A la sesión programada de la comisión de Desarrollo Económico, solo acudieron tres de los siete integrantes: Norma Pimentel Méndez, Susana Riestra Piña y el presidente de la comisión, Rosalío Zanatta Vidaurri, quien solicitó levantar el acta correspondiente. Los cuatro diputados restantes, Miguel Márquez Ríos, Mauricio Céspedes Peregrina, Julio Huerta Gómez y Ana Laura Gómez Ramírez, no asistieron, aunque presentaron justificantes.

En el caso de Ana Laura Gómez, su ausencia coincidió con su participación en la Cátedra Matilde Montoya de la BUAP, donde intervinieron la científica Annie Pardo Cemo y la académica Rosaura Ruiz Gutiérrez.

No es un hecho aislado. El pasado 10 de marzo, otras dos comisiones, Transportes y Movilidad y Asuntos Municipales, también cancelaron sesiones por falta de asistencia de sus integrantes.

El problema ocurre en medio de un de gran rezago legislativo: en la actual legislatura se han presentado mil 628 iniciativas, pero solo el 14.3 % ha sido dictaminado, mientras que el 85.7 % permanece en trámite o sin resolución.

A este escenario se suma la numeralia sobre percepciones de los diputados. Cada legislador recibe una dieta mensual neta que ronda entre 56 mil y 60 mil pesos, además de apoyos parlamentarios que pueden alcanzar hasta 141 mil pesos mensuales, combustible y otros recursos. En conjunto, sus ingresos pueden llegar a cerca de 198 mil pesos mensuales, sin que existan sanciones económicas por inasistencias a comisiones.

Los registros internos también evidencian ausentismo recurrente. En lo que va de la legislatura se han acumulado al menos 735 faltas justificadas a comisiones. Entre los legisladores con mayor número de inasistencias destacan Andrés Villegas Mendoza, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez.

El rezago también se refleja en el desempeño de las comisiones. Al menos 12 de las 36 existentes no han dictaminado una sola iniciativa en más de un año y medio, concentrando decenas de propuestas sin resolver en temas como desarrollo rural, derechos humanos, bienestar y participación ciudadana.

La cancelación de este miércoles vuelve a evidenciar la falta de operación regular en comisiones, instancia clave para el avance de iniciativas, en un Congreso donde la mayoría de los proyectos legislativos permanece sin dictamen.

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Durante las últimas sesiones del periodo legislativo, el pleno avaló un paquete de 14 iniciativas enviadas por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en temas relacionados con seguridad, justicia, administración pública y bienestar social.

La sesión final se desarrolló en medio de fallas técnicas en el sistema eléctrico del recinto legislativo, lo que obligó en distintos momentos a realizar votaciones nominales. Con estos dictámenes se resolvió parte del rezago legislativo acumulado en el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 15 de marzo, cuando previamente se habían aprobado pocas reformas.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la reforma al Código Penal del estado para endurecer las sanciones por el delito de despojo inmobiliario. La modificación eleva las penas de prisión y establece agravantes cuando el delito se comete con fines lucrativos, mediante documentos falsos o con participación de servidores públicos.

También se aprobó la reforma a la Ley de Bienestar Animal que elimina al Instituto de Bienestar Animal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y transfiere sus funciones al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con el argumento de ampliar la cobertura de atención en los 217 municipios del estado.

El Congreso avaló además reformas secundarias relacionadas con la organización de la elección judicial prevista para 2027, así como modificaciones a la Ley de Obra Pública que permitirán desarrollar infraestructura social en inmuebles privados con recursos federales.

El paquete legislativo incluyó ajustes a la Ley de Hacienda estatal para facilitar la transferencia de recursos federales a los ayuntamientos, así como la aprobación de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que armoniza la legislación estatal con la normativa federal en materia de mediación pública y privada.

Durante la misma jornada también se aprobaron reformas vinculadas con violencia de género, seguridad en entornos escolares, derechos laborales, transporte y educación.

El pleno avaló además la designación de Miguel Guadalupe Morales como presidente interino del Concejo Municipal de Cuautempan y la integración de una nueva Mesa Directiva del Congreso.

Asistencia y votaciones

El Congreso de Puebla está integrado por 41 legisladores. Durante la sesión la participación fluctuó en distintos puntos del orden del día.

En la votación de la reforma al Código Penal por despojo participaron 39 diputados, mientras que en otros dictámenes se registraron alrededor de 36 votos. A pesar de las variaciones en la asistencia, el quórum mínimo requerido de 21 legisladores se mantuvo durante toda la sesión.

Reclamos de la oposición

El cierre del periodo legislativo estuvo acompañado de críticas de diputados de oposición por la rapidez con la que se procesaron varios de los dictámenes.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la forma en que se discutieron las iniciativas y señalaron presuntas omisiones administrativas dentro del Congreso.

Las críticas se dirigieron particularmente al secretario general del Congreso, Leopoldo de Lara Valera, y al director general de Asuntos Jurídicos, Jesús Juárez Lezama, a quienes algunos legisladores acusaron de no informar oportunamente sobre una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra reformas a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.

De acuerdo con los señalamientos, la notificación habría permanecido sin atender durante varios meses antes de ser conocida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

El presidente del Congreso y coordinador de la bancada de Morena, Pavel Gaspar Ramírez, señaló que cualquier solicitud formal para revisar la permanencia de funcionarios administrativos deberá analizarse conforme a los procedimientos internos del Poder Legislativo.

Inicio del receso legislativo

Con esta sesión concluyó formalmente el segundo periodo ordinario del primer año legislativo. El Congreso entrará ahora en receso, periodo en el que las comisiones continuarán con el análisis de iniciativas pendientes mientras no se celebren sesiones plenarias.  El siguiente periodo ordinario de sesiones iniciará el 15 de mayo de 2026, cuando el pleno retomará las actividades legislativas con la discusión de nuevas iniciativas y dictámenes pendientes.

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Comisiones como Transportes y Movilidad, Asuntos Municipales y Turismo no lograron reunir a todos sus integrantes para sesionar, lo que impidió avanzar en la dictaminación de iniciativas.

En la Comisión de Transportes y Movilidad, presidida por Elpidio Díaz Escobar, la reunión fue cancelada por falta de quórum. Solo se registró la asistencia de Angélica Alvarado Juárez y Elías Escobar Martínez, mientras que otros integrantes no acudieron.

En Asuntos Municipales, únicamente se presentó al inicio la diputada panista Luana Amador Vallejo. En tanto, la Comisión de Turismo inició con retraso y solo con cuatro de sus seis integrantes presentes.

Alrededor de 10 u 11 diputadas y diputados registraron inasistencias en distintas comisiones, algunas de ellas en más de un órgano de trabajo.

El contexto se agrava por el volumen de asuntos pendientes en el Poder Legislativo. Al inicio de marzo se contabilizaban mil 226 iniciativas en trámite, muchas de ellas sin dictamen y con plazos que superan los 180 días, lo que podría provocar su caducidad si no se procesan antes de concluir el periodo.

Además, al menos 14 de las 36 comisiones legislativas no han aprobado ninguna iniciativa durante el actual periodo de sesiones.

En medio de este rezago, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el Poder Legislativo trabaja para dictaminar y someter al pleno un paquete de 14 iniciativas enviadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier, con la intención de aprobarlas antes de que concluya el periodo ordinario el 15 de marzo.

Las propuestas del Ejecutivo abarcan reformas en tres áreas principales: bienestar animal, modificaciones jurídicas vinculadas con la reforma del Poder Judicial y ajustes en materia de coordinación hacendaria.

El legislador señaló que el Congreso buscará aprobar estos proyectos antes del cierre del periodo ordinario. Para ello solo quedan dos sesiones: una programada para el jueves 12 de marzo y la última el domingo 15, cuando se realizará la sesión de clausura.

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“Las iniciativas que están en comisión no hay término, no es un término fatal. Lo que nosotros en el Congreso hemos ponderado es que las iniciativas no salgan sin estudio previo, sin que hayan sido consultadas”, enfatizó el legislador de Morena.

Gaspar Ramírez reconoció el rezago acumulado en comisiones, que ha sido tema recurrente en las últimas semanas, pero insistió en que los diputados priorizan revisar a fondo cada propuesta para garantizar su calidad y viabilidad, en lugar de aplicar un corte que las elimine de la agenda.

Como parte de los esfuerzos para cerrar el periodo, el coordinador de la bancada de Morena adelantó que en los próximos días se aprobará un número importante de iniciativas antes del cierre del segundo periodo ordinario de sesiones, previsto para el 15 de marzo de 2026, aunque no precisó cuántas ni cuáles encabezarán la agenda inmediata.

La postura contrasta con las críticas de organizaciones civiles y analistas que han señalado parálisis en temas como reformas en materia de justicia, seguridad, derechos de infancias trans y sanciones por delitos emergentes, muchas de las cuales permanecen estancadas en la comisión de Justicia.

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Al ser cuestionado sobre la falta de dictámenes y salida de propuestas que llevan meses en trámite, Gaspar explicó que “hay varios temas que todavía están en análisis, algunos en el jurídico o en comisiones”. Reconoció que el retraso afecta iniciativas de distintos orígenes parlamentarios, incluidas algunas presentadas desde hace varios meses.

Entre las iniciativas que permanecen estancadas en esa etapa se encuentran la correspondiente a las reformas secundarias para implementar la elección popular de jueces y magistrados en el estado de Puebla, la iniciativa relacionada con el reconocimiento y derechos de las infancias trans que incluso es ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia, así como la propuesta para homologar y endurecer las sanciones por el delito de abuso sexual.

“Vamos a trabajar toda esta semana muy fuerte con la dirección del jurídico porque no hemos tenido avance en este momento, no solo con las que yo he presentado sino con algunas que han sido presentadas ya desde hace algunos meses”, señaló el legislador. Agregó que ya conversó con el responsable del área y que, incluso, este lo esperaba en su oficina para intentar acelerar el proceso.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos está encabezada por Jesús Juárez Lezama, funcionario encargado de revisar la viabilidad legal, técnica y constitucional de las iniciativas antes de que pasen a las comisiones respectivas o al Pleno y que es cercano a la diputada con licencia y actual titular de la Secretaría del Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Gaspar enfatizó que el rezago es generalizado y comprometió un esfuerzo intensivo durante los próximos días para desatorar los pendientes y permitir que avancen hacia su discusión en comisiones o en el Pleno.

La lentitud en el procesamiento de estas propuestas —que abordan temas de alta sensibilidad como justicia electoral, derechos de menores trans y protección contra delitos sexuales— ha generado críticas por parte de organizaciones civiles y colectivos, quienes han señalado que el Congreso poblano en su LXII Legislatura presenta un ritmo bajo de productividad en asuntos prioritarios para la ciudadanía.

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