Los cambios no se han reducido en desplazar a funcionarios, sino también en nombrar a nuevos encargados que tienen una característica en común: provienen de otros lugares ajenos a la entidad poblana, como una manera de evitar que se vean involucrados en el círculo vicioso que ha dominado a la compañía en su década de existencia y que sembró Héctor Durán Díaz, quien hace siete meses cayó como director general de Agua de Puebla.

A la par, ha trascendido que habría en curso una investigación financiera contra Héctor Durán Díaz, quien, junto con Marisol Aguilar Sánchez, quien fue despedida hace dos semanas como encargada de la Dirección de Atención Ciudadana, tejieron una larga lista de intereses económicos y de abusos que acabaron provocando un creciente malestar social contra Agua de Puebla.

Esos abusos se tradujeron en cobros excesivos contra los usuarios de Agua de Puebla, con campañas jurídicas de “terror” contra los clientes y en establecer un sistema inequitativo de dotación de agua, pues mientras se ofrecía el líquido a grandes desarrollos inmobiliarios e industriales, se redujo drásticamente la dotación del recurso hídrico a colonias populares.

Como parte de esa revisión, quien ha sido severamente cuestionado es el morenovallista Gustavo Gaytán Alcaraz, quien –desde hace 11 años–, en su calidad de titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), no cumplió con lograr que este organismo fuese un ente regulador eficiente del contrato de concesión que ostenta Agua de Puebla desde 2014.

Todas estas modificaciones que se están haciendo en Agua de Puebla o Concesiones Integrales no provienen de la acción del Congreso del estado o el Poder Ejecutivo, como correspondería, por tratarse de un servicio público.

Los cambios se derivan de dos factores interrelacionados:

El primero fue la llegada, en febrero pasado, de Jordi Bosch Bragado como director de Agua de Puebla, luego de que a Durán, de manera fulminante, lo cesaron en los últimos días de diciembre del año anterior.

Bosch ha practicado una serie de auditorías y revisiones de los proyectos en curso de Agua de Puebla, para darse cuenta de que la mala imagen de la compañía es proporcional al maltrato constante que ha existido contra los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado.

Situación que derivó en el cese de Marisol Aguilar Sánchez, en los primeros días de este mes, pues ella, en su calidad de directora de Atención Ciudadana, diseñó campañas de “terror jurídico” contra los usuarios del agua y, en muchos casos, hacía pagar a la gente montos que no estaban justificados.

Jordi Bosch Bragado tiene una trayectoria muy diferente a los anteriores directivos de Agua de Puebla.

De origen español, fue funcionario de la empresa Agua de Barcelona y después estuvo al frente de dos proyectos complejos: dotar del elemento hídrico a la ciudad de Orán, en Argelia, y a Saltillo, Coahuila, en donde el principal problema es la severa escasez del líquido.

Un segundo factor es el cambio de inversionistas en Agua de Puebla, a raíz de que Xinfra Fibra E, de capital chino, habría adquirido alrededor de 40% de acciones de Agua de Puebla.

Mientras que el Grupo Hermes, de Carlos Hank González, que a su vez controla a Banorte y Gruma –compañía dedicada a la producción de harina de maíz–, tendría poco más de 50 por ciento.

Hay otros dos pequeños inversionistas que tienen una cantidad menor de acciones.

Con ello se rompió la participación de Gutsa, del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, cuya familia fue muy favorecida con contratos de infraestructura en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así como de Ticsa, una compañía de capital colombiano.

La alianza de Hermes y Xinfra Fibra E ha planteado hacer un saneamiento financiero de la empresa del agua y, sobre todo, intentar revertir la pésima imagen que la compañía tiene en el ámbito social. “Una mala prensa”, como definió no hace mucho uno de los nuevos directivos de Agua de Puebla.

Todo esto pasa por otra importante negociación financiera.

Se sabe que, en la liquidación de la deuda del Museo Internacional Barroco, que evitó al Gobierno de Puebla erogar más de 11 mil millones de pesos en los próximos lustros, tuvo que ver la buena disposición del Grupo Hermes.

Todo indica que, a cambio de resolver el lastre que significaba el Museo Internacional Barroco, Hermes habrían logrado el compromiso de que no se va a tocar la concesión del agua potable que se otorgó hace 11 años, bajo una inversión inicial de 3 mil 800 millones de pesos y cuyo contrato terminaría en el año 2044.

Adicional a que Banorte o Grupo Hermes puedan financiar proyectos de infraestructura en el presente sexenio.

El cargo Más de 30 directivos han salido de Agua de Puebla por “la limpia” que hay en la empresa apareció primero en Reto Diario.

Faltando dos días para que feneciera el año 2024 fue cesado de manera fulminante Héctor Durán Díaz, el entonces todo poderoso director de Agua de Puebla o Concesiones Integrales, pues la empresa usa de manera indistinta ambas razones sociales. En aquella ocasión también se suspendió a Marisol Aguilar Sánchez, pero al poco tiempo se decidió que debía ser reincorporada a su puesto debido a que controlaba áreas prioritarias de la compañía.

Al cabo de seis meses de “la caída” de Durán Díaz, surge una pregunta básica: ¿por qué ahora sí se decidió la salida de Marisol Aguilar? Para entender ese movimiento es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

Se sabe que, en los últimos cinco meses, la firma de inversionistas Xinfra Fibra E, de capital chino, hizo una profunda auditoría a Agua de Puebla, luego de que compró –en noviembre de 2023– más de 60% de las acciones de la compañía concesionaria del agua potable en la capital.

Fuentes bien informadas que han seguido de cerca, desde el ámbito empresarial, lo que pasa con Concesiones Integrales, señalan que los directivos de Xinfra Fibra E habrían llegado a tres conclusiones que son fundamentales para mantener un futuro estable de Agua de Puebla. Esos cambios detectados son los siguientes:

Es urgente obtener la confianza ciudadana de Agua de Puebla, luego de que la compañía se ha manejado en sus 11 años de existencia como un centro de abusos en el servicio hídrico y de persistentes violaciones a los derechos humanos.

También se dispuso un proceso de reestructura de la concesionaria, ante la detección de supuestos malos manejos administrativos.

Y, por último, se consideró que es imperioso “limpiar todo lo que huela” a Héctor Durán Díaz, quien resultó ser un abusivo director general de Agua de Puebla.

Lo interesante de tal planteamiento es que, para concretar los cambios antes mencionados, pareciera que se hubiera aplicado el viejo dicho de que “todos los caminos conducen a Roma”. Porque para materializar las tres propuestas en cuestión se planteó que era necesario remover, a como dé lugar, a Marisol Aguilar Sánchez, quien fue “el brazo derecho” de Héctor Durán Díaz.

Según lo que cuentan las fuentes consultadas, que obviamente no es información oficial, pero parecen ser datos apegados a la realidad, se habrían argumentado las siguientes causales para perderle la confianza a Marisol Aguilar Sánchez:

Todo apunta a que esta mujer fue la autora de una política de cobros abusivos y amenazas extrajudiciales contra los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, que fue privatizado en 2014 por el gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas.

Narran los conocedores del tema que esta mujer habría sido quien impuso la emisión de los llamados “requerimientos urgentes”, que incluso ella misma llegó a firmar, donde se advertía –mediante hojas impresas que se pegaban en los domicilios privados– que se procedería a ejecutar embargos si los usuarios del agua potable no pagaban en lo inmediato las tarifas de Agua de Puebla, sin la posibilidad de que se pudieran revisar los abusivos incrementos en los cobros.

Y también ella habría sido quien tuvo la idea de amenazar a la gente con ser “boletinada” ante el Buró de Crédito por el atraso en los pagos del servicio. Como se sabe, en esta empresa privada se lleva el registro del comportamiento financiero de todos los contribuyentes de México.

Sin duda estas amenazas surtieron efecto en mucha gente que se indignó, se espantó, se aterrorizó, se agravió por todas esas amenazas, pero al final pagaron las deudas sin tener la oportunidad de revisar los montos que les cobraban.

Eso no ocurrió con un número importante de ciudadanos de la tercera edad que tuvieron la paciencia y el modo de acudir a los tribunales federales a ventilar los malos tratos, pero sobre todo las supuestas amenazas jurídicas que recibían de la compañía concesionaria.

El resultado es que, en los últimos años, “le llovieron” amparos a Concesiones Integrales, que significaron una fuerte sanción económica para la empresa, pues los jueces establecieron que Agua de Puebla no tiene facultades legales para ordenar “embargos” contra sus clientes. Eso únicamente lo puede ordenar un juez de Control mediante juicio mercantil.

También los tribunales sentenciaron que Agua de Puebla no tiene facultades legales para reportar al Buró de Crédito a los usuarios que se atrasan en el pago de las tarifas del agua.

Con esos amparos, entre otros efectos, se frenaron cortes al suministro de agua potable o se ordenó la inmediata reconexión del servicio, cuando este ya se había interrumpido, en beneficio de quienes promovieron los juicios.

Por tanto, los togados emitieron un buen número de sentencias en donde se exhibió a Agua de Puebla como una empresa que viola los derechos humanos de los usuarios del servicio público del agua.

Las quejas por violación a los derechos humanos no solamente han sido de los ciudadanos que reciben el servicio de agua entubada, sino también de los trabajadores de Concesiones Integrales, quienes en varias ocasiones han acusado que en la compañía hay un ambiente de hostigamiento laboral y de discriminación.

Y todos acusan que esa situación se habría debido al estilo de manejo de la empresa por parte de Marisol Aguilar, quien siempre fue “el brazo ejecutor” de las órdenes de Héctor Durán.

Hay un caso emblemático de un analista de micromedición que en algún momento fue acusado de cometer un desfalco contra la empresa y ser exhibido frente a todos los trabajadores de su área, pero al final quedó claro que nunca existió dicho abuso y en realidad se trataba de un acto de discriminación motivado por su orientación sexual, que incomodaba a los directivos de la empresa.

Quienes contaron de estas historias al columnista dicen que es “solo la punta del iceberg”, pues se ha mantenido con absoluto hermetismo tres temas espinosos.

Primero: el cobro de cientos de millones de pesos por el saneamiento de aguas residuales, mismo que nunca se ha realizado.

Actualmente, hay un litigio por ese asunto que podría implicar una voluminosa cantidad de recursos económicos que se tendría que pagar a los usuarios del servicio hídrico, en caso de que la empresa perdiera el juicio.

Segundo: una supuesta investigación del Sistema de Administración Tributaria por la posible evasión de impuestos en Agua de Puebla.

Tercero: un posible enriquecimiento atípico de algunos exaltos mandos de la concesionaria del agua, que aparecieron con muchas propiedades inmobiliarias en La Vista y en Atlixco, que no se justifican con sus ingresos económicos.

El cargo Cae directiva de Agua de Puebla; despiden a la directora de Atención Ciudadana apareció primero en Reto Diario.

Según lo que se dice en “radio pasillo”, es que si llegara a ocurrir ese señalamiento, seguramente va a ser un asunto que acabaría ventilándose en los tribunales, pues se trataría de un tema de orden penal y también civil.

Eso es todo lo que se sabe acerca de ese rumor.

Como es costumbre, hay un fuerte hermetismo en torno a la compañía Concesiones Integrales, que también se hace llamar Agua de Puebla, así como en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que es el órgano regulador de la empresa privatizadora del agua, que impide saber si efectivamente podría haber algún proceso legal contra algún ejecutivo –en funciones o retirado– de la firma que controla el suministro del recurso hídrico.

Se ignora si este posible suceso tenga algo que ver con la súbita caída que, en diciembre de 2024, protagonizó Héctor Durán Díaz, quien era director general de Agua de Puebla y se volvió el rostro emblemático de los abusos que ha cometido la concesionaria contra los usuarios domésticos, comerciales y empresariales del servicio de agua potable.

Hace siete meses, simplemente en un día común y corriente, cuando Héctor Durán se disponía a ingresar a sus oficinas los guardias de la entrada que siempre los saludaban con el tradicional “buenos días, señor director”, en esa ocasión le plantaron rostros secos y hoscos para decirle que, “por órdenes superiores”, no podía entrar.

Un trato similar, de no dejarla pasar a sus oficinas, le dieron a Marisol Aguilar Sánchez, quien era la directora de Atención Ciudadana y “brazo derecho” de Héctor Durán.

La mañana fría de ese 19 de diciembre de 2024 no se dejó sentir en las oficinas centrales de Agua de Puebla, pues ese día la temperatura ardió por la renuncia “obligada” de los principales directivos de la empresa.

Visto de otra manera, a Héctor Durán y a Marisol les dieron el mismo trato despótico que, a lo largo de los últimos 10 años, ellos mismos ordenaron contra cientos de usuarios que se han topado con la conducta violenta de los funcionarios de Concesiones Integrales que nunca explican el alza en las tarifas, las causas de la escasez del agua o la mala calidad del líquido, así como el criminal corte del servicio de drenaje para quienes no están al corriente de los abusivas tarifas de la concesionaria.

La remoción de Durán se dio 13 meses después de qua le empresa Xinfra Fibra E, de capital chino, compró más del 60% de las acciones de Concesiones Integrales.

Se dijo que a Durán lo echaron por una supuesta investigación que inició el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una posible evasión del pago de impuestos.

También se especuló que Durán tendría una larga lista de bienes materiales que no correspondían a sus ingresos económicos reportados al SAT, que incluía un costoso vehículo Tesla, una casa en La Vista, además de varias propiedades inmobiliarias en Atlixco.

Dichas versiones nunca se pudieron confirmar, como parte de la opacidad que rodea a Concesiones Integrales y que fue solapada por los gobiernos del PAN y, sobre todo, desde hace siete años, por la 4T.

Tampoco se sabe si esa posible remoción de un alto directivo en torno a la concesión del agua, tal como se ha rumorado en los últimos días, podría tocar a la inexplicable permanencia al frente del SOAPAP de Gustavo Gaytán Alcaraz, quien es director de ese organismo desde que se privatizó el agua y estaba en boga el gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas.

El SOAPAP y Gustavo Gaytán, a lo largo de los últimos 11 años, en lugar de haber obligado a Concesiones Integrales a cumplir sus obligaciones, se volvieron en los garantes de la impunidad que envuelve a la compañía privatizadora del agua.

Tal vez no acabe ocurriendo nada en torno a Concesiones Integrales o Agua de Puebla, lo que no sería raro, pues todo lo que pasa en esta compañía es opaco y abusivo.

Y si realmente se procede contra un directivo de la empresa en cuestión, acabará siendo como darle “un mejoralito a un enfermo de pulmonía”. No habrá justicia de todos los atropellos que se han cometido con el manejo del agua entubada.

El cargo Se dice que va a caer un alto funcionario de Agua de Puebla apareció primero en Reto Diario.