De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2019, alrededor de las 00:45 horas, cuando la víctima fue privada de la libertad sobre la carretera federal Huejotzingo-Puebla.

Las pruebas presentadas durante el juicio permitieron acreditar la participación directa y material de Luis Edel N. en el delito, por lo que la autoridad judicial le impuso una pena de 50 años de prisión.

Además, el sentenciado deberá pagar una multa de 4 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 322 mil 400 pesos, y se le negó el beneficio de sustituir la pena privativa de la libertad por una sanción económica.

Aunque la defensa interpuso un recurso de apelación, el Tribunal de Alzada modificó algunos puntos de la resolución, pero confirmó la responsabilidad penal del acusado y mantuvo la condena de 50 años de prisión.

Con ello, la sentencia quedó firme, por lo que se ordenó su ejecución y el archivo definitivo del expediente.

La Fiscalía de Puebla reiteró que continuará fortaleciendo las investigaciones y la integración de carpetas para que los delitos que atentan contra la libertad de las personas sean sancionados conforme a la ley.

El cargo Sentencian a 50 años de prisión a responsable de secuestro agravado en Puebla apareció primero en Reto Diario.

El encuentro, realizado en el Tecnológico de Monterrey campus Puebla, tuvo como propósito abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos del sistema penitenciario y la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Rosa Isela Sánchez Soya, titular de la CDH Puebla, e Israel Vallarta Cisneros, en el Foro “No Era Penal”. Foto: Anel Esgua / EsImagen

Durante su intervención, Vallarta compartió las implicaciones personales, familiares y sociales que enfrentó tras su detención en diciembre de 2005, cuando fue acusado de integrar la presunta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, caso que alcanzó notoriedad nacional después de que se revelara que su captura fue recreada para la televisión en un montaje organizado por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

El exprocesado recordó que permaneció cerca de dos décadas en prisión preventiva sin recibir sentencia, denunció haber sido víctima de tortura y relató que, durante los primeros meses de reclusión, llegó incluso a pensar en quitarse la vida. También anunció la próxima publicación de un libro en el que narrará su experiencia dentro del sistema penitenciario.

En el mismo foro participó la activista Mary Sainz, quien informó que ella e Israel Vallarta, actualmente su esposo, comenzarán a acompañar casos de personas privadas de la libertad que aseguran haber sido encarceladas injustamente, incluidos algunos registrados en Puebla.

La activista Mary Sainz. Foto: Anel Esgua / EsImagen

“Hay aquí en Puebla casos que se han acercado a pedir ayuda. Inclusive hay uno que es abogado, ya tiene más de 29 años y también fue torturado; cuenta con Protocolo de Estambul y con pruebas de su inocencia”, afirmó.

Sainz agregó que también han recibido solicitudes de apoyo de colectivos de otras entidades del país relacionados con presuntas detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de culpables.

Transmisión completa del Foro No Era Penal, organizado por la CDH Puebla y el Tec de Monterrey campus Puebla:

La presidenta de la CDH Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, señaló que el foro buscó generar una reflexión sobre la dignidad humana, el debido proceso y la reinserción social, al destacar que la justicia debe contemplar “la oportunidad de cambio, la reparación del daño y la preparación para el regreso a la comunidad”.

Rosa Isela Sánchez Soya, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Foto: Anel Esgua / EsImagen

Tras el evento surgieron críticas en redes sociales por las declaraciones de Vallarta sobre los periodistas Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva, así como por su participación en un foro organizado por el organismo defensor de los derechos humanos, al considerar que ese tipo de expresiones desvirtuaron el objetivo original del encuentro.

Foto: Anel Esgua / EsImagen

El cargo Israel Vallarta anuncia acciones legales contra Carlos Loret y Ciro Gómez Leyva durante foro en Puebla apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 8 de agosto de 2019, cuando las víctimas circulaban en un vehículo sobre la carretera Las Lajas-Camotepec, a la altura de Valle de Piedras Encimadas, donde fueron interceptadas por sujetos que viajaban en una motocicleta.

Los responsables, quienes portaban armas de fuego, obligaron a las víctimas a detenerse, las despojaron de sus pertenencias y se apoderaron de la unidad. Posteriormente, las trasladaron a un inmueble ubicado en la localidad de Apapantla el Grande, municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, donde permanecieron privadas de la libertad y bajo vigilancia.

Durante el secuestro, los agresores exigieron inicialmente un millón de pesos a cambio de la liberación de las víctimas, cantidad que posteriormente fue reducida a 500 mil pesos durante las negociaciones.

Como resultado de las investigaciones y las pruebas presentadas por la Fiscalía de Puebla, se acreditó la responsabilidad de Luis Fernando N., Erasmo N., Rigoberto N. y Luis Gerardo N. en los hechos.

La autoridad judicial determinó para cada uno de los sentenciados una pena de 50 años de prisión, además de las sanciones económicas correspondientes y la reparación del daño a favor de las víctimas. Tras la resolución en segunda instancia, el fallo quedó firme.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y garantizar justicia para las víctimas mediante la investigación y persecución de quienes resulten responsables.

El cargo Confirman 50 años de prisión para cuatro responsables de secuestro ocurrido en Zacatlán apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en marzo de 1996 en el estado de Querétaro, cuando la víctima fue interceptada por sujetos armados, privada de la libertad y mantenida en cautiverio durante tres semanas, periodo en el que sus familiares recibieron llamadas para exigir el pago de un rescate.

El mandamiento judicial fue emitido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Querétaro, por lo que la autoridad queretana solicitó apoyo a la Fiscalía de Puebla para realizar acciones de investigación y localización del probable responsable.

Como resultado de esta coordinación institucional, el 9 de julio de 2026 fue detenido Álvaro N. en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla.

Tras la detención, la Fiscalía General del Estado de Puebla entregó formalmente al imputado a personal de la Fiscalía de Querétaro, autoridad que dará continuidad al procedimiento legal correspondiente.

La FGE Puebla destacó que mantendrá la colaboración con instituciones de procuración de justicia de otras entidades para contribuir al cumplimiento de órdenes judiciales y fortalecer las acciones contra la impunidad.

El cargo Detienen en Puebla a hombre buscado en Querétaro por presunto secuestro ocurrido en 1996 apareció primero en Reto Diario.

Las acciones derivaron en el aseguramiento de una bodega en la junta auxiliar de Sanctórum, específicamente en la Avenida Revolución 430-5.

En el lugar se fijaron los sellos que acreditan el cumplimiento del cateo 1305/2026-VI, una orden judicial que originalmente facultaba la revisión de cuatro propiedades, si bien las direcciones de los otros tres predios involucrados se mantienen bajo reserva al haber sido borradas del documento por los propios agentes federales.

El acceso al inmueble requirió el uso de la fuerza por parte de los elementos de la FGR y los efectivos de la Marina.

El despliegue contó con un estado de fuerza integrado por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron el perímetro.

Las autoridades de la federación no han revelado los pormenores de los resultados del operativo, por lo que aún se ignora el saldo en cuanto a personas detenidas u objetos incautados dentro de la bodega.

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De acuerdo con la investigación, la noche del 9 de febrero de 2026 la víctima fue privada de la libertad y posteriormente el ahora sentenciado solicitó el pago de un rescate para su liberación.

El proceso judicial se desarrolló en la Casa de Justicia para Adolescentes, donde el Ministerio Público presentó los alegatos de apertura, desahogó los testimonios de los órganos de prueba y formuló los alegatos de clausura durante la audiencia de juicio oral.

Con los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, el Órgano Jurisdiccional determinó la responsabilidad del adolescente y emitió una sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso al menor una medida de internamiento, además de apercibimiento y amonestación.

La FGE reiteró su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la libertad de las personas, proteger los derechos de las víctimas y procurar justicia con apego al debido proceso.

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Tras su detención, el Juzgado de la causa penal dictó el auto de formal prisión en su contra, bajo las reglas del sistema penal anterior.

De acuerdo con fuentes ministeriales, el mandato judicial fue ejecutado el pasado 3 de junio por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Dirección de Colaboraciones, sobre la calle 6 Norte y 8 Oriente, en la colonia Centro del municipio de Atlixco.

Posteriormente, el 10 de junio, se resolvió su situación jurídica por el secuestro de Javier Corona Argueta. El expediente señala que el 20 de febrero de 2014, cinco personas identificadas como Milton Morris, Ángel Flores, Alejandro Negrete, Marcos Gómez y Angélica Merlo interceptaron a la víctima al salir de un bar en Chipilo; originalmente habían sido contratados por Soliman Minutti para golpear al afectado con quien sostuvo una relación sentimental.

Sin embargo, al dejarlo inconsciente, los sujetos decidieron secuestrarlo, exigiendo un rescate inicial de 5 millones de pesos, aunque fue liberado horas después tras un pago de 75 mil pesos.

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La resolución judicial se dictó por el delito de evasión de presos en contra de los agentes identificados como Octavio N. y Katy Wendolyn N., ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla.

De acuerdo con información difundida por medios locales y datos del proceso judicial, los dos servidores públicos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión. El juez estableció además un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

La fuga que desató una investigación

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 4 de junio, cuando Luis Ángel N. era trasladado de la Casa de Justicia de Tehuacán a la ciudad de Puebla para comparecer en una audiencia relacionada con el proceso penal que enfrenta por secuestro.

Sin embargo, a la altura del municipio de Amozoc, el imputado logró escapar de la custodia de los agentes penitenciarios, lo que provocó la activación inmediata de un operativo de búsqueda por parte de corporaciones estatales y federales.

La SSP confirmó en su momento que, tras la fuga, los dos custodios responsables del traslado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades.

Las primeras indagatorias derivaron posteriormente en órdenes de aprehensión y, finalmente, en la vinculación a proceso de ambos funcionarios.

Permanecerán en prisión

Durante la audiencia correspondiente, el juez de control consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso penal a los custodios por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de presos.

Asimismo, se determinó que Octavio N. fuera internado en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, mientras que Katy Wendolyn N. fue trasladada al penal femenil de Ciudad Serdán.

La autoridad judicial fijó como fecha límite el próximo 10 de julio para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto el Ministerio Público como la defensa podrán aportar nuevas pruebas.

Luis Ángel N. sigue prófugo

A pesar del despliegue operativo implementado tras la evasión, Luis Ángel N. continúa sin ser localizado.

La SSP ha señalado que mantiene coordinación con la Fiscalía del Estado y otras corporaciones de seguridad para lograr la recaptura del presunto secuestrador.

La fuga generó cuestionamientos sobre los protocolos de traslado de personas privadas de la libertad, especialmente cuando se trata de internos procesados por delitos de alto impacto.

Un antecedente que agrava el caso

De acuerdo con reportes periodísticos y registros judiciales consultados, esta no sería la primera ocasión en que Luis Ángel N. evade a las autoridades.

En 2017, el ahora prófugo habría escapado del Centro de Reinserción Social de Tepeaca junto con otro interno. En aquella ocasión, las investigaciones apuntaron a la posible participación de una funcionaria penitenciaria que posteriormente fue detenida por el delito de evasión de presos.

Este antecedente ha colocado nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia y control dentro del sistema penitenciario poblano.

Mientras la situación jurídica de los custodios avanza en los tribunales, las autoridades estatales mantienen vigente la búsqueda de Luis Ángel N., cuya recaptura se ha convertido en una prioridad para las instituciones de seguridad en Puebla.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de internos y la necesidad de reforzar los procedimientos para evitar nuevas fugas que comprometan la seguridad pública.

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Las investigaciones permitieron establecer que el 30 de mayo de 2019, la víctima acudió a una institución bancaria ubicada en la plaza comercial Paseo Tehuacán, lugar donde fue vista por última vez.

Durante varias semanas se desconoció su paradero, hasta que el 12 de julio del mismo año, familiares comenzaron a recibir mensajes mediante los cuales exigían el pago de dinero (500 mil pesos) a cambio de su liberación.

Derivado de las negociaciones realizadas por los captores, los familiares acordaron la entrega de 300 mil pesos, cantidad que fue proporcionada con la finalidad de salvaguardar la integridad de la víctima. Como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, se logró identificar la participación de Juana N. en la privación de la libertad, obteniéndose una orden de aprehensión en su contra que fue cumplimentada el 9 de septiembre de 2019.

Durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó diversos datos y medios de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal de la acusada en el delito de secuestro agravado, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio el 28 de mayo de 2026.

Posteriormente, en audiencia de individualización de sanciones celebrada el 4 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso a Juana N. una pena de 60 años de prisión, una sanción pecuniaria superior a 422 mil pesos, amonestación pública y dejó a salvo los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material y moral durante la etapa de ejecución de sentencia.

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De acuerdo con la institución, durante el juicio oral el agente del Ministerio Público presentó pruebas suficientes para demostrar que el 5 de marzo de 2024 la víctima fue privada de la libertad y despojada de un vehículo, así como de diversas pertenencias, en hechos ocurridos en el municipio de Puebla.

La Fiscalía informó que las investigaciones permitieron reunir los elementos necesarios para establecer la participación de ambas personas en los hechos delictivos.

Como resultado del proceso judicial, el 21 de mayo de 2026 se emitió el fallo condenatorio y, posteriormente, el 28 de mayo, la autoridad judicial impuso a Abraham N. y Blanca Oralia N. una pena de 50 años de prisión.

Además de la condena privativa de libertad, los sentenciados deberán pagar una multa de 434 mil 280 pesos. También se les impuso la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como una amonestación privada.

La FGE precisó que los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material y moral quedaron a salvo, por lo que podrán hacerse valer durante la etapa de ejecución de la sentencia.

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El expediente judicial refiere la privación ilegal de la libertad de 36 ciudadanos en el municipio de Acultzingo, Veracruz, evento que culminó con una intervención de las fuerzas armadas para la liberación de las víctimas.

El imputado se encuentra bajo custodia en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez tras ser aprehendido en un operativo interinstitucional en Chignahuapan, Puebla.

La diligencia actual se deriva de una orden de aprehensión pendiente ejecutada por agentes ministeriales de Veracruz en coordinación con autoridades poblanas.

Con esta resolución, inicia el proceso formal en el sistema de justicia penal por su probable vinculación con estructuras de hidrocarburos y delitos de alto impacto en los límites de ambas entidades.

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Sin embargo, al fallar en su intento de arrancar la unidad, los delincuentes privaron de la libertad al operador. En medio de disparos al aire para disuadir a los testigos, el chofer fue obligado a subir a un vehículo que escoltaba a los asaltantes.

El tractocamión quedó detenido sobre la lateral de la autopista, resguardado por patrullas estatales mientras los peritos buscaban indicios balísticos en el pavimento.

A pesar de la inmediata intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía, no hay rastro del operador, aunque se mantiene el operativo para su búsqueda.

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De acuerdo con las investigaciones, el 5 de junio de 2010, un grupo de personas armadas irrumpió en el domicilio de la víctima, la agredió físicamente y la privó de su libertad. La trasladaron con rumbo al municipio de Huauchinango, donde familiares recibieron llamadas telefónicas exigiendo el pago de una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Tras más de 15 años de investigación, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión logró que un juez librara la orden de aprehensión correspondiente. La detención se realizó el pasado 14 de abril dentro del Centro Penitenciario de Xicotepec de Juárez, donde el imputado ya se encontraba recluido por otros motivos.

Arturo N. quedó a disposición de la autoridad judicial, ante quien rendirá su declaración en las próximas horas.

Con esta detención, la Fiscalía de Puebla refrenda su compromiso de investigar delitos de alto impacto, incluso aquellos cometidos hace más de una década, y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

El cargo Cumplimentan orden de aprehensión contra presunto secuestrador en Xicotepec de Juárez apareció primero en Reto Diario.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 horas en la Tortillería Hernández Reyes, ubicada en la 13 B Sur esquina con 7 B Poniente, cerca de la carretera federal a Tehuacán, cuando al menos seis hombres armados con fusiles de asalto irrumpieron en el establecimiento.

La víctima, identificada como José Ángel Valentín Hernández, fue sacada por la fuerza y acribillada a unos metros del local con ráfagas de AR-15; en el lugar se hallaron más de una decena de casquillos calibre 5.56.

Tras el homicidio, los sicarios subieron al padre y al hermano de la víctima a un automóvil SEAT rojo y huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y fuerzas federales mantienen un intenso operativo en la región para dar con el paradero de los dos hombres plagiados.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y se mantiene la búsqueda en toda la región.

El cargo Comando ejecuta a joven dueño de tortillería en Amozoc y “levantan” a su padre y hermano apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 31 de agosto de 2016, la víctima se encontraba afuera de su taller cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes la privaron de la libertad y la trasladaron en un vehículo.

Posteriormente, los responsables exigieron a los familiares el pago de un millón de pesos como rescate a cambio de su liberación.

Derivado de un reporte ciudadano, las autoridades implementaron un operativo en un inmueble ubicado en la localidad de San Isidro Vista Hermosa, en el municipio de Santiago Miahuatlán, donde se logró la detención de personas relacionadas con el delito, así como la localización y liberación de la víctima.

Tras el desahogo del juicio oral, el 18 de marzo de 2026 se dictó fallo condenatorio en contra del acusado. Posteriormente, el 25 de marzo, se le impuso una pena de 50 años de prisión, además de una multa de 292 mil 160 pesos.

La Fiscalía destacó que la resolución se logró con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que acreditaron la responsabilidad del imputado en los hechos.

Finalmente, la FGE reiteró que mantiene acciones firmes para investigar y sancionar delitos de alto impacto, con el objetivo de que los responsables enfrenten la justicia.

El cargo Sentencian a 50 años de prisión a hombre por secuestro en Tehuacán apareció primero en Reto Diario.