La ley actualiza la norma de 1992 y establece que las salas de cine deberán destinar al menos el 10% del tiempo total de exhibición a producciones mexicanas, con un mínimo de 14 días en cartelera (antes eran solo 7). También regula plataformas digitales y fortalece la protección de derechos de autor frente a las nuevas tecnologías.

“Es una de las primeras leyes que regulamos en el campo de la cultura”, destacó la secretaria Curiel.

El cine mexicano que sí ha funcionado con apoyo gubernamental

A lo largo de las últimas décadas, el Estado mexicano —a través delImcine, Foprocine, Fidecine, Eficin y Focine.— ha respaldado entre el 55% y el 80% de la producción nacional.

Gracias a estos fondos han surgido obras icónicas como Roma (Alfonso Cuarón, 2018, con apoyo de Eficine y nominada a 10 Oscar), Amores Perros (Alejandro González Iñárritu, 2000), Y Tu Mamá También (Alfonso Cuarón, 2001), y otras más como Miss Bala, El Violín, La Camarista y éxitos comerciales como La Dictadura Perfecta o Cantinflas.

Sin embargo, la realidad del cine mexicano sigue siendo desigual: mientras Hollywood (Warner, Disney, Universal y Sony) acapara entre el 80% y el 95% de la taquilla nacional en años recientes (solo 4.5% para producciones mexicanas en 2025), el público mexicano ha visto cómo muchas películas nacionales tienen una vida muy corta en las salas.

Con la nueva ley y los 14 días obligatorios de permanencia, la expectativa es clara: queremos más y mejor cine mexicano. Como audiencia exigimos calidad, historias que nos representen y producciones que justifiquen el mayor tiempo en cartelera.

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El funcionario señaló que ya existen acercamientos con la empresa y que el próximo 26 de febrero se llevará a cabo una reunión con Tiendas Chedraui, en la que participarán productores poblanos con el objetivo de avanzar en la exhibición y venta de sus productos directamente en anaquel.

Además de Chedraui, el Gobierno estatal mantiene conversaciones con plataformas digitales para ampliar los canales de comercialización. Entre ellas se encuentra Mercado Libre, con la que está programada una reunión el próximo martes, así como otras tres o cuatro plataformas adicionales. También se prevé trabajar con Shein, particularmente para la venta de calzado y calcetines elaborados en la región de Tehuacán y Tepeyahualco.

De acuerdo con el secretario, esta apertura a nuevos mercados es resultado del fortalecimiento de los procesos productivos, lo que ha permitido a los productores cumplir con estándares de calidad, logística y abasto continuo. Explicó que uno de los principales retos para ingresar a grandes cadenas y plataformas era garantizar volúmenes suficientes, ya que no se busca colocar productos de manera temporal y después quedar fuera por falta de resurtido. En ese contexto, indicó que se trabaja en esquemas logísticos que aseguren la distribución permanente.

El planteamiento, dijo, es aprovechar que los productores ya están en condiciones de responder a la demanda de centros comerciales y plataformas digitales, algo que no era viable en etapas anteriores, cuando no se contaba con la capacidad operativa necesaria para sostener la comercialización a gran escala.

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La advertencia, emitida por la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, podría dejar a unos siete mil taxistas sin trabajo a partir de diciembre, cuando vence el contrato actual.

En conferencia de prensa, Tanús Osorio fue clara: “La condición primordial para que Uber pueda seguir operando en Puebla es reconocer a sus conductores como trabajadores y otorgarles la filiación al IMSS, tal como lo establece la legislación federal y local”.

La funcionaria enfatizó que, de no cumplirse este requisito, el permiso no se renovará el 15 de diciembre, lo que implicaría el retiro permanente de la autorización para circular en el estado.

“Uber y DiDi son las únicas plataformas autorizadas legalmente aquí; las demás son piratas y generan competencia desleal”, agregó.

Tanús Osorio reiteró que Uber puede seguir operando mientras cumpla con la normativa, pero dejó en claro que “no habrá excepciones”. La SMyT llamó a la ciudadanía a evitar apps no reguladas y a reportar irregularidades para “proteger el transporte seguro”.

El ultimátum se enmarca en la reforma laboral impulsada por el Gobierno federal a finales de 2024, que obliga a las plataformas digitales a registrar a sus colaboradores como empleados formales si superan un umbral mínimo de ingresos mensuales, equivalente al salario mínimo general en la zona, unos 8 mil 364 pesos en Puebla tras deducciones por uso de la app.

Esta medida busca garantizar prestaciones como seguro médico, atención por riesgos de trabajo y acceso a servicios del IMSS, beneficiando a repartidores y conductores de apps como Uber, DiDi y Rappi. Sin embargo, Uber ha argumentado en respuestas previas que muchos de sus socios en Puebla no alcanzan los 20 mil pesos brutos mensuales requeridos para una inscripción obligatoria, lo que explicaría la baja en registros masivos ante el instituto.

La noticia ha generado revuelo en redes sociales, donde usuarios y choferes expresan preocupación por el impacto en la movilidad urbana. Con el plazo aproximándose, choferes y repartidores esperan una resolución que equilibre derechos laborales y continuidad de sus ingresos.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la advertencia de la SMyT, aunque ha promovido amparos contra medidas similares en el pasado.

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Foto: Especial

La Policía Estatal Cibernética detectó que delincuentes utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para ofertar empleos con salarios altos, horarios flexibles o atractivos beneficios, esto con el fin de engañar a las personas y cometer delitos como privación ilegal de la libertad, extorsión, fraude, robo de información o involucrarlas en actividades ilícitas.

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A fin de prevenir situaciones de riesgo, la Secretaría de Seguridad Pública hace un llamado a las y los poblanos para tomar en cuenta lo siguiente:

• Buscar detalles sobre la empresa o el empleo ofrecido
• Desconfiar de la falta de contrato o de información
• No acudir a entrevistas en lugares desconocidos
• No aceptar traslados a otras ciudades o estados
• Evitar proporcionar datos personales o de familiares

Para reportar perfiles, cuentas o mensajes sospechosos y recibir orientación de la Policía Estatal Cibernética, la ciudadanía puede llamar al número 22-22-13-81-11, el cual está habilitado las 24 horas.

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