Ahora apesta a operación institucional.

Olga Romero Garci-Crespo, todavía dirigente estatal de Morena Puebla, no parece estar litigando únicamente con argumentos. La lectura que empieza a correr en Tehuacán es otra: cuando el derecho no le favorece, mueve influencias.

Y los hechos empiezan a hablar.

El pasado martes se realizaron cambios en Tehuacán.

Jueces que venían actuando conforme a derecho fueron movidos del tablero.

La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora?, ¿por qué a días de que se cierre la etapa de investigación contra Estela y Ramiro?, ¿por qué en medio de este conflicto?, ¿por qué justo cuando las resoluciones no caminaban al gusto de la dirigente?

A eso se suma otro dato grave: en la Fiscalía de Idamis Pastor Betancourt ya está armada una nueva carpeta contra Miguel Ángel Celis Romero, lista para ejecutarse. Otra carpeta exprés. Otro movimiento oportuno. Otro golpe que parece llegar no por casualidad, sino por interés.

La historia se repite.

Primero fue el operativo desproporcionado para detener a Estela Romero Bringas, una mujer de edad avanzada, y al notario Ramiro Rodríguez Maclub. Un despliegue enorme para un asunto que ya había sido revisado en múltiples ocasiones.

Ahora vienen cambios judiciales y una nueva carpeta.

Demasiadas coincidencias.

La Fiscalía no puede actuar como brazo operativo de una dirigente partidista. El Poder Judicial no puede acomodar piezas para favorecer una disputa privada. Y Morena no puede permitir que su presidenta estatal use el peso del partido para intentar ganar una herencia que no ha podido ganar en tribunales.

Si Olga Romero tiene razón, que lo demuestre con derecho.

Si tiene pruebas, que las presente.

Si tiene derechos hereditarios, que los acredite.

Pero que no se cambien jueces.

Que no se armen carpetas exprés.

Que no se use a la Fiscalía como herramienta de presión.

Que no se convierta al Poder Judicial en mesa de favores.

Pedro Antonio Hernández y la fiscal deben entender el tamaño del riesgo. Una cosa es la cercanía política y otra muy distinta dejarse mangonear por una presidenta sin aire, desesperada por sacar adelante un pleito personal.

Porque esto ya no solo compromete a Olga Romero.

Compromete a la Fiscalía.

Compromete al Poder Judicial.

Y compromete la narrativa de legalidad del gobierno.

Si la nueva carpeta se ejecuta y los nuevos jueces llegan con consigna, el mensaje será brutal: en Puebla no gana el derecho, gana la influencia.

Y eso no sería justicia.

Sería una ofensiva política disfrazada de expediente.

El cargo La carpeta y los jueces a modo apareció primero en Reto Diario.

Las acciones forman parte de una política institucional permanente para fortalecer la integridad del Poder Judicial y mejorar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Estos movimientos se suman a los más de 120 cambios de adscripción realizados en febrero de este año.

Los cambios se llevarán a cabo en los distritos judiciales de Cholula, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Puebla, Atlixco, Tlatlauquitepec, Tetela, Tepexi, Tecamachalco, Alatriste, Ajalpan y Tepeaca.

La rotación periódica de juezas y jueces permite evitar que la permanencia prolongada en un mismo órgano jurisdiccional genere inercias o dinámicas que puedan afectar el adecuado ejercicio de la función judicial. Con ello, se fortalecen los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia que deben regir cada resolución.

El Consejo de la Judicatura impulsa estas acciones como parte de una estrategia integral de vigilancia, supervisión y mejora continua, orientada a consolidar la confianza de las personas en el Poder Judicial del Estado.

El cargo Consejo de la Judicatura reubica a 28 juezas y jueces para fortalecer la impartición de justicia apareció primero en Reto Diario.

Literalmente, el juez Francisco Javier Martínez Castillo abandonó la dinámica del juicio oral que se sigue contra los imputados para decir, palabras más, palabras menos: “que tal si por ahí aparece otro dueño”, para negar entregar los terrenos a la Fundación Julita y Antonio que es la parte que denunció la invasión y ha demostrado plenamente ser la dueña de la propiedad en juego.

Por esa razón el caso del juez Francisco Javier Martínez Castillo ha sido llevado al Tribunal de Alzada, la cual es la instancia del Poder Judicial poblano en donde se revisan las sentencias de los juzgados y ahí se decide si los fallos se modifican o se revocan.

No es de extrañarse lo que ha ocurrido, dado los oscuros antecedentes de Martínez Castillo que, en su momento, en una de “las mañaneras” del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue exhibido como un juez que da protección a delincuentes.

El togado tiene un largo historial de casos controvertidos, documentados por diferentes medios de comunicación, en los cuales siempre hay una constante: beneficiar a personas acusadas de delitos graves.

Ejemplos son los siguientes: en marzo de 2023, el colectivo Cam Cai lo señaló de poner en peligro a una mujer que había sufrido violencia vicaria.

Tres meses más tarde, lo exhibieron por cambiar las medidas cautelares a par de acusados de secuestro, que se vieron beneficiados por el fallo del juez.

En octubre de 2023, permitió que salieran de la cárcel dos hermanos que en “una noche de copas” casi matan a golpes al joven universitario Ernesto Calderón, por el simple hecho de que se lo encontraron caminando en la zona de la Estrella de Puebla.

Hace un par de años, la Fiscalía General del Estado se inconformó porque el mismo juez se mostró inclinado a favor de un presunto líder del crimen organizado que atacó con un arma de fuego, de grueso calibre, a un grupo de agentes ministeriales que realizaban un cateo en el municipio de Acatzingo.

Ahora, se suma a sus oscuros antecedentes un mal fallo en el caso de La Covadonga, que fue de las primeras fábricas textiles del estado de Puebla, que se fundó a finales del siglo XIX.

10 mil pesos de fianza por una enorme invasión

Una noche de hace tres años, un grupo armado se apoderó ilegalmente de los terrenos de La Covadonga, mismos que han querido vender ilegalmente. Desde que la Fundación Julita y Antonio presentó la demanda por el despojo señaló a una persona identificada como Jorge N., como el presunto autor intelectual del robo de la propiedad inmobiliaria.

La actuación del Poder Judicial de Puebla empezó a ir mal desde el año pasado, pues en ese entonces el juez Enrique López Criollo se negó a vincular a proceso a Jorge N., pese a todas las pruebas que había en su contra.

Meses más tarde, la fundación ganó un amparo que obligó al Poder Judicial poblano a reponer el procedimiento contra Jorge N. y vincularlo a un proceso penal por el supuesto delito de despojo.

En esta segunda ocasión, el caso volvió a caer en las manos del juez López Criollo, que ya no se pudo negar a vincular a Jorge N. al juicio que se sigue por la invasión de las tierras de La Covadonga.

Sin embargo, el togado aún se mostró favorable al acusado. Hubo dos situaciones en particular:

Primero: el Ministerio Público pidió que se le fijara una fianza a Jorge N. que fuera proporcional al valor de la propiedad afectada, que en este caso son 8.5 hectáreas, que se entiende es un bien inmobiliario de muy alto valor. No obstante, se le impuso una fianza de apenas 10 mil pesos, que es una cifra ridícula frente al daño provocado con la invasión.

Segundo: también el fiscal que lleva al caso solicitó que se obligara a Jorge N. ir a firmar cada semana en el área de Medidas Cautelares, como una manera de evitar que se marche a otra parte del país. El juez decidió que se debe presentar a plasmar su rúbrica cada mes, pese al riesgo de fuga.

Más allá de estos dos aspectos muy cuestionados, se había logrado un gran avance con la vinculación a proceso de Jorge N.

A partir de ese hecho, la Fundación Julita y Antonio solicitó que le restituyeran las 8.5 hectáreas que fueron objeto de la invasión, como una manera de evitar que se le de un uso ilegal.

Había tres argumentos sólidos: ya está vinculado a proceso el autor de despojo. La fundación acreditó, desde hace tres años, ser la legitima propietaria de las 8.5 hectáreas en cuestión. Y es una forma de frenar los fraudes que se han cometido contra ciudadanos que se les ha vendidos ilegalmente lotes en la zona de conflicto.

En mayo pasado hubo cambio de jueces. Dejó el caso de La Covadonga el togado Enrique López Criollo y entró al relevo Francisco Javier Martínez Castillo, quien le tocó resolver la solicitud para regresar las tierras a la fundación.

Lo que procedía es que convocara –el juez– a una audiencia, toda vez que el juicio es oral, para que ahí comparecieran la Fundación Julita y Antonio, el Ministerio Público y Jorge N., para que cada uno aportara elementos jurídicos y se resolviera el tema de la restitución de la propiedad. No lo hizo así.

El togado determinó, por escrito y no por la vía oral, lo cual es una falta procesal, lo siguiente: negó la restitución de las tierras argumentando la posibilidad de que “existan diversas personas, las cuales pudieran haber realizado la compra-venta de dicha lotificación, existiendo con ello uno o varios terceros extraños al proceso penal, que pudieran alegar tener derechos posesorios y de propiedad sobre dicho bien”.

Al final lo que hizo el juez, según la apelación que se presentó en su contra, es que se puso a especular sobre la posibilidad de que aparezca otro dueño, en lugar de valorar las pruebas documentales presentadas en el juicio.

Pareciera que en el Poder Judicial no se quiere que el caso se resuelva conforme a Derecho.

El cargo Por enésima vez, el Poder Judicial se pone del lado de los invasores de Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Al dar la bienvenida a magistradas y magistrados, invitados especiales y estudiosos del derecho, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, destacó que el Congreso del estado se mantiene como una institución de puertas abiertas, que construye Leyes a partir de escuchar y dialogar con la ciudadanía.

Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado de Puebla. Foto: Especial

Asimismo, destacó la coordinación con el Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz, para contar con Leyes y reformas que les permitan actuar con un enfoque de bienestar y justicia social.

En el evento, José Luis León Salamanca, docente de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), hizo un recuento de la trayectoria del autor y mencionó que, como magistrado, contribuyó al fortalecimiento del sistema judicial y al impulso de una justicia basada en la legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos de las personas, por lo que su obra es el reflejo de años de experiencia, estudio y reflexión.

“Reconocemos en el maestro Jorge Ramón Morales Díaz no solo a un destacado servidor público, sino también a un profesional comprometido con la formación, la reflexión crítica y la construcción de una sociedad más justa”, indicó.

Por su parte, el autor del libro, Jorge Ramón Morales Díaz, señaló que a través de este diccionario se exponen los principales conceptos de la Teoría del Derecho y también analiza este concepto, estudia diversas categorías del pensamiento jurídico, plantea preguntas y diversas reflexiones.

Durante la presentación del libro estuvo presente el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, las magistradas Araceli Cabido Vaillard y Magally Escamilla Rodríguez, el magistrado Gabriel Marcos Moreno Gabaldón y la magistrada en retiro Margarita Goyosso Ponce.

El cargo Promueve Congreso del estado de Puebla diálogo sobre fortalecimiento del sistema judicial apareció primero en Reto Diario.

El proyecto, impulsado por el Poder Judicial del estado de Puebla en coordinación con organismos e instituciones especializadas, tiene como objetivo fortalecer la accesibilidad, la cercanía, el trato digno y la mejora continua en la impartición de justicia, colocando a las personas usuarias en el centro de la evaluación institucional.

Foto: Especial

Durante la presentación, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que el respeto a los derechos humanos debe ser un eje fundamental de la actuación pública y reiteró el compromiso de su administración para colaborar con el fortalecimiento del Poder Judicial dentro del ámbito de sus atribuciones.

“La sociedad se siente protegida, satisfecha, cuando hacemos lo correcto desde el ámbito de nuestra responsabilidad en el poder público”, expresó.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el nuevo instrumento permitirá generar una cultura de aprendizaje entre los poderes judiciales locales y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

“Un tribunal no solo administra justicia, sino que sostiene una esperanza pública”, sostuvo al referirse al alcance del proyecto.

Medir la justicia desde la experiencia ciudadana

La directora general de Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja, destacó que la iniciativa busca contribuir a la construcción de sistemas judiciales más accesibles, especialmente para personas que enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos.

Asimismo, recordó que recientemente distintos países de la región suscribieron el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, orientado a colocar a las personas en el centro de los sistemas judiciales.

En tanto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, señaló que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de las resoluciones emitidas, sino también de cómo la ciudadanía percibe y vive el acceso a ella.

La magistrada informó que en esta primera etapa participan los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Puebla.

Jornadas jurídicas y atención itinerante

Durante el encuentro, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que como parte de las acciones para acercar la justicia a la población se han realizado 24 jornadas de asesoría y orientación jurídica gratuita en municipios y comunidades, además de 50 jornadas itinerantes mediante módulos de atención ciudadana.

También destacó las visitas de supervisión efectuadas en casas de justicia y juzgados para mejorar la calidad de los servicios prestados.

“La justicia no puede permanecer distante de las personas”, afirmó.

Las autoridades participantes coincidieron en que los poderes judiciales enfrentan el reto de fortalecer la confianza ciudadana mediante mecanismos que permitan conocer las necesidades de la población y evaluar la calidad de la atención brindada. Con ello, el Tablero Justicia Centrada en las Personas busca convertirse en una herramienta para medir y mejorar la experiencia de quienes recurren al sistema judicial.

El cargo Puebla lidera estrategia nacional para medir atención ciudadana en juzgados con nuevo tablero de justicia apareció primero en Reto Diario.

Una vez que la reforma judicial federal ha avanzado en sus términos, en Puebla ya hay un primer grupo de beneficiarios muy claro: las juezas, jueces y magistraturas que ya estaban haciendo cuentas, midiendo tiempos o preparando maletas para una elección judicial en 2027. Podrán respirar. La renovación pendiente se recorrió a 2028.

Un año más en funciones, un año más de margen y un año más para que el tablero local se acomode.

La reforma plantea que los cargos judiciales federales y locales que no fueron renovados en 2025 se elijan en 2028. En el caso poblano, donde no se realizó elección judicial local, el efecto sería directo: la ruta de 2027 perdería sentido y el estado tendría que alinearse al nuevo calendario nacional.

La lectura jurídica es sencilla: Puebla tendría que armonizar su Constitución, su legislación electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La lectura política es más interesante: el Congreso local gana tiempo, el Poder Judicial gana oxígeno y el Ejecutivo gana margen para ordenar una reforma que no puede improvisarse.

Porque la elección judicial no es cualquier elección. No se trata sólo de poner nombres en una boleta. Implica definir comités de evaluación, filtros, perfiles, insaculación, paridad, reglas de campaña, cómputos, impugnaciones y toma de protesta. Es decir, todo un sistema electoral paralelo para escoger juzgadores.

Por eso, el aplazamiento a 2028 no debe leerse como una pausa vacía. Es una prórroga política con fecha de caducidad. Puebla tendrá más tiempo, sí, pero también más responsabilidad.

Si el Congreso local se confía, el artículo 105 constitucional puede convertirse en reloj de arena: las reglas electorales deben estar publicadas al menos 90 días antes del inicio del proceso en que vayan a aplicarse.

Así que los juzgadores pueden guardar la maleta por ahora. Pero no tirarla. La reforma no cancela la elección: solo cambia el día de salida.

Y para Puebla, el mensaje es claro: habrá un año más para negociar, legislar y acomodar el tablero, pero no para fingir que el reloj dejó de correr.

El cargo Poder Judicial: un año más en la silla apareció primero en Reto Diario.

Mientras una denuncia de alto impacto exhibe presuntas redes de corrupción, manipulación de expedientes, alteración de actuaciones y posibles esquemas de presión económica alrededor de procesos judiciales, comienza a dibujarse otra disputa menos visible, pero quizá más importante: el enfrentamiento entre quienes pretenden conservar viejas prácticas dentro del sistema y quienes todavía consideran que impartir justicia implica una responsabilidad institucional.

Las denuncias que involucran a la secretaria encargada de despacho Angélica Rodríguez Zamora y al ex magistrado electoral Fernando Chevalier Ruanova colocan sobre la mesa señalamientos delicados: expedientes presuntamente alterados, resoluciones cuestionadas, actuaciones desaparecidas y acusaciones sobre posibles presiones económicas vinculadas a procesos judiciales. Si esas imputaciones llegaran a acreditarse, no se trataría de errores aislados. Se trataría de una crisis estructural. Porque el problema no sería únicamente jurídico. Sería moral.

Y ahí aparece el enorme reto que enfrenta Pedro Antonio Martínez al frente del Consejo de la Judicatura. Porque una cosa es asumir la conducción administrativa del Poder Judicial y otra muy distinta es encabezar una depuración institucional dentro de un sistema marcado durante años por inercias, influencias y operadores acostumbrados a trabajar bajo lógicas distintas a la impartición de justicia.

El nuevo Consejo no heredó una institución neutra. Heredó un sistema donde durante años existieron señalamientos constantes sobre tráfico de influencias, redes de poder y operadores que presumían cercanías políticas para construir presión o influencia alrededor de asuntos jurisdiccionales.

En ese contexto aparece otro caso que refleja el otro lado de la discusión: Miguel Ángel Celis Romero, conocido públicamente como “El Animal”.

Más allá de las posiciones que existan sobre el fondo del asunto, el caso resulta relevante por otro motivo: se ha convertido en una prueba de resistencia institucional. Como aquí se ha documentado plenamente, se trata de un expediente con alto impacto económico, presión mediática y fuerte interés regional.

Y pese a ello, el proceso continúa.

“El Animal” se aproxima a un año privado de la libertad y enfrenta diversas vinculaciones a proceso, relacionadas con la disputa por la multimillonaria herencia de doña Socorro Romero.

En el entorno del caso han circulado versiones sobre intentos de acercamiento político, gestiones de actores económicos y presiones informales para influir en el rumbo del expediente. Más allá de la veracidad de esas versiones, lo relevante es el mensaje institucional que deja el proceso: el expediente sigue avanzando.

Pero también sería injusto reducir al Poder Judicial poblano únicamente a sus sombras. En Puebla existen casos que merecen reconocimiento y que normalmente quedan opacados por el ruido.

Uno de ellos es el del magistrado Isaí Rivas López, quien públicamente denunció un presunto intento de soborno relacionado con el caso de “El Animal”.

Más allá de las consecuencias y tensiones que ello pudo generar dentro del entorno judicial, el hecho envió una señal importante: todavía existen perfiles dispuestos a exponer presiones en lugar de normalizarlas.

En esa misma línea aparece el actuar del juez Francisco Javier Orozco Treviño durante la audiencia de vinculación relacionada con Estela Romero. En medio de un procedimiento complejo y altamente sensible, el juez ordenó detener momentáneamente la audiencia para solicitar atención y apoyo médico ante la situación de salud que presentaba la señora.

El episodio dejó una señal institucional relevante: el proceso no podía continuar ignorando la condición médica de una persona adulta mayor que requería atención inmediata.

Esos son precisamente los casos que muchas veces quedan ocultos. Porque mientras los escándalos –véase también el explosivo caso Manuel Forcelledo / juez Enrique Romero Razo / Karla López Albert– ocupan titulares, las decisiones institucionales correctas suelen pasar inadvertidas.

Y, sin embargo, son esas las que sostienen la credibilidad del sistema.

Ahí aparece el verdadero punto de quiebre.

Porque mientras algunas denuncias exponen las sombras y los usos y costumbres del viejo modelo judicial, también existen jueces, magistrados y funcionarios que muestran que otra forma de ejercer la función jurisdiccional todavía es posible.

Jueces, secretarios y operadores institucionales que han continuado procedimientos pese a presión mediática, interés económico o exposición política.

Funcionarios que entienden que su responsabilidad principal no está con grupos de poder ni con intereses externos, sino con el expediente y la ley. Esos son precisamente los perfiles que el Consejo de la Judicatura necesita fortalecer.

Porque el reto de Pedro Antonio Martínez no es únicamente administrativo. Es ético e institucional. Tiene enfrente una estructura donde todavía sobreviven inercias construidas durante años. Un sistema donde persiste la percepción pública de que algunos asuntos pueden moverse por relaciones, influencia o presión. Y precisamente por eso resulta importante identificar a quienes han resistido.

Porque mientras unos son señalados por presuntas irregularidades, otros sostienen procesos complejos bajo escrutinio permanente. Esa es la diferencia entre fortalecer una institución o degradarla.

La consolidación de una nueva etapa para el Poder Judicial poblano dependerá justamente de eso: de quiénes terminen prevaleciendo dentro del sistema.

Si sobreviven las viejas prácticas, Puebla seguirá atrapada en la misma crisis de credibilidad. Si sobreviven los perfiles institucionales que sostienen la legalidad aun bajo presión, entonces todavía existirá una oportunidad real de reconstrucción.

Porque cuando la justicia se distorsiona, se nota.

Pero cuando resiste, también.

El cargo La batalla dentro del Poder Judicial poblano apareció primero en Reto Diario.

La decisión ocurrió el pasado 12 de mayo de 2026, cuando una auxiliar judicial autorizó sustituir la prisión preventiva por firma periódica, permitiendo que Forcelledo regresara a su domicilio mientras continúa el proceso judicial relacionado con el caso.

La resolución generó molestia entre familiares, colectivos feministas y ciudadanos, debido a que el mismo juez, Enrique Romero Razo, había dictado en 2021 la condena de 76 años de cárcel por feminicidio, aborto y violación equiparada.

De acuerdo con las versiones difundidas, Romero Razo solicitó licencia sin goce de sueldo del 11 al 14 de mayo, pese a que conocía previamente que el día 12 se celebraría la audiencia de revisión de medida cautelar correspondiente al proceso 109/2014.

En su ausencia, quedó habilitada la abogada Angélica Rodríguez Zamora como encargada de despacho, quien finalmente autorizó el cambio de medida cautelar. Además, trascendió que la audiencia se realizó sin sistema de grabación de audio y video, pese a que estos registros son obligatorios conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las circunstancias alrededor de la audiencia provocaron sospechas sobre posibles irregularidades en el procedimiento judicial.

El feminicidio que conmocionó a Puebla

Karla López Albert tenía 31 años y presentaba cinco meses de embarazo cuando fue asesinada entre el 30 y 31 de enero de 2014. De acuerdo con las investigaciones, su entonces pareja sentimental, Manuel Forcelledo Nader, no quería asumir la paternidad y le insistió en abortar, petición a la que ella se negó de manera rotunda.

Según el expediente judicial, Manuel citó a Karla en el salón de fiestas infantiles “Katz”, propiedad de su familia, presuntamente para hablar sobre el embarazo. Sin embargo, en el lugar ya se encontraban Rodrigo Solís Cano, alias “El Roko”, y Moisés Cordero Hernández, alias “El Moy”, señalados como sus cómplices.

Las investigaciones concluyeron que la joven fue sometida y estrangulada con rafia hasta perder la vida. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México y abandonado dentro de su automóvil. El cadáver fue localizado el 7 de febrero de 2014.

El caso causó conmoción nacional debido a que en aquel momento el término feminicidio todavía no era ampliamente utilizado en Puebla, convirtiéndose en uno de los primeros expedientes emblemáticos bajo esa tipificación en la entidad.

Familiares y colectivos cuestionan liberación

La salida de prisión de Manuel Forcelledo reactivó las críticas hacia el sistema de justicia poblano. Familiares de Karla señalaron anteriormente que la justicia permanecía “incompleta”, pues los otros implicados no habían recibido una sentencia definitiva.

Ahora, la liberación del principal sentenciado volvió a abrir heridas entre colectivos y ciudadanos que recuerdan el caso como un símbolo de la violencia feminicida en Puebla.

Además, el juez Enrique Romero Razo fue señalado nuevamente por presuntas irregularidades en otros procesos judiciales mediáticos. Diversas voces cuestionaron cómo un caso considerado emblemático terminó con el principal responsable fuera del penal apenas cinco años después de haber sido sentenciado.

En redes sociales, usuarios y activistas expresaron preocupación por el precedente que deja la resolución y por el mensaje que envía a las víctimas de violencia de género en la entidad.

El cargo A 12 años del crimen de Karla López Albert, liberan a su feminicida y estalla polémica en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Todo el distrito de Cholula ha sido y sigue siendo la zona de mayor influencia de este sistema en que se coluden poderosos abogados litigantes, jueces, notarios públicos, funcionarios registradores de la propiedad y de las áreas de desarrollo urbano, junto con empresarios, para cometer abusos, invasiones, fraudes y despojos de bienes inmuebles.

Es una mafia que protege todo tipo de robos inmobiliarios, sin importar que se utilicen métodos burdos e infantiles de despojo, como usar un “archivo digital” elaborado hace 63 años, cuando solamente existían las máquinas manuales de escribir. Tal como se relata más adelante en esta columna.

Por esos muchos jueces que estuvieron en el distrito de Cholula literalmente se “sacaban la lotería”, pues el proteger al “Cartel del Despojo” les permitió, entre otras cosas, convertirse en propietarios de hoteles en la zona turística de Zacatlán, poner fábricas de vinos, invertir en un hospital privado ubicado en San Andrés Cholula o acabar como empresarios del ramo de compraventa de casas, terrenos y locales comerciales.

Los jueces son la parte clave de este sistema mafioso, pues al final si el aparato judicial está comprometido con el crimen organizado, no hay forma de frenar los despojos y hacer valer la justicia.

Lo grave de toda esta situación es que aunque en el discurso oficial del Gobierno y el Poder Judicial se ha reconocido, denunciado y condenado al “Cartel del Despojo”, no hay procesos legales en contra de sus principales protagonistas.

Algunos de los participes del “Cartel del Despojo” han entendido que es momento de retirarse momentáneamente de este sistema de crimen organizado, pero otros muchos sienten que nada les va a pasar.

El archivo digital que se hizo sin una computadora

No hace mucho se descubrió que un juez del distrito de Cholula, que recientemente lo cambiaron de esa plaza, admitió una demanda de otorgamiento de escrituras de siete casas que presentó un grupo empresarial.

Los inmuebles involucrados no son cualquier cosa. Se ubican en la zona de Zerezotla, que es el área de mayor plusvalía en el municipio de San Pedro Cholula, por estar en el territorio en que se encuentra el Club de Golf Las Huertas y la reserva ecológica del cerro Zapotecas.

Curiosamente, la parte demandada en el juicio nunca respondió. Lo cual hace suponer que nunca se enteró que le estaban reclamando la propiedad de las siete casas-habitación en cuestión.

El juicio siguió su curso normal y el juez le dio la razón a la parte que inició el litigio, es decir, al grupo empresarial, para que los inmuebles les fueran escriturados a su favor.

La “prueba reina del caso” es que quienes exigían aparecer como los nuevos propietarios de las viviendas presentaron un contrato privado de compraventa que les beneficiaba.

Fue hasta que se estaba elaborando la sentencia que, por suerte, alguien en el Poder Judicial actuó con la debida diligencia y detectó algo que no cuadraba en lo absoluto.

El contrato de compraventa que se presentó en el juzgado era digital y resulta que se elaboró en 1963, un año en que no había computadoras en Puebla.

Un detalle que el juez inicial de la causa dejó pasar con total alevosía y ventaja.

Era obvio que el contrato era notoriamente falso.

Para ser más claros: cuando se hizo ese supuesto “archivo digital” faltaban 18 años para que la empresa IBM fabricara la primera computadora personal del mundo.

O visto de otra manera: se redactó ese “contrato digital” siete años antes de que llegara la primera computadora a Puebla, que fue una IBM 1130, que pesaba una tonelada y la adquirió la Universidad Autónoma de Puebla en 1970.

Ahí no termina todo, fue hasta 1976 que se creó –por instancia del entonces rector, Luis Rivera Terrazas– el departamento encargado de manejar ese sistema, que se usaba para cálculos matemáticos, no para elaborar “contratos chuecos” de bienes inmuebles.

La actual titularidad del juzgado de Cholula ha declarado no aprobada la acción de otorgamiento de escrituras.

También ha dado vista al Ministerio Público para que proceda contra los responsables del intento del fraude.

El problema de fondo es que haya voluntad en el Poder Judicial para castigar a los autores del fraude y los que solaparon el “archivo digital” elaborado sin una computadora.

El cargo Juez adjudica siete propiedades utilizando un archivo digital que data de una época en que no existían las computadoras apareció primero en Reto Diario.

En esa red, que no es otra cosa que crimen organizado “de cuello banco”, la parte esencial es el Poder Judicial, pues es ahí donde se tiene levantado un muro que no permite avanzar los juicios que se llegan a iniciar contra los autores de invasiones, de falsos procesos de compraventa de bienes inmuebles, de la ilegal apropiación de casas, terrenos o locales intestados, o personas que en un juicio son despojadas sin ser notificadas pese a que tienen la razón jurídica de su lado.

Aunque en esta “mafia” intervienen funcionarios públicos del ámbito estatal y municipal, así como notarios de Puebla y Tlaxcala, junto con desarrolladores inmobiliarios y grupos de choque, al final la parte más importante es la que otorga impunidad a los diferentes integrantes del “Cartel del Despojo”. Y esa protección se produce en los juzgados.

En ese sentido, se ha identificado a un juez del área mercantil que se destaca por resolver juicios de disputa de bienes inmuebles sin notificar las decisiones jurídicas a todos los actores involucrados en los litigios que, por lo general, son los verdaderos dueños de las propiedades. Es una forma tramposa de hacerlos perder los procesos legales.

Es la forma de quitarle a un legítimo propietario un terreno o un inmueble, para después permitir la escrituración a favor de los autores del robo de propiedades.

Se dice que este juez no solo se destaca por la protección que da al “Cartel del Despojo”, sino porque tiene mucha influencia en el Poder Judicial.

Es uno de los consentidos del alto mando del Consejo de la Judicatura y, por esa razón, se le tiene en la mira para ser propuesto al Congreso local como próximo magistrado, en lo que podría ser el inicio de un ascenso todavía mucho mayor.

La carrera pública de este personaje empezó a crecer cuando fue nombrado alto directivo de una corporación policiaca.

Cuando tuvo esa encomienda estuvo estrechamente ligado a uno de los políticos más poderosos de la primera década del siglo actual, que es Javier López Zavala, quien fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, además de dirigente partidista, en el último sexenio de dominio priista.

Por ese motivo, se dice en los corrillos del Poder Judicial, se tendrá mucho cuidado al momento de proponerlo al Poder Legislativo como aspirante a magistrado.

El cargo Uno de los jueces que protege al “Cartel del Despojo” en breve podría llegar a ser magistrado del Poder Judicial apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con lo que se comenta en el Poder Judicial, esta “guerra sucia” estaría dirigida contra aquellos jueces que son considerados como “incómodos” para el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, como parte de una estrategia de que pueda colocar a personajes afines a sus intereses como candidatos a ser parte del Poder Judicial en el proceso de renovación que habrá el 1 de junio de 2027.

Lo grave de esta situación es que se supone que el Consejo de la Judicatura es el órgano central que administra los bienes del Poder Judicial y, sobre todo, cuida la disciplina y la ética interna de este poder público. Pero ahora se dice que sería desde esta instancia donde se estarían filtrando documentos y acusaciones contra los jueces que no son parte del agrado de Martínez Hernández.

El camino que se sigue para hostigar a los juzgadores “incómodos” es tildarlos de ser parte de “la vieja guardia”, término que se le quiere dar la connotación de que representan supuestamente la corrupción e ineficacia en el aparato de administración de justicia. Al mismo tiempo, se filtran documentos e historias para enmarcarlos en comportamientos de abusos, de torpezas o de presuntos actos de corrupción.

Tal situación plantea que no hay un afán de depurar, de “limpiar”, al Poder Judicial, sino de preparar una elección judicial controlada.

Entre algunos jueces que se sabe estarían en esa “lista negra”, se ha escuchado el nombre de Mario Cortés Aldama, cuyo “pecado” es que ya había comentado con sus colaboradores cercanos su interés de ser candidato y ser votado en la próxima elección judicial.

También estaría la jueza Rosalba Elena Zárate Herrera, quien fue parte del primer Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta. Al parecer, ahora estaría interesada en contender por un cargo de magistrada.

Un tercer caso es el de Enrique Romero Razo, quien es un personaje de mucha relevancia en el Poder Judicial.

En el año 2014, en pleno sexenio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el togado Romero Razo era titular del Juzgado Noveno de lo Civil y fue presionado desde el Poder Ejecutivo para que emitiera un fallo en contra del empresario Ricardo Henaine Mezher, quien era odiado por el morenovallismo y enfrentaba un litigio por la disputa del club de fútbol Puebla de la Franja.

El juez actuó de acuerdo con las pruebas que había en el caso y como eso no gustó al Gobierno estatal, se desató una persecución en su contra que incluyó suspenderlo del Poder Judicial y que un día un grupo de maleantes entró a su vivienda, en donde se encontraba con su esposa, para ser salvajemente golpeado y ser advertido que esa agresión era consecuencia de su comportamiento en el juzgado.

Lejos de resignarse, denunció a nivel nacional que atrás de las agresiones estaba “la mano” de Moreno Valle y llevó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en el año 2017, no solo amparó a Romero Razo sino obligó al Poder Judicial poblano a que lo reinstalara en su cargo de juez.

Ahora parecería que Romero Razo está en la “lista negra” del Consejo de la Judicatura y se han filtrado documentos en su contra, para aparentar un mal ejercicio en su función.

Y todo eso ocurre porque muchos lo ven como “un candidato natural” para postularse en la próxima elección judicial.

En las últimas semanas, el presidente del Consejo de la Judicatura ha aumentado su presencia mediática para otorgar entrevistas y dar a conocer que hay una cruzada contra la corrupción e ineficiencia en el Poder Judicial.

Hasta ahora, esas declaraciones solo suenan a un discurso de propaganda y no a un cambio real en este poder público.

Ejemplos hay muchos, como es el hecho de que los jueces que llevan los casos de invasiones de tierras importantes, como La Covadonga o la Ex Hacienda de San José Zetina, poco o nada hacen contra los autores de los despojos.

Algo que llama mucho la atención es que por un lado se ha creado esta campaña informal, dentro del Poder Judicial, de que se estaría combatiendo “a vieja guardia” del Poder Judicial. Pero por el otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura ha echado mano de administradores que pertenecen a los grupos de interés dentro del aparato de administración de justicia.

Son facciones que mucho conocen como “las mafias” del Poder Judicial y que serían dirigidas por los magistrados Daniel Iván Cruz Luna y César Iván Bermúdez Minutti.

Y resulta que Pedro Antonio Martínez nombró como administradores generales del Poder Judicial a Daniel Alonso Díaz Arellano, quien es parte del grupo de Bermúdez Minutti, y a Guillermo Valdés Luna, quien es cercano al magistrado Cruz Luna.

Eso exhibe que la renovación del Poder Judicial no es una realidad.

El cargo Consejo de la Judicatura desata “cacería de brujas” contra jueces que le son incómodos apareció primero en Reto Diario.

El último episodio ocurrió hace unos días, en que se tenía programada la primera audiencia del juicio contra el acusado de apropiarse ilegalmente de los predios, pero de última hora el Ministerio Público (MP) impidió que se realizara ese acto jurisdiccional.

La Fundación Julita y Antonio ha ganado dos amparos para obligar al Poder Judicial y a la FGE a que se vincule a proceso y se juzgue a Jorge N., como presunto autor de la invasión de 8.5 hectáreas –ocurrida en abril de 2023–, pero aún con esos mandatos de la justicia federal, siempre se pone un freno al proceso judicial.

Ya son varios factores que hacen suponer que no son problemas burocráticos o actos de ineficiencia lo que no permite caminar al juicio. Se tiene la sospecha de que el tráfico de influencias es la constante que impide sancionar la apropiación ilegal de los predios de La Covadonga, que fue una de las fábricas textiles más notables de Puebla surgidas a finales del siglo 19.

El último factor para frenar el juicio raya en el absurdo. Resulta que el agente del Ministerio Público que originalmente tenía asignado al caso tuvo casi seis meses para notificar que ya no era el responsable de ese asunto, hasta que, faltando 48 horas para la última audiencia programada, mandó el escrito para comunicar que el tema ya no era de su competencia.

Razón por la cual se obstaculizó por enésima vez la continuidad del juicio.

Y ahora hay que esperar varios meses para que se programe la nueva audiencia.

Faltando dos días, el Ministerio Público frenó la audiencia

La invasión de los predios, tal como ya se mencionó, aconteció en el primer cuatrimestre de 2023 y 11 meses más tarde, el juez que le tocó conocer el caso, Enrique López Criollo, determinó que no había elementos para vincular a proceso penal al acusado de la invasión, que es un personaje identificado como Jorge N. Pero, además, declaró sobreseído el expediente judicial.

Es decir, para el juez no había pasado nada, pese a que la Fundación Julita y Antonio ha acreditado la propiedad de los terrenos, se presentaron evidencias de que un grupo armado entró a apoderarse de los predios y la parte acusada no ha podido aportar alguna prueba para alegar que adquirió legalmente la extensión de las tierras en disputa.

Un año más tarde al fallo de Enrique López Criollo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que no fue correcto el proceder del juez e invalidó la resolución que declaraba sobreseído el juicio.

Desde entonces, los abogados de la Fundación Julita y Antonio le pidieron al agente del Ministerio Público, Israel Andraca Huerta, que se continuara con la investigación de la invasión y el funcionario se negó sistemáticamente a esa petición.

El 9 de enero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal vuelve a cuestionar el proceder del juez Enrique López Criollo y ordena que se vincule a proceso a Jorge N., por el probable autor del delito de despojo.

Ya con anterioridad se había relatado en esta columna que, hace un mes, el Poder Judicial volvió a turnar al juez Enrique López Criollo a hacerse cargo del proceso contra Jorge N., lo cual a todas luces es una muestra de parcialidad del Poder Judicial el poner otra vez al togado que actuó incorrectamente al inicio del proceso.

Más allá de la controversia del regreso de Enrique López Criollo, se había logrado avanzar con la vinculación a proceso penal de Jorge N. y que se había fijado, para el pasado 7 de abril, la realización de la primera audiencia del caso. Parecía que ahora sí todo iba a avanzar.

El día 5 de abril, el agente del MP, Israel Andraca Huerta, le informa al juez que ya no es el responsable del caso de La Covadonga.

Eso era cierto, pero con el pequeño detalle de que lo habían retirado del asunto varios meses antes y lo grave de su comportamiento, es que no avisó a tiempo, sino faltando 48 horas para la audiencia.

Por tanto, el 6 de abril se notificó a las partes que como no había agente del Ministerio Público asignado, se cancelaba el acto programado para el día siguiente.

Lo grave de todo esto es que era mentira que no había agente del Ministerio Público representando a la FGE en el juicio.

Resulta que, desde meses atrás, ya se había nombrado al nuevo agente del MP, que es Gustavo Adolfo Torres Morales.

Y vaya dato curioso: al segundo agente del MP también “se le olvidó” avisar que era el nuevo representante de la autoridad ministerial en dicho proceso judicial.

Lo acontecido es una clara maniobra de dilación, el que dos funcionarios de la FGE no avisan que uno ya no está en el juicio y el otro, que es el nuevo encargado.

Y que el coordinador de los agentes del MP, Alfonso Michel Becerril, se “quede cruzado de brazos” ante esa maniobra que, no es ilegal, pero sí parece ser “un plan con maña” para que no camine el proceso de La Covadonga.

El cargo El Ministerio Público vuelve a obstaculizar el juicio contra la invasión de los terrenos de La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Y no necesariamente porque sean partícipes o cómplices de esta, sino porque el Consejo de la Judicatura les exige resultados y sacar el rezago de asuntos acumulados sin apoyarlos cubriendo las decenas de vacantes pendientes de secretarios y escribientes, o contratando personal especializado.

Tampoco con gastos básicos, como vales de gasolina, para que los diligenciarlos puedan salir a realizar sus notificaciones.

Otra cuestión que tiene molestos a varios jueces son las visitas de inspección y las amenazas del presidente del Consejo de la Judicatura de cambiarlos de adscripción si no atienden sus recomendaciones en los juicios de su competencia.

Su inconformidad con las visitas de inspección radica en que estas tienen dedicatoria y consigna contra jueces independientes o incómodos, y que se realizan sin cumplir a cabalidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura y el Acuerdo General que establece las disposiciones de las visitas a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del estado.

Entre los jueces inconformes figuran Enrique Romero Razo, juez segundo de lo Civil y lo Penal en el distrito de Cholula; Francisco Javier Orozco Treviño, juez Penal de Tehuacán; Miguel Ángel Martínez Hernández, juez del sistema tradicional en Atlixco y a quien le violaron una suspensión de amparo contra un cambio de adscripción, y Marco Antonio Mendoza Benítez, juez Familiar de Puebla.

Pero no son los únicos.

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Las acciones que vienen desplegando algunos aspirantes de Morena a cargos de elección popular en Puebla ya podrían encuadrarse en actos anticipados de campaña y en desvío de recursos públicos con propósitos electorales.

Tres botones de muestra:

Los mensajes de texto que han llegado a miles de teléfonos celulares donde se dice que la secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez, encabeza las encuestas de preferencias electorales para la presidencia municipal de Puebla rumbo al 2027.

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El video promocional de la Feria de Puebla 2026 grabado por la delegada de la Secretaría de Bienestar en la capital del estado, Natalia Suárez del Real.

Aunque en el video Natalia promueve la Feria de Puebla que se llevará del 23 de abril al 10 de mayo, es innegable la promoción de su imagen con inequívocos propósitos de posicionamiento electoral.

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Las giras de la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, a la zona de Atlixco, por donde el Gobierno estatal quiere sembrarla como candidata a diputada federal de Morena.

La aspiración de la secretaria tiene molestos a empleados de la dependencia, pues para sufragar sus giras de posicionamiento y las bardas con su nombre se han recortado gastos, se aplican descuentos y se han prolongado las jornadas laborales, pues ahora nadie puede retirarse de la oficina hasta que aquella no regrese de la región de Atlixco.

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Correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

El cargo De jueces inconformes y funcionarios que incurren en actos anticipados de campaña apareció primero en Reto Diario.

Entre las medidas más relevantes destaca la suspensión temporal de una escribiente adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, señalada por solicitar y recibir dinero en su cuenta personal a cambio de agilizar trámites judiciales.

Asimismo, el órgano determinó la destitución e inhabilitación por un año de quien se desempeñaba como juez municipal de Camocuautla, debido a irregularidades en la tramitación de un pasaporte para una persona menor de edad y su presunta vinculación con una red de tráfico de personas.

En otro caso, se ordenó la destitución e inhabilitación por el mismo periodo de una jueza de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Tecamachalco, tras acreditarse abuso de funciones durante su desempeño.

El Consejo también sancionó con una suspensión temporal de 90 días a un secretario de Acuerdos en Zacapoaxtla, quien emitió una sentencia sin contar con las facultades legales para hacerlo.

De igual forma, un secretario de Acuerdos encargado del despacho en Huejotzingo fue suspendido por seis meses, luego de realizar una diligencia de perdón judicial sin verificar la identidad de la víctima.

El organismo señaló que estas resoluciones derivan de un análisis puntual de cada caso, con apego a los principios de legalidad, objetividad y debido proceso.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura reiteró su compromiso con la supervisión permanente del desempeño de las servidoras judiciales y los servidores judiciales, así como con una impartición de justicia transparente y apegada a derecho.

El cargo Sancionan a funcionarios del Poder Judicial de Puebla por corrupción y abuso de funciones apareció primero en Reto Diario.

Acompañado de consignas perfectamente sincronizadas, de indignación súbita y, sobre todo, de silencios institucionales que pesan más que cualquier bloqueo carretero.

Lo que hoy ocurre en Azumbilla y Chapulco no es nuevo, es familiar, demasiado familiar. No es la primera vez que una causa aparentemente legítima, el agua, el territorio, el medio ambiente, se convierten en bandera.

Tampoco es la primera vez que esa bandera termina ondeando en manos de quienes menos interés tienen en la causa y más en el control. La pregunta, sin embargo, no es qué está pasando. La pregunta es: ¿quién está dejando que pase? Cabe señalar que estas dos regiones del estado siempre se han caracterizado por ser cuna de movimientos políticos, sociales y de manipulación de la fe.

El Poder Judicial se encuentra en una transición que necesita territorio. Si el argumento central es la supuesta extracción ilegal de agua, el camino institucional es claro: peritajes, inspecciones, resoluciones. Pero aquí no hay nada de eso. Ni dictámenes públicos, ni clausuras formales, ni procesos transparentes.

Entonces, la gente se pregunta ¿dónde está el Poder Judicial del Estado de Puebla? La pregunta no es menor, pero tampoco puede analizarse sin contexto. Hoy, el Poder Judicial atraviesa un momento distinto. Hay un esfuerzo real por reconstruir su legitimidad, por elevar el estándar técnico de sus resoluciones y por romper inercias que durante años minaron su credibilidad.

No es un cambio menor, es probablemente uno de los procesos institucionales más relevantes en Puebla en los últimos años, pero toda transición tiene un reto central, trasladar el cambio institucional al territorio. Porque la justicia no solo debe ser correcta, debe ser oportuna y visible. Y en conflictos como el de Azumbilla, donde la narrativa crece más rápido que los procedimientos, la ausencia de una intervención clara deja espacio para que otros actores ocupen ese lugar.

No es un problema de falta de capacidad. Es un tema de timing. Y en política, el tiempo también es poder. Con una Fiscalía distraída mientras el conflicto escala. En paralelo, también vale la pena preguntar ¿qué hace la Fiscalía General del Estado de Puebla? Porque aquí no hablamos solo de protestas. Hablamos de posibles delitos: obstrucción de vías de comunicación, incitación a la presión colectiva, posibles mecanismos de coacción política. Pero la fiscalía parece estar más concentrada en su propia fragmentación interna que en ejercer presencia real en conflictos que ya tienen dimensión regional.0

En Puebla, la procuración de justicia no está rebasada, parece que está ausente en los momentos clave. Gobernación, permitiendo la omisión que se convierte en operación. En cualquier manual básico de gobernabilidad, este tipo de conflictos tienen nombre: riesgo de escalamiento regional. Y para eso existe Gobernación.

Aquí entra la responsabilidad directa del delegado regional, Marco Balseca, porque cuando un conflicto crece sin contención, no es espontáneo: es permitido. La omisión, en política, también es una forma de participación y de corrupción.

Para entender más el tema, es necesario tener en contexto quiénes son los protagonistas y es ahí en donde aparecen nombres clave, mismos que explican más que cualquier consigna: Rubén Tepole Huerta, Rubén Román Jiménez Cuevas, Ana Lilia Tepole, Michias Faustino Hernández Pérez y, escondido en la penumbra, Pedro Tepole Hernández.

El dato más delicado, la posible influencia de Miguel Ángel Celis Romero, incluso desde el penal de San Miguel. El mensaje real: aquí no basta la ley. Para cualquier inversión como Colorado Ecoterra, no basta con cumplir la ley. Hay que entender la política.

Conclusión: no existen espacios vacíos, siempre se llenan. Cuando el Poder Judicial avanza, pero no permea, la Fiscalía no actúa, y la Gobernación llega tarde, lo que queda es un espacio abierto. Y ese espacio siempre lo ocupan otros. Porque en Puebla, el conflicto no siempre se impone, a veces, simplemente se permite y, reitero, la omisión también es corrupción.

riva_leo@hotmail.com

El cargo El ruido que conviene y el silencio que protege apareció primero en Reto Diario.