En Tehuacán, alguien escarbó.

Y salieron los muertos.

El pasado 9 de abril no solo se ejecutó un operativo.

Se resucitó a viejos fantasmas, activados por la dirigente de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, y sus aliados políticos.

Fantasmas que muchos juraban haber dejado atrás con el cambio de gobierno.

De esos que huelen a expediente lleno de odio y avaricia empolvada, a ajuste oportuno y a justicia que despierta cuando conviene.

A plena luz del día irrumpieron en la empresa Socorro Romero Sánchez S. A. de C. V. para detener a Estela N., una mujer de 85 años de edad y en silla de ruedas.

Casi al mismo tiempo, cayó Ramiro N., notario público número 2 de Tehuacán y personaje ligado desde hace años al entorno de la familia, también con una edad avanzada.

Y entonces la ciudad entendió que esto no era un simple trámite judicial.

Era una sacudida.

Era la confirmación de que el pasado no estaba tan enterrado como muchos creían.

En el centro de todo está Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal”, que sigue en la cárcel, en buena medida, porque así lo quiso.

No porque no hubiera salida.

No porque del otro lado hubiera cerrazón.

Al contrario: su contraparte siempre ha mantenido disposición para negociar y cerrar el conflicto.

Pero él eligió pelear, tensar, desafiar y estirar la cuerda… hasta donde diera.

La situación alcanzó su punto crítico de manera particularmente desafortunada.

En México, los conflictos mal gestionados rara vez permanecen en el ámbito personal.

Se vuelven políticos.

Se vuelven judiciales.

Se vuelven familiares.

Y entonces empiezan a aparecer expedientes viejos, nombres olvidados y órdenes de aprehensión que parecían dormir el sueño eterno.

Eso es lo que hoy genera indignación en Tehuacán: la sospecha de que el afán de pelea de Miguel no solo lo tiene preso a él, sino que pudo haber despertado intereses, venganzas o ambiciones que terminaron por alcanzar a su propia madre.

La escena de una mujer de 85 años siendo detenida no conmueve solamente por su edad.

Conmueve por lo que simboliza: un poder que, cuando decide actuar, no conoce prudencia, ni proporción, ni sensibilidad.

🔴 #Actualización 🔴

⚠️ Concluye en #Tehuacán #Puebla la audiencia: Estela N. y Ramiro N. son vinculados a proceso por el delito de fraude. El juez actuó conforme a derecho y el proceso seguirá su cauce legal.

🚨 Lo que no cuadra: el despliegue excesivo de fuerza, incluso… pic.twitter.com/e3o5XfIyyR

— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) April 11, 2026

Por eso tantos empresarios y ciudadanos volvieron a pronunciar la misma palabra que parecía archivada: barbosismo.

Porque el método se parece demasiado.

Carpetas viejas que reviven.

Operativos espectaculares.

Mensajes laterales.

Miedo empresarial.

Ruido político.

Y en medio de todo, una ciudad entera preguntándose si de verdad cambió algo o si solo cambiaron los nombres de quienes hoy administran la presión.

Lo más triste es que el legado de doña Socorrito Romero Sánchez vuelve a ser arrastrado al lodo en medio de un conflicto que pudo resolverse hace tiempo, si del lado de Miguel hubiera existido menos ego y más inteligencia.

Cuando la soberbia sustituye a la estrategia, los costos no los paga solo quien se siente invencible.

Los paga toda la sociedad.

El cargo El pleito que desenterró los muertos apareció primero en Reto Diario.

Y casi siempre ocurre lo mismo: cuando un expediente mal construido llega a los tribunales y se derrumba, alguien necesita encontrar culpables distintos a los verdaderos responsables.

Eso parece estar ocurriendo con el sonado caso del empresario de grúas Julio César Flores, asesinado en Tehuacán en 2022, al parecer para quitarlo del negocio.

En los últimos días comenzaron a circular publicaciones y videos en redes sociales donde familiares de la víctima acusan directamente a magistrados del Poder Judicial del Estado de Puebla de haber liberado irregularmente al presunto responsable, Juan Oscar N., quien incluso había sido sentenciado a 35 años de prisión. Este sujeto pagó 100 mil pesos a dos sicarios y les proporcionó el arma a los autores materiales del homicidio: Jonathan N. y José Manuel N.

Foto: Especial

En los señalamientos difundidos en redes se mencionan directamente a integrantes del Cuarto Tribunal de Alzada del Poder Judicial del Estado: Yrina Yanet Sierra, Isaí Rivas y Abelardo Gil Martínez.

El señalamiento es grave.

En las publicaciones se habla de corrupción, de una absolución “exprés” y de decisiones irregulares del tribunal.

Pero la narrativa mediática tiene un problema: ignora –o deliberadamente omite– cómo funciona realmente el sistema judicial.

Quien tenga un mínimo conocimiento del proceso penal sabe que los magistrados no deciden con base en presiones mediáticas ni en exigencias sociales. Su obligación constitucional es resolver conforme a derecho y con base estrictamente en lo que está dentro del expediente.

Ni más ni menos.

Los magistrados no investigan. No integran carpetas. No fabrican pruebas. Analizan lo que la autoridad investigadora puso sobre la mesa.

Y ahí aparece el verdadero problema de esta historia.

Fuentes jurídicas que han tenido acceso al expediente coinciden en una cosa: la integración del caso por parte de la Fiscalía General del Estado presenta deficiencias graves.

Actuaciones mal elaboradas, inconsistencias procesales y pruebas cuya solidez jurídica difícilmente resistía un análisis profundo en segunda instancia.

Cuando eso ocurre, el tribunal no tiene margen de maniobra.

La ley no permite que los magistrados “corrijan” los errores de la fiscalía. Si el caso está mal construido, el resultado es inevitable.

La justicia, en esos casos, no falla por voluntad de los jueces. Falla porque la investigación llegó rota desde su origen.

Sin embargo, hay otro elemento que vuelve aún más extraña la reciente ofensiva mediática.

La conferencia de prensa donde se realizaron los señalamientos no fue abierta a todos los medios de comunicación. Por el contrario, fue una convocatoria selectiva, dirigida únicamente a algunos medios muy específicos.

En Tehuacán hay versiones que señalan que la operación mediática habría sido coordinada por el abogado Carlos Tress Ogazón, quien ha fungido como vocero de Miguel Ángel Celis Romero, personaje ampliamente conocido en la región.

Fuentes locales aseguran que Tress no solo habría organizado la convocatoria, sino que incluso habría cubierto viáticos a ciertos medios para asegurar la cobertura.

Si esto es cierto, la pregunta cambia de fondo.

¿Por qué convertir una resolución judicial en un montaje mediático cuidadosamente operado?

Porque cuando la discusión se centra en los magistrados, la atención pública se desvía de la pregunta realmente incómoda: ¿quién y por qué integró mal el expediente?

Pero además surge otra interrogante que comienza a inquietar dentro del propio ámbito judicial.

¿Será que la estrategia de Tress Ogazón consiste en presionar públicamente a todos los magistrados que tengan en sus manos asuntos relacionados con Miguel Ángel Celis Romero? ¿Será que cada resolución que no favorezca a su grupo será respondida con campañas de señalamiento, acoso mediático o difamación?

Porque si ese es el método, lo que está ocurriendo no es una simple inconformidad jurídica.

Es un intento de presión.

Y el asunto se vuelve aún más delicado cuando se observa que el caso del homicidio del empresario Julio César Flores se mezcla mediáticamente con otros conflictos judiciales en los que aparece el nombre de Celis Romero, alias “El Animal”.

¿Por qué mezclar temas distintos? ¿Por qué convertir cada resolución judicial en una narrativa política?

En Tehuacán hay preocupación creciente por la reaparición de operadores políticos ligados a Miguel Ángel Celis Romero, personaje que durante años acumuló influencia económica, política y social en la región.

Distintas voces locales advierten que algunos de sus operadores estarían intentando trasladar sus conflictos hacia la capital del estado, generando presión mediática, confrontación pública y ruido político.

Si eso es cierto, el problema deja de ser únicamente judicial.

Se convierte en un asunto de seguridad y gobernabilidad.

Porque la pregunta que queda flotando en el aire es demasiado grande para ignorarla.

¿Hasta dónde siguen llegando los accesos y privilegios de Miguel Ángel Celis Romero?

¿Y hasta dónde llega la incapacidad –o la tolerancia– de las autoridades judiciales y penitenciarias para ponerle un alto?

Porque cuando la justicia se convierte en espectáculo, cuando los expedientes se sustituyen por conferencias de prensa y cuando los tribunales se intentan presionar desde los micrófonos, hay algo que resulta evidente.

Alguien está intentando reescribir la historia.

Y en Puebla ya sabemos que cuando eso ocurre, casi nunca es para que se conozca la verdad.

***

Mientras tanto, siguen las malas noticias para “El Animal” en el litigio por la herencia de doña Socorro Romero Sánchez.

Ahora, un juez de Control ha liberado una orden de aprehensión contra Arantzazu González Izaguirre, esposa de Miguel Ángel Celis Romero, por el delito de fraude específico por el mal manejo de la administración o el cuidado de bienes ajenos.

Foto: Especial

Ya de por sí complicado, el panorama para Celis Romero luce todavía más oscuro.

¿O alguien aún tiene dudas?

El cargo Cuando la justicia incomoda apareció primero en Reto Diario.

1. La Herencia

Miguel Ángel Celis Romero nació dentro de una de las familias empresariales más influyentes del valle. El patrimonio fue construido durante décadas por doña Socorro Romero Sánchez, una empresaria que levantó un grupo sólido, generador de empleos y referente económico en la región. Cuando el patrimonio se repartió entre los sobrinos de la fundadora, el equilibrio parecía claro: Miguel Celis y su hermano compartían el control del grupo empresarial S. R. S., una estructura familiar que durante años funcionó bajo la lógica de la continuidad generacional. En apariencia, todo estaba diseñado para que la fortuna familiar siguiera creciendo bajo el mismo apellido.

2. El Heredero Incómodo

Ese equilibrio comenzó a romperse cuando murió el hermano de Miguel Celis. El heredero natural de esa participación accionaria fue Alfonso Celis Enecoiz, quien desde antes del fallecimiento de su padre ya participaba dentro de la empresa y contaba con acciones que lo convertían en socio. Pero el tío no se encontró con el sobrino que esperaba. En lugar de un heredero discreto o un socio de ornato, apareció un joven que conocía el negocio, que se rodeó de asesores reconocidos en el sector y que comenzó a opinar sobre el rumbo de la empresa.

Alfonso revisó inversiones, planteó proyectos y empezó a observar discrepancias en algunos temas contables que no terminaban de cuadrar. Lo que para cualquier empresa sana sería un ejercicio natural de gobierno corporativo, dentro de aquella estructura familiar comenzó a generar incomodidad. Porque cuando alguien acostumbrado a decidir sin cuestionamientos se encuentra con un socio que hace preguntas, lo que para unos es profesionalismo, para otros puede convertirse en una amenaza.

3. La Auditoría y la Ruptura

Fue entonces cuando Alfonso decidió hacer lo que cualquier socio responsable haría: armar un equipo técnico que revisara procesos y auditara áreas clave de la empresa. No operaba solo. Se encontraba integrando asesores especializados para eficientar la operación y revisar la contabilidad del grupo. En ese ejercicio comenzaron a aparecer manejos anómalos de dinero dentro de la empresa, operaciones irregulares atribuidas al director de la compañía, Noel, así como gastos excesivos vinculados al jefe de seguridad, Luis Antonio, movimientos que involucraban grandes cantidades de efectivo y que, según quienes participaron en esas revisiones, terminaban llegando al control de Miguel Ángel Celis.

También  comenzaron a detectarse escenarios dudosos en la actuación de los comisarios de la empresa, los mismos que hoy se encuentran vinculados a proceso por fraude dentro de la misma carpeta penal que enfrenta Celis Romero.

Alfonso, lejos de intentar escalar el conflicto, llevó esos hallazgos a su tío con la intención de buscar una salida fiscal y legal que protegiera a la empresa y evitara un escándalo mayor. Pero lo que provocó no fue una solución, provocó nerviosismo y después ira. Según quienes presenciaron ese momento, Miguel Celis reaccionó enviando a elementos de seguridad para sacar por la fuerza de las oficinas a su propio sobrino, su socio al 50%, y al equipo de asesores que lo acompañaba. Fue, sí, el punto de quiebre definitivo.

4. La Escalada

A partir de ese momento el conflicto dejó de ser empresarial y se convirtió en una confrontación abierta. Durante años, Alfonso Celis intentó resolver el problema dentro del ámbito familiar, buscando negociar con su tío y encontrar una salida que protegiera el patrimonio empresarial. Pero esos intentos nunca prosperaron. Por el contrario, el hecho de que Alfonso intentara dialogar sin confrontación directa fue interpretado por Miguel Celis como una señal de debilidad. Fue entonces cuando el tono del conflicto cambió y comenzaron las presiones, las agresiones, las amenazas y los intentos de extorsión para obligarlo a ceder el control total de la empresa.

5. El Cerco Judicial

Hoy el escenario es otro. Miguel Ángel Celis Romero se encuentra detenido y vinculado a proceso por los delitos de fraude y extorsión, y permanece recluido en el penal de San Miguel, en Puebla. Pero el expediente continúa creciendo. Dentro de la carpeta de fraude ya existen personas vinculadas a proceso, incluidos los comisarios de la empresa, y recientemente un juez de Control autorizó una orden de aprehensión contra Arantzazu González Izaguirre, esposa de Miguel Ángel Celis Romero, señalada por su presunta participación en decisiones corporativas que hoy forman parte de la investigación penal. El caso que comenzó como un conflicto familiar por el control de una empresa se ha convertido en uno de los expedientes empresariales y penales más relevantes de la región. Tal vez hasta del estado.

Porque en Tehuacán hay imperios que se construyen durante décadas, pero también hay fortunas que pueden perderse en cuestión de meses. Y en esta historia, dicen en los cafés políticos del valle, “El Animal” terminó enfrentando algo que nunca heredó: la justicia.

El cargo Cómo entender al “Animal” de Tehuacán en 5 pasos apareció primero en Reto Diario.

El traslado de Miguel Ángel Celis Romero, alias “El Animal”, del penal de Tehuacán al de San Miguel en Puebla, no es una anécdota administrativa.

Es una decisión que debe leerse desde la óptica de seguridad penitenciaria, gobernabilidad institucional y contención de influencia económica.

Existe un principio elemental en la administración penitenciaria: ningún interno puede permanecer en el territorio donde conserva poder, estructura social o influencia financiera.

La cárcel no es una extensión del control territorial ni un espacio para preservar privilegios.

En el caso de “El Animal”, los hechos son contundentes:

Sus abogados promovieron recursos y posicionamientos públicos con información anticipada sobre su traslado, antes de que él fuera formalmente notificado.

En días pasados, a través de su defensa, se organizó en Tehuacán una manifestación con bloqueo de calles, generando caos vial y presión social como parte de su estrategia pública.

Las declaraciones mediáticas insistían en argumentar por qué no podía ser movido de Tehuacán, antes incluso de la ejecución formal de la medida.

Estos elementos revelan capacidad de movilización, filtración de información sensible y permanencia de influencia externa.

En términos penitenciarios, eso constituye un riesgo.

Si la defensa conocía el movimiento antes de su notificación formal, la pregunta institucional es inevitable: ¿quién informó y con qué propósito?

La sola posibilidad de filtraciones compromete la seguridad del penal.

El estado tiene facultades para reubicar internos cuando existan razones de seguridad, estabilidad social o gobernabilidad carcelaria.

Cuando un interno, quien quiera que sea, mantiene capacidad de generar presión externa mediante bloqueos y movilizaciones, la autoridad estatal no actúa por revancha; actúa por prevención.

Miguel Ángel Celis Romero no puede ser interno en su propio entorno de influencia. No puede estar recluido donde su nombre aún moviliza estructuras sociales o económicas.

El traslado no es castigo adicional. Es neutralización de privilegios.

Y si hoy enfrenta condiciones distintas, es porque su propia estrategia evidenció que el penal local no era un espacio neutral, sino un entorno donde su presencia generaba tensión social.

El Estado no está para proteger redes de influencia.

Está para garantizar orden y legalidad.

Así de sencillo.

El cargo El traslado de “El Animal” apareció primero en Reto Diario.

Porque mientras en tribunales se debería hablar de pruebas, derecho y debido proceso, en la calle y en ciertos círculos se presume otra cosa: que ya estaría “apalabrado” el cambio de jueces y magistrados para facilitar una salida. Que el dinero alcanza para doblar voluntades. Que el poder económico no solo compra defensas… sino escenarios.

No existe prueba pública de que eso sea verdad. Pero que se rumore, que se cacaree, que se use como arma de intimidación narrativa, es en sí mismo un golpe directo a la confianza en la justicia.

Y el espectáculo sigue escalando.

Circulan videos donde el apoderado legal de Miguel Ángel Celis aparece utilizando instalaciones del Centro de Justicia de Tehuacán como si fuera su foro de “Ventaneando”, su vitrina mediática, o su propio “museo” de poder, con una galería sin sentido. Esto, más que una falta de respeto, es la normalización del uso político y mediático de espacios que deberían ser sagrados para el Estado de derecho.

Y mientras tanto, crece el ruido político: ¿también ya hay operadores municipales en la órbita de influencia del círculo de Miguel Celis Romero? Hoy no hay prueba pública que lo confirme. Pero cuando esas versiones empiezan a caminar solas, el daño institucional ya empezó.

Aquí es donde el tema deja de ser Celis. Y pasa a ser el Poder Judicial.

Hoy el Poder Judicial vive —o dice vivir— una nueva era. Una etapa donde la sociedad espera, exige y vigila que no se repitan los escenarios de corrupción, arreglos en lo oscuro, justicia selectiva y sentencias negociadas.

Por eso, el Poder Judicial no solo enfrenta una papa caliente jurídica. Enfrenta una responsabilidad histórica.

Tiene que garantizar que la justicia prevalezca. Tiene que blindar el proceso de agentes externos. Tiene que dejar absolutamente claro que los viejos vicios del pasado no existen más.

Porque, en este contexto, cualquier cambio repentino de jueces, cualquier movimiento inesperado, cualquier decisión que no esté sólidamente sustentada… va a generar suspicacias inmediatas. Y hoy la justicia no puede darse el lujo de sembrar dudas.

El mensaje debe ser brutalmente claro: aquí manda la ley. No el dinero. No la presión mediática. No las presunciones de poder.

Si alguien presume que puede comprar justicia, el Poder Judicial tiene hoy la oportunidad histórica de demostrar que ya no es así.

Porque si falla… No sólo pierde un caso. Pierde credibilidad. Y recuperar la confianza pública tarda décadas.

Hoy la justicia tiene que ser muro. Tiene que ser limpia. Tiene que ser intocable.

Porque si no lo es ahora… ¿entonces cuándo?

El cargo La prueba del Poder Judicial: o nueva era o la repetición del pasado apareció primero en Reto Diario.

El caso de Miguel Ángel Celis Romero es ilustrativo: por su entorno han desfilado equipos legales con fama no por su técnica, sino por su habilidad para facilitar trámites por decirlo con elegancia o por presumir cercanías que, al final, no mueven un solo folio judicial.

El patrón se repite.

Primero, abogados reconocidos más por su acceso que por su litigio; luego, defensas mediáticas.

Ahí aparece Gustavo Herrera, conocido por convertir casos en espectáculo y por resultados, cuando menos, discutibles.

Después, el salto al micrófono permanente de Carlos Tress Ogazón, un ilustre desconocido que encontró en Tehuacán una tarima para ensayar frases grandilocuentes y acusaciones graves que, curiosamente, no vienen acompañadas de respaldo jurídico.

Dato objetivo: a la fecha de esta columna, el autodenominado apoderado legal no figura nombrado en las dos carpetas penales que dice encabezar.

Aun así, se presenta como tal sin desmentido público.

También se le ha visto cargándole expedientes a un exfuncionario de la Fiscalía veracruzana, “figura rodeada de reportajes incómodos”, lo que refuerza la sensación de ruido sin litigio.

El problema de hablar mucho es que las contradicciones se oyen.

En una misma semana, el apoderado afirma que la contraparte no es socio y, al siguiente micrófono, sostiene que debe a la empresa cientos de millones.

¿Es parte o no lo es?

Si no lo es, ¿cómo debe?

Que alguien le pase un manual básico de coherencia.

O quizá ironías de la vida está buscando las olas de Veracruz en Tehuacán.

Si el objetivo era mediatizar el proceso, misión cumplida.

Si era construir una mala percepción cerrando calles y ensayando la épica del “Mandela de Tehuacán”, también.

Si buscaban llamar la atención de autoridades estatales con molestias públicas, ahí están los reflectores.

Lo que no aparece es el avance jurídico.

Mientras tanto, las audiencias se posponen no por fuerza mayor, sino por dilaciones solicitadas por la propia defensa al mismo tiempo que se promete, con pecho inflado, ganar “todas”.

La aritmética no cierra.

Hay más.

Circulan audios muy comprometedores donde se escucha presión a trabajadores para marchar y uso de camiones de la empresa; luego, la negación pública.

Se exhibe a una madre octogenaria como escudo emocional.

Esa línea no es baja: es totalmente innecesaria.

Y cuando el propio apoderado admite enfrentar la tormenta perfecta para después rebajarla a chipi chipi, termina por revelar que el talento traiciona al discurso.

Remate involuntario: afirmar que “no es penal” lo que claramente sí lo es: fraude y extorsión.

El contraste con Alfonso Celis Enecoiz es evidente.

Conocido como “El Piloto”, no ha salido a los foros pese a tenerlos; no ha respondido insultos; no ha cerrado calles.

Su equipo legal local, poblano y tehuacanense, ha optado por silencio estratégico y una frase que incomoda al ruido: confianza en el Estado de derecho.

Cachetada de guante blanco.

Mientras uno desconfía del talento local y busca salvavidas externos, el otro confía en él.

Mientras uno habla, el otro litiga.

Mientras uno promete victorias, el otro espera resoluciones.

Este jueves hay audiencia.

Ojalá el desenlace sea próximo y Tehuacán deje de estar secuestrado por este espectáculo interminable.

Porque al final, en los procesos serios, ganan los expedientes.

Los micrófonos, tarde o temprano, se apagan.

(Y no lo digo solo por este espinoso caso).

El cargo Defensas que hablan, expedientes que callan apareció primero en Reto Diario.

Tres cambios de abogados en pocos meses no son estrategia: son fracaso.

Ninguno pudo desmontar el expediente.

Y cuando el derecho no alcanza, aparece la vieja receta: influencias, favores y reciclaje de personajes del sistema.

Hoy su entorno está integrado por perfiles conocidos no por ganar juicios, sino por moverse en la penumbra de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre ellos se mueve un exintegrante de la FGE, parte del grupo importado desde el Estado de México, señalado en distintos círculos por su cercanía con prácticas de corrupción y por la fabricación de expedientes como herramienta de presión.

No actúa como abogado técnico: opera como intermediario político-judicial.

A su lado aparece otro exfuncionario ministerial que hoy usa su antiguo cargo, sus contactos internos y el conocimiento de los expedientes para integrarse al equipo de “El Animal” e intentar burlar a la justicia desde las entrañas mismas del sistema que antes sirvió.

No vienen a litigar: vienen a torcer la ley con las mañas del pasado.

No es coincidencia. Es el mismo molde: exfuncionarios convertidos en gestores de impunidad.

La estrategia no se libra en tribunales. Se mueve en pasillos, llamadas y presiones.

Porque además se gobierna con miedo.

Trabajadores han sido advertidos de que podrían perder su empleo si no se alinean. Terror económico como método de control. Mensajes disfrazados de preocupación empresarial que en realidad buscan paralizar y someter.

Eso no es defensa legal. Es extorsión emocional.

Y dentro del penal de Tehuacán, el espectáculo es peor.

Se reportan privilegios incompatibles con cualquier régimen penitenciario:

– Visitas sin control de horarios.

– Permanencia constante en el área de enfermería.

– Presencia de personas ligadas a su seguridad privada.

– Ingreso de alimentos externos.

– Compra de protección interna.

La cárcel convertida en sala VIP.

Mientras miles cumplen reglas, uno compra excepciones.

Cuando no hay pruebas, se consiguen contactos.

Cuando no hay argumentos, se fabrican salidas.

Cuando no hay inocencia, se busca impunidad.

El caso Celis dejó de ser solo un proceso penal para convertirse en un retrato de cómo se intenta pervertir el sistema con dinero, nombres reciclados de la Fiscalía y presión sobre terceros.

No se busca la verdad. Se busca escapar.

El mensaje es peligroso: que con los operadores correctos la ley se dobla; que con los contactos adecuados la prisión es un trámite; que con suficiente presión todo se negocia.

Pero no.

La ley no es mercancía.

La cárcel no es hotel.

La justicia no es un favor.

Tehuacán no necesita más exfuncionarios convertidos en operadores oscuros.

Necesita instituciones firmes y procesos que no tiemblen ante nombres ni amenazas.

Porque cuando un acusado se rodea de personajes señalados por corrupción y fabricación de delitos, ya no estamos frente a una defensa. Estamos frente a una red.

Y cuando esa red presiona empleados, compra privilegios y presume contactos, lo que intenta no es defenderse.

Intenta secuestrar al sistema.

Eso debería encender todas las alarmas.

¿Qué no se enteran en el Poder Judicial poblano?

¿O son cómplices?

De la fiscal Idamis Pastor Betancourt ya ni pregunto porque, pues como se sabe, no se le puede pedir peras al olmo.

El cargo Defensa sin ley: el Club de los Impunes apareció primero en Reto Diario.

Hace un par de años, Lucio León Mata, entonces juez de Oralidad Penal y de Ejecución en Huauchinango, fue suspendido después de protagonizar uno de los episodios más vergonzosos del Poder Judicial reciente: reclasificó un delito de violación sexual contra una menor de 14 años como “estupro”, lo que permitió concederle la libertad bajo caución al agresor.

No fue un error técnico. No fue una interpretación discutible. Fue una aberración jurídica con consecuencias concretas: un presunto violador en la calle y una víctima revictimizada por el propio sistema. Por eso fue suspendido.

La pregunta que hoy debería escandalizar a todos es simple y brutal: ¿para qué regresó ese juez al sistema judicial? ¿Para impartir justicia? ¿O para volver a hacer exactamente lo mismo: usar la ley como coartada para torcerla?

Porque hoy, ese mismo nombre vuelve a aparecer en un contexto igual de tóxico: el entorno judicial que rodea al proceso de Miguel Ángel Celis, “El Animal”. Un imputado que no se ha caracterizado por confiar en la ley, sino por buscar influencias, presionar, presumir respaldos y operar políticamente su expediente. El paralelismo es imposible de ignorar: por un lado, un personaje con dinero, poder y fama de torcer voluntades; por el otro, un juez con historial probado de torcer la ley en un caso donde era imperdonable hacerlo.

No hace falta probar un soborno para entender el problema. El problema es estructural. Un juez que ya cruzó esa línea no se vuelve confiable por decreto. Y aquí está el verdadero escándalo: el sistema que lo reincorpora.

Porque cuando un juez que favoreció a un agresor sexual de una menor regresa a juzgar la libertad de las personas, el mensaje institucional es devastador: en este país, incluso las peores decisiones judiciales no tienen consecuencias permanentes. Eso convierte a cualquier ciudadano en rehén del azar judicial. Ya no importa quién tenga la razón, sino qué juez te toca.

Y en ese contexto, Miguel Celis no parece un accidente: parece un cliente natural del sistema. Un sistema donde hay presos de primera y presos de tercera, donde hay jueces reciclados, donde hay privilegios carcelarios, y donde la justicia cada vez más se administra por relaciones y no por expedientes.

La pregunta de fondo ya no es si Miguel Celis es culpable o inocente. La pregunta verdaderamente grave es esta: ¿qué tan segura puede estar una sociedad donde un juez que ayudó a liberar a un presunto violador vuelve a tener poder sobre la libertad de las personas?

La respuesta es incómoda, pero clara: no puede estar segura. En absoluto. Porque cuando la justicia recicla a sus peores perfiles, deja de ser justicia y se convierte en administración selectiva de la impunidad. Y porque cuando caen los protegidos, muchas veces también caen quienes los protegieron.

En Puebla, en Tehuacán y en todo el estado, la gente está mirando. Y esta vez, ya no hay toga que alcance para tapar la podredumbre.

El cargo Jueces reciclados para la impunidad apareció primero en Reto Diario.

Y cuando un personaje de ese tamaño entra en pánico, comete el peor de los errores estratégicos: empieza a manotear, a cambiar de rumbo y a rodearse de cualquiera que le prometa un milagro.

Su más reciente movimiento es tan revelador como patético: otro cambio de defensa.

Ya no basta con un despacho, ni con dos.

Ahora su equipo legal se nutre de exfuncionarios de la Fiscalía de Veracruz y exfuncionarios de la Fiscalía de Puebla, varios con reputaciones francamente cuestionables.

El comentario que circula en los pasillos judiciales es que uno de sus nuevos abogados presume tener el “respaldo” de una magistrada.

Así, sin rubor.

Como si en pleno 2026 todavía estuviéramos en los tiempos en que la justicia se arreglaba por teléfono.

Pero los hechos son los hechos: quien cambia de abogados como cambia de camisa no lo hace por estrategia, lo hace por pánico.

Esta conducta errática no es nueva en Miguel Celis: es el mismo patrón de siempre: prepotencia, berrinche, desconfianza y la ilusión de que el dinero y la compra voluntades, todavía lo pueden salvar.

Y mientras en los tribunales su caso se hunde, en las redes sociales empieza a exhibirse lo que dentro del penal se murmura todos los días.

Ahí está la cuenta de TikTok “EL MATRACAS” (@elmatracasth), que en cuestión de días, con apenas unos cuantos videos, ya acumula miles de vistas.

El más reciente es particularmente incómodo: describe los lujos de nuestro personaje dentro de prisión.

Nada de trato igualitario: área “especial”, comida distinta, atenciones preferentes y personas que lo cuidan dentro y fuera del penal.

Un Recluso VIP en un sistema que se supone no distingue carteras.

Un tema que nuevamente exhibe la ineficiencia y la corrupción que caracteriza al (des)gobierno del alcalde morenista Alejandro Barroso Chávez.

Pero eso no es todo: siempre se puede ver a su jefe de seguridad y escoltas armados plantados en las puertas del Centro de Justicia.

El mensaje es burdo, pero claro: presencia, presión y amedrentamiento.

No es protección; es teatro de intimidación.

Una forma primitiva de decir: “sigo teniendo poder”.

Como si hiciera falta más ruido, en el radio pasillo político de Tehuacán corre otro rumor pesado: ex mandos militares vinculados al panismo habrían visitado al director del penal para “encargarle” la buena estancia de su “Animal”.

A esto se suma Omar Pérez López, el flamante delegado rural, político de medio pelo que anda presumiendo gestiones directas con el gobernador Alejandro Armenta Mier para “ayudar” a Miguel Celis.

¿Ya lo sabe su supuesta jefa, la secretaria Ana Laura Altamirano?

La pregunta es inevitable y brutal: ¿de verdad creen que todavía pueden torcerle el brazo a la justicia poblana?

Porque por más que se presuman “escoltas, visitas, encargos, influencias, abogados milagro”, lo único que queda claro es esto: Miguel Celis no actúa como un inocente que confía en la ley.

Actúa como un culpable que ya solo confía en sus contactos.

“El Animal” no está diseñando una estrategia.

Está dando patadas de ahogado.

Y todo Tehuacán lo está viendo.

El cargo Viejos vicios legales: más sobre el caso de “El Animal” apareció primero en Reto Diario.

No como un actor poderoso, sino como el ejemplo más reciente de alguien que apostó todo a que la ley podía doblarse con dinero, presiones y padrinazgos políticos.

Desde su detención y posterior vinculación a proceso por el delito de extorsión, diversas fuentes coinciden en que el imputado activó una estrategia paralela al proceso judicial: no jurídica, sino de poder.

Gestiones fuera del expediente, acercamientos indebidos y, según versiones reiteradas, intentos de “comprar” voluntades dentro del sistema de justicia, incluyendo agentes del Ministerio Público, jueces de control y hasta magistrados.

En círculos cercanos al propio imputado se llegó incluso a presumir –con ligereza y soberbia– que “el asunto estaba controlado”, que “ya se había hablado con quien se tenía que hablar” y que contaba con el respaldo de un senador poblano, cuyo nombre habría sido utilizado como carta de intimidación más que como apoyo real.

La narrativa era clara: la prisión sería temporal y la libertad, cuestión de días.

Nada de eso ocurrió.

Lejos de encontrar eco en los tribunales, esas versiones chocaron con una resolución contundente. La Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla confirmó la vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa. El mensaje fue inequívoco: el expediente pesó más que cualquier presunción de poder.

Fuentes judiciales consultadas refieren que, pese a los rumores de sobornos y presiones, no existió ninguna actuación procesal que beneficiara al imputado, ni se alteró el curso del procedimiento. Por el contrario, la resolución fue jurídicamente sólida, fundada y motivada, cerrando de tajo cualquier intento inmediato de obtener la libertad por la vía de las influencias.

Las supuestas alianzas políticas resultaron ser, en los hechos, promesas vacías. Figuras que habrían sido utilizadas como escudo discursivo no aparecieron cuando el caso llegó a segunda instancia. Nadie intervino. Nadie “resolvió”. Nadie torció la ley.

El contraste es brutal. Mientras afuera se presume poder, adentro del penal la realidad es otra. La prisión preventiva no es un castigo anticipado, pero sí una consecuencia legal que hoy pesa más que cualquier fajo de billetes, llamada nocturna o nombre lanzado al aire para intimidar.

Este caso deja una lección incómoda para quienes aún creen que el sistema se mueve a base de sobres y favores: la justicia puede ser presionada, pero no siempre se deja comprar. Y cuando decide sostenerse en el derecho, no hay operador, senador ni intermediario que la saque del camino.

Las fiestas pasarán. Los alardes también. El proceso penal seguirá su curso. Y Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal”, pese a todos los intentos, está y seguirá dentro.

Porque al final, por más que se presuma poder, la justicia no se negocia.

El cargo La justicia no se compra: el caso de “El Animal” apareció primero en Reto Diario.

Cada vez que ciertas figuras del poder reaparecen en el escenario político, también regresan –como un eco incómodo– los mismos operadores que en su momento fueron colocados en puestos clave de la Fiscalía y del Poder Judicial.

Y cada vez que ese viejo engranaje vuelve a moverse, lo hace con un propósito muy preciso: proteger a quien consideran uno de los suyos.

En este caso, al personaje más tóxico y peligroso de Tehuacán: Miguel Ángel Celis Romero, mejor conocido, por propios y extraños, como “El Animal”.

El retorno simultáneo de estos operadores y de ciertos protagonistas del poder no es una coincidencia. Es una señal. Es la confirmación de que la maquinaria judicial creada durante el barbosismo nunca fue desmontada; solo fue puesta en pausa.

Carpetas fabricadas, presiones a jueces, expedientes negociados como mercancía y operadores externos incrustados en el sistema: todo eso sigue ahí, intacto, esperando órdenes.

Y esas órdenes, al parecer, volvieron a circular como aguas sucias en cañería profunda.

Los mismos nombres de siempre.

En los pasillos del poder reaparecen los rostros que ya todos conocen: quien movió expedientes “a la carta”, el fiscal que permitió fabricar carpetas según conveniencia, el consejero jurídico reciclado en varias administraciones, y un legislador federal mencionado como la voz que “hará llamadas” cuando sea necesario. Son los mismos que antes operaban para sostener un sistema de favores y castigos. Son los mismos que hoy se alinean de nuevo alrededor de la defensa de “El Animal”.

La ecuación es clara: donde reaparecen ellos, reaparece la presión. Donde reaparecen ellos, reaparecen las cloacas.

“El Animal” y su mito de poder

Miguel Ángel Celis ha intentado construir una narrativa épica sobre supuestos apoyos políticos que lo liberarían del penal. Sus seguidores repiten la historia: “ya viene la llamada”, “ya está arreglado”, “ya tienen quién lo saque”…

Pero la verdad es más simple y más amarga para él: está preso por extorsión, amenazas y violencia, no por una conspiración política.

Los propios audios filtrados –por él mismo– terminan revelándolo. En uno de ellos, su sobrino Alfonso Celis le dice con absoluta claridad:

“Quien me metió una carpeta no fue Monina. Fuiste tú”.

Y en otro audio, cuando Alfonso lo confronta por sus agresiones, “El Animal” responde con frialdad brutal:

“Quizás te lo merecías”.

Esa frase lo define mejor que cualquier expediente.

Presiones, dinero y amenazas

Lo que se ha documentado en los últimos días pinta un escenario preocupante. La red que hoy intenta rescatar a “El Animal” recurre a los viejos métodos:

• Familiares presionando a jueces en sus propias oficinas

• Ofertas de dinero

• Irrupciones no autorizadas

• Hostigamiento a magistrados y ministerios públicos

Y la frase recurrente que aparece en denuncias y testimonios:

“Ya te van a llamar… tú sabes quién”.

El mensaje es claro: quieren torcer la justicia como antes.

La diferencia es que ahora se les ve.

La resistencia institucional

A pesar de las presiones, el Poder Judicial ha mostrado una resistencia inusual. Las viejas maniobras ya no operan en la sombra. Lo que antes ocurría detrás de puertas cerradas, hoy queda expuesto en tiempo real. Y eso, para una red acostumbrada a operar en lo oculto, es un golpe devastador.

Mientras tanto, la defensa de Alfonso Celis sigue un camino muy distinto:

La vía institucional.

Ni compra de funcionarios, ni presiones, ni amenazas, ni operadores ocultos.

Y esa diferencia explica por qué la red que protege a “El Animal” ha recurrido a intimidaciones cada vez más desesperadas, incluyendo amenazas de muerte contra la familia Celis si regresan a Tehuacán.

Pero ni Alfonso ni su defensa han retrocedido. Y no lo harán.

Cuando las cloacas se abren

Puebla está viviendo un momento peculiar: las piezas se están acomodando. Los viejos operadores reaparecen. Las viejas prácticas se reactivan. Y el caso Celis funciona como una radiografía del sistema judicial que todavía intenta sobrevivir.

Solo que esta vez, el hedor está saliendo a la superficie.

Y ya no hay manera de taparlo.

Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar.

En Puebla, ese lugar ya se está revelando.

El cargo Cuando el poder huele a podrido apareció primero en Reto Diario.

En Puebla, la reaparición de Rubén Alejandro Tello Hernández es un recordatorio incómodo de que ciertos personajes del pasado todavía creen que pueden seguir operando con las mismas prácticas nocivas que los definieron.

Su nombre está en la lista negra de exfuncionarios que enfrentaron la justicia por vender información de carpetas y extorsionar a empresarios y políticos del estado.

Ese es su sello indeleble.

Durante el gobierno barbosista, Tello fue parte de ese grupo de operadores que vivían de carpetas armadas por otros y expedientes inventados que utilizaban como instrumentos de extorsión, como auténticos carroñeros sobreviviendo del miedo y del desgobierno institucional. Su aportación nunca fue jurídica: fue parasitaria.

Y lo más irónico –y casi risible– es que Tello parece haber olvidado su propia historia.

A pesar de la arrogancia con la que camina hoy por los tribunales, él siempre fue un peón. Nunca tuvo poder real.

Dentro de la Fiscalía, como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Procedencia Ilícita, siempre tuvo que reportar a alguien arriba.

Afuera tampoco fue distinto: su “influencia” siempre dependió de quién lo financiara. Lo que hoy presume como autoridad es solo el eco patético de favores que nunca le pertenecieron.

Hoy, Tello ya no es visto como el operador de antaño, sino como un candidato natural a tener carpetas en su contra.

Dentro de los mismos funcionarios y exfuncionarios que participaron en la venta de información judicial, se rumora que el siguiente en caer será él, porque ahora su nombre no aparece como ejecutor, sino como presunto beneficiario de una red que lucró con datos reservados, filtraciones procesales y extorsiones encubiertas.

En pocas palabras: Tello pasó de fabricar carpetas a convertirse en material de carpeta.

Por eso no sorprende verlo operando nuevamente en escenarios turbios. Tello no entiende de legalidad, transparencia ni institucionalidad. Él añora aquel régimen donde sus corruptelas funcionaban como carta de presentación y donde extorsionar era su modelo de negocio. No asimila que ese tiempo terminó.

Desde un despacho en Sonata –el mismo que utilizó para defensas a modo cuando él mismo fabricaba procedimientos–, Tello opera ahora con sus cómplices y excompañeros, muchos también incluidos en listados de corrupción.

Su nuevo patrón: Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal de Tehuacán”, hoy preso por extorsión agravada y envuelto en un entramado delictivo que él mismo alimentó.

Ese actuar deja claro, además, que “El Animal” ha intentado cobijarse con cualquier figura de los gobiernos anteriores que todavía conserve sombra o influencia.

En los pasillos de Tehuacán se comenta, con una mezcla de burla y fastidio, que al inicio de su encarcelamiento buscó contratar a Jonathan Ávalos Meléndez, ex consejero jurídico del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“El Animal” lo buscó como si se tratara de una carta mágica capaz de resolverle la vida.

Lo irónico es que Ávalos –a diferencia de otros– sí tuvo claridad y se negó, alegando incapacidad legal para representarlo.

Hasta en eso Miguel Celis tuvo mala suerte: ni los sobrevivientes del viejo régimen quisieron cargar con un personaje tan tóxico. Como dicen en Tehuacán: “ni regalado lo quisieron”.

Las versiones dentro del Poder Judicial confirman lo grave: Tello, la “otra defensa” de Miguel Celis y varios exfuncionarios intentaron ingresar sin cita a oficinas de magistrados, ofreciendo montos millonarios imposibles de cubrir –más aún cuando la familia del imputado ha sido vista sacando maletas con dinero de su casa en Tehuacán.

La escena terminó como debía: los sacaron de las oficinas por comportamiento gansteril.

Fallado el soborno, siguió el siguiente capítulo: mensajes intimidatorios, amenazas disfrazadas y presiones directas enviadas a números privados de magistrados. Un reciclaje del mismo esquema corrupto que Tello explotó durante su paso por la Fiscalía.

Ese actuar deja claro que Tello y sus excompañeros no sabían con quién se estaban metiendo. No entendieron que relacionarse con “El Animal de Tehuacán” solo trae malas noticias y deslealtad.

De hecho, existen audios –uno de ellos en poder de este columnista– donde el propio Miguel Celis presume que va a meter a la cárcel a Tello porque –según él– tiene pruebas suficientes de todas sus corruptelas.

En una canasta de víboras y roedores, nadie mete la mano y sale ileso. Y Tello decidió meterse en ella.

Lo más revelador de esta crisis es que la relación entre Tello y Miguel Celis no es reciente, ni accidental, ni profesional. Viene de años atrás, incluso cuando ambos enfrentaban órdenes de aprehensión. Su objetivo era claro: neutralizar al difunto Alfonso Celis, fracturar a la familia y allanar el camino para que Miguel intentara apropiarse de la fortuna de Socorro Romero Sánchez.

Hoy, esa alianza opera a plena luz. Tello presiona tribunales, intenta torcer decisiones judiciales y revive el mismo modelo de corrupción que lo llevó a caer de la función pública. Lo hace por necesidad. Lo hace por dinero. Lo hace porque nunca aprendió otro camino.

Pero este ya no es el Puebla de antes. El Estado de derecho avanzó, aunque algunos fósiles de la corrupción no sepan aceptarlo.

Y mientras Miguel Celis cava más hondo su propio destino jurídico, Tello se hunde con él, incapaz de comprender que este sistema ya no tiene espacio para operadores de cloaca que creen que pueden seguir intimidando a un Poder Judicial que hoy ya no les teme.

El cargo Una historia desde las cloacas del Poder Judicial poblano apareció primero en Reto Diario.

Un escenario que jamás contempló.

Acostumbrado a comprar lealtades, intimidar adversarios y operar desde las sombras, hoy enfrenta un sistema de justicia que –increíblemente, por primera vez– no se deja doblar.

Con una nueva carpeta de fraude encima, “El Animal” decide recurrir a su jugada más típica: amarrarse a viejos operadores del régimen pasado, como si el reloj político se hubiera detenido en 2005.

Por eso suma a su defensa a Rafael Macedo de la Concha.

Sí, el mismo exprocurador que intentó desaforar a Andrés Manuel López Obrador, el fundador de Morena y la figura con mayor peso político y moral en el país.

Un error monumental.

Un acto de torpeza política.

Y una señal de desesperación absoluta.

Las prácticas de gánster no cambian, aunque esté encerrado.

Se sabe –por testimonios y reportes que circulan en el entorno jurídico de Tehuacán– que las viejas prácticas de “El Animal” no solo continúan, sino que se han salido de proporción desde su encierro.

Abogados de la contraparte habrían recibido amenazas directas de muerte, exigiéndoles abandonar el caso o incluso irse de Tehuacán.

Durante diligencias en el Centro de Justicia, el equipo legal de Alfonso Celis ha sido rodeado por siete u ocho elementos de seguridad de “El Animal”.

Más grotesco aún: al salir de las audiencias, se reporta que han sido seguidos por vehículos pertenecientes a la empresa Socorro Romero.

La familia de la contraparte también habría sido intimidada.

Cuando no puede ganar con derecho, “El Animal” recurre al miedo.

Y siempre pierde.

La defensa de Miguel Celis ha intentado filtrar columnas donde se acusa –sin evidencia alguna– que la dirigencia estatal de Morena estaría detrás de su prisión.

Nada más falso.

Lo que hoy lo tiene en la cárcel es la carpeta de extorsión que él mismo detonó con su comportamiento.

No Morena.

No políticos.

No enemigos imaginarios.

Rodearse de Macedo de la Concha en un estado gobernado por Morena es carecer, entre otras cosas, de lectura política.

Peor aún: se observan panistas de peso moviéndose alrededor de su defensa.

A esto se suma el rumor de que un senador muy activo –cercano a la 4T– estaría intentando mover influencias para liberar a “El Animal”.

¿Qué le habrán prometido?

¿Por qué un senador cercano a Morena coincidiría con Macedo de la Concha?

¿Quién es ese senador?

La ecuación es sencilla: “El Animal” extorsionó, defraudó, amenazó, intentó apoderarse de lo que no le correspondía, subestimó a la justicia y creyó que intimidación y favores políticos lo sacarían adelante.

Hoy enfrenta dos realidades paralelas: Alfonso Celis acudiendo a cada citación, rindiendo cuentas ante un juez, defendiendo su patrimonio con argumentos; y “El Animal”, repitiendo las mismas conductas que lo sepultaron: hostigamiento, presión, manipulación y show político.

Ningún abogado, político ni amenaza puede liberar a quien se encarceló solo.

Hay gente que es resultado del esfuerzo, pero hay gente como “El Animal” que, por más que se esfuerce, solo consigue equivocarse más y más.

En Tehuacán se ha escuchado mucho una frase alrededor de este caso: “¡Lo que viene, conviene!”

¿Será?

***

En un país en el que no hay memoria histórica, nunca está de más recuperar algunos temas que ayudan a contextualizar ciertas cosas:

La PGR de Macedo de la Concha armó y empujó el expediente del predio El Encino con un objetivo claro: judicializar a López Obrador y exhibirlo como un político fuera de la ley.

Fue su firma la que autorizó la solicitud formal de desafuero ante la Cámara de Diputados, detonando la mayor crisis política del sexenio del inefable Fox.

La maniobra buscaba inhabilitarlo electoralmente antes de que compitiera por la Presidencia, en un intento evidente de beneficiar al PAN.

Cuando el costo político se volvió insostenible, Fox lo sacrificó: Macedo presentó su renuncia silenciosa, convirtiéndose en el ejecutor descartable de la operación.

Macedo de la Concha quedó marcado como el operador jurídico del PAN en el intento de descarrilar al líder opositor que después fundaría Morena y llegaría a la Presidencia.

Su nombre está asociado a un episodio que Morena considera el primer acto de lawfare contra AMLO, y que analistas independientes califican como un uso faccioso de la PGR.

El desafuero consolidó la percepción de que el PAN, a través de Macedo, intentó manipular el aparato de justicia para definir el futuro político del país.

El tiempo confirmó que la operación fue un boomerang político: falló, se desmoronó con su renuncia y terminó fortaleciendo a López Obrador.

El resto, es historia.

***

Cuando Rafael Macedo de la Concha fue procurador, lo primero que hizo fue designar a Genaro García Luna como director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

Fue el inicio de la saga criminal de quien está sentenciado en Estados Unidos a 39 años de cárcel por proteger al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

El cargo Macedo regresa… y “El Animal” confirma que no aprendió nada apareció primero en Reto Diario.

El juez de Control Francisco Javier Orozco Treviño resolvió vincular a proceso a Miguel Ángel Celis Romero por el delito de extorsión agravada en agravio de su socio y familiar Alfonso Celis Enecoiz, dentro de la carpeta 152/2025/TEHUACÁN.

La decisión, sustentada en pruebas documentales, comunicaciones privadas y testimonios directos, dejó claro que el dinero y las influencias ya no son escudo frente a la ley.

El caso, que sacudió al empresariado tehuacanense, desnuda la otra cara del poder familiar: aquella donde el parentesco y la sociedad se transforman en armas de presión.

Las investigaciones acreditaron amenazas y coacciones destinadas a obtener el control patrimonial de Socorro Romero Sánchez, S. A. de C. V., empresa emblemática del sureste poblano y símbolo del legado industrial de la familia Celis.

Paradójicamente, el amparo federal 541/2025, promovido meses atrás por Miguel Ángel Celis Romero, no logró revertir el curso de la justicia.

Si bien el Juzgado Quinto de Distrito en Puebla reconoció ciertos vicios formales en la orden de aprehensión, finalmente el recurso fue sobreseído el 28 de agosto de 2025, confirmando la plena validez del proceso penal que ahora lo mantiene recluido en el Cereso de Tehuacán.

El intento de frenar su detención mediante tecnicismos legales fracasó, y la realidad procesal se impuso sobre las estrategias de defensa.

Fuentes cercanas al penal refieren un aislamiento total, una soledad que contrasta con el poder que ostentaba en la empresa.

Cuentan que, a la fecha, ni sus hijos, ni su mamá, ni su esposa lo han visitado en prisión.

Su entorno social y político también se ha desmoronado: las supuestas llamadas a funcionarios de alto nivel en Puebla no surtieron efecto y los “favores” de antaño se disiparon frente a la contundencia de la carpeta judicial.

En cambio, Alfonso Celis Enecoiz y su familia inician una etapa de serenidad y reconstrucción, confiando en que las instituciones harán justicia frente a años de intimidación y abuso.

La defensa del empresario agraviado ha enfrentado incluso amenazas de muerte, buscando que se retiren del caso y abandonen Tehuacán, pero han resistido con firmeza, respaldados por la ley y por la convicción de que no se trata solo de un pleito familiar, sino de la defensa de la legalidad y del patrimonio.

No todo es la disputa de una millonaria herencia , la pelea es por lo que corresponde conforme a la ley y que Miguel Ángel Celis Romero quiso quitar “a la mala”.

Si era inocente, ¿por qué andaba prófugo de la justicia?

Mientras tanto, la empresa Socorro Romero Sánchez continúa operando con normalidad, demostrando que su solidez no depende de un solo nombre u hombre.

La dirección corporativa, los trabajadores y los proveedores mantienen el rumbo de producción y compromiso social que caracteriza a la marca desde hace décadas.

Se busca crecer y ayudar a crecer a Tehuacán, que tanto lo necesita.

La caída de Miguel Ángel Celis Romero es más que una anécdota judicial: es una advertencia para quienes confunden el poder económico con impunidad.

En Puebla, la justicia avanza, incluso cuando se cree que el apellido pesa más que la ley.

Foto: Especial

El cargo El peso de la justicia en el caso Celis apareció primero en Reto Diario.