“La elección de los integrantes del Poder Judicial local se llevará a cabo en 2027“, dijo Gaspar Ramírez. El legislador explicó que el análisis y dictaminación de las iniciativas quedará para el siguiente periodo legislativo. Las dos sesiones que restan del periodo actual, programadas para el 12 y 15 de marzo, estarán dedicadas a resolver asuntos pendientes, aprobar dictámenes y definir la integración de la Comisión Permanente y la Mesa Directiva del receso.

La reforma es parte del proceso de armonización de la legislación estatal con la reforma judicial federal impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. En Puebla, el proceso arrancó con el envío de 14 iniciativas del gobernador Alejandro Armenta al Congreso local, que buscan establecer los lineamientos para elegir por voto ciudadano a integrantes del Tribunal Superior de Justicia y otros cargos del Poder Judicial estatal.

El calendario descarta el escenario que el propio Gaspar Ramírez había mencionado en febrero, cuando consideró aplazar la elección hasta 2028 para evitar su coincidencia con la renovación de diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales, prevista para 2027. El legislador también informó que ha sostenido reuniones con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar para revisar el contenido de las leyes secundarias vinculadas a la reforma.

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Con esta decisión, el número de Jueces de Enjuiciamiento pasa de 12 a 16, todos con jurisdicción estatal, lo que permitirá atender un mayor número de procesos penales en distintas sedes. Entre ellas se encuentran el Tribunal de Enjuiciamiento junto al Cereso de San Miguel, el Centro de Justicia Puebla de la avenida 11 Sur, así como las Casas de Justicia de Cholula, San Martín Texmelucan y Tehuacán.

La incorporación de nuevos juzgadores representa mayor capacidad para resolver asuntos en menor tiempo, además de garantizar que los procesos penales se desarrollen con apego a la ley, brindando certeza y seguridad jurídica a las personas involucradas.

En cuanto al Juzgado Supernumerario de Cholula, este órgano funcionará como apoyo directo para el Juzgado Primero y Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula. Su creación permitirá atender de manera inmediata asuntos que, por su volumen, complejidad o rezago, requieren atención especializada.

Con esta medida se busca reducir tiempos procesales y avanzar en la emisión oportuna de sentencias, fortaleciendo una justicia más ágil y accesible en el estado.

Estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a mejorar la atención de los asuntos judiciales y responder de manera concreta a las necesidades actuales del sistema de justicia en Puebla.

El cargo Poder Judicial de Puebla nombra cuatro jueces y crea Juzgado Supernumerario en Cholula apareció primero en Reto Diario.

Las modificaciones incluyen a 60 Jueces, 21 Secretarios de Acuerdos, 19 Jefes de Causas, 3 Encargados de Sala, 3 Secretarios de Estudio y Cuenta, 2 Diligenciarios, 1 servidor de Atención al Público, así como 18 cambios de adscripción y/o de nombramiento, entre otros perfiles clave para el correcto desempeño de los juzgados.

Los ajustes se aplican en órganos jurisdiccionales ubicados en los distritos judiciales de Puebla, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Chiautla, Tepeaca, Tehuacán, Tecamachalco, Ajalpan, Teziutlán, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Huejotzingo, Cholula, Atlixco, Tepexi, San Juan de los Llanos, Zacatlán y Tecali.

De acuerdo con el órgano colegiado, estas decisiones buscan evitar la permanencia prolongada del personal en un mismo juzgado, ya que dicha situación puede propiciar inercias administrativas, redes de influencia o prácticas que afecten el adecuado ejercicio de la función judicial. La rotación periódica es considerada una herramienta clave para cerrar espacios a la corrupción y asegurar que la labor jurisdiccional se rija por los principios de legalidad, objetividad e independencia.

Asimismo, los cambios permitirán una mejor distribución de las cargas de trabajo y la atención de rezagos identificados en distintos órganos jurisdiccionales, con el fin de avanzar hacia una justicia pronta y expedita.

El Consejo de la Judicatura reiteró que estas medidas forman parte de una estrategia integral de supervisión, vigilancia y mejora continua, orientada a consolidar un Poder Judicial transparente y a fortalecer la confianza de la ciudadanía poblana.

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Esta suspensión impide al tribunal continuar con la individualización de la pena, es decir, con el procedimiento donde se determina cuántos años de prisión debe cumplir el sentenciado. Aguilar enfatizó que, en tanto no se resuelva el amparo de fondo, el Poder Judicial estatal está legalmente impedido de fijar la pena de López Zavala. Esto significa que el responsable permanecerá sin pena definida hasta que la justicia federal emita su resolución, un proceso que podría prolongarse varios meses.

La magistrada también destacó la importancia de que, en etapas recientes del juicio, se haya dado lectura completa a la denuncia presentada por Cecilia Monzón, al señalar que “es escuchar a la víctima, aunque ya no esté presente”, subrayando la relevancia de mantener la perspectiva de género y el respeto a los derechos de las víctimas en todo momento.

Aguilar reiteró que el Poder Judicial de Puebla ha actuado conforme a los tiempos y límites que marca la ley, dejando claro que el desarrollo del caso no depende únicamente de los tribunales locales, sino de las decisiones que tome la autoridad federal respecto al amparo solicitado por la defensa de Javier N. Las tácticas dilatorias de la defensa del excandidato a la gubernatura de Puebla también han afectado al proceso que se le sigue como presunto autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista.

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El cargo Javier N. seguirá sin sentencia hasta que se resuelva de fondo su amparo: TSJ Puebla apareció primero en Reto Diario.

Helena Monzón, hermana de la víctima y representante legal de la familia, denunció el incidente a través de sus redes sociales, calificándolo como una muestra de “negligencia grave” por parte de las autoridades judiciales. “Es gravísimo que en un caso de feminicidio como el de mi hermana se pueda poner en riesgo una prueba de esta manera. Es insostenible, injustificable y preocupante”, expresó en un video.

Queja formal ante el Consejo de la Judicatura

El documento extraviado no era considerado determinante para el proceso, pero sí relevante por el esfuerzo y costo que implica su desahogo en audiencia. Durante el tiempo que estuvo desaparecido, el administrador responsable de la evidencia no pudo precisar dónde se encontraba. Ante esta situación, el tribunal colegiado que lleva el caso presentó una queja formal ante el Consejo de la Judicatura del estado.

“Cuando teníamos que arrancar audiencia, no la encontraron, por lo que esta inició hasta después de cuatro horas de lo programado”, detalló Helena Monzón.

Audiencia finalizada y esto digo:

Me he quedado de piedra ante el nivel de negligencia del @PodJudPue en el resguardo de la prueba del caso.

Un error GRAVE, que no puede volver a ocurrir, la autoridad debe ser responsable.

Seguimos el 3/10.#JusticiaParaCeciliaMonzón🌻!!! pic.twitter.com/a2ENGG7E78

— Helena Monzón (@Helena_Monzon) October 1, 2025

Larga cadena de retrasos

La abogada advirtió que este tipo de irregularidades se suma a una serie de retrasos y prácticas dilatorias que han caracterizado el proceso judicial contra Javier N., exsecretario de Gobernación y excandidato priista a la gubernatura de Puebla, señalado como presunto autor intelectual del crimen ocurrido el 21 de mayo de 2022.

En abril, Monzón ya había denunciado la falta de sanciones contra las maniobras dilatorias de la defensa y la negativa del tribunal a ampliar la duración de las audiencias para agilizar la presentación de pruebas. En sus palabras, el Poder Judicial “revictimiza” a las familias al no garantizar procesos con celeridad ni certidumbre.

Más de 50 audiencias sin sentencia

Con más de tres años transcurridos desde el feminicidio y tras más de 50 audiencias celebradas, el juicio aún no tiene una resolución. Helena Monzón ha cuestionado públicamente la demora: “ni el terrorismo tarda tanto en ser juzgado”, señaló en una publicación reciente.

La próxima audiencia está programada para el viernes 3 de octubre y será la número 52 del proceso, en el que la familia de la activista espera finalmente se emita una sentencia condenatoria de 60 años contra Javier N.

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Y en cambio, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cada vez que puede, quiere asumir el control del PJP, sin tener facultades legales para tomar ese papel o para que se lo otorguen desde otro poder público.

Tal situación quedó evidenciada –hace unos días– cuando el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, encabezó una de sus habituales ruedas de prensa –“una mañanera”– desde el Centro de Convivencia Familiar de Ciudad Judicial.

Y resulta que, en una segunda fila y en medio de algunos invitados, se encontraba José Eduardo Hernández Sánchez, como intentando pasar desapercibido.

Lo natural es que Hernández Sánchez tuviera que encabezar cualquier actividad que se realice en algún recinto del ámbito judicial.

En cambio, quien sí estaba cerca del gobernador y demás miembros del Gabinete era la magistrada “Beli”, tal como le gusta ser mencionada a la togada María Belinda Aguilar Díaz.

Una situación que se ve con frecuencia. Por ejemplo, la presidenta del TSJ acude a las mesas de Seguridad Pública que se organizan cada lunes en la sede del Poder Ejecutivo.

¿Cuál es el problema de que en esos encuentros institucionales esté presente Belinda Aguilar en lugar de Eduardo Hernández?

Que los papeles de las dos principales figuras del Poder Judicial están invertidos y eso es ilegal.

De acuerdo con la última reforma judicial, que se aprobó durante el mandato del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y que quedó plasmada en el artículo 88 de la Constitución del estado de Puebla, se establece con claridad que el presidente del Consejo de la Judicatura es el titular del cuerpo colegiado del PJP, encargado de administrar y de dirigir el aparato de impartición de justicia.

Y esa misma reforma, le acabó quitando casi todas las facultades que tenía la Presidencia del TSJ, antes de que se creara el Consejo de la Judicatura. Prácticamente acabó convirtiéndose –casi– en un puesto honorífico.

Ahora, el asunto hay que verlo de esta manera: si María Belinda Aguilar quisiera cambiar a su secretaria privada de manera directa, no lo puede hacer porque es una determinación que necesariamente debe ser aprobada por el Consejo de la Judicatura.

Eso significa que ella, desde el punto de vista formal, no puede mandar sobre los jueces o magistrados del PJP.

Tal situación significaría que quien debe mandar en el Poder Judicial, es decir, José Eduardo Hernández Sánchez, no lo dejan mandar.

Y quien no puede mandar, como es el caso de María Belinda Aguilar Díaz, es quien siempre intenta mandar en el Poder Judicial.

Esta situación va más allá de lo anecdotario, refleja cómo el Poder Judicial no respeta ni su propia normatividad.

Por eso en Puebla el tema de la impartición de justicia es solo una ilusión, no una realidad para el grueso de la población.

Las causas

¿Por qué José Eduardo Hernández Sánchez ha sido relegado en el Poder Judicial?

Ya en un par de ocasiones, en este mismo espacio, se ha especulado de tres causas. Vale la pena recordarlas:

Primera: durante el gobierno del autoritario exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas hubo una persecución política contra el entonces legislador federal Alejandro Armenta Mier. Lo querían meter a la cárcel.

Quien operó esa persecución fue José Eduardo Hernández Sánchez, en su calidad de subsecretario de la Contraloría. Actuó bajó las órdenes de Eukid Castañón Herrera, quien era el encargado del “trabajo sucio” en el morenovallismo.

Segunda: Hernández Sánchez llegó a la cúpula del Poder Judicial durante el mandato del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y quien lo recomendó fue Patricia Leal, otra importante operadora del morenovallismo y que en el pasado mandato del Poder Ejecutivo fungió como asesora.

Se sabe que, en el actual sexenio, se ha determinado que no tienen cabida los intereses de la morenovallista Patricia Leal.

Tercera: el presidente del Consejo de la Judicatura cometió un error garrafal, en el proceso interno de la 4T para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla, optó por el aspirante perdedor: Ignacio Mier Velazco.

Cualquiera que sea la causa que explique el mal trato que le dan a José Eduardo Hernández Sánchez, el magistrado debería aplicar la máxima: más vale irse a tiempo con la cabeza en alto, que acabar siendo echado y sin poder ver a la cara a los demás.

El cargo En el Poder Judicial al que manda no lo dejan mandar, y la que no puede mandar es la que quiere mandar apareció primero en Reto Diario.

Y efectivamente, luego de la Semana Santa ha trascendido que ya se tiene seleccionada a la mayoría de los jueces de la llamada “vieja guardia” que serán sometidos a un nuevo abuso del Poder Judicial, consistente en obligarlos a que “soliciten” su retiro, bajo la amenaza velada de que, si no lo hacen, entonces utilizaran sus oscuros antecedentes para despedirlos del Tribunal Superior de Justicia y se queden sin pensión.

No se sabe con precisión cuándo se ejecutará ese acto de presión para retirar del servicio activo a una decena de jueces.

Lo que, si queda claro que es un abuso, toda vez que un principio básico del derecho laboral es que un trabajador es quien debe decidir de manera libre e individual en qué momento de la vida se jubila y no tiene que ser un proceso colectivo, ni bajo presión, como el que se está preparando en el PJP para echar de la manera más vergonzosa a un grupo de funcionarios del Poder Judicial con trayectorias de más de 30 años, en la mayoría de los casos.

El autor de este abuso sería José Eduardo Hernández Sánchez, el presidente del Consejo de la Judicatura, cuya responsabilidad en ese cargo termina en el año 2027, pero se ha convertido en un “secreto a gritos” que próximamente se le podría pedir la renuncia. En ese escenario de posibilidades, se dice en los corrillos de los tribunales, que el magistrado no se quiere ir del PJP sin dejar colocados a nuevos jueces que sean afines a sus intereses.

Se dice que entre los jueces que podrían ser obligados a jubilarse se encuentra:

Elmo Mayoral Bello quien, aunque es muy cercano a César Iván Bermúdez Minutti, el magistrado que controla una poderosa y oscura “hermandad” de jueces, estaría entre los juzgadores que están “en la mira” del Consejo de la Judicatura.

Ruperto Leonardo Treviño Musalem, quien actualmente es presidente del Colegio de Jueces de Primera Instancia.

Un asunto que podría salvar a Treviño Musalem de que lo echen del PJP, es que se anda promoviendo para ocupar un lugar de consejero del Consejo de la Judicatura. Para ese propósito, dicen los enterados, es que ha buscado acercarse y volverse del agrado de la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, para impulsar su supuesta “candidatura”.

Miguel Hernández Jiménez, quien es el juez que le cambió de manera favorable las medidas cautelares al periodista Arturo Rueda, que le permitió salir de la cárcel por un proceso penal que lo llevó a prisión un par de ocasiones. Se cuenta que esa decisión le habría costado al togado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

También aparecerían los nombres de los jueces: Isauro Romero Limón, Marco Antonio Mendoza Benítez, Fernando Cornejo Huesca y Venustiano Islas López.

Faltarían por conocer otros tres nombres de jueces que serán objeto de presiones para que dejen vacantes sus plazas.

De acuerdo con fuentes bien informadas indican que ya se tiene definido el tamaño del presupuesto para que sean exactamente 10 los jueces a los que “les corten la cabeza”, pero elegantemente se diga que ellos clamaron recibir su jubilación y luego, en una melosa ceremonia les entreguen un diploma, en medio de lágrimas, para fingir que a todos les duele que se vayan del Poder Judicial y al mismo tiempo, les reconozcan su aporte a la justicia en Puebla.

Los que evidenciaron toda esa farsa fueron Carlos Ramírez Nava y Rosa Celia Pérez González quienes, en junio de 2024, formaron parte de un grupo de 10 jueces a los que se les obligó –también– a solicitar su jubilación.

Ambos personajes se ampararon en contra del proceso de retiro. No se sabe en qué terminó su pelea jurídica, pero con esa solicitud de protección de la justicia federal dejaban claro que ellos nunca tuvieron la intención de terminar su vida laboral en el Poder Judicial poblano, sino que en términos reales los echaron.

En particular Carlos Ramírez Nava, quien tenía 38 años de servicio en el Poder Judicial, no solo se habría amparado contra la jubilación, sino se negó a acudir a una ceremonia en que el entonces gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, les entregó reconocimientos a los jueces que se jubilaron hace 10 meses.

Ramírez Nava el último día que laboró, grabó un video en Ciudad Judicial, rodeado del personal que lo acompañó en su última etapa de juez y ahí expresó:

“…la vida es un ciclo, llegó el momento de partir; dar oportunidad a la gente nueva para impartir justicia, como yo lo he hecho por 38 años… sin embargo, se tiene que hacer mucho para que se reconozcan nuestros derechos… Me voy, porque me tengo que ir”, dando a entender que él no quería su jubilación.

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