Con 37 votos a favor, la LXII Legislatura avaló la modificación al artículo 127 de la Constitución, como parte de la iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca poner un límite a las jubilaciones en el sector público y reducir desigualdades.

Tope salarial y ajuste inmediato

La reforma establece que las pensiones no podrán exceder el 50% del salario de la titular del Ejecutivo federal, que actualmente ronda los 135 mil pesos mensuales, por lo que el límite se fija en aproximadamente 70 mil pesos.

Además, la medida contempla efectos retroactivos, lo que implica que quienes actualmente perciban montos superiores deberán ajustarse al nuevo tope.

Esta disposición aplicará principalmente a extrabajadores de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), así como entidades de banca de desarrollo y empresas paraestatales.

Sin embargo, quedan excluidos elementos de las Fuerzas Armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o esquemas complementarios.

Morena respalda; PAN advierte riesgos

Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la reforma como un paso necesario para erradicar privilegios en la alta burocracia. La diputada Azucena Rosas Tapia afirmó que la medida responde a una demanda social para evitar que los cargos públicos se conviertan en una vía de enriquecimiento incluso después de concluir funciones.

En contraste, aunque votaron a favor, diputados del PAN manifestaron reservas sobre la aplicación retroactiva de la reforma. La legisladora Susana Riestra Piña señaló que nadie puede defender pensiones desproporcionadas, pero advirtió sobre la necesidad de garantizar certeza jurídica.

Puebla, entre los primeros estados

Con esta aprobación, Puebla se convirtió en una de las primeras entidades en avalar la reforma federal, que ya había sido aprobada previamente en el Senado y la Cámara de Diputados.

El dictamen también plantea que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la de la presidencia de la República, reforzando principios de austeridad, equidad y racionalidad en el gasto público.

Buscan liberar recursos y reducir desigualdad

De acuerdo con el Congreso local, el objetivo de la reforma es liberar recursos para destinarlos a programas sociales, además de reducir las brechas entre distintos regímenes pensionarios y fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.

Asimismo, se incorporaron ajustes de lenguaje inclusivo en la Constitución, con el fin de alinearla a estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad.

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El legislador explicó que la figura aplicaría a partir de la segunda mitad del sexenio del gobernador Alejandro Armenta Mier, lo que significa que el ejercicio podría convocarse desde el 15 de diciembre de 2027, fecha en que se abriría el periodo legal para someter a consulta la continuidad del titular del Poder Ejecutivo estatal.

Huerta Gómez sostuvo que el proceso no representa un rezago, sino una homologación con la reforma federal impulsada durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se trata de una homologación; no estamos desfazados”, afirmó.

Aunque los artículos transitorios de la reforma federal establecieron un plazo de 180 días para que los estados armonizaran su legislación, en Puebla el ajuste aún no se concreta. Sin embargo, el diputado aseguró que existe consenso político para avanzar en el tema.

Detalló que el primer paso será incorporar la figura de revocación de mandato en la Constitución local y, de manera paralela, modificar la Ley de Participación Ciudadana para establecer procedimientos, requisitos y plazos que regulen el mecanismo.

Antes de la votación en el pleno, añadió, se instalarán mesas de trabajo con académicos y especialistas, las cuales deberán comenzar antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. El legislador atribuyó los aplazamientos a la carga de trabajo en el Congreso.

Huerta Gómez confió en que ambas disposiciones queden aprobadas a principios de 2027, lo que permitiría que la ciudadanía cuente con un instrumento formal para evaluar la continuidad del gobernador en funciones.

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“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos.

“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos, ahí sí no porque esos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, enfatizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, detalló que la reforma se fundamenta en tres principios fundamentales: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera. Expuso que la propuesta está dirigida a eliminar las pensiones exorbitantes en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que entre las pensiones exorbitantes entre personal de confianza destacan: Luz y Fuerza del Centro en Liquidación con 9 mil 457 extrabajadores que reciben una pensión de 100 mil a 1 millón de pesos, de los cuales, 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), 544 personas pensionadas reciben ingresos superiores a los de la Jefa del Ejecutivo Federal por un total de mil 827 mdp anuales. Respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados reciben montos superiores a los de la Presidenta de México, por 4 mil 496 mdp anuales.

En Nacional Financiera (Nafin), nueve personas pensionadas reciben un ingreso superior a las percepciones netas de la Presidenta, por 16 mdp anuales. Del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 pensionados perciben más que la primera mandataria por un monto de 37 mdp anuales. En el caso de Bancomext, son 22 personas pensionadas que reciben montos superiores a la presidenta por 45 mdp anuales.

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La reforma constitucional plantea una reducción gradual de la jornada laboral, con un calendario que contempla: 48 horas en 2026, 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Se mantendrá el derecho a un día de descanso por cada seis trabajados, y el trabajo extraordinario no podrá superar 12 horas semanales, con pago adicional del 100% para horas extras y 200% si se excede el límite legal. Menores de 18 años quedarán excluidos de estas horas extra.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respaldó la iniciativa, destacando que la medida busca beneficiar la salud, reducir el estrés laboral y mejorar la productividad, además de facilitar la conciliación entre vida personal y trabajo. El secretario Marath Baruch Bolaños López afirmó que la jornada de 40 horas favorecerá semana laboral de cinco días y permitirá que los trabajadores dispongan de más tiempo para actividades familiares y personales.

Aunque la aprobación en comisiones representa un paso importante, la reforma aún requiere ratificación en el pleno del Senado y, posteriormente, la adecuación de la Ley Federal del Trabajo, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.

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