Una vez que la reforma judicial federal ha avanzado en sus términos, en Puebla ya hay un primer grupo de beneficiarios muy claro: las juezas, jueces y magistraturas que ya estaban haciendo cuentas, midiendo tiempos o preparando maletas para una elección judicial en 2027. Podrán respirar. La renovación pendiente se recorrió a 2028.

Un año más en funciones, un año más de margen y un año más para que el tablero local se acomode.

La reforma plantea que los cargos judiciales federales y locales que no fueron renovados en 2025 se elijan en 2028. En el caso poblano, donde no se realizó elección judicial local, el efecto sería directo: la ruta de 2027 perdería sentido y el estado tendría que alinearse al nuevo calendario nacional.

La lectura jurídica es sencilla: Puebla tendría que armonizar su Constitución, su legislación electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La lectura política es más interesante: el Congreso local gana tiempo, el Poder Judicial gana oxígeno y el Ejecutivo gana margen para ordenar una reforma que no puede improvisarse.

Porque la elección judicial no es cualquier elección. No se trata sólo de poner nombres en una boleta. Implica definir comités de evaluación, filtros, perfiles, insaculación, paridad, reglas de campaña, cómputos, impugnaciones y toma de protesta. Es decir, todo un sistema electoral paralelo para escoger juzgadores.

Por eso, el aplazamiento a 2028 no debe leerse como una pausa vacía. Es una prórroga política con fecha de caducidad. Puebla tendrá más tiempo, sí, pero también más responsabilidad.

Si el Congreso local se confía, el artículo 105 constitucional puede convertirse en reloj de arena: las reglas electorales deben estar publicadas al menos 90 días antes del inicio del proceso en que vayan a aplicarse.

Así que los juzgadores pueden guardar la maleta por ahora. Pero no tirarla. La reforma no cancela la elección: solo cambia el día de salida.

Y para Puebla, el mensaje es claro: habrá un año más para negociar, legislar y acomodar el tablero, pero no para fingir que el reloj dejó de correr.

El cargo Poder Judicial: un año más en la silla apareció primero en Reto Diario.

El legislador explicó que el debate en las cámaras federales se ha prolongado más de lo previsto, por lo que estimó que el documento podría llegar al Congreso poblano entre la tarde y noche del viernes. Ante ese escenario, señaló que diputadas y diputados podrían ser convocados a sesionar el 11 o 12 de junio.

“Estamos atentos en el Senado, nosotros consideramos, ya que se ha alargado muchísimo el debate en las cámaras, que pudiera llegar el viernes en la tarde, en la tarde-noche, así es que nosotros estamos atentos y lo más seguro es que sesionemos el sábado”, declaró.

La reforma judicial impulsada a nivel federal contempla cambios para la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto ciudadano, sobre todo la fecha, que sería hasta 2028. Para que las modificaciones constitucionales entren en vigor, se requiere la aprobación de al menos 17 congresos estatales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 135 de la Constitución mexicana.

El cargo Congreso de Puebla prevé sesión extraordinaria para discutir la reforma que aplaza a 2028 la elección judicial apareció primero en Reto Diario.

El dictamen fue avalado por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 341 votos a favor y 124 en contra, en medio de críticas de la oposición, que acusó que la iniciativa mantiene las deficiencias de la reforma judicial aprobada en 2024.

Tras más de cuatro horas de discusión, los legisladores decretaron un receso para continuar con el análisis de reservas en lo particular.

⚖️🗳️ #Nacional | ¡Aprobada en lo general! Con 341 votos a favor y 124 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia del Poder Judicial. pic.twitter.com/IMF2roKCfX

— RETO diario (@retodiariomx) May 27, 2026

¿Qué cambia con la reforma?

Uno de los puntos centrales es que la segunda elección judicial ya no se realizará en 2027, como se había establecido originalmente, sino el primer domingo de junio de 2028.

La reforma también contempla:

• La creación de una Comisión Coordinadora que establecerá criterios y metodologías para evaluar y seleccionar aspirantes a jueces y magistrados.
• La reducción del número de candidaturas mediante filtros previos de evaluación.
• Modificaciones a las boletas electorales para los comicios judiciales.
• Programas permanentes de capacitación para jueces y magistrados a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
• Evaluaciones al desempeño de los juzgadores electos durante su primer año por parte del Tribunal de Disciplina Judicial.
• La creación de “secciones” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver asuntos considerados menores.
• La ampliación hasta 2028 del periodo de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que concluirían funciones en 2027.

Otro de los cambios relevantes es la modificación al artículo 35 constitucional para permitir que la consulta de revocación de mandato pueda realizarse el mismo día de elecciones federales y locales, algo que anteriormente estaba prohibido.

Así será la selección de candidatos

De acuerdo con el dictamen, los Comités de Evaluación integrarán listas con las cuatro personas mejor calificadas para cada cargo judicial. Posteriormente, mediante insaculación pública, el listado se reducirá a dos candidaturas por posición, garantizando paridad de género.

El diputado Leonel Godoy rechazó que todos los perfiles vayan directamente a sorteo.

“No es cierto que van a ir todos a la tómbola, solo irán aquellos que los comités de evaluación resuelvan, previo a una reunión de una comisión coordinadora”, afirmó en tribuna.

Oposición acusa que persisten fallas

Durante el debate, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron que la reforma no corrige problemas de fondo relacionados con la elección popular de integrantes del Poder Judicial.

La diputada Claudia Ruiz Massieu sostuvo que el nuevo esquema mantiene un proceso político y no meritocrático.

“La nominación va a seguir siendo un proceso político, no un proceso meritocrático”, afirmó, al señalar que la insaculación podría permitir la llegada de perfiles “controvertidos”.

Por su parte, el coordinador priista, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la reforma no resuelve riesgos relacionados con la intervención del crimen organizado en las elecciones judiciales y señaló contradicciones en la Constitución respecto al método para elegir a la presidencia de la Suprema Corte.

En tanto, la diputada panista Margarita Zavala y legisladores de Morena adelantaron reservas para proteger los derechos laborales de integrantes del Poder Judicial que dejarán sus cargos durante la renovación prevista en 2028.

El cargo Aprueba Cámara de Diputados reforma judicial que aplaza elección de jueces y magistrados hasta 2028 apareció primero en Reto Diario.

Durante su conferencia matutina, el mandatario señaló que la discusión sobre los cambios al sistema judicial debe reconocer ambas realidades.

“Hay jueces honestos y hay jueces delincuentes”, declaró. Añadió que también existen jueces “honestos y patriotas”, aunque insistió en que hay otros que participan en conductas ilegales.

Entre los señalamientos que mencionó, sostuvo que algunos juzgadores han filtrado información a personas investigadas por delitos. “Hay jueces que filtran órdenes de aprehensión a delincuentes”, afirmó al referirse a casos en los que, según dijo, se advierte colusión para evadir la acción de la justicia.

El gobernador vinculó estas declaraciones con la reforma al Poder Judicial que su administración envió al Congreso local, la cual plantea modificar la estructura del sistema judicial en el estado y establecer la elección popular de jueces y magistrados.

Según explicó, uno de los objetivos de la reforma es fortalecer los mecanismos de control y sanción dentro del propio Poder Judicial. En ese sentido, señaló que la propuesta contempla la creación de nuevas instancias administrativas y disciplinarias que supervisen el desempeño de los funcionarios judiciales.

Armenta sostuvo que la elección por voto ciudadano permitiría que la población elija a perfiles confiables para ocupar cargos jurisdiccionales.

“Una de mis convicciones es democratizar el Poder Judicial, por lo que Puebla no es la excepción”, expresó al referirse al proyecto de reforma que actualmente analiza el Congreso del estado.

El cargo “Hay jueces honestos y hay jueces delincuentes”, afirma el gobernador Alejandro Armenta apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con lo expuesto por el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, actualmente el Poder Judicial en Puebla está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa.

La propuesta plantea mantener el Tribunal Superior de Justicia, pero sustituir el Consejo de la Judicatura por un nuevo Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión administrativa y operativa del sistema. Además, se crearía el Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que tendría la facultad de investigar y sancionar a funcionarios con funciones jurisdiccionales.

Otro de los cambios contemplados es que el Tribunal de Justicia Administrativa deje de formar parte del Poder Judicial y pase a constituirse como un órgano autónomo independiente.

Como parte de la reconfiguración institucional, también se prevé expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que redefiniría la organización interna de este poder. Paralelamente se reformaría el Código de Instituciones y Procesos Electorales para incorporar la elección directa de personas juzgadoras mediante voto ciudadano.

Con este modelo, en el proceso electoral de 2027 se elegirían por voto popular 32 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 150 jueces del propio tribunal o de primera instancia y cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

En total, alrededor de 187 cargos judiciales quedarían sujetos a elección popular en comicios concurrentes con la renovación de diputaciones locales y ayuntamientos, programada para el primer domingo de junio de 2027.

Las reformas también contemplan que los actuales integrantes del Poder Judicial puedan participar en el proceso electoral para buscar la continuidad en sus cargos o competir por nuevas posiciones.

Las propuestas forman parte de un paquete de alrededor de 13 o 14 iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal al Congreso, que incluye cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la creación de nuevas disposiciones, como la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y mecanismos alternativos de solución de controversias.

De acuerdo con el calendario planteado por el Gobierno estatal, la elección de juzgadores se mantendría prevista para el proceso electoral de 2027.

El cargo Reforma judicial en Puebla plantea elección popular de 187 jueces y magistrados en 2027 apareció primero en Reto Diario.

“La elección de los integrantes del Poder Judicial local se llevará a cabo en 2027“, dijo Gaspar Ramírez. El legislador explicó que el análisis y dictaminación de las iniciativas quedará para el siguiente periodo legislativo. Las dos sesiones que restan del periodo actual, programadas para el 12 y 15 de marzo, estarán dedicadas a resolver asuntos pendientes, aprobar dictámenes y definir la integración de la Comisión Permanente y la Mesa Directiva del receso.

La reforma es parte del proceso de armonización de la legislación estatal con la reforma judicial federal impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. En Puebla, el proceso arrancó con el envío de 14 iniciativas del gobernador Alejandro Armenta al Congreso local, que buscan establecer los lineamientos para elegir por voto ciudadano a integrantes del Tribunal Superior de Justicia y otros cargos del Poder Judicial estatal.

El calendario descarta el escenario que el propio Gaspar Ramírez había mencionado en febrero, cuando consideró aplazar la elección hasta 2028 para evitar su coincidencia con la renovación de diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales, prevista para 2027. El legislador también informó que ha sostenido reuniones con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar para revisar el contenido de las leyes secundarias vinculadas a la reforma.

El cargo Congreso de Puebla aplaza reforma judicial; elección de jueces y magistrados será en 2027 apareció primero en Reto Diario.

El organismo empresarial destacó que México tiene grandes oportunidades para crecer, aunque subrayó la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto al Estado de derecho como pilares para la estabilidad y el desarrollo.

Avances: seguridad, economía y empleo

Entre los logros reconocidos por Coparmex se encuentran las acciones contra la delincuencia organizada, la apertura del Gobierno hacia la inversión privada y el diálogo empresarial a través del Plan México. También resaltó la renegociación con Estados Unidos para evitar aranceles, la participación en foros internacionales y la nueva estrategia financiera de Pemex, que busca su autosuficiencia hacia 2027.

En lo laboral, el aumento del 12% al salario mínimo y la reducción de la pobreza gracias al crecimiento del ingreso fueron señalados como avances importantes. Coparmex también valoró la disposición al diálogo tripartito para discutir la reducción de la jornada laboral.

Retrocesos: justicia, corrupción y salud

El sindicato patronal advirtió sobre la reforma judicial que permitió la elección popular de jueces y magistrados, señalando baja participación ciudadana y problemas de organización. También lamentó la desaparición de organismos autónomos, lo que –señaló– concentra poder en el Ejecutivo y debilita las instituciones.

En el ámbito económico, la inversión fija bruta registró nueve meses de caídas y la creación de empleos mostró una desaceleración. El ánimo para invertir entre empresarios bajó 12.8 puntos al cierre de 2024.

La organización también denunció falta de avances en el combate a la corrupción y una crisis en el sistema de salud, con desabasto de medicamentos y más de 44 millones de personas sin acceso a servicios médicos.

Oportunidades: T-MEC, nearshoring y MiPyMEs

Coparmex consideró que la próxima revisión del T-MEC debe aprovecharse como una palanca para atraer inversión y consolidar el nearshoring. Además, señaló que el Plan México puede impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que se garantice seguridad, energía y certeza jurídica.

El organismo hizo un llamado a replantear la reforma electoral, pues consideró que genera polarización y distrae de las prioridades económicas y sociales del país.

Propuestas para un México competitivo

Para enfrentar los retos actuales, Coparmex planteó una serie de propuestas:

• Fortalecer el Estado de derecho y garantizar autonomía judicial.
• Asignar más recursos a policías y fiscalías para mejorar la seguridad.
• Combatir la corrupción con sanciones y transparencia.
• Aumentar la inversión en salud y educación.
• Consolidar el diálogo entre Gobierno, empresarios y trabajadores.
• Evitar reformas que debiliten a las instituciones democráticas.

Finalmente, la Confederación reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno federal. “México puede consolidarse como un país atractivo, competitivo y con justicia social, si se privilegia el diálogo, la certeza jurídica y el respeto institucional”, concluyó.

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