En cuanto al número de víctimas de secuestro, el informe reportó 199 personas privadas de la libertad en noviembre, una reducción del 5.2% respecto a octubre, cuando se documentaron 225 víctimas. A pesar de esta tendencia a la baja, el delito continúa concentrándose en determinadas entidades del país.

De acuerdo con el reporte, Sinaloa encabezó la incidencia mensual de secuestros con 12 casos, seguido del Estado de México con 11, así como Chihuahua y Veracruz, con 10 cada uno. Les siguieron Sonora (9) y Quintana Roo (6). En contraste, 10 estados no reportaron secuestros durante noviembre, entre ellos Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

Al analizar la tasa por cada 100 mil habitantes, Sinaloa también ocupó el primer lugar, seguido de Quintana Roo, Sonora y Chihuahua, además de entidades como Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Baja California, que se ubicaron por encima del promedio nacional.

El informe destacó que en noviembre se registraron seis secuestros de migrantes, todos en Chihuahua, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos casos, la reducción mensual sería aún mayor, con 97 secuestros y 166 víctimas, lo que representa caídas del 27.1% y 18.6%, respectivamente.

Asimismo, se documentaron seis secuestros masivos con 45 víctimas en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Finalmente, Alto al Secuestro advirtió una brecha significativa entre sus registros y las cifras oficiales, ya que de las 199 víctimas contabilizadas, las autoridades solo reconocieron 73, dejando fuera del conteo oficial a más del 63% de las víctimas. Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la organización estimó 2 mil 305 secuestros, con un promedio de 5.4 casos diarios en el país.

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Los principales casos se dan en el ámbito municipal, el eslabón más débil de una larga cadena de corrupción e intereses políticos y económicos vinculados directa o indirectamente con las mafias de la delincuencia.

Por violencia política se entiende todo tipo de agresiones contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en los resultados electorales y/o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y cualquier otro mecanismo que produzca daño físico o emocional.

Según el más reciente reporte de la consultoría Integralia, ocurrieron 253 hechos de violencia política en el primer semestre de 2025, que incluyen 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis correspondientes a otros delitos menores como robos en 29 de 32 entidades del país.

Diecinueve de esos hechos de violencia política sucedieron en el estado de Puebla.

La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.

La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación. La violencia fue más intensa a nivel municipal: la mayoría de las víctimas (79%) fueron figuras políticas, funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.

Integralia subraya que las organizaciones criminales priorizan el control municipal debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados. Algo de lo que aquí ya hemos abordado.

Morena fue el partido con más víctimas: en el periodo, se contabilizaron 73 casos de violencia política en contra de personas relacionadas con ese partido, seguido por el PT con 28 y el PRI con 27.

Sin embargo, destaca que en segundo lugar están las víctimas sin afiliación a partido político alguno, con 69 casos.

¿Qué pasó en las recientes elecciones judiciales?

Salvo excepciones (3), prácticamente no hubo actos de violencia política en contra de candidatos a algún puesto de elección del Poder Judicial local y federal.

Veracruz fue el estado que concentró más eventos de violencia política: en el marco de las elecciones municipales, se contabilizaron 81 casos, mientras que Guerrero (24), Morelos (21) y Oaxaca (20) mantuvieron altos niveles de violencia sin elecciones locales.

A pesar del tamaño que representó en número de candidatos, la violencia prácticamente no se hizo presente en estos comicios: únicamente se registraron tres casos de amenazas contra candidatos del orden federal (Guanajuato y Puebla) y uno más del orden local en el Estado de México.

En el caso de Puebla, Esmeralda García Santamaría, candidata a jueza de distrito federal, denunció haber recibido amenazas.

Por otro lado, Durango, que sí tuvo comicios locales, solo registró un evento.

La mayoría de los incidentes se concentró en el centro y sur del país. Destaca Veracruz, donde se sostuvieron elecciones de ayuntamientos en junio, con 81 casos de violencia política.

Por otro lado, destacan Guerrero, Morelos y Oaxaca, pues pese a que no tuvieron comicios, mantuvieron niveles altos de violencia. Estas cuatro entidades se encuentran actualmente en medio de disputas de varias organizaciones delictivas que pelean por su control.

La violencia política, como bien señala Integralia, ya no es una excepción: se ha convertido en parte del paisaje nacional, y eso es una pésima noticia desde cualquier punto de vista.

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