El caso, que derivó en una inhabilitación de 20 años y una multa por más de 362 millones de pesos, se considera una de las sanciones más severas impuestas en la historia reciente del estado. La resolución judicial confirma la responsabilidad directa de Castro Corro en la inversión irregular de más de 600 millones de pesos del erario en Banco Accendo, una institución que terminó en quiebra meses después.

El gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier ha insistido en que en Puebla “nadie está por encima de la ley”, al subrayar que las acciones emprendidas por el Poder Judicial se realizan “sin persecución, pero sin omisiones”. De acuerdo con fuentes oficiales, la administración actual mantiene abiertas diversas investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo financiero del sexenio anterior.

En contraste, el entorno político del fallecido gobernador Miguel Barbosa ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso, pese a la relevancia mediática y el impacto político que ha generado. Rosario Orozco Caballero, quien fue una de las figuras más visibles del llamado barbosismo, no ha emitido comentario alguno tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Este silencio ha sido interpretado como un intento de evadir la responsabilidad moral o política por los actos de corrupción documentados durante el mandato de su esposo, quien solía presentar a Castro Corro como “una mujer incorruptible” y “ejemplo de funcionaria pública”.

Lee aquí la nota completa sobre la falta de pronunciamiento de Rosario Orozco:

Calla Rosario Orozco ante corrupción probada en el gobierno de Barbosa y macro sanción a Castro Corro

El cargo Viuda de Barbosa hace mutis ante las pruebas de corrupción en la administración del fallecido gobernador apareció primero en Reto Diario.