El caso, que derivó en una inhabilitación de 20 años y una multa por más de 362 millones de pesos, se considera una de las sanciones más severas impuestas en la historia reciente del estado. La resolución judicial confirma la responsabilidad directa de Castro Corro en la inversión irregular de más de 600 millones de pesos del erario en Banco Accendo, una institución que terminó en quiebra meses después.

El gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier ha insistido en que en Puebla “nadie está por encima de la ley”, al subrayar que las acciones emprendidas por el Poder Judicial se realizan “sin persecución, pero sin omisiones”. De acuerdo con fuentes oficiales, la administración actual mantiene abiertas diversas investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo financiero del sexenio anterior.

En contraste, el entorno político del fallecido gobernador Miguel Barbosa ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso, pese a la relevancia mediática y el impacto político que ha generado. Rosario Orozco Caballero, quien fue una de las figuras más visibles del llamado barbosismo, no ha emitido comentario alguno tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Este silencio ha sido interpretado como un intento de evadir la responsabilidad moral o política por los actos de corrupción documentados durante el mandato de su esposo, quien solía presentar a Castro Corro como “una mujer incorruptible” y “ejemplo de funcionaria pública”.

Lee aquí la nota completa sobre la falta de pronunciamiento de Rosario Orozco:

Calla Rosario Orozco ante corrupción probada en el gobierno de Barbosa y macro sanción a Castro Corro

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En una comparecencia ante medios, la fiscal general detalló que la FGE continúa con la integración de las carpetas y que varias personas están siendo investigadas en relación con este caso, que se originó durante el sexenio del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.

“En la integración de nuestra carpeta sobre el tema de Accendo Banco tenemos registradas varias personas involucradas en esta investigación”, afirmó.

El caso ya cuenta con un precedente en el Poder Judicial del Estado de Puebla, donde la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, fue declarada responsable de faltas graves, específicamente por desvío de recursos públicos y abuso de funciones, relacionadas con la inversión en el banco que meses después se declaró en bancarrota.

🏦🔎 #ATiempo
Habría más personas implicadas en el caso de Accendo Banco, y la investigación sigue su curso, esto de acuerdo con el expediente que hay en la @FiscaliaPuebla, informó la titular, @idamis35. pic.twitter.com/krmQU4poTO

— A Tiempo Noticias (@atiemponot) October 28, 2025

El cargo Va Fiscalía de Puebla contra más implicados barbosistas en inversión fallida de 600 mdp en Accendo Banco apareció primero en Reto Diario.

En entrevistas por separado, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, y la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, coincidieron en que no existen evidencias documentales ni registros presupuestales que confirmen la adquisición o implementación de dicha herramienta de vigilancia.

“Estamos rezagados en la actualización de los equipos; es como los celulares, van avanzando y nosotros necesitamos ponernos al día”, declaró Sánchez González.

El titular de la SSP agregó que, aunque al inicio de su gestión escuchó versiones sobre la posible existencia de sistemas de intercepción de llamadas, no se ha encontrado ningún documento que respalde su uso o adquisición.

Por su parte, la titular de Finanzas, Josefina Morales, señaló que no hay registro de erogaciones relacionadas con Pegasus en el presupuesto estatal. Sin embargo, reconoció que existe una partida clasificada como “acciones de carácter estratégico”, que en ocasiones no detalla con precisión el destino de los recursos, lo que podría dificultar el rastreo directo de gastos en tecnología de vigilancia.

La funcionaria señaló que, de haberse realizado alguna contratación de este tipo en el pasado, pudo haberse manejado bajo criterios de confidencialidad, lo que dificultaría su rastreo directo en los documentos oficiales.

Hasta el momento, el Gobierno estatal sostiene que no hay indicios oficiales del uso de Pegasus en Puebla, y ha reiterado su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la legalidad en el uso de tecnologías de seguridad.

El cargo Autoridades de Puebla descartan uso del software Pegasus; no hay registros ni evidencia oficial apareció primero en Reto Diario.