Del desglose presentado:

• 43 mil 128 corresponden a casos sin ningún registro adicional.
• 40 mil 308 tienen registro y actividad posterior a la desaparición, por lo que se continúa la búsqueda de prueba de vida.
• 46 mil 742 carecen de datos concretos suficientes para la búsqueda.
• 2 mil 356 desaparecieron entre 1952 y 2005 (conocidas como “desapariciones de larga data”), muchas vinculadas a desaparición forzada por parte del Estado.
• Solo 3 mil 869 cuentan con carpetas de investigación o averiguaciones previas (a partir de 2015 se denominan carpetas de investigación).

La presidenta Sheinbaum subrayó: “lo que queremos es encontrar a los desaparecidos y darle todo el apoyo a las familias; fortaleciendo las instituciones del Estado para prevenir y atender este lamentable delito”.

Destacó que las desapariciones se investigan desde lo local, a través de las fiscalías estatales, y que la comisionada nacional de búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, mantiene contacto permanente con todas las comisiones y fiscalías estatales para actualizar las carpetas de investigación.

La secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, complementó con datos desde 2006: se han registrado alrededor de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales el 31% tuvo actividad posterior a su desaparición (lo que permite continuar la búsqueda). Además, “de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas” y en el 96% de los casos la ausencia no estuvo relacionada con la comisión de un delito. Del total de personas no localizadas, el 78% son hombres de entre 30 y 59 años y el 22% mujeres entre 18 y 29 años.

🚨📊 El Secretariado Ejecutivo del SNSP reporta 132 mil personas desaparecidas al corte de este año. De ellas, 2,356 corresponden a hechos entre 1952 y 2005.#Desaparecidos #México #Seguridad #Datos pic.twitter.com/CSHXmi2gll

— RETO diario (@retodiariomx) March 27, 2026

Sheinbaum insistió en la necesidad de “mejorar los ministerios públicos en todo el país” y en que “las fiscalías cumplan con su trabajo”.

El cargo Presenta Sheinbaum análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas: 132 mil 574 casos acumulados apareció primero en Reto Diario.

Desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) se presentó el análisis “¿Cómo se ve la crisis forense en Puebla?”, elaborado con base en solicitudes de información pública, revisión del marco jurídico y testimonios de colectivos de búsqueda. El diagnóstico advierte que la crisis forense vulnera directamente el derecho a la búsqueda, la verdad y la identificación digna de las personas fallecidas.

Más de 131 mil personas desaparecidas en México

A nivel nacional, la magnitud del problema es contundente. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documenta más de 131 mil 800 personas desaparecidas o no localizadas. Esta cifra histórica coloca a México ante una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente.

En paralelo, la Plataforma Ciudadana de Fosas —impulsada por Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la IBERO Ciudad de México— reporta que más de 72 mil cuerpos ingresaron sin identificar al Servicio Médico Forense (Semefo) entre 2006 y 2023.

Tan solo entre 2019 y 2023 se registraron 34 mil 699 cuerpos sin identidad enviados a morgues, en el mismo periodo en que desaparecieron 51 mil 791 personas. Especialistas advierten que los semefos se han convertido en “depósitos interminables” de cuerpos sin identificar.

Fosas clandestinas y discrepancias oficiales

La dimensión del problema también se refleja en las fosas clandestinas. De acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, entre 2006 y 2024 las fiscalías estatales reportaron 5 mil 532 fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General de la República reconoció únicamente 630 fosas en el mismo periodo, lo que implica una diferencia de 4 mil 902 sitios.

En total, se han localizado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos en más de 4 mil 500 fosas clandestinas. Sin embargo, especialistas señalan que no existe un registro público consolidado y transparente, y que las cifras varían entre fiscalías estatales, la FGR y fuentes periodísticas.

Además de las fosas clandestinas —asociadas al crimen organizado— existen las fosas comunes administradas por el Estado, donde son inhumados cuerpos no identificados o no reclamados. Sobre estas últimas, organizaciones civiles denuncian falta de información pública clara sobre ubicación, número de cuerpos y condiciones de resguardo.

Capacidad institucional rebasada

La crisis también se explica por la limitada capacidad técnica y presupuestal. De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 había 14 mil 400 peritos forenses adscritos a la FGR y fiscalías estatales. Los anfiteatros del país cuentan con capacidad máxima aproximada para 15 mil cadáveres, mientras que el año pasado los servicios periciales recibieron alrededor de 100 mil cuerpos, un incremento del 5.4% respecto al año anterior.

A ello se suma que de los 937 laboratorios periciales existentes, 699 no están certificados, lo que impacta directamente en la calidad y confiabilidad de los procesos de identificación.

Especialistas han señalado también el incumplimiento en la consolidación de un Banco Nacional de Datos Forenses plenamente funcional, herramienta clave para cruzar información genética, huellas dactilares y registros post mortem.

La situación en Puebla

En el caso de Puebla, la Fiscalía General del Estado reportó que, con corte a marzo de 2024, había más de 2 mil 500 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses. Esta cifra cobra relevancia ante el incremento sostenido de denuncias por desaparición en la entidad.

Durante el conversatorio se señaló que, aunque Puebla cuenta con un convenio internacional para fortalecer los procesos de identificación, los avances han sido limitados. Hasta junio de 2025 se reportó la localización de 224 cuerpos y la entrega de 100 a sus familiares; para diciembre se sumaron 80 identificaciones adicionales y 32 entregas más, números que especialistas consideran insuficientes frente al rezago acumulado.

El diagnóstico del IDHIE advierte que la crisis forense no solo implica saturación de espacios, sino fallas estructurales en coordinación, registro de datos, transparencia y atención a familias.

Impacto en las familias

Las consecuencias no son únicamente administrativas. La desarticulación de bases de datos, la falta de notificación oportuna y la omisión en el registro de personas no identificadas provocan que cuerpos de personas reportadas como desaparecidas terminen en fosas comunes sin que sus familias lo sepan.

Especialistas y colectivos coinciden en que la crisis forense representa una forma de “doble desaparición”: la física, y la institucional, cuando el Estado no logra identificar ni informar adecuadamente sobre el paradero de los cuerpos bajo su resguardo.

El conversatorio en la Ibero Puebla concluyó que dimensionar la crisis exige registros centralizados y públicos, fortalecimiento presupuestal, certificación de laboratorios y coordinación efectiva entre fiscalías y comisiones de búsqueda. Mientras ello no ocurra, miles de familias seguirán enfrentando no solo la ausencia de sus seres queridos, sino también la incertidumbre prolongada en morgues y fosas.

El cargo Crisis forense en Puebla y México: Ibero advierte rezagos en identificación de cuerpos y opacidad institucional apareció primero en Reto Diario.