciudadanos estadounidenses.

Medios estadounidenses como The Washington Post, The New York Times y especialmente Los Ángeles Times revelaron que los dos fallecidos norteamericanos eran agentes de la CIA. Según estas publicaciones, no se trató de dos, sino de al menos cuatro agentes de la agencia de inteligencia que participaron en el operativo.

De acuerdo con las versiones periodísticas, los agentes estadounidenses portaban uniformes de la AEI para mimetizarse como elementos locales y habían participado en varios operativos previos en el estado.

El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sostenido que estos agentes actuaron sin la autorización ni el conocimiento del Ejecutivo federal, lo que constituye una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional.

Fuentes federales indicaron que al menos uno ingresó al país como turista y otro con pasaporte diplomático, pero ninguno contaba con acreditación para participar en actividades operativas de seguridad.

Ante la presión, la gobernadora Maru Campos anunció la semana pasada la creación de una unidad especializada para investigar los hechos y concentrar las carpetas de investigación, pero evitó dar explicaciones detalladas a la prensa y señaló que su gobierno no emitiría más pronunciamientos hasta concluir las indagatorias.

En su mensaje al presentar la renuncia, el ahora exfiscal César Jáuregui reconoció que “la información con la que contamos en un inicio era inconsistente y ameritaba una investigación” sobre la participación de los funcionarios extranjeros. Asumió “responsabilidad política” y argumentó que su salida busca fortalecer la disciplina institucional.

Por su parte, el Senado —a través de un punto de acuerdo aprobado en comisiones— invitó formalmente a la gobernadora Maru Campos y al fiscal (antes de su renuncia) a la reunión de trabajo de este martes. Aunque se trata de una invitación y no de una comparecencia obligatoria, el encuentro ha generado fuerte tensión política entre Morena y la oposición, principalmente el PAN, que respalda a la mandataria chihuahuense.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si la gobernadora Maru Campos asistirá a la cita en el Senado. El caso ha abierto un fuerte debate sobre coordinación en materia de seguridad entre federación y estados, así como sobre los límites de la colaboración internacional en operaciones contra el crimen organizado.

El cargo Renuncia el fiscal César Jáuregui en Chihuahua por el caso CIA; Maru Campos acudirá al Senado apareció primero en Reto Diario.

No es todavía ley: se trata de un proyecto de decreto con 223 artículos, 10 transitorios y un glosario detallado, elaborado tras meses de consultas con expertos de academia, industria, gobierno y sociedad civil. Su objetivo es crear el primer marco normativo integral y horizontal para el desarrollo, implementación, uso, supervisión y fomento de la IA en México.

¿Por qué surge ahora esta propuesta?

La IA ya forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos: algoritmos deciden si se aprueba un crédito, recomiendan noticias, generan contenidos virales, asisten en diagnósticos médicos o moderan redes sociales. Sin embargo, México carece de una ley específica sobre IA. La regulación actual es fragmentada y tangencial: se aplican de forma parcial la Ley Federal de Protección de Datos Personales, disposiciones del Código Penal para deepfakes o normas sectoriales aisladas. Esto genera vacíos que exponen a la población a riesgos reales: sesgos discriminadores, manipulación electoral con deepfakes, vigilancia masiva sin control, violación de la privacidad mental (neuroderechos) o campañas automatizadas de odio.

La iniciativa responde a esa brecha. Surge en un contexto global de regulaciones como el AI Act de la Unión Europea y ante la necesidad nacional de proteger derechos humanos mientras se aprovecha el potencial económico y social de la tecnología. Legisladores de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y Movimiento Ciudadano coincidieron en que legislar tarde podría costar soberanía tecnológica, daños irreparables a la democracia o exclusión de grupos vulnerables; regular de forma excesiva, en cambio, podría frenar la innovación y la competitividad del país.

¿Qué regula, qué prohíbe y qué derechos y obligaciones plantea?

La propuesta adopta un enfoque basado en riesgos, inspirado en estándares internacionales pero adaptado al contexto mexicano. Clasifica los sistemas de IA en tres niveles: aplicaciones prohibidas, de alto riesgo y de uso limitado o personal.

Regula el ciclo completo de la IA (diseño, entrenamiento, despliegue y monitoreo) en los sectores público y privado, con alcance extraterritorial si afecta a residentes mexicanos. Incluye 31 ámbitos sectoriales y obliga a una interpretación armónica con otras 43 leyes existentes.

Prohíbe expresamente prácticas de alto impacto negativo:

• Manipulación cognitiva o subliminal del comportamiento humano
• Puntuación social estatal
• Identificación biométrica masiva sin base legal
• Sistemas autónomos letales sin supervisión humana
• Deepfakes con fines de violencia digital de género, extorsión o acoso (el consentimiento se considera nulo en casos de menores).

Plantea derechos claros para los ciudadanos:

• Centrarse en la persona y la dignidad humana
• Neuroderechos: identidad psicológica, privacidad mental, integridad cognitiva y autonomía de la voluntad
• Transparencia y explicabilidad: derecho a entender cómo un algoritmo tomó una decisión que afecta derechos (créditos, empleo, justicia)
• No discriminación y perspectiva de género
• Supervisión humana obligatoria en decisiones críticas
• Mecanismos de apelación y reparación de daños

Impone obligaciones a empresas y desarrolladores:

• Clasificar y registrar sistemas de alto riesgo en un Registro Nacional
• Realizar evaluaciones de impacto algorítmico y auditorías periódicas
• Garantizar trazabilidad, robustez y eliminación segura de datos
• Designar responsables humanos y mantener documentación técnica
• Cooperar con autoridades y no destruir registros

Además, fomenta la innovación mediante una Estrategia Nacional de IA, sandboxes regulatorios (espacios de prueba controlada), educación digital, protección a derechos laborales y culturales, y un Fondo Nacional para el desarrollo de capacidades locales.

Se crea una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial como ente rector, junto con mecanismos de gobernanza multinivel y sanciones que van de multas a inhabilitaciones, suspensiones y remisión penal en casos graves (manipulación electoral, malware o fraude con IA).

¿Qué está en juego?

La discusión legislativa pone sobre la mesa un equilibrio delicado. Por un lado, no legislar a tiempo podría dejar a México expuesto a abusos: erosión de la confianza pública, pérdida de empleos por automatización sin transición, o dependencia tecnológica externa. Por otro, una ley demasiado rígida o ambigua podría generar burocracia excesiva, desincentivar inversión extranjera y afectar libertades como la expresión (crítica política, sátira o creación artística), según alertas de organizaciones como Artículo 19.

Expertos y legisladores coinciden en que la ley debe ser “horizontal, flexible y basada en riesgos” para no frenar el crecimiento de un sector estratégico, pero con dientes suficientes para proteger a las personas. Su aprobación marcaría un hito: México pasaría de ser solo consumidor de IA a tener soberanía regulatoria propia.

La iniciativa sigue en trámite y podría modificarse en comisiones y pleno. Su discusión será clave para definir si el país logra que la inteligencia artificial sirva al desarrollo humano, o si los riesgos la convierten en una herramienta de control desregulado. El reloj corre: la tecnología no espera, y la ley tampoco puede llegar tarde.

El cargo México se prepara para su primera ley de Inteligencia Artificial: equilibrio entre innovación y protección de derechos apareció primero en Reto Diario.

Lo anterior se da luego de que el Senado de la República aprobara el pasado 25 de marzo, con diversas modificaciones, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Foto: Especial

Al respecto, el presidente de la Jugocopo expresó:

“Todo lo que salga de relevancia y de armonizaciones federales las y los diputados, platicamos con ellos, estamos dispuestos a sesionar extraordinariamente en cualquiera de los casos”, dijo, al subrayar la disposición del Poder Legislativo para atender temas prioritarios.

El cargo Congreso de Puebla no descarta sesión extraordinaria para analizar el “Plan B” electoral apareció primero en Reto Diario.

“Va hoy a la Cámara de Senadores, tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal, también incluye modificaciones a la ley general de instituciones y procedimientos electorales”.

La presidenta señaló que la elección de magistrados y jueces de distrito, que había contemplado posponer hasta 2028, para que no se empate con el calendario electoral del próximo año, se mantiene para 2027, aprovechando las intermedias,, aunque con algunos cambios para que haya más claridad en la boleta y mayor revisión de currículums.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, presentó los ejes centrales de la iniciativa, enfatizando la austeridad y la democracia participativa:“La iniciativa tiene como principio fundamental disminuir los excesos en los ejercicios de la función pública; mantenemos el objetivo de reducir costos, se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”.

El enfoque general —destacó—  busca generar ahorros para redirigir recursos a infraestructura municipal y reducir privilegios en órganos electorales locales y nacionales, incluyendo topes a salarios de consejeros y magistrados:  “Los sueldos de los funcionarios deben ser dignos, pero no excesivos; nadie podrá ganar más de lo que gana la Presidenta, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se van a generar ahorros que puedan usarse en infraestructura en los municipios”.

Propuestas específicas del Plan B (detalladas en la presentación)

• Reducción del número de regidurías: De 7 hasta un máximo de 15 por municipio (para reducir costos en ayuntamientos).
• Sindicatura: Solo una sindicatura por municipio (eliminando excesos en estructuras locales).
• Presupuesto de congresos locales: Tope del 7% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.
• Cámara de Senadores: Reducción progresiva del gasto hasta llegar al 15%.
• Revocación de mandato: Se realizará el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno (ajuste para mayor coincidencia o eficiencia).
• Financiamiento de partidos políticos: Obligación de reportar operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado (transparencia).

El cargo Plan B llega hoy al Senado: Sheinbaum apareció primero en Reto Diario.

Durante una declaración a medios, el senador emecista subrayó la necesidad de defender el pluralismo político y la democracia, en un contexto donde la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado amplio rechazo en la oposición y desconfianza incluso entre aliados.

“En Movimiento Ciudadano no daremos ni un paso atrás en la defensa de la democracia mexicana y el pluralismo político”, enfatizó Castañeda, quien previamente había advertido que cualquier reforma proveniente del gobierno resulta “sospechosa”, y “doble sospecha” cuando proviene de la actual administración.

La iniciativa de MC se presentará en un momento clave, mientras se discute la propuesta oficial que incluye cambios como la eliminación de las listas plurinominales en el Senado y la Cámara de Diputados, reducción del financiamiento a partidos y ajustes en la integración de los órganos electorales. Hasta ahora, la bancada naranja ha mantenido una postura crítica, adelantando que, en su forma actual (incluso basada en la presentación preliminar tipo PowerPoint), votarían en contra.

“No nos van a hacer manita de puerco, no nos van a hacer absolutamente nada. Vamos a defender lo que creemos hasta el último momento”, había declarado el legislador jalisciense días atrás, al rechazar presiones y exigir conocer la “letra chiquita” de la iniciativa oficial.

Con esta acción, Movimiento Ciudadano busca posicionarse como una alternativa constructiva en el debate, promoviendo una reforma que fortalezca al árbitro electoral (INE), combata la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales y preserve herramientas como el PREP, en lugar de debilitar el sistema de partidos o la representación proporcional.

La reforma salarial que beneficiará a maestros, policías y personal de salud ya cumplió con el proceso constitucional, pero la mesa directiva de Morena mantiene congelada su publicación desde hace más de 16 meses.

Desde @MovCiudadanoMX exigimos transparencia y cumplimiento. La… pic.twitter.com/7TFBnfccAV

— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) March 2, 2026

Se espera que la presentación formal de la propuesta naranja ocurra en los próximos días en el Senado, donde MC cuenta con una representación clave en la actual legislatura.

El cargo MC rompe con la polarización: presentará en días su reforma electoral alternativa apareció primero en Reto Diario.

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 121 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece una implementación gradual que permitirá a empresas y trabajadores adaptarse progresivamente al nuevo límite. De acuerdo con el dictamen aprobado, la reducción se aplicará de la siguiente manera:

• 2026: se mantienen las 48 horas semanales actuales
• 2027: jornada máxima de 46 horas
• 2028: 44 horas
• 2029: 42 horas
• 2030: se alcanza definitivamente el tope de 40 horas semanales

La reforma busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de las y los trabajadores, acercando a México a estándares internacionales más comunes en materia de tiempo de trabajo. Se estima que beneficiará directamente a más de 13.5 millones de personas en el sector formal.

Durante el debate, senadores de diversos grupos parlamentarios destacaron el avance en materia de derechos laborales y salud pública. Sin embargo, la oposición (integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) criticó que el texto no establece de forma explícita la obligatoriedad de dos días de descanso semanal, lo que podría permitir mantener esquemas de seis días laborables durante la transición, con un solo día de descanso obligatorio. También se demandó mayor precisión en el límite de horas extras (máximo 12 por semana) y otras disposiciones para evitar interpretaciones que favorezcan al sector empresarial.

El dictamen fue avalado previamente por unanimidad en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social el 10 de febrero. Ahora, la reforma pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación en lo general y particular. De completarse el proceso legislativo, se enviará al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta modificación constitucional representa uno de los cambios más relevantes en el derecho laboral mexicano en las últimas décadas, aunque su impacto real dependerá de la reglamentación secundaria en la Ley Federal del Trabajo y de la vigilancia en su cumplimiento.

El cargo Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas; entrará en vigor de forma gradual hasta 2030 apareció primero en Reto Diario.

La reforma constitucional plantea una reducción gradual de la jornada laboral, con un calendario que contempla: 48 horas en 2026, 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Se mantendrá el derecho a un día de descanso por cada seis trabajados, y el trabajo extraordinario no podrá superar 12 horas semanales, con pago adicional del 100% para horas extras y 200% si se excede el límite legal. Menores de 18 años quedarán excluidos de estas horas extra.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respaldó la iniciativa, destacando que la medida busca beneficiar la salud, reducir el estrés laboral y mejorar la productividad, además de facilitar la conciliación entre vida personal y trabajo. El secretario Marath Baruch Bolaños López afirmó que la jornada de 40 horas favorecerá semana laboral de cinco días y permitirá que los trabajadores dispongan de más tiempo para actividades familiares y personales.

Aunque la aprobación en comisiones representa un paso importante, la reforma aún requiere ratificación en el pleno del Senado y, posteriormente, la adecuación de la Ley Federal del Trabajo, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.

El cargo Senado aprueba en comisiones reforma constitucional para jornada laboral de 40 horas; reducción será gradual apareció primero en Reto Diario.

El reconocimiento consistió en la Medalla Pascual Ortiz Rubio, otorgada por la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos, A.C. (ACOMITAC). De acuerdo con la información presentada, Guerrero Zamora fue fundador del Colegio de Ingenieros Topógrafos del Estado de Puebla y ha sido promotor de la importancia social y profesional de esta carrera.

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Durante su participación, el ingeniero compartió los principales logros de su trayectoria profesional dentro de la Facultad de Ingeniería. Señaló que uno de ellos fue haberse desempeñado como secretario académico durante siete años, posteriormente asumir el cargo como director interino y, actualmente, ejercer como director titular de la Facultad de Ingeniería.

Guerrero Zamora destacó que este reconocimiento representa un logro en su vida profesional y lo atribuyó a su labor como ingeniero topógrafo, actividad que, dijo, le genera orgullo y satisfacción al considerar que el trabajo realizado a lo largo de su carrera comienza a rendir frutos.

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Asimismo, subrayó el papel actual de los ingenieros topógrafos en el desarrollo territorial, la infraestructura y la planeación urbana del país, así como su impacto en distintos sectores productivos.

El cargo Director de la Facultad de Ingeniería BUAP recibe reconocimiento nacional apareció primero en Reto Diario.

El objetivo principal es analizar y votar las solicitudes remitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para autorizar el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos a territorio nacional y la salida de elementos de la Armada de México, con fines exclusivos de adiestramiento conjunto.

Según el anuncio realizado por Castillo Juárez a través de redes sociales, la propuesta se presentará en la sesión de la Comisión Permanente del 7 de enero de 2026. De aprobarse, el periodo extraordinario se celebraría el martes 13 de enero, conforme a las facultades constitucionales del Senado para autorizar el tránsito de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.

Las solicitudes del ejecutivo federal incluyen dos ejercicios de cooperación bilateral: la salida de hasta 60 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) para participar en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026. El traslado se realizaría en aeronave militar estadounidense C-130 “Hércules”, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El ingreso de 19 elementos de los Navy SEALs y 10 del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, para participar en el ejercicio “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. Las actividades se desarrollarían en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026, en instalaciones de la Semar en Donato Guerra (Estado de México), Champotón y Ciudad del Carmen (Campeche). La delegación estadounidense ingresaría el 12 de enero y retornaría el 15 de abril, también vía aeronave C-130.

Estos intercambios forman parte de los mecanismos de cooperación binacional en materia de capacitación militar y fortalecimiento de capacidades operativas.

La senadora Castillo Juárez enfatizó que el periodo extraordinario se limitaría a estos temas, en cumplimiento del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El cargo Senado convocará periodo extraordinario el 13 de enero para autorizar ejercicios militares con EE.UU. apareció primero en Reto Diario.

La iniciativa plantea modificar el artículo 84 de dicha ley para impedir el uso de celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo en casos de emergencia o cuando existan necesidades educativas especiales debidamente justificadas.

De acuerdo con el proyecto legislativo, el personal docente y directivo de los planteles estaría facultado para retener temporalmente los dispositivos de los estudiantes durante el horario de clases, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida. Los aparatos deberán ser devueltos al finalizar la jornada escolar.

Al presentar la propuesta desde tribuna, el senador Anaya explicó que la iniciativa responde al uso indiscriminado de la tecnología en las aulas, un fenómeno que, dijo, afecta la atención, la convivencia escolar y el sentido formativo del espacio educativo.

En un comunicado, el legislador señaló que el objetivo central es recuperar a la escuela como un entorno de atención plena, reflexión y desarrollo humano integral, al favorecer la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción directa entre alumnos y docentes.

Asimismo, indicó que establecer límites claros al uso de la tecnología busca proteger el derecho de niñas y niños a una educación de calidad, en un entorno sano y equilibrado, además de reducir riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia a la conectividad constante.

El senador aclaró que la iniciativa no busca frenar el progreso tecnológico, sino garantizar que la tecnología sea un apoyo complementario en el proceso educativo y no un sustituto de la interacción humana en el aula.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, donde será analizada para su eventual dictaminación.

El cargo Proponen en el Senado prohibir celulares en escuelas de educación básica apareció primero en Reto Diario.

La iniciativa, impulsada en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde entrará en vigor una vez promulgada.

La modificación, que altera los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal, transforma radicalmente la tipificación del abuso sexual. De ahora en adelante, se considerará este delito “cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento de la víctima”, incluyendo tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones explícitas, ya sea en el ámbito público o privado. La ley deja claro que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no equivalen a consentimiento, y anula cualquier vicio derivado de violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza o situaciones de vulnerabilidad.

Las penas base oscilan entre tres y siete años de prisión, más una multa equivalente a 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, estas se agravarán en una tercera parte, hasta alcanzar los nueve años, en casos que involucren violencia física, psicológica o moral; la participación de dos o más personas; comisión en lugares solitarios o despoblados; o cuando exista una relación de confianza, sentimental, familiar, laboral, educativa o religiosa entre agresor y víctima. Adicionalmente, si el perpetrador es un servidor público o figura de autoridad, se aplicará destitución e inhabilitación por un plazo igual a la pena impuesta.

Un avance clave es que el delito se perseguirá “de oficio”, lo que obliga a las autoridades a investigar sin necesidad de una denuncia formal de la víctima, eliminando barreras que históricamente han perpetuado la impunidad.

“Esto es un llamado a no normalizar la violencia de género. En nueve de cada diez casos, la víctima es una mujer”, enfatizó la senadora Lorenia Valles (Morena), durante la discusión en el pleno.

La legisladora sonorense resaltó que la reforma armoniza la definición en todo el país y responde a la alta incidencia de estos crímenes, con el 90% de las víctimas siendo mujeres.

La aprobación llega un mes después del incidente que sacudió al país: el acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde un hombre la agredió físicamente en un acto captado en video. Este suceso catalizó la iniciativa, presentada por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (Morena), y la senadora Martha Lucía Micher Camarena, titular de la Comisión para la Igualdad de Género. Ambas legisladoras destacaron que la reforma incorpora estándares internacionales de derechos humanos y obliga al Estado a prevenir, investigar y erradicar la violencia sexual, incluyendo medidas de reparación integral como atención psicológica y talleres de reeducación para agresores.

Desde la oposición, la senadora Carolina Viggiano (PRI) respaldó el dictamen, aunque advirtió que su efectividad dependerá de la capacitación de operadores judiciales y los recursos asignados.

“Celebramos este avance, pero la justicia no se logra solo en el papel; necesitamos implementación real”, señaló.

Bancadas como PAN, PVEM y PT también avalaron la propuesta, reconociendo la urgencia de actualizar un marco legal obsoleto que, hasta ahora, castigaba con seis a 10 años de prisión sin énfasis en el consentimiento.

Esta reforma se alinea con el Plan Integral contra el Abuso Sexual, anunciado por el Gobierno federal el 6 de noviembre, que incluye campañas de sensibilización, fortalecimiento de fiscalías y homologación de tipos penales en estados. Expertos en derechos humanos la han calificado como un “hito” para cerrar brechas en el acceso a la justicia, aunque organizaciones feministas llaman a monitorear su aplicación para evitar revictimización.

Con esta aprobación, México da un paso firme hacia la erradicación de la violencia sexual, recordando que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos sexuales aumentaron un 15% en el último año. El reto ahora recae en la Cámara de Diputados y las entidades federativas para su plena implementación.

El cargo Senado aprueba por unanimidad reforma: abuso sexual se castigará hasta con 9 años de prisión apareció primero en Reto Diario.

“En breve, o sea, si nos la envían, pues de inmediato estaría hoy, todavía puede alcanzar, o el lunes, la semana próxima de inmediato. Me parece que hoy todavía en el vespertino puede salir, pero sí, a la brevedad”, declaró.

Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez celebró la aprobación “en fast track” de la iniciativa por parte del Senado de la República la noche del jueves, tras un debate que no pasó por comisiones y dispensó todos los trámites parlamentarios, gracias a la mayoría oficialista de Morena y sus aliados. La minuta, ya avalada por la Cámara de Diputados en una sesión maratónica de más de 24 horas, se aprobó en lo general con 85 votos a favor y 36 en contra, y en lo particular con 82 a favor y 34 en contra.

“Quiero aprovechar para agradecer a la Cámara de Diputados y a los legisladores del Senado por hacer posible esta Ley Nacional de Aguas. Esta misma tarde podría publicarse en la edición vespertina del DOF”, enfatizó la funcionaria, quien encabezó la mañanera en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Washington D.C. para el sorteo del Mundial.

Rodríguez Velázquez defendió el proceso legislativo, destacando la participación de sectores como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego.

“No se está expropiando nada, porque el agua ya es de la nación y del pueblo. Las concesiones son temporales y bajo condiciones específicas. Continuarán las mesas de trabajo con productores agrícolas y campesinos para despejar dudas y dar certidumbre al campo”, aseguró.

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“Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leí una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas, incluso en el caso de servicios, hotelería, y otras áreas. Por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual, entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial sino en algunos de ellos, incluso, mayor productividad y es un acuerdo de consenso”, destacó,

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que, como parte del compromiso número 60 de los 100 de la presidenta, la implementación de la jornada laboral de 40 horas será un derecho constitucional de las y los trabajadores.

Explicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, con ello, entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero 2027 comienza la primera reducción de dos horas.

Detalló que la propuesta implica que, a partir del 1 de enero de cada año se hará efectiva la reducción: En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40. Puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones, además con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.

Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas. Y en la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad y se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples. En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

Señaló que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo, se adiciona como obligación de las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral, que será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  los beneficios de la reducción de la jornada laboral son: reducción de la fatiga y de los accidentes laborales, mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo, mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, menor riesgo de padecer patologías del corazón y de muertes por accidentes debido a la menor exposición a jornadas prolongadas, mejoría en el autocuidado: alimentación, ejercicio físico, descanso, socialización y atención médica preventiva.

Para la reducción de la jornada a 40 horas, del 19 de junio al 30 de noviembre, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la asistencia de 2 mil personas desde empresarios, sindicatos, académicos, representantes gubernamentales y de la sociedad civil.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó la importancia de continuar dialogando con el Gobierno de México para negociar condiciones que favorezcan a las y los trabajadores. Mientras que, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno, puntualizó que con la jornada laboral de 40 horas se da un paso importante en la justicia social, ya que se trata de una reforma que favorece el desarrollo integral para las y los trabajadores.

El cargo Anuncian proyecto de reforma para implementación gradual de jornada laboral de 40 horas apareció primero en Reto Diario.

De una lista inicial de 43 aspirantes, la Jucopo recortó los perfiles a 10 semifinalistas, cinco mujeres y cinco hombres, que serán sometidos al voto del Pleno de la Cámara Alta y enviados a la presidenta Claudia Sheinbaum para que elija la terna final.

Entre los nombres que destacan en esta preselección se encuentra Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR y exfiscal General de Justicia de la Ciudad de México, quien es considerada una de las favoritas por su cercanía al proyecto de la cuarta transformación y su trayectoria como consejera jurídica de la Presidencia.

Otro perfil sonado es el de Hamlet García Almaguer, exdiputado federal por Morena, quien ha sido vocero de figuras clave del partido guinda y aspira a este cargo de alto perfil.

La lista completa de semifinalistas, aprobada en una reunión privada de la Jucopo a las 08:00 horas de este día, incluye a:

• Mujeres: Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán y Sandra Luz González Mogollón
• Hombres: Hamlet García Almaguer, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfredo Barrera Flores, David Borja Padilla y Miguel Nava

Foto: Redes sociales

La Jucopo, presidida por Adán Augusto López Hernández, priorizó perfiles con experiencia en procuración de justicia, derecho penal y administración pública, aunque el proceso ha generado críticas por su celeridad.

Una vez aprobado por mayoría calificada (dos terceras partes de los senadores presentes) en el Pleno, el listado llegará a la Presidencia de la República. Sheinbaum tendrá un máximo de 20 días para seleccionar la terna definitiva, la cual regresará al Senado para su ratificación final. Se espera que esta etapa concluya en cuestión de días, posiblemente esta misma semana, ante la urgencia de estabilizar la institución.

El senador Manuel Añorve Baños, de la oposición, calificó el procedimiento como “desaseado” y cuestionó la falta de participación amplia de la oposición en la preselección.

Por su parte, la bancada de Morena defendió la transparencia del proceso, destacando que todos los aspirantes cumplieron con los requisitos constitucionales.

Con esta decisión, la FGR se alista para un relevo que podría marcar un giro en la política de investigación de delitos graves, en un contexto de alta expectativa por el nuevo gobierno federal. La designación final requerirá el visto bueno del Pleno senatorial, donde Morena y sus aliados suman la mayoría necesaria.

El cargo Senado define los 10 semifinalistas para la FGR: Godoy y Hamlet García entre los destacados apareció primero en Reto Diario.

Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, instruyó notificar a la Presidencia de la República, así como a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que será la encargada de asumir la conducción de la FGR de manera interina mientras se realiza el proceso de selección.

Tras aceptar la renuncia, el Senado emitió la convocatoria pública para quienes aspiren a ocupar la titularidad de la FGR. El registro estará abierto del 28 al 30 de noviembre, y las comisiones dictaminadoras integrarán una lista de diez perfiles que será enviada a la Presidencia. Entre los nombres que podrían figurar en esa selección inicial se mencionan a Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, y Arturo Zaldívar, quien también forma parte del gabinete legal de Sheinbaum.

Con base en la ley, la Presidencia deberá regresar una terna al Senado en un plazo máximo de diez días. Posteriormente, la Cámara Alta tendrá hasta el 4 de diciembre para elegir al nuevo fiscal, quien ocupará el cargo por un periodo de nueve años.

La convocatoria también reiteró los requisitos para el cargo:

Ser mexicana o mexicano por nacimiento; tener al menos 35 años cumplidos; poseer título de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso; y no haber ocupado cargos prohibidos por la Constitución en los años recientes.

La oposición cuestionó la premura del proceso y argumentó que la renuncia no se sustentaba en una “causa grave”, como marca la ley. Sin embargo, la mayoría legislativa sostuvo que aceptar una representación diplomática constituye un motivo válido y suficiente.

En su carta de despedida, Gertz Manero, de 86 años, afirmó que la nueva encomienda diplomática le permitirá “continuar sirviendo al país”, además de agradecer a la presidenta Sheinbaum por la confianza depositada en él.

El cargo Senado acepta renuncia de Gertz Manero y activa proceso para elegir nuevo titular de la FGR apareció primero en Reto Diario.