El alcalde explicó que esta revisión ha llevado a posponer la aprobación del título de concesión en el Congreso del Estado. Indicó que el Ayuntamiento ha mantenido diálogo con diputados locales para analizar el contenido del contrato, entre ellos el presidente del Legislativo, Pavel Gaspar Ramírez, y la diputada Lupita Vargas Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda.

Debido a que el análisis jurídico continúa, la propuesta no será presentada en la sesión del Pleno prevista para el 15 de enero. Chedraui señaló que el principal objetivo es definir un régimen de sanciones eficaz que se aplique a la empresa ganadora de la licitación en caso de incumplimiento.

El edil descartó que el retraso obedezca a factores políticos y afirmó que se busca corregir prácticas de administraciones pasadas, cuando concesiones a largo plazo no podían cancelarse aun cuando los proveedores no cumplían con lo pactado.

Aunque la concesión todavía no cuenta con aval legislativo, el Ayuntamiento ya realiza ejercicios internos para diseñar un esquema de sanciones más severo, simulando el funcionamiento del consejo que normalmente regula este tipo de contratos.

Chedraui concluyó que la prioridad es proteger los recursos públicos y garantizar que, si la empresa concesionaria falla, pueda ser sustituida sin afectar las finanzas del municipio.

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En entrevista, García Chávez aclaró que hasta el momento no han recibido el proyecto de manera formal, pero conocen la intención del alcalde Pepe Chedraui a través de declaraciones públicas.

“Cuando llegue la propuesta, revisaremos la figura jurídica para verificar si es factible llevarla a cabo correctamente”, dijo.

Señaló que el Congreso mantiene apertura a propuestas que beneficien a la ciudadanía, pero advirtió que no permitirán que se comprometan recursos más allá de lo autorizado.

“Mientras no genere deuda, el tema se puede analizar. No queremos repetir errores del pasado, cuando otras administraciones dejaron pasivos que aún afectan a la ciudad”, afirmó.

La legisladora reconoció que las condiciones de la infraestructura urbana son preocupantes y que los recursos municipales son limitados, por lo que consideró válido que el gobierno capitalino explore alternativas.

“Estoy segura de que el presidente municipal busca lo mejor para la ciudad. Mejorar y dignificar los paraderos es un reto que debe hacerse bien y dentro del marco legal”, concluyó.

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