De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, las órdenes de captura corresponden a los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, además de otras imputaciones. En total, también fueron incluidos 14 policías estatales presuntamente involucrados en el operativo que derivó en los hechos.

Los acontecimientos se registraron el 5 de abril de 2017, cuando se desató un enfrentamiento entre elementos de seguridad y comuneros de la localidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. Durante el operativo, se desplegaron cientos de policías estatales y ministeriales, lo que derivó en un saldo de cuatro personas fallecidas, además de múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos.

Informes señalan que, en el contexto de estos hechos, se documentaron casos de tortura, detenciones arbitrarias y tratos crueles, lo que motivó la apertura de investigaciones por parte de autoridades ministeriales.

Asimismo, se dio a conocer que Silvano Aureoles también enfrenta otra orden de aprehensión por delitos como peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, y es considerado prófugo de la justicia.

Los hechos en Arantepacua tuvieron su origen en una disputa por tierras, específicamente por más de 500 hectáreas de bosque, lo que generó tensiones entre pobladores y autoridades estatales. Tras la detención de una comitiva de comuneros, habitantes bloquearon carreteras, lo que derivó en la intervención policial.

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De acuerdo con la autoridad, los hechos se remontan al 3 de diciembre de 2013, cuando la víctima fue interceptada por sujetos armados mientras realizaba compras en una carnicería. Posteriormente, fue obligada a subir a su propia camioneta y trasladada a un domicilio en el fraccionamiento Pilares Castillotla, donde permaneció privada de la libertad.

Durante el cautiverio, la víctima fue amenazada, agredida y obligada a comunicarse con su esposo para exigir un rescate de 3 millones de pesos a cambio de su liberación.

Tras las investigaciones, la FGE logró identificar a los participantes en el secuestro, quienes desempeñaron distintos roles en la planeación y ejecución del delito.

El pasado 23 de marzo de 2026, agentes ministeriales cumplimentaron las órdenes de aprehensión por reclusión en contra de Julio César “N”, Arturo “N”, Filemón “N”, Óscar “N” y Arturo “N”, quienes actualmente se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Puebla y en el Centro Penitenciario de Tepexi.

Los imputados quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual rendirán su declaración preparatoria conforme a derecho.

La Fiscalía reiteró que mantiene acciones firmes para combatir delitos de alto impacto, con el objetivo de que los responsables enfrenten la justicia.

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De acuerdo con el reporte, tras una alerta emitida por un oficial al CERI-CAS, se inició el monitoreo mediante videovigilancia de una camioneta blanca con placas del estado de Tamaulipas, que circulaba sobre la carretera federal México-Tlaxcala.

Foto: Especial

En la unidad presuntamente se trasladaba Leonardo “N”, quien contaba con orden de aprehensión, además de tres acompañantes.

Al darle alcance, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado de Puebla, autoridades de Tlaxcala y la Policía Municipal de Texmelucan realizaron la inspección correspondiente, logrando la detención de Leonardo “N” y Jesús “N”, ambos con órdenes de aprehensión vigentes.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y acciones conjuntas que permitan atender hechos delictivos en la región.

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La colaboración interinstitucional permitió a la Policía Municipal de Teziutlán, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Marina detener a Óscar N., de 34 años y Vianey N., de 33 años, en inmediaciones de la colonia San Francisco, perteneciente al municipio de Teziutlán.

De acuerdo con información de instituciones de seguridad y procuración de justicia, se tomó conocimiento que la femenina contaba con un mandamiento judicial por delitos contra la salud, en tanto, el masculino por delitos contra la salud y violencia familiar.

Conforme al protocolo, la pareja fue entregada a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, autoridad encargada de presentar a las personas ante la Fiscalía de Veracruz.

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