La propuesta establece que a quien abandone u omita cuidados a una niña, niño o adolescente incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona adulta mayor, a una persona enferma o a una persona con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarlos y poniendo en riesgo su integridad, su salud o su vida, se le impondrá una pena de tres meses a cinco años de prisión.

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Además, se le privará del derecho de heredar, de la patria potestad o de la tutela, en caso de ejercer alguno de estos cargos. Asimismo, la propuesta legislativa señala que, si del abandono u omisión de cuidados resultara la muerte o lesión de la víctima, se aplicarán las penas correspondientes por los delitos de homicidio o lesiones, ambos calificados, de acuerdo con el grado que corresponda.

En los considerandos de la iniciativa, el diputado menciona que fortalecer la regulación del delito de abandono permite que el Estado reafirme que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad constituye una prioridad jurídica y ética.

También señala que esta reforma envía un mensaje claro sobre la importancia de los deberes de cuidado, la solidaridad familiar y la responsabilidad hacia quienes dependen de la asistencia de otras personas, al considerar que una sociedad verdaderamente justa no puede permanecer indiferente frente al abandono o la omisión de cuidados de quienes requieren protección especial.

El diputado Jaime Alejandro Aurioles subraya que “el abandono y la omisión de cuidados de personas en situación de vulnerabilidad constituyen una de las conductas más graves de incumplimiento de los deberes de cuidado y solidaridad que exige la convivencia social”, por lo que merecen una protección jurídica reforzada frente a cualquier conducta que ponga en riesgo su integridad, su salud o su vida.

El cargo Diputado Jaime Aurioles propone fortalecer sanciones por abandono u omisión de cuidados de personas en situación de vulnerabilidad apareció primero en Reto Diario.

La propuesta para adicionar el inciso e) a la fracción IV del artículo 628 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla expone que la mendicidad forzada se considera una forma de explotación infantil y ocurre cuando niñas, niños o adolescentes son obligados, manipulados o inducidos a pedir dinero, comida u otros bienes en la vía pública u otros espacios, en beneficio de un tercero.

Además, se indica que el trabajo infantil es una agresión a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, e impide el disfrute pleno de sus derechos humanos; en especial obstaculiza su asistencia o permanencia en la escuela y reduce su rendimiento en ella.

A través de la iniciativa, el diputado pone énfasis en que las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral, motivo por el que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

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