Durante el panel “Habitar la ciudad con espacios seguros, accesibles y resilientes”, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, compartió las estrategias implementadas para incorporar la perspectiva de género en la construcción de una ciudad más segura e incluyente.

La funcionaria señaló que para muchas mujeres el miedo continúa siendo un obstáculo que limita su movilidad, el acceso a oportunidades y su participación en la vida pública, por lo que se han impulsado mecanismos orientados a brindar atención y protección de manera cercana a la ciudadanía.

Uno de los programas destacados fue Punto Seguro, una red de establecimientos que funcionan como espacios de resguardo inmediato para mujeres que enfrentan situaciones de riesgo, acoso o violencia.

Actualmente, la capital poblana cuenta con 329 Puntos Seguros distribuidos en distintos puntos del municipio, incluyendo juntas auxiliares y zonas periféricas. Además, durante sus primeros siete meses de operación, la estrategia registró 34 activaciones para brindar atención y acompañamiento a mujeres que solicitaron apoyo.

Durante su participación, Zaira González también presentó el micrositio Mujeres Imparables, una plataforma digital con perspectiva de género que concentra servicios de atención, opciones de capacitación, herramientas informativas y recursos para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

De acuerdo con la información expuesta, esta herramienta ha superado las 20 mil 500 consultas ciudadanas en apenas cuatro meses de funcionamiento, consolidándose como un canal para acercar información, orientación y oportunidades a las poblanas.

La titular de la Secretaría de las Mujeres destacó que tanto Punto Seguro como Mujeres Imparables son estrategias de bajo costo, alto impacto y fácil replicación, al combinar el uso de la tecnología, la colaboración con establecimientos y una atención centrada en las necesidades de las mujeres.

Asimismo, afirmó que la experiencia de Puebla demuestra que la construcción de ciudades más seguras para las mujeres no depende únicamente de grandes proyectos de infraestructura, sino también de la creación de redes de protección, acceso a la información y mecanismos de atención accesibles.

Con esta participación en el Smart City Expo LATAM Congress 2026, el Ayuntamiento de Puebla reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad, la inclusión y el bienestar de las mujeres.

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Con esta propuesta legislativa se establece la implementación de medidas tendientes a la prevención, detección, autoprotección y denuncia de casos de violencia, conductas ilícitas o consumo de sustancias nocivas para la salud dentro de los planteles educativos y su entorno.

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También se considera la importancia de analizar el contexto escolar y los supuestos que pudieran presentarse en cada plantel educativo para la aplicación de mecanismos y estrategias que permitan reducir y evitar riesgos, así como garantizar la integridad y la seguridad integral de la comunidad escolar.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue elaborado aplicando el principio de concentración, con las propuestas legislativas presentadas por el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina y la diputada Modesta Delgado Juárez.

Por otra parte, las integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado a que, de manera coordinada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diseñe, fortalezca e implemente la normatividad en materia de seguridad escolar.

El objetivo es que, conjuntamente con padres y madres de familia, así como con tutores de niñas, niños y adolescentes, y atendiendo el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, se fortalezcan los mecanismos de detección y se evite el ingreso de armas o cualquier objeto ajeno al entorno escolar que pudiera provocar daños a los bienes o a la integridad de estudiantes, docentes, directivos y personal de apoyo de los planteles educativos de los niveles básico, medio superior y superior de la entidad.

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El proyecto de acuerdo fue elaborado con las propuestas legislativas presentadas por la diputada Azucena Rosas Tapia.

A la sesión de la Comisión de Educación asistieron las diputadas Floricel González Méndez, Ana Laura Gómez Ramírez, María Fernanda de la Barreda Angon, María Soledad Amieva Zamora, Araceli Celestino Rosas y Angélica Patricia Alvarado Juárez.

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La iniciativa para reformar el artículo 27 y adicionar el artículo 27 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que, cuando el exceso en la legítima defensa se relacione con un contexto de violencia familiar o de género, la autoridad competente deberá valorar los hechos con perspectiva de género y enfoque contextual.

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Para tal efecto, deberá considerar, entre otros elementos, la existencia de antecedentes, indicios o contexto de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, digital, vicaria o de cualquier otra modalidad reconocida por la legislación aplicable, ejercida por la persona agresora, así como la situación de subordinación, dependencia, amenazas, control, aislamiento, riesgo, desigualdad de poder o vulnerabilidad en que se encontraba la persona que actuó en defensa.

Además, el miedo intenso, terror, confusión, sobresalto o alteración psicoemocional razonablemente derivada de la violencia sufrida; la existencia de una agresión actual o inminente, o de un riesgo real a partir del contexto de violencia previa o reiterada; la diferencia de fuerza física, edad, sexo, condición de discapacidad, estado de salud, embarazo, relación de dependencia, acceso a armas, entrenamiento, ventaja o cualquier otra circunstancia entre la persona agresora y la persona que actuó en defensa.

Asimismo, la existencia, insuficiencia, incumplimiento o ausencia de medidas de protección, así como la posible inacción institucional y los medios de prueba disponibles que permitan acreditar el contexto de violencia, sin que la ausencia de denuncia previa, medidas de protección o registros institucionales, impida su valoración.

En Tribuna y en representación de las diputadas promoventes, la legisladora Esther Martínez Romano puso énfasis en que esta propuesta no implica una exclusión automática de responsabilidad penal, ni exime a la autoridad competente de realizar la investigación, acreditación y valoración probatoria correspondiente conforme a la legislación aplicable, pues únicamente se establecen las bases para tomar en cuenta el contexto y juzgar con perspectiva de género.

“No se trata de justificar cualquier conducta, se trata de evitar que una persona sea juzgada sin que se conozcan las condiciones reales en las que pudo haber actuado”, indicó.

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Durante la presentación realizada en el Congreso del Estado, el auditor superior, Germán Reyna y Herrero, destacó que este modelo representa una evolución institucional orientada no solo a verificar el uso correcto de los recursos públicos, sino también a evaluar el impacto de las acciones gubernamentales en la reducción de brechas de desigualdad y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

“La fiscalización con perspectiva de género no es una formalidad; es una herramienta de transformación institucional y de política pública al servicio de la igualdad sustantiva”, expresó.

El titular de la ASE señaló que este nuevo enfoque permitirá generar información estratégica para la toma de decisiones públicas con un mayor sentido social y humano.

Durante el acto, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez reconoció el alcance del ejercicio y destacó la relevancia de que los órganos fiscalizadores impulsen políticas públicas más incluyentes y con mayor impacto social.

La ASE Puebla indicó que este informe marca un precedente en la fiscalización superior en el estado y consolida una visión de rendición de cuentas alineada con principios de innovación pública, derechos humanos y responsabilidad institucional.

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La asesoría jurídica de la familia informó que, en la audiencia del 27 de marzo de 2026, la defensa del imputado, Jorge Mario N., renunció a su caudal probatorio.

Esta acción es interpretada por las víctimas como una táctica para forzar un fallo basado en la insuficiencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y así obtener la libertad absoluta.

El caso, radicado desde mayo de 2018, ha estado marcado por controversias en la ejecución de medidas cautelares.

Foto: Anel Esgua / EsImagen

Pese a la gravedad del delito, el procesado obtuvo el beneficio de resguardo domiciliario y brazalete electrónico, argumentando padecimientos de salud.

La familia señala que estas facilidades procesales, sumadas a los cinco años que tardó en cumplirse la orden de aprehensión, representan una violación al acceso a la justicia con perspectiva de género.

La resolución definitiva podría dictarse tras la audiencia programada para el lunes 6 de abril.

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Durante el evento, se destacó la importancia de reconocer los aportes pedagógicos desde una perspectiva de género y de promover prácticas educativas libres de discriminación, entendiendo la educación como un eje fundamental para el desarrollo social y la justicia.

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En su intervención, Daniela Mier Bañuelos, titular de la Unidad para la Igualdad de Género, señaló que la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar realidades, ya que a través de ésta se transmiten conocimientos, valores y formas de comprender el mundo. Subrayó que hablar de educación implica necesariamente hablar de igualdad, inclusión y justicia social.

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Las obras presentadas invitan a analizar los procesos pedagógicos desde su evolución histórica hasta los desafíos contemporáneos, ofreciendo claves para comprender el impacto de distintas figuras y corrientes educativas en la formación de sociedades más equitativas.

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La propuesta legislativa, presentada por la diputada Guadalupe Yamak Taja, pretende evitar la revictimización, así como garantizar la protección, el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia en favor de este sector de la población.

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Estado a reforzar y ampliar los programas de capacitación y formación continua dirigidos a su personal en materia de interés superior de la niñez, violencia de género e impartición de justicia con perspectiva de género, con el fin de garantizar que cuenten con conocimientos suficientes y actualizados.

El exhorto, presentado por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, tiene como objetivo que se imparta justicia de manera adecuada e integral en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y mujeres poblanas.

Durante el análisis y dictaminación de este punto de acuerdo, la diputada Araceli Celestino Rosas subrayó que el acceso a la justicia no debe convertirse en una nueva forma de violencia. “Este exhorto representa nuestro compromiso con una Puebla más justa, más humana y más segura, donde los derechos humanos no sean un discurso, sino una realidad tangible en la vida de las familias poblanas”.

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A la sesión del órgano colegiado también asistieron las y los diputados Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, José Miguel Trujillo de Ita y Susana del Carmen Riestra Piña.

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Para ello, se tomarán en cuenta la existencia de antecedentes de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial ejercida por la persona agresora; así como la situación de subordinación, dependencia o riesgo en la que se encontraba la persona que actuó en defensa, entre otros.

La propuesta legislativa, que pretende adicionar el artículo 27 Bis al Código Penal del estado, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Por otra parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pável Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para adicionar el Código Penal del estado, con la finalidad de establecer que comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

La iniciativa, que propone adicionar la Sección VI al Capítulo Décimo Quinto, denominada “Del Transhomicidio”, del Código Penal del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Asimismo, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, con el objetivo de reforzar las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública para emitir lineamientos, protocolos y mecanismos de supervisión, asegurando que la coordinación con la seguridad privada se realice de manera ordenada, transparente y conforme a la ley.

Celia Bonaga Ruíz, diputada local de Pueb la por el PAN. Foto:_ Especial

La iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis respectivo.

De igual manera, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de crear un modelo de coordinación regulada entre las policías municipales y los servicios de seguridad privada en fraccionamientos, sin delegar funciones públicas ni privatizar la seguridad.

Para este fin, la iniciativa que propone reformar el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

En tribuna, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla, con el propósito de garantizar la salud mental como un derecho humano reconocido en la Constitución local, así como establecer las bases normativas para que el estado de Puebla fortalezca, de manera progresiva, la disponibilidad y distribución de personal especializado en salud mental.

Fedrha Suriano Corrales, diputada local de Puebla por Movimiento Ciudadano. Foto: Especial

La propuesta, que propone reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 9 y 10 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:

• Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente su libertad, dignidad e integridad física, psíquica y sexual, mediante la eliminación de disposiciones penales que resultan discriminatorias, anacrónicas y permisivas frente a la violencia sexual.

Elías Lozada Ortega, Celia Bonaga Ruíz, Elpidio Díaz Escobar y Ana Laura Gómez Ramírez, diputados de la LXII Legislatura del Congreso del estado de Puebla. Foto: Especial

La iniciativa, que busca derogar los artículos 301 y 301 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.

• Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, con el propósito de integrar el concepto de “impacto cero”, para que las autoridades competentes anulen o minimicen las afectaciones que puedan generar a los vecinos durante los procesos de construcción, lo que permitirá armonizar el desarrollo urbano con el derecho de la ciudadanía a un entorno seguro, ordenado y sostenible.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Desarrollo Urbano para su estudio correspondiente.

• Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega con la finalidad de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a los No Fumadores para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que la tolerancia para fumar se limite exclusivamente a las áreas al aire libre, así como establecer criterios estrictos que eviten la exposición involuntaria al humo de tabaco e impidan que dichos espacios sean de paso obligado o la única área disponible en los establecimientos.

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La iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud para su análisis procedente.

• Iniciativa de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el propósito de fortalecer el catálogo general de tipos de violencia previsto en la ley, a fin de reconocer expresamente la violencia digital, cibernética y aquella que se ejerce mediante el uso de Inteligencia Artificial, garantizando una protección acorde con la realidad social y tecnológica actual.

Para este fin, la propuesta legislativa que propone reformar la fracción I del artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

• Iniciativa de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de que la legislación contemple un lenguaje incluyente que garantice la pluralidad y evite requisitos que, aun de manera indirecta, limiten la participación política de sectores de la ciudadanía que forman parte activa de la vida pública del estado.

La iniciativa, que propone reformar el artículo 36 y derogar su fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis respectivo.

• Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar el Código Penal del estado, con el objetivo de adicionar una agravante al delito de amenazas cuando estas se dirijan a una comunidad educativa, lo que resulta una medida legislativa idónea y proporcional para reforzar la prevención y proteger el derecho a la educación en condiciones de seguridad.

El diputado propone reformar el artículo 290 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Para su estudio correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

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La titular de la dependencia, Zaira González, destacó que la atención integral: jurídica y psicológica, es una prioridad de la Secretaría de las Mujeres, ya que acompañar a las mujeres de forma cercana y profesional es clave para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.

La atención jurídica gratuita ofrece orientación legal en materias familiar, laboral, penal y otras áreas, proporcionando acompañamiento profesional y confidencial para que la ciudadanía conozca, ejerza y defienda sus derechos. Este servicio busca fortalecer la toma de decisiones informadas y el acceso efectivo a la justicia.

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De forma complementaria, la atención psicológica gratuita está orientada a brindar contención emocional, escucha activa y herramientas para la recuperación, reconociendo la salud mental como un eje fundamental para la reconstrucción de proyectos de vida libres de violencia, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

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Ambos servicios se ofrecen de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Avenida 25 Oriente número 803, colonia Ladrillera de Benítez, así como a través de atención telefónica y vía WhatsApp, con el objetivo de facilitar el acceso a las mujeres que lo requieran. Para solicitar atención o recibir mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 222 309 4600, extensión 6058, o enviar un mensaje vía WhatsApp al 221 639 9285.

Estas acciones forman parte de la política pública que impulsa el presidente municipal, Pepe Chedraui, orientada a consolidar una ciudad más justa, segura e incluyente, donde todas y todos cuenten con respaldo institucional y servicios dignos para el ejercicio pleno de sus derechos.

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La pena máxima prevista en el Código Penal del estado fue aplicada también a los coautores materiales del crimen: Jair Mauricio Domínguez, sobrino de López Zavala, y Silvestre Vargas Ramírez, sicario contratado desde Veracruz, quienes ejecutaron el ataque armado en el que Monzón fue baleada hasta en siete ocasiones mientras conducía su vehículo.

Además de la condena privativa de la libertad, el tribunal ordenó el pago de mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) como multa, tres mil UMAs por concepto de reparación del daño moral y mil 200 UMAs por indemnización, conforme a lo establecido en la legislación vigente. En el ámbito civil, las sanciones económicas individuales superan los 113 mil pesos, sin perjuicio de otras determinaciones que marque la ley.

La resolución judicial cierra un proceso que se extendió por más de tres años, caracterizado por alrededor de 80 audiencias, diversas estrategias dilatorias de la defensa, así como la constante presión de colectivos feministas y de la familia de la víctima, que exigieron justicia sin tregua desde el inicio del caso.

El tribunal acreditó que López Zavala planeó el crimen como represalia por las denuncias de pensión alimentaria y violencia familiar que Cecilia Monzón había interpuesto en su contra, al ser su expareja y padre de su hijo. La sentencia fue emitida por un juzgado especializado, bajo una estricta perspectiva de género, atendiendo los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Helena Monzón, hermana de la víctima y principal impulsora de la exigencia de justicia, calificó la resolución como “histórica”, al individualizar la responsabilidad de cada implicado y sentar un precedente contra la impunidad en casos de violencia machista ejercida por figuras de poder. Afirmó que este fallo “marca el camino que debe seguir la justicia en México”.

Organizaciones feministas y de derechos humanos celebraron el fallo como un parteaguas en la lucha contra los feminicidios en Puebla, destacando la solidez de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado. El caso de Cecilia Monzón impulsó además la aprobación de la llamada “Ley Monzón” en diversas entidades del país, que suspende la patria potestad a padres condenados por el feminicidio de la madre de sus hijos.

López Zavala, exfuncionario cercano al exgobernador Mario Marín y excandidato a la gubernatura de Puebla en 2010, permanecerá en prisión mientras se resuelven posibles recursos legales. La familia Monzón expresó alivio por una resolución que, aseguraron, honra la memoria de Cecilia y envía un mensaje claro de justicia para las mujeres.

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La titular de la dependencia recordó que actualmente, de las más de 20 mil personas que participan en los comités comunitarios, 67 por ciento son mujeres y la totalidad de las tesorerías están a cargo de poblanas. Abundó las mujeres no se quedan atrás, cuentan con las herramientas necesarias para su empoderamiento. “No solo se involucraron, sino que asumieron roles de liderazgo, demostraron confianza en sí mismas y evidenciaron su compromiso, responsabilidad y capacidad para administrar recursos públicos y generar bienestar en sus comunidades”, señaló.

Añadió que, acorde a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del Programa Becas de Conectividad se dio un paso decisivo para reducir la brecha que afecta a las estudiantes. Con una inversión histórica de 90 millones de pesos, se benefició a 78 mil 901 alumnas y alumnos de nivel medio superior y superior, de los cuales 56 por ciento son mujeres, quienes cuentan con acceso a telefonía e internet para fortalecer su formación académica.

Además, García Chávez detalló que, mediante el Programa de Coinversión Social, se destinaron 2 millones 500 mil pesos para apoyar 25 proyectos sociales, en beneficio de 2 mil 778 personas, de las cuales mil 586 son mujeres. Destacó la atención a 157 mujeres que vivieron situaciones de violencia, a quienes este programa brinda herramientas para recuperar su autonomía y reconstruir su proyecto de vida.

La secretaria de Bienestar reiteró que las mujeres de Puebla no están solas. El Gobierno del Estado de Puebla las acompaña con políticas públicas que generan igualdad de oportunidades, impulsan su liderazgo y permiten construir un futuro con justicia social, para que ninguna se quede atrás.

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El evento, convocado por la diputada Norma Estela Pimentel, contó con la presencia de las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Xel Arianna Hernández García, así como de la subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Pérez Bazán.

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En su testimonio, León relata que, tras sufrir agresiones físicas por parte de su expareja, incluyendo una golpiza, se defendió causándole únicamente rasguños menores, dada la diferencia física entre ambos. Sin embargo, afirma que su denuncia por violencia familiar no ha avanzado, mientras que la contradenuncia de su agresor fue integrada “con rapidez inusual” en solo un mes por la agente del Ministerio Público Karen Elizabeth Velazco Ortiz, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Entre las irregularidades señaladas por la afectada destacan:

• La desaparición de pruebas clave, como valoraciones médicas y psicológicas realizadas por la propia Fiscalía que acreditarían la violencia sufrida
• La pérdida de expedientes en juzgados de lo familiar
• Amenazas directas por parte del investigador José María Barragán Baruch, en una reunión donde también estuvo presente la fiscal Karla Michelle Salas, quien le habría advertido que si no aceptaba ciertas “recomendaciones” –presuntamente relacionadas con acuerdos de custodia favorables al exesposo–, se giraría la orden de aprehensión y le quitarían a su hijo

“Hoy corro el riesgo de ser privada de mi libertad por no ceder a lo que mi violentador quiere”, expresó María Fernanda León en el video, donde pide la intervención del gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Gobernación federal Citlali Hernández y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fiscalía de Puebla emite comunicado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emitió un comunicado oficial en respuesta a la denuncia pública de María Fernanda, donde asegura que la investigación relacionada con el caso se integra conforme a derecho y con perspectiva de género, al igual que todos los expedientes que involucran a mujeres.

La institución reconoce el derecho de la ciudadanía a usar medios de información para exponer sus casos, pero enfatiza que los asuntos jurídicos deben canalizarse por las vías oficiales establecidas. Precisa que aspectos desfavorables para la denunciante, como la orden de aprehensión emitida por un juez de control, son decisiones del órgano jurisdiccional y, por tanto, ajenas a las atribuciones de la Fiscalía.

El comunicado recuerda que, si alguna resolución no satisface a las partes, existen medios de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en la ley para impugnarlas.

Finalmente, la FGE reitera su compromiso con la atención y protección a las mujeres, destacando que desde la creación de los Centros Libre Casas Carmen Serdán se han atendido a más de 82 mil personas y otorgado 3 mil 924 medidas de protección, principalmente a mujeres.

Afirma estar abierta al diálogo y garantiza que toda investigación se conduce con legalidad, objetividad y respeto a derechos humanos.

Hasta el cierre de esta nota, María Fernanda León no ha respondido públicamente al posicionamiento de la Fiscalía.

El cargo “Se actuó con perspectiva de género”: Fiscalía de Puebla responde a denuncia de María Fernanda N apareció primero en Reto Diario.

La propuesta considera que la rapidez y la precisión en la movilización de recursos son factores importantes que determinan el mínimo de daños y la salvaguarda de vidas durante un desastre, por lo que la falta de un inventario actualizado y de una logística preestablecida puede generar retrasos fatales.

La iniciativa, que propone reformar las fracciones XIII, XIV y adicionar la XV y XVI al artículo 53 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, fue turnada a la Comisión de Protección Civil, para su estudio correspondiente.

Por otra parte, las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez, María Fernanda De la Barreda Angón, Beatriz Manrique Guevara, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Kathya Sánchez Rodríguez y los diputados Miguel Márquez Ríos y Jaime Natale Uranga presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de sustituir expresiones como “el gobernador”, “el magistrado”, “el ciudadano”, entre otras, por términos neutros e incluyentes como “la persona titular del Poder Ejecutivo”, “las diputaciones” o “la ciudadanía”. Con ello se avanza hacia un marco normativo con perspectiva de género y una legislación más accesible y democrática.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

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En su momento, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, y del Código Penal del Estado, con el objetivo de quitar el concepto de “perjuicio” de la definición de violencia vicaria, considerando la diferencia entre daño y perjuicio desde el punto de vista doctrinal. Puesto que el perjuicio es la ganancia legítima que se deja de obtener como consecuencia de un daño. Es así que el concepto de violencia vicaria hace referencia a daño que ya incluye, en su caso, al perjuicio.

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La propuesta fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio procedente.

Durante la sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

• Iniciativa del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con la finalidad de que las madres o padres de personas menores de 16 años que han sido diagnosticadas con cualquier tipo de cáncer, gozarán de una licencia por cuidados médicos para sus hijas e hijos, con la intención de que puedan acompañarles en sus correspondientes tratamientos médicos o de hospitalización

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para su estudio y resolución correspondiente.

• Iniciativa de la diputada Araceli Celestino Rosas para adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de diseñar e implementar políticas, programas y mecanismos integrales de prevención, supervisión y alerta temprana frente a prácticas fraudulentas o irregulares relacionadas con ofertas laborales, dando prioridad a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, así como garantizar el acceso a información clara, veraz y oportuna sobre oportunidades de empleo.

La propuesta legislativa pretende adicionar las fracciones LXV Bis al artículo 35 y la XXXIII Bis al artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

Para su estudio y resolución, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

• Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de eliminar cualquier apariencia de parcialidad y asegurar que las responsabilidades de la entrega-recepción se determinen conforme a derecho, bajo la conducción de una autoridad imparcial, técnica y legalmente competente, como lo es el Órgano Interno de Control

Para su estudio y resolución procedente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

• Punto de acuerdo del diputado Elpidio Díaz Escobar para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales a que ejecuten acciones coordinadas con la Secretaría de Salud para la atención de jaurías y animales en situación de calle. Se pretende reducir la incidencia de ataques de perros a humanos, sin que impliquen actos de maltrato o crueldad animal

Para su estudio respectivo, el exhorto fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales.

El cargo Promueve diputada Guadalupe Vargas iniciativa para fortalecer protección civil en municipios apareció primero en Reto Diario.