De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas acudieron al lugar para concretar la venta de una motocicleta, cuando fueron interceptadas por sujetos armados que viajaban en una camioneta Ford Lobo gris. Durante el intento de privación ilegal de la libertad, se produjo un forcejeo y uno de los hombres recibió tres impactos de bala, mientras que su acompañante presuntamente fue privado de la libertad por los agresores.

Las detonaciones causaron alarma inmediata en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada a escasos metros del ataque. Usuarios y personal médico vivieron momentos de tensión tras escuchar los disparos, mientras algunas personas buscaron refugio dentro de consultorios y áreas de espera.

El IMSS en Puebla informó que alrededor de las 16:48 horas se activaron los protocolos de seguridad al registrarse detonaciones de arma de fuego en el exterior de la clínica. Posteriormente, una persona lesionada ingresó a la unidad médica, donde recibió atención inmediata por parte del personal de salud.

El paciente fue estabilizado y posteriormente canalizado a su sistema de salud para seguimiento médico; actualmente se reporta estable, señaló la institución.

Como parte de las medidas preventivas, el personal de seguridad realizó el cierre temporal de accesos para proteger a derechohabientes, acompañantes y trabajadores. Además, se brindó atención a personas con crisis nerviosa derivada de los hechos.

Tras confirmarse condiciones seguras, la atención médica se reanudó con normalidad en la unidad.

En la zona se desplegó un operativo de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, mientras autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar a los responsables y localizar a la persona desaparecida.

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De acuerdo con las investigaciones, el pasado 4 de abril la menor salió de su domicilio en Veracruz para encontrarse con el imputado. Posteriormente, el hombre la trasladó al estado de Hidalgo, donde permanecieron juntos hasta el 6 de abril.

Ese mismo día, tras la búsqueda realizada por los familiares, el sujeto acudió con la adolescente al municipio de Venustiano Carranza, Puebla, donde fue señalado ante elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a su detención inmediata.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien decretó su retención y realizará las diligencias correspondientes para su judicialización.

La víctima y sus familiares fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, para dar seguimiento a posibles conductas de índole sexual.

Con esta acción, la Fiscalía reitera su compromiso de actuar con firmeza para proteger a niñas, niños y adolescentes, y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

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Foto: Especial

 De acuerdo con el boletín oficial de la FGR, los dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en el kilómetro 175+800 de la autopista Córdoba–Puebla, a la altura del municipio de Quecholac, Puebla. Al momento de la detención, los presuntos responsables viajaban a bordo de un tractocamión que supuestamente habían robado, manteniendo al chofer secuestrado dentro del camarote del vehículo.

Foto: Especial

Los agentes de la GN rescataron de inmediato a la víctima y aseguraron aproximadamente 40 toneladas de cianuro de sodio que eran transportadas en la caja tipo contenedor acoplada al tráiler, así como dos teléfonos celulares.Posteriormente, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla presentó los datos de prueba suficientes ante el juez de control, quien dictó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Las autoridades presumen inocentes a Alexis N., y Fabián N., mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Según las investigaciones ministeriales, ese día un grupo de sujetos que se presentaron falsamente como policías irrumpieron en el negocio donde se encontraba la víctima y la privaron ilegalmente de su libertad. Horas después, la esposa del plagiado comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que los captores exigían 5 millones de pesos como rescate, monto que nunca fue pagado.

Durante el tiempo que duró el cautiverio, la víctima fue sometida a torturas brutales: le amputaron un dedo y recibió golpizas severas que le causaron la muerte. El cuerpo fue ocultado dentro de un tambo enterrado en una zona montañosa con rumbo al municipio de Tilapa, en la región sur de Puebla.

A Raúl N., se le atribuye haber participado activamente en la planeación y organización del secuestro. Desde el 7 de junio de 2011, un Juez de lo Penal con sede en Ciudad Serdán libró en su contra la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada el 16 de febrero de 2026 mediante reclusión.

La Fiscalía refrendó su compromiso de continuar investigando y combatiendo delitos graves contra la libertad y la vida de las personas, conforme a la ley.

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Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2018, cuando dos repartidores de bebidas energéticas fueron interceptados en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, en el municipio de Puebla, presuntamente por el hoy sentenciado y otros sujetos armados. De manera violenta, las víctimas fueron privadas de su libertad, despojadas de la unidad, de sus pertenencias y del dinero correspondiente a las ventas del día, y posteriormente trasladadas a una vecindad ubicada en la colonia Ignacio Mariscal.

Gracias a la oportuna intervención de vecinos del lugar y de elementos de la Policía Municipal, las víctimas fueron liberadas y los probables responsables detenidos.

Tras el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, la autoridad judicial determinó imponer una sentencia condenatoria de 10 años, un mes y 15 días de prisión, además de las sanciones económicas que marca la ley.

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El 5 de noviembre de 2025, la víctima circulaba a bordo de un vehículo tipo Tsuru habilitado como taxi, en la colonia Malintzi de la ciudad de Puebla, cuando de momento Juan N., lo abordó y lo amenazó con un arma de fuego, obligándolo a continuar la marcha. Momentos después, una camioneta se emparejó con el vehículo y sus tripulantes realizaron disparos de arma de fuego en contra del presunto agresor.

Tras el hecho, el conductor solicitó apoyo a elementos de la Policía Estatal, quienes realizaron la detención del lesionado y su traslado a un nosocomio para recibir atención médica.

Derivado de las investigaciones, se reunieron diversos elementos de prueba que permitieron obtener la correspondiente orden de aprehensión.

Una vez dado de alta, agentes investigadores de la Fiscalía cumplieron el mandamiento judicial, dejando al imputado a disposición de la autoridad competente para la continuación del proceso penal.

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El 17 de septiembre de 2018, dos repartidores de una empresa de bebidas energéticas arribaron a bordo de una camioneta Nissan Frontier NP300, modelo 2014, con cabina cerrada, a la calle Libertad de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, de la ciudad de Puebla, con la finalidad de realizar una entrega en una tienda local. En ese momento, fueron interceptados por los hoy sentenciados, quienes los amagaron con armas de fuego y los obligaron a subir a la unidad, privándolos de su libertad.

Posteriormente, los agresores los despojaron de sus pertenencias, así como de dinero en efectivo correspondiente a las ventas del día, y los trasladaron a una vecindad ubicada en la privada Los Pinos número 6, en la colonia Ignacio Mariscal, de la ciudad de Puebla.

Gracias a la intervención de vecinos que presenciaron los hechos, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar logrando liberar a las víctimas y detener a los responsables.

Una vez que concluyeron las etapas procesales, en 2024 el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una pena privativa de la libertad para cada uno, de 10 años, 1 mes, 15 días de prisión y sanciones pecunarias.

Transcurrido el plazo legal establecido, y al no haberse interpuesto recurso alguno por las partes procesales en contra de la sentencia dictada, ésta adquirió firmeza y en consecuencia, causó ejecutoria.

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