Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y la magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, rechazaron los proyectos presentados por Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, quienes proponían anular los comicios al considerar que los materiales constituían propaganda prohibida y un mecanismo sistemático de coacción al voto.

El debate en el pleno

Durante la sesión, Reyes Rodríguez sostuvo que los acordeones eran “guías ilícitas” que influyeron de forma determinante en el resultado. Recordó que existieron más de 7 mil 400 millones de combinaciones posibles en la elección y, sin embargo, coincidieron exactamente nueve candidaturas que recibieron alrededor de 41 millones de votos.

“La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, sin coordinación alguna, es prácticamente de cero”, afirmó.

En el mismo sentido, Janine Otálora advirtió que esta “renovación histórica del Poder Judicial quedará marcada por el uso de estos instrumentos que comprometieron la elección” y cuestionó la legitimidad del proceso.

Los magistrados de mayoría, en cambio, desestimaron los señalamientos. Soto Fregoso recalcó que “no basta con sospechas” para anular una elección en la que participaron más de 13 millones de ciudadanos. “Si yo traigo esta prueba, tengo que traer los datos: dónde se hizo, cuánto costó, quién lo hizo, a quién se le dio, por qué es determinante para anular la elección”, subrayó.

Felipe de la Mata Pizaña fue más allá y calificó el proyecto de nulidad como “paranoico y conspiranoico”:
“El proyecto convierte la llamada operación acordeón en una trama paranoica y de coacción al electorado sin pruebas meritorias. Cabe preguntar si la operación acordeón es más una idea de propaganda que una realidad”.

Por su parte, Felipe Fuentes Barrera advirtió que “no se puede anular una elección con sospechas. Este proyecto confunde contexto con prueba, correlación con causalidad y cantidad con certeza”.

La sombra de los “acordeones”

Los críticos de la elección señalaron la detección de más de 3 mil 100 formatos de “acordeones” distribuidos en al menos 23 estados, en su mayoría gobernados por Morena. El proyecto de nulidad sostenía que estos materiales evidenciaban una “estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada” que incluso habría implicado financiamiento ilegal.

Además, se presentaron 153 medios de impugnación y 38 carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que documentaban la existencia de esta práctica.

Sin embargo, para la mayoría del pleno, los acordeones no constituyen pruebas determinantes de una operación que vulnerara el voto libre. “Estos acordeones están nuevos, están perfectamente doblados, empaquetados… no hay rasgos de haber sido usados”, señaló Soto Fregoso, quien consideró “retrógrada” la idea de que los votantes se dejaran llevar por una simple guía.

Con la validación de los comicios, los nueve ministros electos ocuparán su lugar en la nueva integración de la SCJN. No obstante, la división en el pleno del TEPJF y las advertencias de Rodríguez y Otálora dejan abierta la discusión sobre la legitimidad de un proceso que, aunque legalmente válido, seguirá marcado por la controversia.

El cargo TEPJF valida elección de ministros de la SCJN pese a polémica por “acordeones” apareció primero en Reto Diario.

La Sala Superior avaló el fallo emitido por la Sala Regional Especializada, que acreditó que Blanco, junto con su entonces director de Logística y Eventos, Arturo César Millán Torres, excluyó a la legisladora de un acto cívico conmemorativo en 2023. Se trató del desfile por el CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, evento promovido por la propia Guerra Mena.

De acuerdo con la denuncia, la diputada no fue invitada a las reuniones preparatorias, se le impidió instalar un templete autorizado y se le negó el acceso al palco principal durante el acto oficial. Estos hechos fueron considerados como violencia simbólica y psicológica, pues afectaron su visibilidad como representante popular.

“La responsable concluyó que ese actuar no solo limita los derechos de la denunciante en un plano individual o subjetivo por el cual se menoscabó su posicionamiento frente al electorado de su distrito, sino que generó el mensaje de que la exclusión de una mujer, representante popular, de un evento público […] es una conducta que puede aceptarse”, afirmó el magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón.

Aunque Blanco y Millán argumentaron que no eran responsables directos del evento, la Sala Superior calificó sus argumentos como infundados e inoperantes. Por su parte, la exdiputada solicitó que se sancionara a más personas y por más hechos, sin que se ampliara la resolución en ese sentido.

Además de la inscripción en el registro del INE, Cuauhtémoc Blanco deberá tomar un curso obligatorio sobre derechos de las mujeres. Pese a la sanción, Blanco no queda impedido para participar en futuras elecciones, ya que su inscripción en el registro concluirá antes del proceso electoral federal de 2027.

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