Ruffo permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Altiplano, en el Estado de México, luego de que fuera detenido el pasado 17 de julio. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de presunta participación en una red relacionada con contrabando de combustibles, delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada.

La defensa ha presentado distintos recursos para cuestionar las medidas impuestas al exgobernador, incluida la prisión preventiva oficiosa y la negativa de modificarla por una medida de carácter domiciliario.

Defensa de Ruffo busca prisión domiciliaria

Uno de los nuevos amparos fue promovido contra la negativa de un juez de control de cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria. El recurso fue admitido inicialmente por el juez tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, Jorge Adrián Cruz Flores, quien concedió una suspensión provisional.

La medida, sin embargo, no implica que Ernesto Ruffo quede en libertad. El efecto consiste en que su situación respecto de la libertad quede a disposición del juzgado que conoce el amparo, mientras el proceso penal continúa ante la autoridad correspondiente.

Posteriormente, el expediente fue turnado a la jueza segunda de Distrito en Materia Penal de Toluca, Azucena Lazalde Íñiguez, quien programó una audiencia incidental para el 7 de septiembre, en la que se determinará si concede la suspensión definitiva.

Además, se estableció el 21 de septiembre como fecha para la audiencia constitucional relacionada con el amparo.

La defensa argumenta, entre otros elementos, que Ruffo tiene 65 años y requiere atención médica continua. Para respaldar su solicitud presentó documentación médica, entre ella una evaluación de riesgo para la salud durante el internamiento, expediente clínico, estudios cardiológicos, recetas y otros documentos relacionados con su atención.

PAN y Vicente Fox respaldan al exgobernador

Mientras avanza la estrategia jurídica, familiares y representantes de oposición han expresado públicamente su respaldo a Ruffo.

En una conferencia frente a la FGR, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó al exgobernador como un “perseguido político” y afirmó que Acción Nacional continuará respaldando su defensa.

El expresidente Vicente Fox también manifestó su apoyo a Ruffo y cuestionó las condiciones en las que permanece recluido. La hija del exmandatario, Verónica Ruffo, señaló que su familia continuará buscando su libertad y pidió que el caso sea atendido bajo principios de justicia y Estado de Derecho.

Por su parte, Somos México informó que ha constituido comités ciudadanos en 10 entidades para respaldar la defensa del exgobernador.

La FGR sostiene que Ruffo y otros involucrados habrían participado en un esquema de contrabando de combustibles mediante distintas empresas. La defensa, en tanto, mantiene sus recursos legales para modificar las medidas cautelares y continuar el proceso bajo otras condiciones.

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El auxilio fue solicitado en la 43 Poniente número 901, en la colonia Gabriel Pastor primera sección, lugar donde oficiales estatales mantenían una orden de custodia permanente.

Socorristas que acudieron a la vivienda constataron la muerte del varón, vinculada a padecimientos de salud previamente diagnosticados.

Ortega Trelles enfrentaba una condena de siete años y nueve meses dictada en noviembre de 2023 por un fraude financiero de 3.5 millones de pesos iniciado en 2018.

Tras el reporte del fallecimiento, las autoridades competentes dieron paso a los trámites legales y al levantamiento correspondiente.

El cargo Muere en prisión domiciliaria sentenciado por fraude financiero en Puebla apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con la información disponible, el recurso fue concedido el viernes de hace ocho días, pero deberá quedar firme en un plazo aproximado de 10 días para que pueda surtir efectos. Durante ese periodo, la resolución aún puede ser impugnada por la parte afectada.

Si el amparo queda firme y no prospera algún recurso en su contra, Marín Torres podría obtener un cambio de medida cautelar para continuar el proceso en prisión domiciliaria, en su residencia ubicada en la colonia Xilotzingo, en la ciudad de Puebla.

La defensa del exmandatario argumentó que no representa un riesgo para la sociedad ni de fuga, además de que presenta problemas de salud asociados con padecimientos en la garganta y los pulmones, así como su edad, superior a los 70 años.

Mario Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, por agentes de la entonces Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de la investigación por la presunta tortura cometida contra Lydia Cacho. Ese mismo día fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

No sería la primera ocasión en que el exgobernador obtiene un beneficio de este tipo. En agosto de 2024 un juez le concedió la prisión domiciliaria; sin embargo, semanas después un tribunal federal revocó esa determinación tras un recurso promovido por la FGR y la asesoría jurídica de la periodista, por lo que fue reingresado al penal de máxima seguridad.

Lydia Cacho desmiente la liberación de Mario Marín

Luego de que trascendiera la concesión del amparo, Lydia Cacho desmintió que Mario Marín haya sido liberado. A través de su cuenta de Instagram, la periodista y defensora de derechos humanos aclaró que el exgobernador permanece privado de la libertad en el Cefereso No. 1 Altiplano y que el proceso penal en su contra continúa vigente.

La aclaración surgió después de que diversas versiones generaran confusión sobre el alcance del amparo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre una eventual liberación del exmandatario.

El proceso por tortura sigue abierto

Mario Marín permanece vinculado a proceso por el caso de Lydia Cacho, quien en 2005 publicó el libro Los demonios del Edén, una investigación periodística sobre una red de explotación sexual infantil que involucraba a empresarios y actores políticos.

Tras la publicación de la obra, el empresario Kamel Nacif presentó una denuncia por difamación y calumnia. Aunque el procedimiento se inició en Puebla, Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por policías poblanos y trasladada por carretera durante más de 20 horas hasta Puebla, recorrido en el que denunció haber sido víctima de amenazas, intimidaciones y tortura psicológica.

Posteriormente se difundieron grabaciones telefónicas atribuidas a Mario Marín y Kamel Nacif, en las que ambos conversaban sobre la detención de la periodista, hecho por el que el entonces gobernador fue identificado públicamente como “el góber precioso”.

Durante años, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sostuvieron que la detención de Lydia Cacho constituyó una represalia por su labor periodística y un acto de censura. A partir de esas investigaciones, la FGR obtuvo la orden de aprehensión contra Mario Marín por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.

En una entrevista reciente concedida al diario español El País, Lydia Cacho manifestó su deseo de regresar a vivir a México, aunque señaló que ello dependerá de que exista una sentencia contra Mario Marín y Kamel Nacif, ambos involucrados en el proceso judicial.

Hasta el momento, no existe una resolución definitiva que ordene la salida de Mario Marín del penal del Altiplano, por lo que el exgobernador continúa privado de la libertad mientras se define el futuro del amparo concedido.

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