Los hechos ocurrieron la mañana del martes 16 de junio y fueron captados en video por usuarios que se encontraban a bordo de la unidad. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran a un hombre descendiendo de un vehículo Volvo color negro para encarar al operador del transporte público y posteriormente causar daños al camión.

De acuerdo con los testimonios difundidos por pasajeros, antes de la agresión los ocupantes del automóvil particular habrían cerrado el paso a la unidad en varias ocasiones. Posteriormente, uno de los sujetos bajó del vehículo y exigió al conductor que descendiera para enfrentarlo.

Sin embargo, el operador decidió permanecer dentro del camión y evitar cualquier confrontación. Ante esta situación, el agresor comenzó a golpear la unidad con un objeto, rompiendo el parabrisas y los cristales ubicados del lado del conductor.

Los videos muestran cómo los pasajeros observan con incertidumbre lo ocurrido mientras el sujeto continúa causando daños a la unidad. Fragmentos de vidrio cayeron sobre la zona del operador, aunque no se reportaron lesiones graves entre las personas que viajaban en el camión.

Tras destruir parte de los cristales, el individuo regresó al automóvil y abandonó el lugar. Las grabaciones difundidas en redes sociales permitieron captar tanto el vehículo involucrado como parte de la agresión ocurrida en una de las vialidades más transitadas de la capital poblana.

El caso generó preocupación entre usuarios del transporte público y automovilistas, quienes pidieron la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer una postura oficial relacionada con el incidente.

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Entre las propuestas legislativas, la legisladora resaltó la reforma al artículo 481 del Código Penal del estado para tipificar y sancionar de manera específica la colaboración, apoyo o provisión de información utilizada para cometer robos contra cuentahabientes y usuarios de servicios financieros en las inmediaciones de instituciones bancarias.

Foto: Especial

La iniciativa contempla penas de tres a ocho años de prisión, así como multas de entre 150 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes proporcionen información, auxilio o cualquier tipo de apoyo que facilite la comisión de robos o asaltos contra personas que hayan realizado retiros de efectivo en bancos o instituciones financieras. La propuesta aplicaría cuando los hechos ocurran dentro de un radio aproximado de 500 metros de la sucursal bancaria.

La diputada explicó que esta reforma busca contrarrestar el incremento de los asaltos a cuentahabientes, particularmente aquellos relacionados con la práctica conocida como “marcaje”, mediante la cual empleados, personal de seguridad privada u otras personas identifican a clientes que retiran cantidades importantes de dinero para facilitar posteriormente su asalto.

Asimismo, la diputada Fedrha Isabel Suriano destacó la presentación de la iniciativa para reformar el artículo 415 del Código Penal, con la finalidad de combatir el fenómeno de los llamados “montachoques”, mediante la creación de una nueva figura penal que sancione la colisión vehicular simulada con fines de extorsión o fraude. La propuesta contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre 100 y mil UMA.

La legisladora señaló que este delito suele afectar principalmente a mujeres, personas adultas mayores, adolescentes y personas con discapacidad. Además, se consideran agravantes cuando los hechos sean cometidos por grupos organizados o mediante violencia física o psicológica contra las víctimas.

Finalmente, la diputada informó sobre una iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que, en caso de que una persona candidata sea privada de la vida y este hecho pueda influir de manera determinante en una elección, el proceso electoral correspondiente deba suspenderse temporalmente hasta que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias y se esclarezcan los hechos.

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De acuerdo con la legisladora, estos hechos delictivos son comunes en zonas de alto tránsito como el Periférico Ecológico, Recta a Cholula, Vía Atlixcáyotl, Calzada Zavaleta y el Circuito Juan Pablo II, aunque la falta de denuncias impide tener un registro oficial. Las víctimas, entre ellas mujeres que viajan solas, adultos mayores y turistas, muchas veces no denuncian por temor a represalias.

El modus operandi consiste en provocar un accidente intencional, acusar a la víctima y exigir dinero bajo amenazas. Incluso, los agresores simulan ser testigos o ajustadores para presionar al afectado.

La propuesta contempla una pena base de 2 a 8 años de prisión, y multas económicas. No obstante, si el delito se comete en grupo, con violencia física o psicológica, o contra personas vulnerables, la sanción se elevaría hasta los 12 años de cárcel. También se considera agravante si el agresor se hace pasar por autoridad o servidor público.

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y de aprobarse, convertiría a Puebla en una de las primeras entidades en legislar contra este tipo de extorsión vial, que afecta cada vez más a los conductores.

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