De acuerdo con la dependencia, las diligencias derivaron de una denuncia anónima recibida el martes, mediante la cual se alertó de que en un inmueble de esa demarcación presuntamente se suministraban drogas a menores de edad y se realizaban fotografías y videos de contenido pornográfico.

El primer cateo se efectuó en un inmueble ubicado sobre la carretera Federal Teziutlán-Acajete, entre las calles 12 y 14 Oriente, en el barrio de Santa Anita, donde agentes ministeriales aseguraron dosis de droga conocida como cristal, marihuana, teléfonos celulares y dos computadoras portátiles.

Durante esta intervención fueron detenidos Jesús Alejandro N. y Rocío N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, las autoridades llevaron a cabo un segundo cateo en un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, presuntamente relacionado con la misma investigación.

En ese inmueble, agentes investigadores localizaron a una adolescente de 13 años y a un menor de 8 años, además de una mujer identificada como Rosa María N., quien dijo ser abuela de los menores.

Asimismo, la Fiscalía informó que en el lugar también fueron aseguradas drogas y material fotográfico de contenido pornográfico.

La FGE indicó que tanto las personas detenidas como los indicios asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a derecho.

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Según un comunicado de la agencia federal, los hechos ocurrieron entre el 23 y el 27 de abril durante la Operación Tidal Wave. Agentes de la CBP abordaron ocho cruceros que arribaron al puerto de San Diego y entrevistaron a 28 tripulantes, en su mayoría de origen filipino, así como de Portugal e Indonesia. De ellos, 27 resultaron implicados en actividades relacionadas con pornografía infantil.

A los trabajadores se les revocaron sus visas y fueron deportados inmediatamente a sus países de origen, sin que hasta el momento se les hayan presentado cargos penales en Estados Unidos.

Al menos 10 de los afectados laboraban para Disney Cruise Line. La compañía emitió un comunicado en el que afirmó tener una “política de tolerancia cero” ante este tipo de conductas y aseguró haber cooperado plenamente con las autoridades.

“Cualquier empleado de Disney implicado ya no forma parte de la compañía”, indicaron.

La investigación se originó a partir de información proporcionada por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Las autoridades destacaron que el caso subraya las vulnerabilidades en los procesos de contratación de personal para cruceros que atienden a familias y niños.

Hasta el momento, no se ha reportado que los hechos involucraran contacto directo con pasajeros. Las investigaciones continúan.

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El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos, en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández. A pesar de las acusaciones, el imputado se ha declarado inocente y permanece detenido sin derecho a fianza.

Durante una audiencia judicial, la fiscal adjunta Beth Silverman informó que las pruebas en contra del cantante incluyen hasta 40 terabytes de información, entre los que se encuentran registros digitales, informes forenses, material audiovisual y evidencia obtenida de dispositivos electrónicos. Entre estos hallazgos destaca el contenido ilícito localizado en su iPhone.

De acuerdo con las investigaciones, los restos de la adolescente fueron encontrados en septiembre de 2025 dentro del vehículo del acusado, el cual había sido abandonado y posteriormente asegurado por las autoridades. El informe de autopsia confirmó que la causa de muerte fue por “múltiples heridas penetrantes”, clasificando el caso como homicidio.

Las autoridades también señalan que la menor fue vista con vida por última vez en abril de 2025, cuando acudió a un inmueble relacionado con el cantante. Posteriormente, no se volvió a tener información sobre su paradero hasta el hallazgo del cuerpo meses después.

El proceso judicial continúa en curso, con una audiencia preliminar programada para el 1 de mayo, mientras que la defensa ha solicitado más tiempo para revisar las pruebas entregadas por la fiscalía.

Debido a la gravedad de los delitos imputados, el cantante podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque esta última aún no ha sido determinada por las autoridades.

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De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado utilizaba perfiles en redes sociales y servicios digitales para almacenar de manera sistemática material con contenido sexual en el que se identificaban personas menores de edad.

La autoridad ministerial acreditó que estas conductas constituyen una forma de explotación sexual, por lo que, con base en las pruebas presentadas, el pasado 10 de abril de 2026 un juez dictó la sentencia correspondiente.

Además de la pena privativa de la libertad, el responsable deberá pagar 60 mil pesos como reparación del daño moral y material.

La FGE reiteró que mantiene acciones firmes para investigar y sancionar delitos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes en el estado.

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De acuerdo con la autoridad ministerial, el sentenciado fue hallado culpable de violación equiparada agravada, corrupción a menores y pornografía infantil, tras acreditarse plenamente su responsabilidad mediante las pruebas presentadas ante el órgano jurisdiccional.

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2018 en el municipio de Tehuacán, donde el imputado aprovechó su entorno para cometer las conductas ilícitas en contra de la víctima, cuya identidad se mantiene protegida conforme a la legislación vigente.

La resolución fue emitida mediante un procedimiento abreviado, en el que la autoridad judicial determinó, además de la pena privativa de la libertad, la imposición de una sanción económica conforme a la normativa aplicable.

La Fiscalía destacó que este resultado es producto de la labor ministerial para garantizar justicia en casos que afectan a niñas, niños y adolescentes, al tiempo que reiteró su compromiso de investigar con rigor este tipo de delitos.

Asimismo, subrayó que las conductas que atentan contra la integridad de menores de edad se sancionan conforme a derecho, con el objetivo de prevenir su repetición y proteger a este sector de la población.

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