Todo porque en medio hay un interés político-electoral de un funcionario del RAN para promoverse como aspirante a candidato a legislador de la 4T.

Y es que cuentan fuentes bien informadas que se han estudiado dos opciones para concretar la reubicación: la primera es donde hay unas viejas instalaciones de Liconsa, cerca de la Central de Abasto. Y la segunda es en Amozoc.

Ambas son complicadas para los miembros de núcleos agrarios por las limitaciones del transporte público, por las largas distancias y, sobre todo, por la inseguridad.

La actual sede del RAN, en la colonia Huexotitla, tenía una buena conexión con el trasporte público y está en una zona relativamente segura.

De ambas posibilidades, la que parece estar ganando es la de Amozoc, un municipio conurbado a la capital que se ha caracterizado en los últimos años por ser una de las demarcaciones más peligrosas de la entidad, que ha estado salpicada del fenómeno delictivo del robo de combustible y se ha convertido en uno de los territorios con más ejecuciones, asaltos y desapariciones.

¿Por qué elegir esa región, si es tan conflictiva? Se dice que la razón de peso es que el actual delegado del RAN, Edgar Valentín Garmendia de los Santos, quiere promoverse como aspirante a diputado con miras al proceso electoral de 2027.

Y es Amozoc una de las zonas en donde busca hacer proselitismo tendiente a conseguir la nominación.

Garmendia ya fue diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado.

En 2021, fue dirigente emergente de Morena y estuvo al frente del partido cuando obtuvo uno de sus peores resultados, ya que perdió en casi toda la Zona Metropolitana de Puebla.

A principios de mayo del año pasado llegó al cargo de delegado del RAN, para desconcierto de quienes ahí laboran, ya que resultó ser un personaje sin experiencia en el ramo de los casi 50 trámites que, por obligación, tienen que hacer ahí los más de mil núcleos ejidales del estado.

El problema de fondo es que el RAN, a nivel nacional, decidió ya no pagar rentas para alquilar inmuebles. Hubo una reducción presupuestal.

Por ende, se dispuso que las delegaciones en cada estado solicitaran a los Poderes Ejecutivos locales el que se les presten espacios físicos para que pueda funcionar el Registro Agrario Nacional.

En el caso de Puebla, ejidatarios han mandado cartas al gobernador Alejandro Armenta Mier solicitando que se le dote al RAN un inmueble, en préstamo, en el centro de la capital.

Es de sobra conocido que el Gobierno del estado tiene muchos espacios físicos en el Centro Histórico que podrían ser habilitado a favor de los cientos de ejidatarios que llegan a la capital, provenientes de todas las latitudes de la entidad, buscando resolver una larga lista de trámites agrarios.

El problema es que se atraviesa un interés mezquino de alguien que le importa más sus aspiraciones de ser diputado y promoverse en la geografía electoral de Amozoc, que realmente cumplir con la máxima de la 4T: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Aquí en Puebla es: primero la grilla política y no los pobres. Mucho menos los campesinos.

Si no, solo hay que ver el suplicio que es el RAN.

El cargo Buscan nueva sede para el RAN con fines político-electorales apareció primero en Reto Diario.

En el RAN hay un hermetismo total a cerca de la salida de esos servidores públicos. La única respuesta ofrecida es que solamente en las oficinas centrales de este órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –con sede en la Ciudad de México– se puede dar a conocer lo ocurrido, mediante una solicitud previa de información.

No obstante, fuentes internas del RAN en Puebla sostienen que, la semana pasada, había un ambiente de fuerte enojo, de malestar generalizado, entre el personal que ahí labora, pues la salida de 14 funcionarios tal vez suavice los graves problemas de corrupción que ahí ocurren a diario, pero complica la atención al público ya que no se sabe cuándo serán sustituidos los personajes que habrían sido rescindidos.

Los problemas de corrupción que ahí acontecen se deben –en mucho– a que en el estado de Puebla hay mil 309 núcleos agrarios ejidales y 422 comunales, cuyos integrantes para hacer cualquier trámite jurídico sobre la propiedad de sus tierras, de resguardo documental y de ordenamiento territorial, solo tienen una oficina para hacerlo, que es la sede del RAN que se ubica en la colonia Huexotitla de la capital y cuyo espacio físico, así como el personal, son insuficientes para atender a miles de campesinos de toda la entidad.

Eso provoca que ahí todo se intenta “vender”, cuando se supone que los trámites son gratuitos.

Se comercializa en “el mercado negro” desde las fichas para que los labriegos sean atendidos y les reciban la solicitud del trámite que van a realizar, hasta el pago de “cuotas especiales” para que las resoluciones se emitan en el menor tiempo posible.

Los labriegos que no tienen dinero o simplemente no quieren caer en prácticas corruptas, sufren el desprecio de una burocracia que los hacen venir en muchas ocasiones –desde lugares remotos– solo para que les acepten la petición del acto jurídico que necesitan y después los hacen esperar hasta año y medio para que les responden a sus requerimientos.

En cambio, si se paga “las gratificaciones”, es decir, los sobornos, dicen los enterados, al primer intento se recibe la solicitud del trámite que se pide y en dos o tres meses ya está lista la resolución.

El elefante reumático

Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su sexenio, era muy dado a utilizar la expresión de que se llegó a encontrar un Gobierno federal que era como “un elefante reumático que no se para, no se mueve, no camina. Hay que empujarlo”.

Era muy dado a decir que la burocracia de ese “elefante blanco” actuaba como en la época de la Colonia, cuando se da una orden se acata, pero nunca se cumple.

Eso es lo que está pasando en el RAN. Se supone que la salida de los 14 funcionarios de este órgano es para acabar con la corrupción que ahí prevalece. Alguien podría suponer que “esa limpia” va a ayudar.

El viernes, cuando ya se sabía que habían salido varios servidores públicos, tal como ya se mencionó en esta columna, había mucha preocupación e inconformidad entre los que laboran en el RAN. No así en los llamados “gestores” o también conocidos como “coyotes”, que son quienes se encargan de hacer los cobros ilegales y, por supuesto, traficar con el tratamiento que se da a los trámites.

Tal situación es tan evidente que, enfrente del RAN, hay un negocio que ofrece a “agilizar” los procesos burocráticos del Registro Agrario Nacional. Es decir, el despido de los funcionarios en cuestión no significa que se va a eliminar la corrupción.

Los abusos que ahí se cometen están en función de la vulnerabilidad que sufren miles de ejidatarios y comuneros.

De acuerdo con datos del propio RAN, el 21% de la población ejidal del estado de Puebla es analfabeta y el 22% son mujeres. De hecho, la entidad poblana ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con la participación femenina en la llamada propiedad social.

Los problemas en el RAN arrancaron durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, periodo en que algunos trámites que se hacían en diferentes áreas oficiales se concentraron en el Registro Agrario Nacional. Fue entonces cuando se empezó a dar este fenómeno de que los labriegos llegan una noche antes, a dormir en las banquetas, para intentar obtener en las mañanas un turno en dicho órgano descentralizado.

Al siguiente sexenio, sobre todo a raíz de la crisis de COVID-19, de la mala atención se pasó al descaro de los sobornos. Lo que se empezó cobrando en 200 o 300 pesos, acabó siendo extorsiones de hasta 11 mil pesos para que un campesino sea atendido en el RAN.

Las denuncias contra los abusos se empezaron a presentar hace 10 años y hasta ahora se está dando una respuesta para remedir la corrupción.

No cabe duda de que el gobierno no solo es “un elefante reumático”, sino también es muy mañoso.

El cargo Echan del RAN a 14 funcionarios para intentar frenar la galopante corrupción en el organismo apareció primero en Reto Diario.

El nombre de Nora Estela Esquitín de la Madrid saltó repentinamente a los espacios de opinión pública, hace tres años, por el maltrato y las extorsiones de que eran objeto docenas de ejidatarios en la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN), que es una instancia del Gobierno federal.

Esquitín de la Madrid era la delegada del RAN y en el tiempo en que estuvo al frente de dicha dependencia, nunca se frenaron los abusos contra los campesinos.

Por eso había resultado desconcertante que, hace un par de meses, se hubiera conocido que esta mujer había sido designada como titular de la Dirección de la Tenencia de la Tierra y de la Población en el Gobierno estatal.

Nora Estela Esquitín de la Madrid está vinculada al grupo político del cacique Ardelio Vargas Fosado y cuando estaba al frente del RAN, suplantaba su propia identidad, ya que hacía aparecer que la titular del registro agrario era Adela Cerezo Bautista –quien le antecedió en el cargo– para que ella no respondiera por los atropellos que ahí se cometían.

Durante tres años consecutivos se narró en La Jornada de Oriente cómo funcionarios del RAN, aprovechando la coyuntura que provocó el confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID-19, establecieron un sistema de cobros ilegales dirigido a los labriegos que tenían la necesidad de hacer trámites ante el Registro Agrario Nacional.

Lo que empezó con discretas extorsiones de 300 pesos para otorgar un turno de atención en dicha instancia del Gobierno federal, acabó siendo un escándalo por el descaro con que fueron escalando los montos de los sobornos, pues se llegó a pedir hasta 11 mil pesos por una ficha.

Un asunto que era notorio porque se obligaba a los campesinos a dormir toda una noche en la calle –en la colonia Huexotitla– para que sus trámites fueran aceptados en el RAN, si es que no accedían a pagar los sobornos.

La trampa es que solamente se daban 20 fichas por día y entonces, cientos de campesinos que eran originarios de todas partes del estado, luego de dormir a la intemperie, cuando llegaban a la ventanilla del registro, les decían que se habían agotado los espacios de atención.

Eso obligaba a que los labriegos tuvieran solo dos alternativas: pagar la extorsión o abandonar la intención de regularizar sus parcelas.

Más allá de cuál haya sido el motivo, hay que aplaudir el cambio de cargo de Nora Estela Esquitín de la Madrid en el Gobierno estatal.

Carta de Rómulo Arredondo

Aurelio Fernández Fuentes

Director de La Jornada de Oriente

Fermín Alejandro García

Columnista

Presente

Reciban un cordial saludo, con el respeto de siempre.

Me permito dirigirme a ustedes con el propósito de hacer algunas precisiones respecto a la columna publicada el pasado 29 de julio por el periodista Fermín Alejandro García, en la que se hace alusión a mi persona.

A invitación del entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, me integré a su proyecto político en 2023, con tareas muy específicas.

Concluida la jornada electoral, y por indicaciones del gobernador electo, me desempeñé como secretario técnico en la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Medio Ambiente, coordinada por Rebeca Bañuelos Guadarrama.

En efecto, una de mis encomiendas fue sostener reuniones con transportistas de distintas regiones del estado, tanto en el periodo previo como posterior a la campaña. De cada encuentro, temas tratados y propuestas recabadas, di puntual cuenta al equipo de trabajo y, desde luego, al hoy gobernador.

Rechazo categóricamente que en alguna de dichas reuniones –convocadas por un servidor– se haya solicitado “ayuda económica para el proceso de transición del nuevo gobierno”, como se afirma en la columna mencionada.

Los puntos abordados con los representantes del sector transporte fueron estrictamente técnicos, con el objetivo de construir propuestas para la modernización del rubro, una de las prioridades marcadas por la nueva administración.

Sí existen fotografías, porque las reuniones fueron públicas; algunas de ellas incluso se realizaron con la presencia del entonces candidato, como parte natural de la campaña.

Es absolutamente falso que existan grabaciones –como se sugiere– en las que yo haya solicitado “cooperaciones” para el proceso de transición. Se trata de un señalamiento sin sustento ni veracidad.

También desconozco si, como se señala, “alguien dio luz verde” para que yo fuera considerado titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Nunca se me comunicó en esos términos y, en consecuencia, mi conducta y desempeño no respondieron a ninguna expectativa de ese tipo.

Colaborar en el proyecto encabezado por el hoy gobernador Alejandro Armenta Mier fue, para mí, un honor. Lo conozco y estimo desde hace muchos años; nuestra relación está fundada en el respeto mutuo y una amistad sincera.

En apego a mi derecho de réplica, solicito atentamente la publicación íntegra de esta carta en el mismo espacio editorial.

Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Rómulo S. Arredondo Gutiérrez

Respuesta

El señor Rómulo Arredondo tiene una mala lectura de la columna y se muestra evasivo del principal cuestionamiento que ahí se expuso.

En el texto de Cuitlatlán nunca se dice que él haya pedido dinero a los transportistas.

Se indica que alguien –no se dice quién– lo hizo de manera discreta en el desarrollo de los encuentros con los permisionarios.

Y queda claro que los sobornos no se exigen para que todo mundo se entere. Los que lo hacen actúan con la debida discreción.

Lo que principalmente se cuestionó en la columna es que haya aparecido en esas reuniones Abraham Sánchez, un personaje que ha sido artífice de los abusos en el transporte público por más de dos décadas. Y de eso no dice una sola palabra. Qué curioso, ¿o no?

El cargo Nora Esquitín, de cometer abusos contra campesinos, ahora es la nueva directora del Registro Civil apareció primero en Reto Diario.