Ante la situación que viven miles de mujeres en México, al enfrentar en solitario la responsabilidad económica y emocional de la crianza de sus hijas e hijos, la propuesta legislativa busca eliminar vacíos legales y convertir en un requisito obligatorio la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para diversos trámites ante autoridades.

“No podemos permitir que las madres carguen solas con la responsabilidad financiera mientras los deudores siguen su vida como si nada y, encima, gocen de privilegios del Estado sin consecuencias”, afirmó la diputada desde tribuna.

Acompañada por integrantes de la colectiva denominada Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, explicó que la iniciativa busca que las autoridades de los tres órdenes de gobierno exijan dicho certificado como requisito indispensable para el trámite, expedición o renovación de procesos administrativos relevantes, entre ellos la obtención de licencias de conducir, pasaporte o documentos de identidad, la participación como candidatos a cargos de elección popular, aspirantes a cargos judiciales, trámites notariales relacionados con bienes inmuebles y solicitudes de matrimonio.

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De acuerdo con Susana Riestra, la reforma no busca imponer nuevas sanciones, sino fortalecer un mecanismo institucional que ya existe para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar condiciones dignas para niñas, niños y adolescentes. En este sentido, destacó que el certificado es gratuito y puede obtenerse mediante medios tecnológicos, lo que facilita su aplicación administrativa sin generar cargas excesivas para quienes sí cumplen con sus responsabilidades.

“Quien cumple con sus obligaciones no tiene ningún problema en acreditarlo. Pero quien evade la pensión alimenticia no puede seguir moviéndose por las instituciones públicas como si nada ocurriera”, subrayó.

Adicionalmente, la diputada presentó un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de la Judicatura del estado a mejorar las condiciones en los centros de convivencia supervisada, con el fin de garantizar procesos judiciales familiares más sensibles y profesionales que protejan la estabilidad emocional de niñas y niños involucrados en conflictos legales entre sus padres.

La legisladora reiteró que el objetivo de estas acciones es construir instituciones que garanticen justicia familiar efectiva y respalden a quienes enfrentan en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus familias.

“Detrás de cada expediente hay niñas, niños y madres que esperan algo muy simple: justicia”, concluyó.

El cargo Impulsa Susana Riestra iniciativa para el cumplimiento de obligaciones alimentarias y reforzar la protección a menores apareció primero en Reto Diario.

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El proyecto de dictamen, elaborado con la iniciativa de la diputada Celia Bonaga Ruiz, contempla que, respecto de las y los menores, los alimentos también comprendan los gastos para la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte o profesión que resulte adecuado a sus circunstancias personales.

Durante la discusión del proyecto de dictamen, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez señaló que, además de las reformas realizadas, es necesario que el Poder Judicial haga cumplir estas disposiciones mediante los mecanismos existentes.

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Por su parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina señaló que esta propuesta tiene como finalidad ampliar el concepto de alimentos en el Código Civil, para que se reconozcan los elementos básicos de subsistencia de las y los menores y las actividades de esparcimiento para su sano crecimiento, como parte esencial de la formación, desarrollo integral y dignidad humana.

En la sesión estuvieron presentes las y los diputados: Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Norma Estela Pimentel Méndez, Susana del Carmen Riestra Piña, Araceli Celestino Rosas, Roberto Zataráin Leal y Elvia Graciela Palomares Ramírez.

El cargo Aprueba Comisión del Congreso de Puebla que obligaciones alimentarias comprendan gastos para esparcimiento y educación apareció primero en Reto Diario.

Así como las imputaciones falsas sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias, con el fin de proteger el interés superior de la niñez, garantizar la tutela judicial efectiva y preservar la buena fe en los procedimientos de orden familiar.

Al presentar la propuesta legislativa, el diputado José Miguel Trujillo indicó que cuando una persona miente para limitar las visitas con hijas e hijos, se ve afectado el vínculo filial y los nexos familiares.

La propuesta mediante la cual se adiciona la fracción VI al artículo 255 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 338 del Código Penal, con el propósito de establecer que existen razones de género, respecto al delito de feminicidio, cuando el sujeto activo lo cometa por misoginia, odio o aversión a las mujeres, entendiéndose por esto a los actos de rechazo, discriminación, desprecio o intolerancia, basado en prejuicios y estereotipos hacia las mismas.

El diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para adicionar el artículo 258 Ter al Código Penal de Estado con la finalidad de que se tipifique claramente el delito de usurpación de la identidad, y establecer sus elementos constitutivos, sanciones correspondientes y mecanismos efectivos para su persecución, así como promover una cultura de respeto a los derechos digitales y fortalecer la justicia en beneficio la población.

Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, diputado local de Puebla por el Partido del Trabajo. Foto: Especial

En tanto, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer el delito de cohabitación forzada; con la propuesta se pretende evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados en niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo.

Xel Arianna Hernández García, diputada local de Puebla por el Partido del Trabajo. Foto: Especial

Por su parte, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y al Código Penal del Estado, en materia de protección de los derechos de los profesionales de la comunicación, periodistas, conductores, locutores y youtubers en contra del uso de la Inteligencia Artificial.

Nayeli Salvatori Bojalil, diputada local de Puebla por Morena. Foto: Especial

De acuerdo con la propuesta, se considerará discriminación y se sancionará como tal, en caso de limitar, impedir y sustituir el pleno ejercicio de los derechos laborales de las personas profesionales de la comunicación e información, por el uso y la implementación de los sistemas de la Inteligencia Artificial, vulnerando la protección de sus derechos humanos y el desarrollo de su empleo, ya que es primordial garantizar el derecho al empleo, fortalecer la libertad de expresión y proteger los derechos de autor y la creación de contenido.

Las propuestas legislativas que hicieron las diputadas y los diputados antes mencionados para modificar el Código Penal, fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En dicho órgano colegiado también se analizará la iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para modificar la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de establecer como atribución específica de la Comisión Interinstitucional la formulación, aplicación y evaluación de un Protocolo Estatal de Identificación Temprana de Víctimas de Trata de Personas.

Durante la sesión, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública, con la finalidad de crear un fondo para otorgar becas a las hijas e hijos de los cuerpos de seguridad pública, para reconocer las labores que desarrollan los elementos y que los recursos coadyuven en elevar la calidad de vida de sus familias.

Elvia Graciela Palomares Ramírez, diputada local de Puebla por Morena. Foto: Especial

A este fondo, podrán acceder a las becas las hijas e hijos de elementos de los cuerpos de seguridad pública en servicio activo y de aquellos que fallecieron en el cumplimiento a sus labores.

Asimismo, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó dos iniciativas para reformar la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer que para el ingreso de las personas prestadoras de servicios se deberá observar el principio de paridad de género.

Andrés Iván Villegas Mendoza, diputado local de Puebla por Morena. Foto: Especial

Las iniciativas de la diputada Graciela Palomares y del diputado Andrés Villegas fueron turnadas a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis.

En la sesión se dio cuenta de la iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar el Código Civil, con la finalidad de sustituir el término “auto de formal prisión” por “auto de vinculación a proceso”, para armonizar la legislación civil local con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con el modelo procesal vigente en el país.

La propuesta legislativa para reformar la fracción I del artículo 697 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

El cargo Proponen en Congreso de Puebla agravante para el delito de falsedad de declaraciones en procesos familiares apareció primero en Reto Diario.