El fiscal Jeff Gray explicó que Robinson habría actuado de forma intencional y consciente al disparar contra Kirk en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), el pasado miércoles. Además, se le acusa de poner en riesgo la vida de terceros, incluidos menores que se encontraban en el lugar.

La Fiscalía sostiene que el ataque tuvo un trasfondo ideológico y político, ya que Robinson habría elegido a su víctima por sus posturas públicas. Entre los cargos adicionales se incluye disparar un arma de fuego causando lesiones graves, obstrucción a la justicia al ocultar el rifle y su ropa tras el crimen, y manipulación de testigos al ordenar a un conocido borrar mensajes incriminatorios y guardar silencio ante la policía.

Las investigaciones revelaron que el ADN de Robinson fue hallado en el rifle utilizado, así como en una toalla y un destornillador abandonados en el lugar del ataque. También se encontraron casquillos con marcas coincidentes en su domicilio, junto con dianas perforadas por balas.

Robinson fue detenido el viernes pasado y, aunque se entregó a las autoridades, no ha cooperado con los investigadores. Está previsto que comparezca este martes por la tarde ante el Cuarto Distrito Judicial de Utah, donde se le informará formalmente de los cargos y se le asignará defensa legal.

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Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reafirmó la posición histórica del Estado mexicano en contra de la pena capital, sin importar la gravedad del delito. “Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos”, declaró.

La mandataria aclaró que esta postura no responde a simpatías personales ni a la naturaleza de los acusados, sino a un principio de política pública sustentado en el marco jurídico mexicano y en los tratados de extradición vigentes entre México y Estados Unidos. En ellos se establece el principio de reciprocidad, lo cual impide que los extraditados mexicanos enfrenten la pena máxima en territorio estadounidense.

Sheinbaum enfatizó: “No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente. Nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte”.

El martes 5 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no buscará la ejecución de los mencionados narcotraficantes, todos ellos con antecedentes penales y procesos judiciales abiertos por delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y crimen organizado.

Ante preguntas sobre la posibilidad de acuerdos judiciales como el alcanzado con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Sheinbaum indicó que su administración no tiene información oficial sobre negociaciones similares para ‘El Mayo’, Caro Quintero o Carrillo Fuentes.

“No sabemos qué acuerdo tengan con esta persona [Ovidio Guzmán]… no es público”, aclaró. También puntualizó que su gobierno no tiene conocimiento de una posible liberación: “No tenemos ninguna información que indique que lo vayan a liberar”.

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La notificación fue entregada al juez Brian Cogan, quien lleva el caso de Zambada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. La decisión refuerza las versiones de que “El Mayo” podría estar negociando un acuerdo de colaboración con el gobierno estadounidense, posiblemente como testigo protegido en juicios contra otras figuras relevantes del Cártel de Sinaloa.

Ismael Zambada, acusado de narcotráfico, uso de armas y conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de fentanilo, fue entregado a autoridades de EE.UU. en julio de 2024, en un vuelo privado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Este traslado, aún sin explicación oficial, generó especulación sobre una entrega pactada.

Por su parte, Rafael Caro Quintero fue extraditado en febrero de 2025, junto con otros 28 sospechosos. Es acusado de múltiples delitos, entre ellos el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Mientras tanto, Carrillo Fuentes, fundador del Cártel de Juárez, permanece preso en Nueva York desde febrero y enfrenta cargos por tráfico de drogas a gran escala.

Aunque los tres narcotraficantes se han declarado no culpables, el hecho de que no se les aplique la pena capital abre la puerta a posibles acuerdos judiciales. En el caso de Zambada, su próxima audiencia está programada para el 25 de agosto, momento en el que podrían definirse los términos de su posible colaboración con las autoridades de EE.UU.

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El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, aceptó la moción presentada por la fiscalía y la defensa de Zambada, quienes solicitaron una prórroga de 60 días para continuar con las negociaciones. La audiencia estaba programada originalmente para el 16 de junio, pero se pospuso debido a la complejidad del caso y a que aún se evalúa si el gobierno federal pedirá o no la pena capital.

Zambada, de 77 años, enfrenta 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. La fiscalía estadounidense considera que, si el capo se declara culpable, podría librar el juicio y transformarse en testigo protegido, lo que representaría un golpe significativo contra el crimen organizado en México.

Intercambio de pruebas y posible acuerdo

Según documentos judiciales, las partes ya intercambiaron pruebas y discuten una posible resolución del caso sin llegar a juicio, lo que refuerza las versiones sobre un acuerdo de cooperación. De concretarse, “El Mayo” Zambada evitaría una sentencia a muerte, pero a cambio debería colaborar con información clave sobre el funcionamiento del cártel, las redes de corrupción en México y el tráfico de drogas a nivel internacional.

El narcotraficante fue detenido en julio de 2024, tras arribar en un avión civil a un aeropuerto de Nuevo México, en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Aunque se presume que su entrega fue pactada, Zambada asegura haber sido secuestrado y ha solicitado su repatriación a México, intento que hasta ahora ha sido rechazado.

Su abogado, Frank Pérez, sostiene que su cliente está dispuesto a declararse culpable si eso le permite evitar la pena máxima. Mientras tanto, el gobierno estadounidense continúa evaluando la pena de muerte como posible castigo.

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Conocido como “El Güero”, Guzmán López fue detenido el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de El Paso, Texas, al arribar en una avioneta junto a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Su captura fue parte de una operación clave del gobierno estadounidense, que ofrecía 15 millones de dólares por información que llevara a su arresto.

La fiscalía no dio detalles sobre las razones detrás de la decisión, pero esta se interpreta como parte de un posible acuerdo judicial, similar al que seguiría su hermano Ovidio Guzmán. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido transparencia sobre este tipo de negociaciones.

El Departamento de Justicia mantiene acusaciones contra ambos capos por dirigir operaciones criminales internacionales, incluyendo redes de tráfico de fentanilo. Por ahora, Guzmán López se ha declarado inocente, mientras su defensa permanece en silencio ante los medios. La decisión final dependerá del juicio que continúa desarrollándose en Estados Unidos.

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