Durante su conferencia de prensa, Armenta fue enfático: “La amistad no es una capa protectora para la impunidad, lo digo con claridad”. Agregó que su administración no protegerá a nadie, sin importar afinidades personales o políticas.

El mandatario precisó que su gobierno no presentó la denuncia, pero sí dará seguimiento puntual a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), con base en los principios de justicia y respeto al debido proceso. “Nosotros ni acusamos, ni protegemos, ni perseguimos. En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión”, subrayó.

El caso Accendo involucra a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas, y a José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos, quienes fueron inhabilitados por 20 y 15 años, respectivamente, además de recibir multas por 362.9 y 241.9 millones de pesos como reparación del daño patrimonial.

Armenta recordó que los procedimientos contra exfuncionarios son muestra de que “nadie está por encima de la ley” y que los cargos públicos no son una carta para cometer irregularidades.

Asimismo, adelantó que la ley también se aplicará en otros casos, como el del exdirector del Cobaep, Jesús Zaldívar Benavides, investigado por peculado y desvío de recursos, y en los expedientes relacionados con el Conalep y el Museo Internacional del Barroco.

El gobernador enfatizó que su administración colaborará con los entes fiscalizadores y entregará toda la documentación requerida. “Quien administra tiene la obligación de tener toda la documentación que acredite el ejercicio del gasto. Nadie está por encima de la ley”, señaló.

Con ello, Armenta reafirmó su postura de cero impunidad y combate frontal a la corrupción, garantizando que la justicia en Puebla no tendrá excepciones ni colores partidistas.

El cargo Armenta garantiza cero impunidad en caso Accendo: “no hay persecución, pero tampoco omisión” apareció primero en Reto Diario.

Vamos por pasos.

En abril del 2023, el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes dio a conocer que la titular de Finanzas había invertido 600 millones de pesos del erario en Accendo Banco que se declaró en quiebra en el 2021 y que, por ende, no regresaría un peso del dinero del estado.

En esa rueda de prensa estuvo Teresa Castro, quien fue prácticamente llevada para que diera la cara ante tal inversión. Todo esto sucedió durante la administración del gobernador Miguel Barbosa y, tras su muerte, Sergio Salomón Céspedes llegó al poder y no tuvo más remedio que revelar lo que estaba pasando.

Desde entonces se supo que no se recuperaría un peso de lo invertido, que el dinero de Puebla estaba “perdido”. Esto porque el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario cubre hasta 400 UDI y la inversión de Puebla era, por mucho, mayor.

El Poder Judicial, entonces, encontró a Teresa Castro culpable del quebranto. Aunque no han dado los detalles, algunos de ellos pueden adivinarse sin problema.

Esto se versa en la omisión, tal vez a propósito, de la funcionaria.

Banco Accendo ofrecía el 6% de Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y un tope máximo del 6.4% en Certificados de Depósito. Las instituciones bancarias comunes ofrecen 2% y 4% ya en números exagerados.

Otra alerta que no vieron o no quisieron ver, fue la advertencia que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en junio del 2021. Incluso en sus declaraciones la mañana de ese 11 de abril, la secretaria dijo que parte de la inversión –no especifica cuánto– se hizo en ese mes, en junio.

La Secretaría advirtió que el índice de capitalización de Accendo era del 10.20%. El mínimo para operar es del 8% y, en ese momento, el total de la banca múltiple era del 18.25%.

El Gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, notó enseguida el riesgo y sí logró retirar al 100% su inversión.

Ahora que el caso está al descubierto y que el Poder Judicial señala que sí hay delito, crecen las especulaciones sobre si el gobierno perdió este dinero “a propósito” para beneficiar a quienes tuvieron la idea de hacer esta riesgosa inversión.

Teresa Castro enfrenta ahora un proceso penal que podría terminar con ella tras las rejas. Hasta ahora, el Tribunal de Justicia Administrativa le colocó una multa de 300 millones de pesos y la inhabilitó por 20 años.

Pero esto no la libra de un proceso tan duro que podría hacer que la exfuncionara hablara para saber si hay más responsables o beneficiaros de la “inversión fallida”.

Y es que, la verdad, no creo que ella haya tenido la idea ni tomado la decisión deliberada de destinar tanto dinero a Accendo.

El proceso empieza a correr y aún falta mucho por conocer.

El cargo Accendo y el futuro de Teresa Castro apareció primero en Reto Diario.

De entrada, porque esas sanciones de orden administrativo aún no están firmes y porque los inculpados podrían impugnarlas en el ámbito local y federal, argumentando fallas procesales, entre ellas que la instancia investigadora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incurrió en omisiones como haber citado a la entonces directora de Tesorería de la Secretaría de Finanzas, Guillermina Canseco Carrera, para que explicara cómo y por qué contrató los servicios Accendo Banco, qué razones tuvo para invertir en esa institución de banca múltiple 600 millones de pesos y si no existió un estudio o evaluación sobre tal ente financiero que estaba a punto de la quiebra y quién le ordenó hacer esa millonaria transferencia.

Lo anterior no es una apreciación mía, sino de un abogado especialista en Derecho Administrativo, que durante un sexenio laboró en la Contraloría del estado, hoy Secretaría Anticorrupción, pero que además conoce del caso y de los procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave 134/2024-PRA- SERA-2 y 133/2024-PRA- SERA-2 seguidos contra María Teresa Castro y José Enrique Girón.

Según este abogado, ambas resoluciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del estado “podrían caerse con un amparo bien puesto”, así hayan salido por unanimidad de los tres magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino.

En su opinión, las multas impuestas son onerosas e infundadas, ya que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que es la instancia encargada del Gobierno federal de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores, aún no determina si el Gobierno de Puebla podrá recuperar algo de los 600 millones de pesos invertidos en Accendo Banco.

Por esa situación, sostiene que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción aún no procede penalmente, ni puede fincar delitos, pues las sanciones administrativas todavía no están firmes, además de que podrían caerse por omisiones en el procedimiento administrativo y porque funcionarios relevantes que tuvieron que ser citados a comparecer, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre ellos la actual secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, quien entonces fungía como directora de Presupuesto y Política Presupuestal, y la directora de la Tesorería, Guillermina Canseco, para conocer las condiciones y resultados de esa inversión y saber por qué se eligió a Accendo Banco para transferirle 600 millones de pesos, nunca fueron citadas.

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Empleados que fueron contratados en la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla y que se quedaron a laborar seis meses más después del 31 de diciembre de 2024 en que concluyó su contrato, con la promesa de sus salarios les serían pagados una vez que el nuevo director Juan Enrique Rivera Reyes tomará las riendas del organismo, aún siguen en espera de justicia.

Entre estos figuran Deslyth Mendoza Hannia Toral, Ricardo Toral, Dania González y Jacob Sánchez. Algunos incluso tuvieron que acudir al Tribunal de Arbitraje del estado para reclamar el pago de sus salarios.

Los empleados argumentan que si se quedaron a laborar es porque tenían necesidad y porque la promesa de que su trabajo sería retribuido se las hicieron el entonces titular de la Comisión Luis Javier Cervantes Gómez, la secretaria particular del secretario de Gobernación del estado, Araceli Cedillo, y el coordinador administrativo de la Segob, Juan Manuel Arriaga.

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Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

El cargo El gozo por las sanciones a Teresa Castro y Enrique Girón podría irse al pozo apareció primero en Reto Diario.

Teresa Castro no solo es responsable de la pérdida de 606 millones que el Gobierno del estado invirtió en Accendo Banco, sino de los casi 300 millones de pesos que la administración estatal perdió con Intecproof por la implementación de una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través radares de velocidad, administrar las infracciones por exceso de velocidad y detectar vehículos buscados a través de matrícula y del sistema de control del padrón vehicular del estado.

Esta anomalía incluso fue motivo de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del estado en su cuenta pública del ejercicio 2022.

Además, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción tendría que informar qué fin tuvieron las tres denuncias penales que la Secretaría de Finanzas en la gestión de Sergio Salomón Céspedes presentó en contra de exfuncionarios de esa dependencia por los 606 millones de pesos que mal invirtieron en una institución que se fue a la quiebra, entre los cuales estaban Teresa Castro y quien fuera su subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, quien por cierto también fue sancionado por la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas con una multa de 242 millones de pesos y 15 años de inhabilitación del servicio público.

Otra cuestión de la que tendrían que dar cuentas el gobierno de Alejandro Armenta y la Fiscalía de Combate a la Corrupción, al margen de lo que haga el Tribunal de Justicia Administrativa, es el avance de las investigaciones en torno a la funcionaria que solapó y encubrió esos millonarios quebrantos, primero como titular de la Secretaría de la Función Pública y luego como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava.

Amanda Gómez no es ajena a la pérdida de los 606 millones del Gobierno de Puebla invertidos en Accendo Banco.

Ella mejor que nadie sabe que los llamados “Lineamientos para la gestión financiera y manejo de disponibilidades financieras en operaciones de inversión” con los cuales Teresa Castro pretendió justificar la transferencia de recursos a Accendo Banco se hicieron después de su quiebra y una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) canceló su permiso como institución de banca múltiple.

La contralora ocultó ese hoyo financiero y validó esos Lineamientos como secretaria de la Función Pública y como titular de la ASE fue omisa y jamás observó ese millonario daño patrimonial a la hacienda estatal.

Por lo anterior, insisto en que el gobierno de Armenta y la Fiscalía del estado deben informar si además de las sanciones administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, Teresa Castro y Amanda Gómez Nava serán sujetas de procedimientos penales por los delitos de peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y enriquecimiento ilícito.

No hay que perder de vista, según lo documentó el periodista Israel Velázquez, que Teresa Castro adquirió de contado una casa valuada en 5 millones 790 mil pesos, apenas seis meses después de su renuncia a la Secretaría de Finanzas de Puebla para incorporarse como asesora del entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón.

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Los pronósticos se hicieron realidad: la doctora María Guadalupe Morales Espíndola ganó las elecciones de director en la Facultad de Administración de la BUAP. Ganó 6 de los 7 votos sectoriales de docentes, tiene asegurado el voto del director saliente José Aurelio Cruz de los Santos, y el voto de los administrativos.

Al cierre esta columna el conteo de votos de estudiantes apenas se había iniciado, estos se estaban distribuyendo mayoritariamente a favor de la compañera de generación del gobernador Alejandro Armenta, y de los otros dos candidatos: Ricardo Paredes Solorio y Beatriz Herrera López.

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Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

El cargo ¿Y cómo van los procesos penales en contra de Teresa Castro y Amanda Gómez? apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con información publicada por Diario CAMBIO, el exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, fue sancionado con 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales, además de una indemnización de 241 millones 998 mil 452 pesos, equivalente al 40% del quebranto financiero.

La resolución judicial establece que Girón Zenil tuvo participación directa en la inversión ilegal de los recursos del erario en la institución financiera Accendo Banco, la cual quebró meses después de recibir los depósitos del Gobierno estatal. Con esta decisión, el tribunal determinó que el exfuncionario es responsable de daño patrimonial al estado, al igual que la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien previamente fue sancionada con 20 años de inhabilitación y una multa de 362 millones de pesos.

El TJAEP precisó que el monto total del daño causado por ambos exfuncionarios asciende a 604 millones 996 mil 131 pesos, al incluir no solo el capital invertido, sino también los rendimientos que debieron generarse durante el periodo de inversión.

El llamado caso Accendo Banco es considerado uno de los mayores desfalcos financieros en la historia reciente de Puebla, y continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que analiza posibles responsabilidades penales por el uso irregular de fondos públicos durante el sexenio barbosista.

El cargo Sancionan a exsubsecretario de Finanzas del barbosismo por el caso Accendo Banco; deberá pagar 242 millones de pesos apareció primero en Reto Diario.

El caso, que derivó en una inhabilitación de 20 años y una multa por más de 362 millones de pesos, se considera una de las sanciones más severas impuestas en la historia reciente del estado. La resolución judicial confirma la responsabilidad directa de Castro Corro en la inversión irregular de más de 600 millones de pesos del erario en Banco Accendo, una institución que terminó en quiebra meses después.

El gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier ha insistido en que en Puebla “nadie está por encima de la ley”, al subrayar que las acciones emprendidas por el Poder Judicial se realizan “sin persecución, pero sin omisiones”. De acuerdo con fuentes oficiales, la administración actual mantiene abiertas diversas investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo financiero del sexenio anterior.

En contraste, el entorno político del fallecido gobernador Miguel Barbosa ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso, pese a la relevancia mediática y el impacto político que ha generado. Rosario Orozco Caballero, quien fue una de las figuras más visibles del llamado barbosismo, no ha emitido comentario alguno tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Este silencio ha sido interpretado como un intento de evadir la responsabilidad moral o política por los actos de corrupción documentados durante el mandato de su esposo, quien solía presentar a Castro Corro como “una mujer incorruptible” y “ejemplo de funcionaria pública”.

Lee aquí la nota completa sobre la falta de pronunciamiento de Rosario Orozco:

Calla Rosario Orozco ante corrupción probada en el gobierno de Barbosa y macro sanción a Castro Corro

El cargo Viuda de Barbosa hace mutis ante las pruebas de corrupción en la administración del fallecido gobernador apareció primero en Reto Diario.

En una comparecencia ante medios, la fiscal general detalló que la FGE continúa con la integración de las carpetas y que varias personas están siendo investigadas en relación con este caso, que se originó durante el sexenio del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.

“En la integración de nuestra carpeta sobre el tema de Accendo Banco tenemos registradas varias personas involucradas en esta investigación”, afirmó.

El caso ya cuenta con un precedente en el Poder Judicial del Estado de Puebla, donde la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, fue declarada responsable de faltas graves, específicamente por desvío de recursos públicos y abuso de funciones, relacionadas con la inversión en el banco que meses después se declaró en bancarrota.

🏦🔎 #ATiempo
Habría más personas implicadas en el caso de Accendo Banco, y la investigación sigue su curso, esto de acuerdo con el expediente que hay en la @FiscaliaPuebla, informó la titular, @idamis35. pic.twitter.com/krmQU4poTO

— A Tiempo Noticias (@atiemponot) October 28, 2025

El cargo Va Fiscalía de Puebla contra más implicados barbosistas en inversión fallida de 600 mdp en Accendo Banco apareció primero en Reto Diario.

A través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que reafirmó que “en Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión”. La dependencia subrayó que “nadie está por encima de la ley” y que la justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones, independientemente del cargo o filiación política de las personas involucradas.

La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado declaró culpable a Castro Corro y a otros exfuncionarios del sexenio anterior, entre ellos José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos.

Como resultado, la exfuncionaria fue sancionada con una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos y una inhabilitación por 20 años para ocupar cualquier cargo público.

El gobierno de Puebla sostuvo que el proceso se condujo bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, conforme al marco legal vigente. Espidio Reyes enfatizó que la administración estatal actúa “con determinación y respeto al Estado de derecho” ante cualquier conducta ilícita o irregularidad.

La sanción a María Teresa Castro Corro se deriva de la inversión irregular de recursos públicos en Accendo Banco, una operación considerada riesgosa y que derivó en pérdidas millonarias para el erario.

El cargo Gobierno de Puebla niega persecución política en sanción contra María Teresa Castro Corro apareció primero en Reto Diario.

Castro Corro fungió como secretaria de Finanzas de la administración estatal que encabezó el fallecido gobernador Miguel Barbosa, del 1 de agosto de 2019 al 30 de junio del 2023, meses después de la muerte del exmandatario y luego de que se detonó este escándalo de la colocación de recursos en Banco Accendo, mismo que se declaró en quiebra.

El Gobierno del estado, en ese tiempo, ocultó la información de este tema, así como también el de Fóndika, otra institución de crédito en donde se depositaron mil 600 millones de pesos, los cuales también se habían perdido.

Muy difícilmente se hubiera podido conocer el desfalco de Accendo y Fóndika, si no hubiera muerto el entonces gobernador Miguel Barbosa, quien falleció el 13 de diciembre de 2022, tomando la responsabilidad como mandatario sustituto el entonces líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien no quiso cargar con ese compromiso y filtró la información para que se diera a conocer.

Nadie, hasta ese momento, sabía que el gobierno había perdido 604 millones de pesos en un banco que quebró y eso nos habla también de un tema de transparencia y de rendición de cuentas, pues nunca se sabe qué hacen los gobiernos con el dinero que colocan en instituciones de crédito, ni a qué plazo se mete, qué rendimientos se obtienen y en qué se utilizan estos recursos.

Cabe señalar que la ley les permite a los gobiernos locales colocar una parte de sus recursos en instituciones de crédito, es el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, permite a estos colocar parte de sus recursos, siempre y cuando se trate, dice la propia ley, de instituciones que cumplan criterios de seguridad financiera y rentabilidad y liquidez.

Es obvio que, en el caso de Accendo y Fóndika, el gobierno del entonces mandatario Miguel Barbosa no cuidó estos criterios y ocurrió que el banco quebró y se perdieron los recursos, ya que hasta la fecha no se han podido recuperar.

Tere Castro no es la única responsable de lo que ocurrió, según ha trascendido hay otro funcionario de Finanzas también señalado como responsable, así como también la entonces contralora estatal y luego titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez, también tiene su parte de responsabilidad por no informar acerca de este tema.

Maldito alcohol

Un testigo del evento tuvo a bien comentarme el bochornoso hecho que ocurrió el pasado viernes y que verifiqué en el Bar El Recorte, ubicado por la zona de Plaza Crystal.

Dicen, quienes estuvieron presentes, que este lugar todo estaba tranquilo cuando, al filo de las 22:00 horas del pasado viernes, se comenzó a desatar una pelea en el lugar, la cual escaló hasta el punto de que tuvo que llegar la Policía Municipal para poner orden.

Para sorpresa de muchos, dicen que uno de los involucrados era, o al menos así se identificó, el exalcalde sustituto Adán Domínguez, quien estuvo durante un año al frente del Ayuntamiento de Puebla.

Me sorprende que Adán, que parecía ser un hombre tranquilo y de familia, se haya comportado así. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar cuando el alcohol se apodera de uno.

Hay varios testigos que confirman la versión de que se trataba del ex presidente municipal de Puebla el que estuvo involucrado en la pelea, la cual ocasionó la molestia de los presentes, quienes reprobaron el actuar del exedil.

Qué raro que la Comuna que encabeza Pepe Chedraui no se haya enterado de este tema.

Los nuevos tiempos de la BUAP

Tal y como lo adelantamos en este espacio, Jorge David Cortés asumió ayer la Dirección de Comunicación Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en sustitución de Edwins García Hernández, quien hizo un buen trabajo en los cuatro años que estuvo al frente de esta encomienda durante el primer periodo de Lilia Cedillo en la BUAP.

Jorge David es un tipo que conoce ya este tema del trato con medios y la comunicación, ya que desempeñó este cargo durante la gestión de Enrique Agüera Ibáñez y luego fue uno de sus damnificados cuando este se fue a la campaña por la alcaldía de Puebla.

Hoy, Jorge regresa con mucha madurez, es un hombre que ya sabe del tema y que ante todo es de estilo conciliador. Enhorabuena.

riva_leo@hotmail.com

El cargo No hubo impunidad, la guillotina cayó sobre Castro Corro apareció primero en Reto Diario.

Sin importar que se trate de un gobierno que también haya emanado de la cuarta transformación (4T), los delitos que se cometieron tendrán sanciones y castigos.

A María Teresa Castro Corro, la todopoderosa secretaria de Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta (2019-2022) y consentida personal de él y de su esposa, la hoy diputada federal María del Rosario Orozco Caballero, se le halló responsable del desfalco a las arcas de Puebla por más de 600 millones de pesos.

Hay, por lo pronto, consecuencias administrativas, pero estas podrían ampliarse a otros terrenos judiciales.

Por el caso de la fallida inversión en Accendo Banco, quien se ostentó como una “austera” funcionaria del barbosismo,quedó inhabilitada por 20 años para ejercer otro cargo público y se le fijó una sanción económica por casi 363 millones de pesos.

Esa fue la determinación de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado.

Las determinaciones que se toman ahí tienen consecuencias, análisis y origen; ahí los juristas no se mandan solos. Tienen dueño, jefe, patrón o como se le quiera denominar.

Hay cosas que, por obviedad y por la gravedad de los casos, se consultan.

Se anuncian.

Las miradas se cruzan y las anuencias llegan.

Que lo entienda quien lo pueda entender.

El caso de María Teresa Castro Corro y Accendo Banco anuncia que vendrán más sanciones, sancionadas y sancionados.

El castigo por lo pronto para ella es ejemplar: 20 años de inhabilitación.

Es casi vitalicio.

Hay más datos que convierten el caso en emblemático.

Castro Corro era consentida de Miguel Barbosa. Desde sus tiempos en el Senado, que presidió.

Hay quienes aseguran que la veía “como a una hija”.

Incluso generaba celos entre otros integrantes del gabinete.

Cuentan los cercanos que ella no salía de Casa Aguayo.

En algunas conferencias de prensa, Barbosa la presumió como una “funcionaria ejemplar”.

Por supuesto, confió en ella con los ojos bien cerrados.

Llegó a decir que era tan austera, que comía en las fonditas de 70 pesos por menú corrido.

El finado exmandatario la puso como paradigma de honestidad.

La realidad –esa terca– hoy lo desmiente.

Así se explica cómo le permitió una inversión de más de 600 millones de pesos que resultó fallida y fraudulenta, porque la entidad en que se realizó, Accendo Banco, era frágil y terminó declarándose en quiebra en 2021.

El dinero de las y los poblanos se esfumó.

Sin que haya todavía comprobación oficial, ha trascendido en diversos espacios que la viuda de Miguel Barbosa, la hoy diputada federal María del Rosario Orozco, intercedió por ella ante altas esferas.

Se ve que no funcionó su solicitud.

La ley se ha aplicado llana, lisa y tan severa como es.

Y falta lo de Fóndika, otra fallida inversión de Castro Corro con dinero del erario, solo que esta por 6 mil millones de pesos.

Será un milagro que no haya consecuencias penales.

¿Seguirá este desfile de exfuncionarios hacia el patíbulo de merecidas sanciones?

Es previsible que así sea.

¿Quiénes pueden seguir?

Hay muchos y muchas.

Grandes candidatos y candidatas a la horca.

De botepronto, podemos recordar que Sergio Vergara Berdejo, extitular de Cultura, tiene un tema pendiente con los supuestos chips que se adquirieron para resguardar y clasificar obras, pero resultaron un fraude.

También hay exfuncionarios del morenovallismo que tienen denuncias pendientes por los casos Audi y Barroco.

La lista es larga.

Con el caso Castro Corro, el régimen armentista ha pasado de la narrativa de la denuncia dura de los delitos del pasado, a la acción concreta.

El mensaje es uno solo: no hay intocables.

Nadie –y nadie es nadie– está a salvo.

El cargo El caso Accendo y Castro Corro: fin a los intocables apareció primero en Reto Diario.

La resolución judicial, emitida el 30 de septiembre de 2025, impone una sanción económica de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público. El fallo fue avalado por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino, quienes coincidieron en que la exfuncionaria causó un daño patrimonial severo al estado de Puebla.

El tribunal determinó que Castro Corro violó los principios de responsabilidad administrativa al destinar recursos públicos a una institución financiera sin solvencia, pese a tener conocimiento del riesgo. Los fondos invertidos provenían del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, y el quebranto ascendió a más de 600 millones de pesos, que nunca fueron recuperados.

Además, la exsecretaria enfrenta otras investigaciones financieras, como el depósito de 6 mil 800 millones de pesos en el bróker Fóndika, así como posibles omisiones en litigios fiscales que derivaron en pérdidas millonarias para el estado.

La sentencia detalla que el monto de la sanción equivale al 60% del daño total, ya que otro servidor público, aún no identificado, también habría participado en la operación irregular.

Este fallo representa la sanción más severa dictada hasta ahora contra un exfuncionario del sexenio barbosista.

El cargo Sancionan a Teresa Castro, exsecretaria de Finanzas de Puebla, con multa de 362 mdp por desvío de recursos apareció primero en Reto Diario.

Esta obra, realizada durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, se planteó desde el año 2012, pero los trabajos concluyeron hasta el 2016, cuando, por fin, el teleférico fue inaugurado con tan solo 650 metros de extensión, cuando originalmente se había programado una obra de dos kilómetros.

Luego de enfrentar la oposición de diversos grupos y activistas, así como del INAH, ya que originalmente la obra correría del Barrio del Artista (Casa del Torno) hasta el recinto ferial, por fin, en 2014 las obras de construcción del teleférico poblano comenzaron a cargo de la empresa CEMS Constructora, quien entregó los trabajos dos años después en 2016 para su inauguración.

La dependencia que tuvo a cargo estos trabajos y financió la obra fue, en ese tiempo, la de Comunicaciones y Transportes a cargo de Bernardo Huerta, entonces pareja sentimental de Patricia Leal, contralora morenovallista, diputada y senadora durante ese periodo, y posteriormente mano derecha del exgobernador Sergio Salomón Céspedes en compras, adquisiciones y obras.

Inicialmente, los trabajos, se dijo, iban a tener un costo de 166.4 millones de pesos de ese tiempo, hace nueve años, y terminaron teniendo un costo, supuestamente, de 359.2 millones de pesos, lo que lo convirtió en la obra de su tipo más cara del país en ese entonces, tal y como lo documentó en su momento el periódico El Economista.

Para ser claros, la obra tuvo un sobrecosto de 116% a lo originalmente programado, el cual se trató de justificar a través de que requirió de equipamiento especializado y de muy alto nivel (sic), como las góndolas para trasladar a los pasajeros, mecanismos adicionales y ajustes en el proyecto tras la suspensión del INAH.

Hay claros ejemplos del sobrecosto del teleférico morenovallista. En 2010 se construyó una obra similar en Chihuahua, ubicada en la estación Divisor, en las Barrancas del Cobre, cuyo costo en ese año fue de 250 millones de pesos y con una longitud de 2.5 kilómetros.

El teleférico de Durango, también construido en 2010, que enlaza los cerros El Calvario y de los Remedios con 750 metros de longitud, tuvo un costo de 90 millones de pesos y el teleférico de la ciudad de Orizaba, puesto en marcha en 2013 y con 780 metros de longitud, tuvo un costo de 59.8 millones de pesos.

De hecho, durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa el mandatario abrió sendas investigaciones en temas relacionados directamente con la entonces Secretaría del Transporte, que encabezó Bernardo Huerta, quien en 2015 dejó el cargo. Los expedientes estaban relacionados con el manejo de recursos en la construcción del mal llamado “tren turístico”, el cual desapareció y cuya máquina fue vendida al Ejército por Sergio Salomón Céspedes y también por la construcción del teleférico y sus sobrecostos, pero no hubo ninguna sanción al respecto.

Ya veremos en qué derivan las investigaciones en torno a este tema por parte de la Secretaría del Buen Gobierno y estaremos pendientes de saber a qué conclusiones llegan.

El caso Accendo

El banco Accendo es un tema que quedó pendiente por parte de la administración que encabezó el exgobernador, hoy fallecido, Miguel Barbosa y del cual no se hubiera sabido si no se hubiera muerto.

Su sucesor, Sergio Salomón Céspedes, tuvo que hacer público el tema y más tarde filtró también el de Fondika, a través de sus escribanos, porque sabía que si no lo hacía, la responsabilidad iba a recaer en su administración, no por un tema de transparencia.

Accendo es un tema sumamente complicado en el cual la administración de Miguel Barbosa invirtió 680 millones de pesos del patrimonio de los poblanos en una institución financiera que terminó quebrando, por lo cual se perdieron los recursos.

La responsable de esto fue, además de Miguel Barbosa, la entonces titular de Finanzas, María Teresa Castro Corro, y la entonces contralora, Amanda Gómez Nava.

Hasta el momento, solo se sabe que la fiscalía tiene integradas tres denuncias en contra de tres exfuncionarios de aquella administración, incluida la propia María Teresa Castro, pero no hay más detalles de estas indagatorias.

Se sabe que, a la fecha, la secretaria de Finanzas solo logró recuperar 2 millones de pesos de lo perdido y está a la espera de que concluya el proceso de liquidación de esta institución financiera, para ver si se pueden recuperar al menos otros 400 millones de pesos.

De Fondika, solo se sabe que supuestamente la pasada gestión de Sergio Salomón Céspedes había logrado recuperar recursos por 5 mil millones de pesos, pero nunca se presentaron las pruebas para confirmar los dichos.

Ojalá el gobernador Armenta investigue y castigue con la misma vara ambos casos de corrupción, uno de la ex administración panista y el otro de una emanada de Morena.

El cargo El teleférico, viciado de origen apareció primero en Reto Diario.