En el encuentro, se presentó la propuesta para constituir un Consejo Estatal para la Atención de la Agenda 2030 en Puebla y crear un subcomité especializado dentro del Copladep con representación de la sociedad civil, organismos empresariales y fuerzas políticas. Se incorporarán indicadores de seguimiento y evaluación permanentes para medir avances en proyectos regionales.

El Gobierno del Estado también trabaja en la elaboración del informe subnacional voluntario, con apoyo a los municipios para desarrollar informes locales que fortalezcan la planeación regional sostenible. Juan Manuel Mendiola destacó que Puebla ocupa una posición estratégica, conectando el sureste y norte del país, y mantiene un entorno de paz y gobernabilidad. Se prevén más encuentros con organizaciones sociales, colectivos de mujeres, productores y ciudadanía, siguiendo la visión de “más territorio y menos escritorio”.

La Coordinadora Residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, señaló que el reto principal es trabajar desde lo local hacia lo estratégico, alineando prioridades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas nacionales de bienestar, igualdad y dignidad.

El secretario de Sedetra, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la ONU tiene presencia en 42 municipios poblanos, permitiendo una participación integral de las 23 agencias del organismo en proyectos coordinados con el Estado. Entre los modelos reconocidos destaca el de las Casas Carmen Serdán, así como iniciativas en resiliencia climática, áreas naturales protegidas, turismo comunitario, desarrollo rural sostenible y apoyo a familias indígenas y campesinas.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, resaltó el enfoque en igualdad sustantiva, derechos humanos y bienestar de mujeres, niñas y juventudes, con colaboración de ONU Mujeres para recuperar espacios públicos seguros, impulsar masculinidades positivas y fortalecer el derecho al cuidado. Próximamente se firmará un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres para ampliar políticas públicas con perspectiva de igualdad de género.

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Durante el encuentro, las y los jóvenes expusieron los diferentes retos a los que se enfrenta su generación, como la falta de oportunidades y barreras laborales, situaciones apremiantes que deben atenderse con políticas públicas y acciones desde diferentes sectores.

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Asimismo, pusieron énfasis en la necesidad de promover una cultura de paz, para la reconstrucción del tejido social y la prevención de la violencia, a fin de contar con un entorno más seguro para la ciudadanía.

La diputada Xel Arianna Hernández García reafirmó su compromiso, y el del Congreso del Estado, de mantenerse como un Poder abierto y cercano a la gente, donde se escuche a las juventudes y a todos los grupos, para contribuir a que tengan una mejor calidad de vida.

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¿Qué es la justicia social?

La justicia social es el principio filosófico y jurídico que busca el reparto equitativo de los bienes y servicios en una sociedad. A diferencia de la justicia ordinaria, que se centra en el cumplimiento de las leyes, la justicia social se enfoca en que todas las personas, independientemente de su origen, género o condición económica, tengan garantizados derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno.

Origen del concepto

Aunque las nociones de equidad se remontan a la antigüedad, el concepto moderno surgió a mediados del siglo XIX como respuesta a las desigualdades generadas por la Revolución Industrial. Fue la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la que institucionalizó el término en 1919, subrayando que “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Posteriormente, la ONU formalizó el día mundial para promover esfuerzos contra la pobreza, la exclusión y el desempleo.

La justicia social en el contexto mexicano

En el México actual, la justicia social se ha convertido en el eje central del discurso del Gobierno Federal. Bajo el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, la administración ha posicionado este concepto como la base de su legitimidad, utilizándolo para justificar la implementación de programas sociales masivos y reformas laborales.

Sin embargo, el uso frecuente del término en la retórica oficial enfrenta un reto crítico: la falta de indicadores concretos y transparencia en la medición de su impacto real.

• El discurso: Se presenta la entrega directa de apoyos económicos como el cumplimiento de la justicia social.

• La realidad de los datos: Organismos autónomos como el CONEVAL y el INEGI han señalado que, si bien hay transferencias monetarias, existen retos persistentes en el acceso efectivo a la salud y la reducción de la brecha de desigualdad estructural.

• La brecha de cumplimiento: En la práctica, la justicia social en México carece de una metodología clara que permita evaluar si las políticas están rompiendo los ciclos de pobreza o si son medidas paliativas que no logran la movilidad social a largo plazo.

¿Qué implica en la práctica?

Para que la justicia social sea una realidad y no solo una narrativa, debe traducirse en:

1. Sistemas de salud universales y eficientes.

2. Educación de calidad que garantice la inserción en el mercado laboral.

3. Cierre de la brecha de género y protección de grupos vulnerables.

4. Soberanía de derecho, donde la ley proteja igual al ciudadano más pobre que al más influyente.

En este Día Mundial de la Justicia Social, el reto para México es transitar de la retórica política a la rendición de cuentas, estableciendo indicadores que midan no cuánto dinero se reparte, sino cuánto se ha reducido la desigualdad real en el país.

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“El 8 de marzo nos habla de realidades muy concretas: de mujeres que todos los días sostienen hogares, empresas y comunidades; de jóvenes que estudian y trabajan para abrirse camino; de quienes emprenden y generan empleo; de mujeres que, desde el campo hasta las ciudades, aportan al desarrollo de nuestro Estado; y también de quienes han decidido alzar la voz para que sus derechos sean respetados. A todas ellas, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso”, dijo.

Pável Gaspar señaló que los avances en materia de igualdad son resultado de una lucha histórica de muchas mujeres que durante años abrieron camino, exigieron derechos y transformaron la vida pública. Ahora, corresponde honrar estas acciones y actuar con responsabilidad.

El legislador destacó que, como diputadas y diputados, corresponde acompañar este avance con condiciones reales de seguridad, de oportunidades y de justicia para todas, así como un seguimiento permanente para garantizar derechos.

“Porque cuando avanzan las mujeres, avanza el Estado. Y ese es el compromiso que hoy asumimos con responsabilidad”, indicó.

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