El mandatario señaló que, aunque existen derechos políticos consagrados que permiten a las personas participar en procesos electorales, también corresponde a las autoridades aplicar la ley cuando haya indicios de posibles delitos.

Armenta explicó que pedirá a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a las áreas ministeriales que cualquier presunción de actos delictivos vinculados con personas que busquen competir en elecciones sea comunicada formalmente a los partidos.

De acuerdo con el gobernador, si después de recibir esa información un partido decide mantener o registrar a un candidato señalado por presuntas conductas ilícitas, la responsabilidad recaerá directamente en esa fuerza política.

El mandatario afirmó que la medida busca establecer orden en los procesos electorales y evitar que personas con señalamientos penales lleguen a las candidaturas.

“Si con esa presunción de conducta delictiva un partido insiste en registrar a un candidato, la carga de la responsabilidad la va a tener ese partido político”, declaró.

Armenta añadió que su gobierno mantendrá vigilancia sobre las reformas electorales que puedan impulsarse en Puebla y reiteró que la prioridad será garantizar el cumplimiento de la ley durante los procesos políticos en la entidad.

El cargo Alejandro Armenta pedirá a la Fiscalía informar a partidos sobre aspirantes con presuntos delitos apareció primero en Reto Diario.

El funcionario sostuvo que ese documento únicamente certifica la inexistencia de una sentencia firme, pero no descarta posibles vínculos, relaciones o antecedentes que no hayan derivado en una resolución judicial. Por ello, advirtió que basar la definición de candidaturas únicamente en ese requisito administrativo es insuficiente.

García Parra hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que revisen con mayor rigor los perfiles que buscarán postular. Recordó que en octubre se instalará el Consejo General del Instituto Electoral, lo que marcará el inicio formal del proceso electoral, y pidió actuar con responsabilidad desde ahora.

“Es un exhorto respetuoso para revisar, analizar y escuchar al pueblo”, expresó, al señalar que en los municipios la ciudadanía conoce quiénes mantienen relaciones o antecedentes cuestionables. El objetivo, dijo, es evitar que la delincuencia llegue a espacios de poder.

Las declaraciones se dan en medio de señalamientos contra el senador Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, por presuntos vínculos con el huachicol y con el líder conocido como “El Toñín”. Sin embargo, García Parra aclaró que no existe una estrategia de persecución desde el gobierno estatal.

“Desde luego que no es parte de una agenda del gobierno”, puntualizó, al reiterar que el llamado es general para todos los partidos y no está dirigido contra un actor en particular.

El cargo “Una carta de antecedentes no penales no garantiza absolutamente nada”: José Luis García Parra apareció primero en Reto Diario.

Aunque la filtración ha sido descalificada por la propia presidenta Sheinbaum, el proyecto plantea un recorte dentro del INE, el cual pasaría de 11 a 8 consejeros; de la misma forma, se propone un recorte presupuestal del 25% a las prerrogativas de los partidos políticos y a su vez se propone que el número de representantes populares (diputados) pase de 500 a 508.

De la misma forma, el proyecto propone que los Organismos Públicos Locales Electorales estén integrados por solo cinco personas designadas por el Senado.

Como ya lo señalé, la reforma constitucional de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado, propone la reducción de 11 a ocho consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) elegidos con el principio de paridad, y mantiene el cargo de secretario general.

De acuerdo con el proyecto de 21 páginas entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya copia tiene Primera Plana Puebla, los consejeros electorales estarán en el cargo por un periodo de nueve años sin posibilidad de reelección.

La reforma mantiene el esquema en el que los representantes de partidos políticos, los consejeros del Poder Legislativo y la secretaría ejecutiva tienen derecho a voz, pero no a voto.

Las personas consejeras permanecerán en su cargo hasta concluir su periodo; el 4 de abril próximo concluirán funciones tres consejeros: Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, cuyos relevos serán elegidos con la legislación vigente.

“Hasta el 26 de julio de 2029, el Consejo General del INE estará integrado por once personas; luego de esa fecha estará conformado por nueve integrantes”, aclara la propuesta que enfatiza que el INE deberá conducirse con “racionalidad presupuestaria y austeridad republicana”. Esto según el texto entregado a la presidenta.

En cuanto a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se integrarán por un máximo de cinco personas designadas por el Senado por dos tercios del pleno, que durarán siete años en el cargo.

La propuesta señala que el Senado emitirá el acuerdo, la convocatoria pública y designará al Comité Técnico de Evaluación conformado por “cinco personas de prestigio”: tres nombradas por los senadores y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, se establece que si el Senado no logra un acuerdo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará la designación en sesión pública, “de la columna correspondiente al género a elegir”.

El documento destaca que la designación de las personas integrantes de los OPLE entrará en vigor el 1 de septiembre de 2027 y “la legislación de las entidades federativas dispondrá lo relativo a la integración de los OPLE”.

Por lo que se refiere a la integración del Congreso de la Unión, se propone el aumento de 500 a 508 diputados en “un sistema mixto”, además de una modificación en la fórmula para asignar las 200 curules de representación proporcional.

La propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado plantea la elección de 300 diputados por mayoría relativa, es decir, uno por cada distrito electoral que tiene el país. 200 más serán elegidos por la vía plurinominal, aunque con un cambio de fórmula: 100 serán por el sistema de mayor porcentaje de votación individual que no obtuvo mayoría, con una lista decreciente de mujeres y hombres integrada por cada partido, o “lista nacional cerrada no bloqueada”.

También se establece que ocho diputados de representación proporcional serán elegidos por la diáspora mexicana, “mediante listas cerradas no bloqueadas, sin candidaturas independientes”.

“Cada partido presentará una lista integrada por dos columnas, una con cuatro mujeres y otra con cuatro hombres con residencia de más de tres años fuera del país. Los electores podrán emitir una sola preferencia en cada columna”, dice el documento.

Se aclara que el número de preferencias individuales determina la prelación en la lista.

Las diputaciones por el principio de representación proporcional se asignarán a cada partido político de acuerdo al porcentaje de votación nacional que obtuvieron en la elección.

“Para ocupar las diputaciones, se alternará entre sistemas, iniciando con el de la lista nacional; dentro de cada lista, se alterna el género. Sobre «la diáspora» se establece que el Estado garantiza los derechos de la diáspora mexicana, entendida ésta como el conjunto de personas de nacionalidad mexicana por nacimiento que residen con fines de permanencia fuera del territorio nacional”.

En cuanto al Senado, se eliminan 32 senadores por la vía plurinominal, porque serán solamente 96 escaños.

Serán elegidos 64 senadores bajo el principio de mayoría relativa en las entidades federativas, dos por cada estado. “Las fórmulas de candidaturas estarán compuestas por un hombre y una mujer; la primera persona de la fórmula corresponderá a una mujer en por lo menos la mitad de las entidades federativas”.

Financiamiento a partidos políticos

De acuerdo con la propuesta cuya iniciativa se prevé sea enviada la próxima semana y que hasta el momento solamente tiene el apoyo de Morena, la bolsa de financiamiento anual para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos se reduce en un 25% respecto al monto actual.

“El ahorro se logra con la fórmula: 48.7 por ciento del valor de la UMA, multiplicado por el número de personas en el padrón electoral”, se explica en el documento.

La propuesta resalta que durante las campañas electorales, el monto aumentaría a una cantidad del 50% del financiamiento ordinario.

En una nota, se indica que “en este escenario, la distribución del financiamiento ordinario (30% igualitario y 70% proporcional), se puede modificar para atender la petición de partidos pequeños, es decir, 40% igualitario y 60% proporcional”.

Con relación a los recursos públicos asignados a las candidaturas independientes, solo pueden destinarse a las campañas electorales; las personas candidatas independientes podrán obtener aportaciones privadas, pero estas deben tener origen en personas físicas mexicanas.

El límite de aportación de afiliado o simpatizante de los partidos políticos y candidaturas independientes pasa de 3.3 millones de pesos al año a 850 UMA al año, es decir, 99 mil 713 pesos.

riva_leo@hotmail.com

El cargo Así viene la reforma electoral apareció primero en Reto Diario.

“Es falso que esa sea la propuesta”, afirmó la mandataria federal al referirse al supuesto proyecto que planteaba, entre otros cambios, aumentar el número de diputados federales.

Sheinbaum subrayó que el contenido definitivo se dará a conocer hasta su presentación formal, prevista para el Día de la Bandera, y pidió esperar a la versión oficial.

“No tiene caso una reforma desdibujada”

Sin adelantar detalles puntuales, la presidenta insistió en que la iniciativa buscará cambios de fondo y no un ajuste superficial resultado de negociaciones políticas.

“No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada”, sostuvo, al señalar que el proyecto incorpora planteamientos ciudadanos recogidos durante foros realizados en meses recientes.

De acuerdo con los ejes adelantados por el Gobierno federal, la propuesta incluiría medidas para reducir el costo de las elecciones y el financiamiento público a los partidos, modificar el sistema de representación proporcional –los llamados plurinominales–, fortalecer la participación de mexicanos en el extranjero y ampliar los mecanismos de democracia participativa.

Tensiones con aliados y falta de consensos

La iniciativa ha enfrentado resistencia dentro de la propia coalición gobernante. Partidos aliados como el PT y el PVEM han expresado reservas, especialmente ante la posible reducción de prerrogativas y cambios en las reglas de representación legislativa, elementos clave para su supervivencia política.

Pese a ello, la presidenta dejó entrever que el proyecto será presentado aun sin acuerdos definitivos, al considerar que una versión diluida perdería su sentido.

Para aprobar una reforma constitucional se requiere mayoría calificada en el Congreso, es decir, el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras.

Sin cambios previstos en el gabinete

En la misma conferencia, Sheinbaum descartó que esté evaluando modificaciones en su gabinete, a pesar de que varios funcionarios han sido mencionados como posibles aspirantes a cargos de elección popular.

La mandataria reiteró que, por ahora, no contempla ajustes en su equipo de trabajo.

El próximo martes se conocerá finalmente el alcance de una de las reformas políticas más relevantes planteadas por la actual administración, cuyo contenido ha generado expectativa tanto en el ámbito político como entre especialistas electorales.

El cargo Presentará Sheinbaum reforma electoral la próxima semana; desmiente proyecto filtrado apareció primero en Reto Diario.

Se propone eliminar del texto de la Constitución local las referencias de dichos entes, a fin de que este derecho lo garantice el Instituto Nacional Electoral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, respectivamente.

Foto: Especial

También se sugiere eliminar la referencia del supuesto para reservar la información pública, consistente en motivos de seguridad nacional, tomando en cuenta la competencia federal de dicha materia.

Los artículos donde se sostiene la justificación constitucional y legal de la reforma son:

El artículo 6, apartado A, fracción VIII de la Constitución Federal, establece que los sujetos obligados se regirán por la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los términos que ésta se emita, y que deberá prever que las leyes en la materia definan la competencia de las autoridades de control interno, vigilancia u homólogos, tanto federales como locales, que son las autoridades garantes que conocen de los procedimientos de revisión contra los actos de los sujetos obligados.

Por su parte, el artículo 41 del referido ordenamiento establece que el INE tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y protección de datos personales a cargo de los partidos políticos, así como de las resoluciones de los partidos políticos, en los términos que establezca la ley.

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En lo que respecta al artículo 123, apartado A, fracción XX, refiere que, tratándose de sindicatos, el organismo descentralizado federal en materia conciliatoria tendrá competencia para conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos respecto de las resoluciones de los mismos.

Durante la discusión del proyecto de decreto, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales señaló que en el caso de la entidad existen tres institutos políticos con registro local, que no se encuentran bajo la tutela directa del Instituto Nacional Electoral, por lo que su registro no es nacional; en consecuencia, consideró que la información pública debería ser supervisada por el Instituto Electoral del Estado.

Por su parte, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña señaló la importancia de fortalecer la legislación secundaria en la materia.

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron el proyecto de decreto formulado con la iniciativa del Grupo Legislativo de Morena, para reformar el primer párrafo de la fracción VII y sus incisos, a) primer párrafo, c) segundo párrafo y g) cuarto párrafo, del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Foto: Especial

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortes, Pavel Gaspar Ramírez, Jaime Natale Uranga, María Soledad Amieva Zamora, Susana del Carmen Riestra Piña y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

El cargo Avala Comisión del Congreso de Puebla alinear transparencia de partidos y sindicatos a marco federal apareció primero en Reto Diario.

El legislador respaldó la propuesta del Gobierno del Estado de apoyar a los ayuntamientos mediante un convenio denominado Carta Mandato, a través del cual los ediles pueden ceder recursos y facultades a la administración estatal para ejecutar obras de infraestructura básica.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, presentó esta medida como una alternativa para que los municipios avancen en trabajos como pavimentación, bacheo y desazolve, sin que ello represente una invasión de competencias.

Figueroa destacó que los presidentes municipales deben actuar con voluntad política para atender las necesidades de la ciudadanía, ya que el incumplimiento de los compromisos de campaña puede tener consecuencias políticas y electorales.

Además, subrayó la importancia de formalizar los convenios de colaboración, a fin de evitar interpretaciones erróneas sobre una posible intromisión del Gobierno estatal en las atribuciones municipales, conforme al artículo 115 de la Constitución.

El cargo Advierten posible castigo electoral a partidos si alcaldes no cumplen con obras públicas apareció primero en Reto Diario.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan, aseguró que se realizó una revisión a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, dividido en siete fuerzas políticas nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 locales.

Multas por adeudo de impuestos

• Partido del Trabajo (PT) 27 millones 233 mil pesos por adeudos pendientes desde 2015
• PRD (ya extinto) multado con 17 millones 657 mil pesos
• PRI recibió multa de 8 millones 6 mil pesos
• Partido Verde Ecologista de México (PVEM) multado con 5 millones 271 mil pesos

Multas por irregularidades en informes anuales

• PRI recibió una multa de 113 millones 908 mil pesos
• PT recibió una multa de 105 millones 622 mil pesos
• PAN fue multado con 42 millones 661 mil pesos
• Morena recibió una multa de 35 millones 307 mil pesos

Otras multas

• PVEM fue multado con 32 millones 773 mil 708.34 pesos por omitir reportar operaciones celebradas con personas morales
• Movimiento Ciudadano (MC) recibió una multa de 14 millones de pesos.

Es importante destacar que Morena fue el único partido que no presentó incumplimientos en el pago de impuestos, según la auditoría realizada por la autoridad electoral.

Foto: Captura de pantalla

Con la decisión se ordenó a los organismos electorales locales realizar los cobros necesarios. Se espera que los partidos acudan al Tribunal Electoral para impugnar la decisión.

El cargo INE impone multas a partidos políticos por irregularidades en el pago de impuestos apareció primero en Reto Diario.