Lo anterior lo informó este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, quien confirmó que la petición será dirigida al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla explicó que el presunto líder criminal, actualmente recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez, es considerado un interno de alta peligrosidad, por lo que mantenerlo en una cárcel estatal de mediana seguridad implica riesgos operativos y de gobernabilidad para el estado.

Sánchez González señaló que trasladarlo fuera de Puebla sería una medida conveniente para la entidad, debido al perfil criminal del detenido y a las posibles implicaciones de mantenerlo dentro del sistema penitenciario local.

“El Bukanas” es identificado desde hace años como uno de los principales generadores de violencia en la zona del llamado Triángulo Rojo, región marcada históricamente por el robo de combustible, actividades delictivas y disputas criminales.

Sánchez González no detalló plazos específicos para realizar la solicitud ni para concretar el traslado.

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El operativo fue ejecutado de manera conjunta por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad durante el traslado del presunto delincuente.

Para el despliegue, se utilizó un helicóptero de la Policía Estatal, así como vehículos blindados en tierra, lo que permitió reforzar la vigilancia y mantener el control en todo momento.

Junto con “El Bukanas” también fueron trasladados seis presuntos cómplices identificados como Saúl N., alias “El Fósil”; Efrén N., alias “El Marañón”; Juan Antonio N., alias “Charo”; Gerardo N.; Juan Carlos N. y Favián N.

De acuerdo con información oficial, la operación se llevó a cabo “de manera ordenada, segura, sin incidentes y con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla”.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de coordinación interinstitucional para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en el estado, con el propósito de garantizar la tranquilidad de las familias poblanas.

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El operativo se realizó con estricto respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, con el objetivo de garantizar la tranquilidad al interior de los centros penitenciarios en la entidad.

Foto: Especial

De acuerdo con la información oficial, estas acciones interinstitucionales continuarán de manera periódica, como parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema penitenciario en Puebla.

El Gobierno del Estado reiteró que este tipo de operativos forman parte de una política integral orientada a consolidar instituciones con controles eficaces y condiciones que garanticen la gobernabilidad.

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De acuerdo con la dependencia, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del material, se instruyó a las áreas competentes a realizar las indagatorias correspondientes para verificar la autenticidad de las grabaciones y esclarecer los hechos. El objetivo, puntualizó, es deslindar responsabilidades con apego a la ley y garantizar un proceso basado en la imparcialidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

La SSP reiteró que no tolerará conductas que contravengan los principios de legalidad, el respeto a los derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza. En ese sentido, advirtió que, en caso de confirmarse irregularidades, se procederá con firmeza contra quien o quienes resulten responsables.

Asimismo, la dependencia informó que recientemente se llevó a cabo el relevo en la dirección del penal de Tepexi de Rodríguez, por lo que, de manera paralela, se han reforzado los mecanismos de supervisión y los protocolos de actuación del personal.

Estas acciones, indicó la SSP, buscan garantizar condiciones dignas, seguras y en apego a la normatividad vigente para todas las personas privadas de la libertad, en medio de un contexto de revisión institucional tras la difusión del material audiovisual.

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La detención fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) a las afueras del centro penitenciario, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado ordenara la noche del jueves su liberación inmediata, presuntamente por irregularidades procesales o amparos en curso.

Al salir del penal, agentes ministeriales de la FGE cumplieron la nueva orden de aprehensión en su contra por abuso de autoridad y falsificación de documentos.

La reaprehensión es el último episodio de uno de los casos judiciales más seguidos en Puebla en los últimos años, que involucra a tres hermanos exalcaldes de municipios de la región centro-oriente del estado.

El 7 de marzo de 2025, en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, fueron detenidos Uruviel González Vieyra, exalcalde de Chalchicomula de Sesma, y Giovanni González Vieyra, exedil de Tlachichuca. Ramiro logró evadir esa detención con el respaldo de pobladores de San Nicolás Buenos Aires.

Fue capturado finalmente el 29 de mayo de 2025 en la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, durante una audiencia judicial, pese a contar con al menos 14 amparos promovidos por su defensa. Las autoridades lo señalaron entonces por delitos contra la salud vinculados con posesión de narcóticos, además de otras investigaciones en curso.

En junio de 2025, el Congreso del Estado aprobó con 38 votos la desaparición del Ayuntamiento de San Nicolás Buenos Aires, ante la detención del alcalde y su solicitud de licencia, y tras reportes de deudas dejadas por la administración en servicios públicos.

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De acuerdo con la información oficial, las personas trasladadas fueron identificadas como generadoras de violencia de alto impacto y posibles desestabilizadoras del orden, por lo que la medida busca prevenir incidentes y reducir riesgos al interior del penal. La reubicación también tiene como finalidad mejorar la capacidad operativa del Cereso regional y asegurar condiciones adecuadas de seguridad y estabilidad.

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El operativo se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y con respeto a los derechos humanos, priorizando en todo momento la integridad de las personas trasladadas y del personal participante. La movilización se llevó a cabo en completo orden.

En el dispositivo participaron más de 80 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), la Policía Auxiliar y la Dirección de Vialidad Municipal. Además, el helicóptero del Gobierno del Estado brindó seguimiento aéreo al despliegue por tierra.

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La acción forma parte de los acuerdos establecidos en la mesa de coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

El gobierno municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado con la administración estatal dirigida por Alejandro Armenta Mier, a fin de consolidar acciones firmes, legales y responsables en favor de la seguridad, gobernabilidad y paz social en San Pedro Cholula.

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La decisión se tomó tras diversas denuncias por irregularidades en el manejo de ambos centros penitenciarios y hechos recientes que pusieron en entredicho la seguridad interna. Uno de los incidentes más graves fue el suicidio de un interno en el penal de San Miguel, ocurrido durante un recorrido de rutina. El caso activó protocolos internos y una revisión de los procedimientos de salud mental y vigilancia.

En el penal de Tepexi de Rodríguez, un reo agredió con un arma punzocortante a dos custodios, lo que también encendió las alarmas. Además, en julio se realizaron dos operativos en menos de una semana, donde se decomisaron más de 50 objetos prohibidos, incluidos celulares, videojuegos, armas hechizas, bocinas y bebidas fermentadas.

El secretario de Seguridad Pública detalló que no solo fueron destituidos los directores, sino también parte del personal operativo, como parte de una estrategia para fortalecer el control y la gobernabilidad en los centros penitenciarios del estado.

Actualmente, la SSP evalúa nuevos perfiles para designar a los próximos titulares de estos penales, quienes deberán afrontar una de las tareas más complejas del sistema de justicia: garantizar la seguridad, el orden y el respeto a los derechos humanos al interior de las cárceles.

Francisco Sánchez aseguró que se mantendrá una vigilancia constante para evitar la formación de autogobiernos y reforzar las revisiones durante las visitas, ante el riesgo de ingreso de objetos ilícitos.

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Personal de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios revisó diversas áreas, en las que con apoyo de Policías Estatales Custodios, aseguró seis instrumentos punzocortantes, un martillo y una resistencia.

También se decomisó varilla, cables, envases con líquido fermentado, entre otros objetos de metal y plástico.

Con esta segunda intervención efectuada en menos de una semana, el Gobierno Estatal refrenda su compromiso de garantizar un sistema penitenciario ordenado.

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