El dictamen fue avalado con 377 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, frente a más de un centenar de votos en contra del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Con esta aprobación, la reforma avanza a la discusión en lo particular, donde se prevé la presentación de más de 130 reservas por parte de legisladores.

El Plan B electoral contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de reducir costos en ayuntamientos y congresos locales, así como establecer límites a las percepciones de consejeros y magistrados electorales, evitando que superen el salario del titular del Ejecutivo federal.

Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la iniciativa al señalar que promueve la austeridad y una mayor equidad en el sistema democrático, además de representar un avance dentro de los principios de la llamada Cuarta Transformación. También acusaron a la oposición de obstaculizar cambios previos en materia electoral.

En contraste, diputados del PAN y PRI cuestionaron la pertinencia de la reforma, al considerar que no responde a las principales demandas ciudadanas. Entre los señalamientos, destacaron que temas como la inseguridad, la salud y el crecimiento económico no están siendo atendidos, y calificaron el Plan B como un distractor.

El debate en el pleno estuvo marcado por intercambios de acusaciones y confrontaciones verbales, reflejando la polarización en torno a la reforma electoral. Mientras el oficialismo insistió en la necesidad de reducir privilegios y gastos, la oposición sostuvo que la propuesta tiene un impacto limitado y no resuelve problemas estructurales.

Tras más de cuatro horas de discusión, el dictamen fue aprobado en lo general sin modificaciones respecto a la minuta enviada por el Senado. Ahora, el proceso legislativo continuará con el análisis en lo particular, donde se definirán posibles ajustes o la ratificación del proyecto en sus términos actuales.

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Lo anterior se da luego de que el Senado de la República aprobara el pasado 25 de marzo, con diversas modificaciones, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Al respecto, el presidente de la Jugocopo expresó:

“Todo lo que salga de relevancia y de armonizaciones federales las y los diputados, platicamos con ellos, estamos dispuestos a sesionar extraordinariamente en cualquiera de los casos”, dijo, al subrayar la disposición del Poder Legislativo para atender temas prioritarios.

El cargo Congreso de Puebla no descarta sesión extraordinaria para analizar el “Plan B” electoral apareció primero en Reto Diario.

El tema surgió luego de que la mandataria federal expusiera durante su conferencia matutina del 12 de marzo una serie de medidas para reducir gastos y privilegios en los congresos locales y gobiernos municipales, tras el rechazo en la Cámara de Diputados de la reforma electoral promovida por el Ejecutivo.

Entre los planteamientos destaca la posibilidad de disminuir el número de regidores y establecer límites a los recursos destinados a legisladores locales y representantes municipales. Según explicó la presidenta, los recursos que se ahorren permanecerían en manos de los gobiernos estatales y municipales para atender necesidades prioritarias de la población.

Sheinbaum también cuestionó que en algunos municipios exista una cantidad elevada de regidores, así como los salarios y prestaciones que reciben, por lo que planteó revisar el tamaño de estos órganos como parte de una política de austeridad.

En el caso de Puebla capital, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, consideró que el planteamiento puede discutirse, aunque subrayó que cualquier ajuste debe cuidar que no se afecte la representación política dentro del Cabildo.

El funcionario recordó que anteriormente el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso reducir estos espacios hasta en un 50 por ciento, una medida que calificó como demasiado radical, por lo que planteó que el análisis actual busque un punto medio entre austeridad y representación democrática.

Desde la oposición, la regidora panista Guadalupe Arrubarrena expresó su desacuerdo con la idea de reducir regidurías, al considerar que podría concentrar las decisiones en menos manos y restar pluralidad a la integración del Cabildo.

Arrubarrena señaló que la presencia de diferentes fuerzas políticas en el gobierno municipal permite generar contrapesos en la toma de decisiones, por lo que recortar estos espacios podría debilitar dichos equilibrios.

En tanto, la regidora Georgina Ruiz Toledo pidió analizar con mayor profundidad el impacto que una medida de este tipo tendría en el funcionamiento del Cabildo y en la representación ciudadana antes de tomar una postura definitiva.

“Se tiene que revisar cuál sería el impacto real; yo no soy una cuota política”, afirmó.

Además de la posible reducción de regidurías, la propuesta presentada por la presidenta incluye impulsar consultas populares en temas electorales y acortar los plazos para promover procesos de remoción de mandato, iniciativas que aún deberán ser discutidas y eventualmente aprobadas en el ámbito legislativo.

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