Así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien puntualizó que en su administración toda denuncia es investigada y, en su caso, sancionada, con el objetivo de garantizar un ejercicio público honesto y transparente, acorde con la confianza ciudadana.

“El cargo no nos hace más”, señaló el mandatario estatal al informar que un trabajador fue reportado ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por una irregularidad en el uso de una unidad oficial, situación que derivó en su baja del servicio público.

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Armenta reiteró que las funcionarias y los funcionarios están sujetos al escrutinio permanente de la sociedad, por lo que deben actuar con respeto y responsabilidad en todo momento. En ese sentido, recordó la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado que ningún partido político, y mucho menos quienes representan a la cuarta transformación, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse.

En este contexto, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, hizo un llamado para que, en congruencia con el actuar de la administración estatal, las servidoras y los servidores públicos se conduzcan con responsabilidad y coherencia con los valores del movimiento.

Finalmente, la funcionaria subrayó que, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, las servidoras y los servidores deben ser cuidadosos en sus acciones, ya que representan un proyecto de transformación y una ideología sustentada en el bienestar social y en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

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Armenta explicó que la revisión será realizada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual evaluará con detalle tanto la gestión operativa como las finanzas del SOAPAP, a fin de contar con información precisa sobre el manejo de recursos y la administración del organismo.

El mandatario estatal subrayó que esta auditoría responde a la necesidad de contar con una radiografía clara del organismo operador luego de más de una década de administración de Gustavo Gaytán Alcaraz, quien se mantuvo al frente del SOAPAP durante más de 13 años y recientemente fue relevado de la dirección.

Armenta aclaró que el proceso no implica una persecución política ni un juicio anticipado contra el extitular, sino una evaluación técnica de los procesos y recursos, y advirtió que cualquier irregularidad detectada deberá aclararse conforme a la ley.

El cargo Armenta ordena auditoría al SOAPAP para evaluar gestión y finanzas, no buscar culpables apareció primero en Reto Diario.

Durante una conferencia de prensa, García Parra explicó que todas las indagatorias se desarrollan conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bajo los principios de confidencialidad, reserva, presunción de inocencia y debido proceso.

“Los procedimientos administrativos están sustentados en una ley clara, que garantiza el respeto a la legalidad y la confidencialidad en cada caso”, puntualizó.

El funcionario detacó que los expedientes corresponden a investigaciones iniciadas en 2025, y que la información sobre casos específicos no se divulgará hasta que existan resoluciones firmes. Reiteró que la Secretaría Anticorrupción tiene competencia únicamente sobre servidores públicos del ámbito estatal, mientras que las revisiones a presidentes municipales son responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), según el origen de los recursos involucrados.

Asimismo, García Parra rechazó la existencia de una lista de exfuncionarios y alcaldes investigados que circuló en medios locales y redes sociales. Aseguró que dichos señalamientos carecen de sustento y buscan generar desinformación y desestabilización política.

“No nos van a distraer, no nos van a dividir y seguiremos poniendo orden y dando resultados a los poblanos”, sostuvo.

El coordinador también advirtió que detrás de las versiones difundidas podrían existir intereses políticos, incluso provenientes de la “cámara alta” del Congreso de la Unión.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta respaldó el trabajo de la Secretaría y afirmó que cada investigación se conducirá con transparencia, rigor institucional y respeto a la ley.

El cargo Secretaría Anticorrupción de Puebla mantiene 224 expedientes de exservidores públicos bajo revisión: García Parra apareció primero en Reto Diario.

A través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que reafirmó que “en Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión”. La dependencia subrayó que “nadie está por encima de la ley” y que la justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones, independientemente del cargo o filiación política de las personas involucradas.

La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado declaró culpable a Castro Corro y a otros exfuncionarios del sexenio anterior, entre ellos José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos.

Como resultado, la exfuncionaria fue sancionada con una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos y una inhabilitación por 20 años para ocupar cualquier cargo público.

El gobierno de Puebla sostuvo que el proceso se condujo bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, conforme al marco legal vigente. Espidio Reyes enfatizó que la administración estatal actúa “con determinación y respeto al Estado de derecho” ante cualquier conducta ilícita o irregularidad.

La sanción a María Teresa Castro Corro se deriva de la inversión irregular de recursos públicos en Accendo Banco, una operación considerada riesgosa y que derivó en pérdidas millonarias para el erario.

El cargo Gobierno de Puebla niega persecución política en sanción contra María Teresa Castro Corro apareció primero en Reto Diario.

Durante conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se informó que en total se han integrado 471 expedientes de investigación en los 22 órganos de control, la mayoría por omisiones procedimentales, incumplimientos en los tiempos de respuesta y posibles actos de corrupción.

Catastro y el Registro Público de la Propiedad son las dependencias con mayor número de quejas. Por ello, el gobernador anunció un plan de modernización y digitalización de procesos en estas oficinas para combatir la corrupción y garantizar la transparencia.

Armenta enfatizó que se implementará un sistema de control de procesos y nómina, además del uso de buzones digitales, como los ya instalados en distintas dependencias. “Vamos a digitalizar todo lo relacionado con Catastro, Registro Público y Registro Civil”, afirmó Armenta.

Espidio Reyes destacó que el enfoque del gobierno no solo es reactivo, sino preventivo y estratégico, promoviendo la vigilancia y la participación ciudadana para consolidar un servicio público íntegro y responsable.

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El mandatario estatal reafirmó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno combate las malas prácticas bajo una visión de capacitación y formación diaria para atender actos incorrectos y poner orden.

Con la finalidad de brindar seguridad y actuar con firmeza ante cualquier acto que atente con un servicio íntegro y honesto, el gobernador Armenta dijo que, con las nuevas oficinas de la Secretaría de Finanzas existirá un sistema de control de procesos y se va a digitalizar todo lo que tenga que ver con el Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad, para que los ciudadanos tengan acceso más eficiente y correcto a la información de sus bienes.

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Explicó que de esta manera “las y los poblanos no tendrán que tocar la puerta de un funcionario que no entiende lo que es el humanismo, ni la bioética social, principios en los que se basa el Gobierno que encabeza y tienen que liberar un recurso adicional para que le agilicen un trámite en dependencias como sucedió en el Registro Público de la Propiedad en Teziutlán“, enfatizó el gobernador.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, recalcó que en los 205 días de administración, se han impuesto 49 sanciones administrativas, entre las que destacan 2 destituciones 28 inhabilitaciones (5 por faltas graves y 23 por no graves), 1 amonestación pública, 14 amonestaciones privadas y 4 suspensiones, y resaltó que los casos que ameritan consecuencias penales, son turnados de forma inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

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Además, resaltó que a lo largo de 2025, se integraron 471 expedientes de investigación en los 22 Órganos Internos de Control mediante mecanismos activos de vigilancia, capacitación y acompañamiento a las instituciones, relacionados con posibles omisiones procedimentales, incumplimientos en tiempos de respuesta y presuntos actos de corrupción.

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