Tal situación ha agravado el conflicto y ha llevado a que algunas de las víctimas del despojo en San José Zetina hayan tocado las puertas del Gobierno de la República para buscar una solución.

Eso ha llevado a que dicho asunto ya esté siendo analizado en la Secretaría de Gobernación federal, en donde se están atendiendo otros casos de invasiones y fraudes inmobiliarios en diferentes regiones del país.

El viraje del Poder Judicial

El 16 de noviembre de 2023, por primera vez un juez de Control ordenó a la FGE que restituyera los predios de la Ex Hacienda de San José Zetina a sus propietarios, luego de que los invasores no han logrado presentar una sola prueba que demuestre que son dueños de los terrenos.

Una dinámica que no ha cambiado un ápice en los últimos 25 meses, pues los autores del despojo no han aportado un solo dato pericial a su favor. Únicamente han logrado alargar el litigio con estrategias de desmayos de sus abogados, argumentar la pérdida de documentos o que necesitan de un traductor en lenguas indígenas.

En términos reales tienen perdido el juicio, desde hace mucho, pero no les pasa nada a los invasores porque, al parecer, los protegen desde la Fiscalía General del Estado.

A partir de la fecha de noviembre de 2023, se han registrado cuatro operativos de la FGE para recuperar los predios y en todas esas ocasiones, la Fiscalía argumentó cualquier nimiedad para suspender el desalojo de los invasores, pese a que los agentes policiacos y del Ministerio Público –en todas esas ocasiones– tenía enfrente a los llamados “paracaidistas”.

En todos esos intentos el juzgado le exigió a la FGE justificar por qué no había acatado la orden judicial de desalojar y, al mismo tiempo, le demandaba fijar una nueva fecha para cumplir con el mandato de restituir los predios.

Siempre que el juzgado le exigía a la FGE responder por su negligente actuación le daba plazos fatales de 10 días, como máximo, para ofrecer una respuesta.

Por eso se puede afirmar que había un comportamiento sereno y puntual del juez de la causa. Eso ya cambió.

El pasado 25 de septiembre hubo un “megaoperativo” de más de 700 policías y funcionarios ministeriales para que, por cuarta ocasión, se intentara recuperar los predios. Se canceló porque había unos ocho niños aventando piedras.}

Luego de ese hecho, los abogados de los dueños de los predios le han pedido al juez Salvador Hernández Martínez que les ofrezca algo que se llama “contestación a la vista”, que no es otra cosa que volver a reprogramar el desalojo de los invasores de los predios de San José Zetina.

El pasado 9 de octubre le presentaron –por escrito– la primera solicitud y el juez Salvador Hernández no contestó.

Dejaron pasar un mes y el 14 de noviembre de este año, se interpuso un segundo documento. Es la fecha que el togado no responde.

Un silencio del juez que ya inquieta y exaspera.

Nada de críticas a la FGE

Dato curioso: tal cambio de actitud se ha dado a raíz de que Pedro Antonio Martínez Hernández ha asumido el control del Consejo de la Judicatura del estado de Puebla que, es precisamente el órgano jurisdiccional donde se tendría que analizar las razones por lo que en cuatro ocasiones la FGE se ha negado a obedecer una orden judicial de desalojo de los predios de San José Zetina, ubicados en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.

Es necesario cuestionar si ha sido una simple coincidencia que por las mismas fechas en que el Consejo de la Judicatura cambió de presidente, el juez Salvador Hernández Martínez, quien es el que lleva al caso de San José Zetina, también cambió radicalmente de actitud.

¿O no será acaso que el nuevo titular del Poder Judicial ha llegado con la encomienda de no cuestionar, no presionar, no exigir a la FGE que cumpla con sus funciones legales?

La segunda pregunta surge a raíz del rápido deterioro que muestra la imagen de la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, que no lleva un año en el cargo y ya se observa que la Fiscalía General del Estado está rebasada por la crisis de ilegalidad y delincuencia que envuelve al estado de Puebla.

El cargo Pareciera que el Poder Judicial ha dejado de presionar a la FGE para que resuelva los conflictos de invasiones apareció primero en Reto Diario.

El ultimátum enérgico que ha emitido el juez de Control Salvador Hernández Martínez, está en una primera instancia dirigido al agente del Ministerio Público (MP) –cuyo nombre se omite en la resolución oficial–, a quien lo está apercibiendo que si no cumple en esta ocasión será multado y enfrentará un proceso jurídico por encubrir los delitos que se cometieron con la invasión de los terrenos.

Aunque se interpreta que el togado estaría utilizando la técnica del dicho que dice: “te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro”.

En este caso, aunque la advertencia se dirige al agente del Ministerio Público encargado del caso, queda claro que en realidad está exhibiendo la actitud omisa de la Fiscalía General del Estado –a cargo de Idamis Pastor Betancourt– para proceder en contra del conflicto más grande de invasión de tierras que hay en el presente.

La invasión de la propiedad en cuestión ocurrió –por parte de un grupo armado– a principios de 2023 y a finales de ese año, uno de los cuatro jueces que ha intervenido en el juicio por el delito de despojo, ordenó que las 400 hectáreas ubicadas en la comunidad de San Andrés Azumiatla, del municipio de Puebla, fueran restituidas al propietario original, en lo que concluye el litigio en cuestión.

Hace unas semanas el juez Salvador Hernández Martínez le ordenó al agente del Ministerio Público que lleva la causa que, por enésima vez, intentara fijar una fecha para llevar a cabo un operativo de las fuerzas de seguridad públicas para recuperar los terrenos.

El funcionario de la FGE no cumplió el mandato. Argumentó que enfrentaba una alta carga de trabajo.

A principios de agosto pasado –tal como ya se relató con anterioridad en esta columna–, el juez insistió, pero ya con una diferencia importante, le advirtió que si volvía a no responder en tiempo y forma, sería multado con 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Sorprendentemente, el representante social prefirió ser multado con una cantidad equivalente a un tercio de su salario mensual, en lugar de acatar el mandato del juez.

Una actitud que ya “huele muy mal” y pareciera que el problema no es la carga de trabajo del representante del Ministerio Público, sino la falta de voluntad para proceder contra los invasores de tierras que, en un par de ocasiones, han disparado al aire sus armas de fuego ante la presencia de policías ministeriales y no pasa nada.

En esta segunda ocasión, el MP respondió que se estaba en preparación de la intervención policiaca en la zona de conflicto y que pedía una prorroga para intervenir la zona invadida.

Eso ha llevado a que el titular del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Salvador Hernández Martínez, suba el tono de su última resolución –que dictó hace unos días– en donde le está dando un ultimátum a la FGE: se debe cumplir el mandato judicial de restituir los predios antes de que concluya septiembre. Es decir, en la presente semana.

De acuerdo con lo que resolvió el juez –cuyo contenido este columnista pudo leer– se establece que ante el argumento del MP que pide una prórroga para restituir los predios de la Exhacienda de San José Zetina, el togado le indica:

“Se tiene por recibido escrito signado por agente de ministerio público, a través del cual informa que se encuentra gestionando el apoyo a las corporaciones policiacas… solicitando una prorroga para poder solicitar con la debida antelación el apoyo de las instancias de seguridad que coadyuvan a dicha representación social…” (sic).

Pero advierte: “… sin embargo, de sus manifestaciones vertidas no son imposibilidad para dar cumplimiento con el mandato legal de fecha 16 de noviembre de 2023, sobre la restitución provisional del inmueble… se podría advertir que se estaría encubriendo diversos delitos…” (sic).

Luego crece todavía más el tono del mandato: “… por lo que se ordena a dicha representación social, por última ocasión para que en un término no mayor a 10 días contando a partir de su legal notificación, haya generado las condiciones necesarias y dé cabal cumplimiento a lo reiteradamente requerido por esta autoridad…” (sic).

Y lanza la advertencia: “…por lo que de ser omiso será acreedor a una multa disciplinaria de 500 veces el valor de la Unidad de Medición y Actualización, y vista a su superior jerárquico” (sic).

El cargo Juez le advierte a la FGE que si no restituye los terrenos de San José Zetina estará encubriendo diversos delitos apareció primero en Reto Diario.