De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, la operación se realizó el 30 de diciembre en aguas internacionales, aunque no se precisó si el ataque ocurrió en el Caribe sur o en el Pacífico oriental. En un mensaje difundido en la red social X, la dependencia señaló que estas embarcaciones transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y habían realizado transferencias de narcóticos entre sí antes del ataque.

La información oficial indica que tres personas murieron durante el primer bombardeo, al encontrarse a bordo de la primera lancha. Posteriormente, los ocupantes de las otras dos embarcaciones abandonaron las lanchas, saltando al mar antes de que estas fueran destruidas por los ataques aéreos. Las imágenes compartidas por el Comando Sur muestran la explosión de una lancha en movimiento y la posterior destrucción de las otras dos, aparentemente a la deriva.

Tras los bombardeos, el Ejército estadounidense notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos, con el objetivo de activar operativos de búsqueda y rescate para localizar a posibles sobrevivientes en la zona del ataque.

El Comando Sur detalló que, desde septiembre, Estados Unidos ha destruido alrededor de 35 embarcaciones vinculadas presuntamente al tráfico de drogas en esta región. Asimismo, señaló que esta operación ha dejado más de un centenar de personas muertas, a quienes Washington acusa de participar en actividades relacionadas con el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

La operación Lanza del Sur se desarrolla en el contexto de un despliegue militar sin precedentes en décadas en el Caribe sur, impulsado por el Pentágono. Washington sostiene que estas acciones buscan debilitar las redes del narcotráfico y presionar al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar un narcoestado.

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De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, las personas a bordo de las embarcaciones fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”, por lo que exigió el cese inmediato de estos operativos.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, advirtió Türk, quien también recordó que el derecho a la vida está protegido por normas internacionales de derechos humanos que Washington debe respetar.

El organismo detalló que los ataques son ejecutados por fuerzas militares estadounidenses bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo, dentro de lo que denominan “operaciones necesarias” para la seguridad nacional. Sin embargo, la ONU rechazó esa justificación, al subrayar que no existe un conflicto armado declarado que justifique la aplicación del derecho internacional humanitario, por lo que las acciones deben regirse por el marco de los derechos humanos.

Según la portavoz de Türk, Ravina Shamdasani, ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente que justificara el uso de la fuerza letal. Por tanto, los ataques constituyen violaciones graves al derecho internacional y deben ser investigados.

“Estas muertes no pueden quedar impunes. Las autoridades estadounidenses tienen la obligación —no la opción— de realizar una investigación rápida, independiente y transparente”, insistió Shamdasani.

La ONU reconoció la gravedad del narcotráfico en la región, pero recordó que la lucha contra las drogas debe realizarse mediante métodos policiales legales, como la interceptación y detención de sospechosos, y no a través de bombardeos o ataques militares.

El alto comisionado reiteró que Estados Unidos está obligado a cumplir los tratados internacionales contra el narcotráfico de los que también es signatario, y advirtió que sus acciones, además de ilegales, erosionan la legitimidad global de su política antidrogas.

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