La propuesta establece que los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y en observancia de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, integridad, transparencia y rendición de cuentas que rigen el servicio público, fortalezcan sus mecanismos de evaluación, selección y designación de funcionarias y funcionarios.

Lo anterior, a efecto de que, previo a su contratación, nombramiento o incorporación a cualquier cargo, empleo o comisión, se realice una valoración integral de los antecedentes administrativos y de integridad pública de las personas aspirantes.

El exhorto contempla que, dentro de sus procesos de toma de decisiones en materia de contratación y designación de personal, consideren la existencia de investigaciones, procedimientos administrativos o procesos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito o cualquier conducta que pudiera comprometer la confianza pública, siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

La legisladora solicita que los tres niveles de gobierno impulsen políticas de integridad institucional, gestión de riesgos de corrupción y control interno que eviten prácticas que pudieran generar percepción de encubrimiento, simulación o reciclaje de perfiles cuya separación de un cargo público se encuentre vinculada con investigaciones por posibles responsabilidades administrativas graves o conductas de naturaleza penal relacionadas con el manejo de recursos públicos, privilegiando en todo momento la designación de perfiles idóneos, con probada capacidad técnica, ética y profesional.

El cargo Impulsa Delfina Pozos exhorto para fortalecer mecanismos de evaluación, selección y designación de personas servidoras públicas apareció primero en Reto Diario.

Mediante el exhorto, se solicita que dicho Poder analice y, en su caso, apruebe reformas a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, con el fin de incrementar la sanción privativa de libertad, así como establecer una sanción económica proporcional al beneficio obtenido, cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

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La legisladora precisa en el exhorto que, si bien la Ley General ya prevé la agravante al establecer que las penas se aumentarán de siete a 17 años de prisión y se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, e inhabilitación hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta; resulta indispensable fortalecer el marco normativo al incrementar la pena privativa de libertad, así como al establecer sanciones económicas proporcionales al beneficio obtenido, cuando el delito se comete por una persona servidora pública, considerando la afectación a las instituciones.

“Esta agravante resulta congruente con el principio de proporcionalidad penal y con los estándares comparados en materia de combate a la corrupción y delitos cometidos por personas funcionarias y servidoras públicas, con lo que se pretende lograr un efecto disuasivo”, precisa el punto de acuerdo.

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