Durante un posicionamiento público en Ciudad de México, el mandatario estatal afirmó que dichos gobiernos comprometieron recursos públicos que debieron destinarse a sectores estratégicos como el campo, la educación, la seguridad y la infraestructura carretera. “En Puebla se institucionalizó la corrupción y el saqueo durante el periodo de los gobiernos neoliberales”, sostuvo.

Armenta señaló que, a través de esquemas como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), se sistematizaron prácticas que derivaron en compromisos financieros de largo plazo para la entidad. “Da vergüenza que lleguen a cargos públicos para hacer un saqueo brutal”, expresó.

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El gobernador subrayó que su administración no persigue personas ni encubre irregularidades, pero tampoco incurre en omisiones, por lo que se actúa por la vía legal para resolver casos que se arrastran desde hace décadas. Como ejemplo, citó el Museo Internacional del Barroco, cuya situación fue resuelta con un pago de 2 mil millones de pesos, lo que, aseguró, representó un ahorro histórico de 8 mil millones para el estado.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que desde el inicio de la actual administración se emprendieron acciones para frenar los compromisos financieros heredados. Explicó que se trabaja en la terminación anticipada de diversos contratos, entre ellos el del Centro Integral de Servicios (CIS), que vence en 2037 y por el cual ya se han pagado más de 2 mil millones de pesos; solo en 2026, dijo, se deben cubrir 259 millones de pesos.

En el caso de Agua de Puebla, García Parra advirtió que una rescisión anticipada del contrato implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos, lo que representa un reto financiero considerable para el estado.

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El funcionario también reveló que, al inicio del actual gobierno, se encontraron 89 litigios relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas. El monto total de las demandas supera los 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 29 ya cuentan con sentencia firme por más de mil 500 millones de pesos.

Finalmente, García Parra aseguró que no se permitirá que servidores públicos ni empresas “se sirvan del gobierno” en un contexto de amplias necesidades sociales. “Pasaremos de deuda oculta, de saqueo, hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”, concluyó.

Esta situación coloca a Puebla ante el reto de sanear sus finanzas públicas mientras enfrenta una pesada carga legal y económica derivada de decisiones tomadas en administraciones anteriores.

El cargo Enfrenta Gobierno de Puebla herencia de corrupción: 89 litigios y demandas por más de 5 mil 500 mdp apareció primero en Reto Diario.

Al referirse a este tema, el mandatario afirmó que su administración no persigue a nadie, pero tampoco permitirá omisiones ni complicidades. Señaló que no actuar jurídicamente frente a estos casos implicaría responsabilidad directa del gobierno. “La omisión es complicidad”, sostuvo, al justificar las decisiones legales y financieras que se han tomado para revisar contratos heredados.

Armenta puso como ejemplo el Museo Internacional del Barroco, cuya deuda, dijo, superaba los 10 mil millones de pesos y pudo haber rebasado los 14 mil millones. Indicó que, pese a que aún faltaba una parte considerable por pagar, su gobierno resolvió el adeudo con alrededor de 2 mil millones de pesos, lo que calificó como un ejercicio de eficiencia administrativa.

El gobernador también mencionó el caso del Centro Integral de Servicios (CIS), por el que, afirmó, ya se han pagado más de 2 mil 500 millones de pesos y todavía se adeudan cerca de 4 mil millones, aunque su costo original no debía rebasar los mil 300 millones. Señaló que estos compromisos financieros dejaron al estado atado a pagos injustos durante años.

Finalmente, Armenta vinculó estos esquemas con rezagos en áreas básicas, como la educación. Recordó que más de mil escuelas en Puebla carecían de energía eléctrica y que, en el último año, se atendieron 150 planteles con paneles solares. Para este año, dijo, se proyecta llegar a más de 700 escuelas, al subrayar que los recursos públicos debieron destinarse a prioridades y no a modelos que, insistió, institucionalizaron la corrupción.

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En conferencia de prensa, Armenta recordó que, tal como ocurrió con el Museo Internacional del Barroco (MIB), su gobierno buscará una reestructuración que permita reducir la carga presupuestal para el estado. “Nosotros estamos buscando renegociar la deuda del CIS, así como lo hicimos con la del Museo Barroco, en la que ya ahorramos 8 mil millones de pesos”, afirmó.

Según información oficial, el contrato del CIS fue establecido para pagarse del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2037. Aunque el monto inicial ascendió a mil 372 millones 679 mil pesos, aún queda pendiente el 50.3% del pago. Las cifras presentadas por distintas dependencias detallan que la deuda anual presupuestada se ubica entre 259 millones y 270 millones de pesos, mientras que los reportes trimestrales reflejan un total de 677 millones 188 mil pesos con corte a septiembre.

El gobernador criticó de manera directa el modelo de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), al que se refirió como un “modelo de negocio” que permitió comprometer recursos a largo plazo. Durante la conferencia, remarcó: “yo no estoy en contra de las obras, estoy en contra del modelo que saquea y roba”.

Armenta también exhortó a los empresarios involucrados en estos proyectos a reconocer las irregularidades. “Yo desearía, si hubiera dignidad de los empresarios, que reconozcan el saqueo de la obra y la den por terminada. ¡Hasta una placa les ponemos!”, afirmó.

Audi y otros compromisos financieros

Además del CIS, el mandatario recordó que el estado debe cubrir anualmente 753.7 millones de pesos por las plataformas de la armadora Audi en San José Chiapa, compromiso vigente hasta 2028. Esta obra también fue contratada bajo el esquema de PPS, lo que consideró perjudicial para las finanzas públicas.

“Ese modelo de negocio es corrupto, se robaron el dinero, las plataformas de Audi debieron tener otro valor, es lo mismo que el Museo Barroco”, señaló el gobernador al citar los costos millonarios heredados.

Armenta reiteró que su postura no es contraria a la inversión privada, sino al esquema utilizado en anteriores administraciones panistas. “No está en contra de este tipo de proyectos, ni de que haya inversión privada en el estado, pero sí del modelo de negocio que se implementó en otros sexenios, pues fue corrupto, solo se robaron el dinero”, expresó.

Gobierno litiga demandas de constructoras

A propósito de los compromisos financieros pendientes, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que el Gobierno de Puebla enfrenta litigios en la Ciudad de México y Monterrey derivados de demandas interpuestas por constructoras desde administraciones anteriores.

“Fueron obras adicionales, complementarias, que en algunos casos se ejecutaron y no se pagaron, y otras que no se ejecutaron, se está pidiendo que se paguen y no están acreditadas o no existen”, señaló. Agregó que, en caso de perderse los juicios, el estado podría enfrentar pagos de hasta 2 mil millones de pesos.

Entre las empresas demandantes se encuentra Melgarejo Construcciones, que reclama una indemnización por la cancelación del contrato del Arco Poniente en 2012.

Armenta promete combatir la corrupción

El gobernador reiteró que su administración continuará investigando y sancionando las irregularidades detectadas en estos proyectos financieros. Sostuvo que, pese a las “complicidades” que han impedido revelar toda la información, aplicará la ley “sin importar si es de casa, compañero o amigo”.

En contraste, destacó que nuevas obras como el Fórum Pensar en Grande costarán menos que los pagos anuales que actualmente absorbe el CIS.

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