Ochoa, de 43 años, es agente de la Patrulla Fronteriza desde 2018. Gutiérrez, de 35, trabaja en la Oficina de Operaciones de Campo de CBP desde 2014 e integra un equipo de respuesta especial para operativos de alto riesgo.

El tiroteo ocurrió el 24 de enero durante un operativo migratorio en la ciudad. Según el reporte enviado al Congreso, los agentes intentaron detener a Pretti cuando presuntamente se resistió. Durante el forcejeo, uno de ellos gritó que tenía un arma y dos oficiales dispararon sus pistolas Glock.

Videos difundidos en redes muestran a Pretti grabando con su celular antes de ser rociado con gas pimienta y derribado por varios agentes. Se escuchan alrededor de diez disparos. Autoridades confirmaron que portaba un arma legal.

Tras el caso, ambos agentes fueron puestos en licencia administrativa. El Departamento de Justicia abrió una investigación, mientras legisladores de ambos partidos han pedido que el proceso sea transparente.

La muerte de Pretti provocó protestas en Minneapolis y generó solicitudes al Congreso para que se transparente la información del operativo.

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El pacto bipartidista separa la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— del resto del paquete presupuestario, permitiendo que cinco proyectos de ley de gastos (que cubren alrededor del 75% del presupuesto federal, incluyendo Defensa, Salud, Educación y Transporte) se financien hasta el 30 de septiembre. El DHS, en cambio, recibirá una prórroga temporal de dos semanas (hasta el 13 de febrero) a niveles actuales, mientras continúan las negociaciones sobre reformas a las operaciones de aplicación migratoria.

El entendimiento surge tras semanas de tensión, agravada por la indignación demócrata ante las muertes de dos ciudadanos estadounidenses —Renee Good y Alex Pretti— a manos de agentes federales en Minneapolis durante operativos de ICE. Los demócratas exigían “guardrails” o salvaguardas, como el fin de patrullas indiscriminadas (“roving patrols”), el uso obligatorio de cámaras corporales, identificación de agentes, prohibición de máscaras y políticas de uso de fuerza alineadas con estándares locales, para aprobar fondos al DHS.

El presidente Donald Trump respaldó el acuerdo en Truth Social, afirmando que “republicanos y demócratas se han unido para financiar a la gran mayoría del Gobierno hasta septiembre, mientras se extiende la financiación al Departamento de Seguridad Nacional”. Agregó que “lo único que puede frenar al país es otro cierre prolongado y perjudicial del Gobierno”, y expresó esperanza en una votación bipartidista.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó el pacto y destacó que permite avanzar en la financiación general mientras se presiona por cambios en las tácticas de ICE. Fuentes legislativas indicaron que el Senado podría votar el acuerdo este viernes, aunque persisten “obstáculos menores” en detalles finales. Sin embargo, el cierre parcial no está completamente descartado: la Cámara de Representantes —controlada por republicanos y actualmente en receso— deberá regresar a Washington para aprobar la versión modificada.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió que la votación podría retrasarse hasta el lunes, lo que implicaría un breve lapso de financiación (posible “shutdown” de fin de semana) para algunas agencias, aunque no afectaría operaciones esenciales como pagos de Seguridad Social o militares en activo.

Este es el segundo impasse presupuestario en meses, tras el cierre récord de 43 días en 2025. Analistas ven el acuerdo como una victoria táctica para los demócratas, que mantienen presión sobre la agenda migratoria de Trump sin paralizar por completo al Gobierno.

La Casa Blanca y líderes del Congreso exhortaron a una aprobación rápida para evitar impactos en servicios públicos, nóminas federales y operaciones clave. Las negociaciones sobre reformas al DHS continuarán en las próximas dos semanas.

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El incidente ocurrió este miércoles en la zona norte de la ciudad, cuando agentes federales intentaban detener a un hombre y este, según versiones oficiales, huyó en un vehículo y posteriormente fue alcanzado por los agentes.

Durante la detención, el sujeto, identificado por autoridades como un ciudadano venezolano, se produjo una confrontación física con un agente. Dos personas habrían atacado al agente con una pala y un palo de escoba antes de que se efectuaran disparos.

El hombre recibió un disparo en la pierna y fue trasladado a un hospital, donde se informó que su estado era estable. El agente involucrado también recibió atención médica tras el enfrentamiento.

Tras el tiroteo, las tres personas que estuvieron involucradas en la confrontación ingresaron a una vivienda cercana y fueron detenidas por las autoridades. La policía local y organizaciones federales están investigando el hecho.

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El incidente ocurrió en el barrio de Powderhorn, cerca de las calles East 34th y Portland Avenue, en medio de protestas contra las redadas migratorias intensificadas por la administración Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer intentó embestir con su vehículo a los agentes, quienes respondieron con “disparos defensivos” por temor a sus vidas, calificando el acto como “terrorismo doméstico”.

La secretaria Kristi Noem defendió la acción del agente y reportó que oficiales heridos se recuperan. Sin embargo, autoridades locales rechazan esta versión.

El alcalde Jacob Frey la tildó de “basura” y exigió que ICE “se largue de Minneapolis”, acusando a los agentes federales de generar caos.

El gobernador Tim Walz declaró estado de emergencia, activó la Guardia Nacional en alerta y llamó a la calma, afirmando que el despliegue de más de 2 mil agentes era “predecible y evitable”.

Videos circulando en redes muestran al vehículo de la víctima alejándose cuando se producen los disparos, lo que ha generado indignación.

Según su madre, Renee tenía tres hijos y no formaba parte del operativo y actuaba como observadora ciudadana protegiendo a la comunidad inmigrante.

La investigación está a cargo del FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota. El operativo forma parte de la “mayor operación DHS jamás realizada” en el estado, con más de 1 mil detenciones reportadas, enfocada en presunto fraude y comunidades inmigrantes somalíes.

La tensión entre federales y locales escaló, con llamados a justicia y transparencia.

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