Ya era insostenible su presencia en el Consejo de la Judicatura

Los dos años y un mes en que José Eduardo Hernández Sánchez estuvo al frente del Consejo de la Judicatura fue un periodo obscuro para el Poder Judicial poblano, pues este personaje nunca mostró interés y capacidad en resolver los problemas y carencias que aquejan al aparato de impartición de justicia en el estado de Puebla.

En muy poco tiempo pasó de ser un personaje gris para después convertirse en una figura ignorada, relegada, dentro y fuera del Poder Judicial.

Su “buena estrella”, ligada a los intereses del morenovallismo, le duró muy poco tiempo.

La designación de Hernández Sánchez como presidente del Consejo de la Judicatura se produjo en el último día de agosto de 2023, luego de que intervino a su favor Patricia Leal Islas, quien fuera parte del círculo compacto de colaboradores del extinto exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas y quien, después, fungió como asesora del mandatario morenista de esa época, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Semanas más tarde a su nombramiento, inició un proceso de angustia del magistrado Hernández Sánchez, que lo llevó a perder la neutralidad política que deben seguir los miembros del Poder Judicial, pues se puso a buscar cómo ligarse con algún candidato a la gubernatura de Puebla.

Primero le apostó a Ignacio Mier Velazco, quien buscaba la postulación de Morena al Gobierno de Puebla y desplegó una gigantesca campaña electoral que acabó fracasando cuando en diciembre de 2023 la 4T optó por postular a Alejandro Armenta Mier.

Luego de intentar con Morena, el magistrado habría tocado las puertas del panista Eduardo Rivera Pérez, quien unió a la oposición poblana para buscar derrotar a Morena, lo que acabó siendo un desastre, pues el aspirante albiazul fue vapuleado por la 4T.

Una vez que pasaron los comicios de 2024, quien realmente acabó abatido con las derrotas electorales de Ignacio Mier y Eduardo Rivera fue el magistrado José Eduardo Hernández, ya que para este personaje le convenía que ganara la gubernatura quien fuera, menos una persona: Alejandro Armenta Mier.

Resulta que en el sexenio morenovallista, el personaje que ocupa la atención de esta columna fue un alto funcionario de la Contraloría Estatal y un día habría recibido una orden directa de Eukid Castañón Herrera, el siniestro jefe de operaciones políticas del entonces gobernador Moreno Valle, quien lo instruyó a cumplir con el siguiente cometido: Alejandro Armenta tenía que acabar en la cárcel.

Y, efectivamente, el morenovallismo le fabricó una falsa trama de corrupción a Armenta, en su calidad de exsecretario de Desarrollo Social estatal, porque desde ese entonces se le veía como un poderoso líder opositor a los intereses de Moreno Valle.

Al final fracasó el intento de mandar a “la sombra” a Armenta y desde que eso ocurrió, José Eduardo Hernández tuvo claro que la única persona con la que no se podía cruzar en el mismo camino era con el político morenista.

Por eso el magistrado supo que “sus días estaban contados” al llegar Armenta Mier a la titularidad del Poder Ejecutivo.

Antes de continuar con el hilo conductor de esta columna, es importante tomar en cuenta lo siguiente: durante el gobierno del finado exmandatario Luis Miguel Barbosa Huerta se hizo una reforma al Poder Judicial que, entre otros aspectos, estableció que el Consejo de la Judicatura es el órgano rector del aparato de impartición de justicia y, por tanto, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia perdió las atribuciones que antes le permitían ser la máxima autoridad entre jueces y magistrados. Todo ese se plasmó en el artículo 88 de la Constitución local.

¿Por qué es relevante el anterior apunte? Porque en los últimos nueve meses en el Poder Judicial “se vivió el mundo al revés”.

Al revés de lo que mandató la última reforma judicial.

Desde diciembre de 2024 y hasta la fecha, en todos los actos oficiales y los acuerdos que se toman en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a quien se convoca es a la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, quien es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Y a quien nunca se llama es a José Eduardo Hernández Sánchez.

Según la última reforma, Hernández Sánchez tiene más autoridad que la magistrada María Belinda Aguilar. Pero a lo largo de 2025, se ha ignorado ese cambio y a quien se le da mayor jerarquía de facto es a la magistrada Aguilar Díaz.

El 22 de mayo de este año, hubo un episodio muy bochornoso que reflejó la forma en que se ha relegado al presidente del Consejo de la Judicatura.

Ese día, el gobernador Alejandro Armenta visitó el Centro de Convivencia Familiar que se construyó en Ciudad Judicial. En el evento, al magistrado José Eduardo Hernández lo sentaron, o él se sentó, en la segunda fila de invitados, en lugar de estar en el presídium como titular del Consejo de la Judicatura.

Dicha situación evidenció, ante todos los integrantes del Poder Judicial, cómo era ninguneado el presidente del Consejo de la Judicatura.

O como algunos interpretan: se vio cómo el mismo magistrado se automargina.

Todo eso explica su renuncia, si es verdad el rumor de que ya decidió su salida del Consejo de la Judicatura.

Y si es mentira el rumor, es necesario decir: urge que ya se vaya.