Esta suspensión impide al tribunal continuar con la individualización de la pena, es decir, con el procedimiento donde se determina cuántos años de prisión debe cumplir el sentenciado. Aguilar enfatizó que, en tanto no se resuelva el amparo de fondo, el Poder Judicial estatal está legalmente impedido de fijar la pena de López Zavala. Esto significa que el responsable permanecerá sin pena definida hasta que la justicia federal emita su resolución, un proceso que podría prolongarse varios meses.

La magistrada también destacó la importancia de que, en etapas recientes del juicio, se haya dado lectura completa a la denuncia presentada por Cecilia Monzón, al señalar que “es escuchar a la víctima, aunque ya no esté presente”, subrayando la relevancia de mantener la perspectiva de género y el respeto a los derechos de las víctimas en todo momento.

Aguilar reiteró que el Poder Judicial de Puebla ha actuado conforme a los tiempos y límites que marca la ley, dejando claro que el desarrollo del caso no depende únicamente de los tribunales locales, sino de las decisiones que tome la autoridad federal respecto al amparo solicitado por la defensa de Javier N. Las tácticas dilatorias de la defensa del excandidato a la gubernatura de Puebla también han afectado al proceso que se le sigue como presunto autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista.

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El cargo Javier N. seguirá sin sentencia hasta que se resuelva de fondo su amparo: TSJ Puebla apareció primero en Reto Diario.

Unas voces aseguran que ya presentó su renuncia al cargo, junto con otros dos integrantes del Consejo de la Judicatura. El movimiento se habría dado con el propósito de ya no figurar en la presentación de la Memoria Anual del Poder Judicial, que se realizará –este martes– en un acto convocado en el Congreso del estado, con la presencia del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Otros sostienen que apenas estaría preparando su dimisión, misma que podría presentar en la semana que corre. Una salida que se ha esperado en los últimos nueve meses.

El segundo rumor señala que el magistrado Pedro Martínez Hernández, quien hace un mes fue nombrado integrante del Consejo de la Judicatura, se estaría preparando para ocupar la vacante que dejaría –o ya dejó– José Eduardo Hernández Sánchez.

De ser cierta “la caída” de Hernández Sánchez, es relevante apuntar que se va 21 meses antes de que concluyera su periodo como cabeza del Consejo de la Judicatura, que es el órgano rector del Poder Judicial, que se encarga de administrar, vigilar y cuidar la disciplina en los tribunales de la entidad.

El cargo Cae José Eduardo Hernández como presidente del Consejo de la Judicatura de Puebla apareció primero en Reto Diario.

Y en cambio, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cada vez que puede, quiere asumir el control del PJP, sin tener facultades legales para tomar ese papel o para que se lo otorguen desde otro poder público.

Tal situación quedó evidenciada –hace unos días– cuando el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, encabezó una de sus habituales ruedas de prensa –“una mañanera”– desde el Centro de Convivencia Familiar de Ciudad Judicial.

Y resulta que, en una segunda fila y en medio de algunos invitados, se encontraba José Eduardo Hernández Sánchez, como intentando pasar desapercibido.

Lo natural es que Hernández Sánchez tuviera que encabezar cualquier actividad que se realice en algún recinto del ámbito judicial.

En cambio, quien sí estaba cerca del gobernador y demás miembros del Gabinete era la magistrada “Beli”, tal como le gusta ser mencionada a la togada María Belinda Aguilar Díaz.

Una situación que se ve con frecuencia. Por ejemplo, la presidenta del TSJ acude a las mesas de Seguridad Pública que se organizan cada lunes en la sede del Poder Ejecutivo.

¿Cuál es el problema de que en esos encuentros institucionales esté presente Belinda Aguilar en lugar de Eduardo Hernández?

Que los papeles de las dos principales figuras del Poder Judicial están invertidos y eso es ilegal.

De acuerdo con la última reforma judicial, que se aprobó durante el mandato del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y que quedó plasmada en el artículo 88 de la Constitución del estado de Puebla, se establece con claridad que el presidente del Consejo de la Judicatura es el titular del cuerpo colegiado del PJP, encargado de administrar y de dirigir el aparato de impartición de justicia.

Y esa misma reforma, le acabó quitando casi todas las facultades que tenía la Presidencia del TSJ, antes de que se creara el Consejo de la Judicatura. Prácticamente acabó convirtiéndose –casi– en un puesto honorífico.

Ahora, el asunto hay que verlo de esta manera: si María Belinda Aguilar quisiera cambiar a su secretaria privada de manera directa, no lo puede hacer porque es una determinación que necesariamente debe ser aprobada por el Consejo de la Judicatura.

Eso significa que ella, desde el punto de vista formal, no puede mandar sobre los jueces o magistrados del PJP.

Tal situación significaría que quien debe mandar en el Poder Judicial, es decir, José Eduardo Hernández Sánchez, no lo dejan mandar.

Y quien no puede mandar, como es el caso de María Belinda Aguilar Díaz, es quien siempre intenta mandar en el Poder Judicial.

Esta situación va más allá de lo anecdotario, refleja cómo el Poder Judicial no respeta ni su propia normatividad.

Por eso en Puebla el tema de la impartición de justicia es solo una ilusión, no una realidad para el grueso de la población.

Las causas

¿Por qué José Eduardo Hernández Sánchez ha sido relegado en el Poder Judicial?

Ya en un par de ocasiones, en este mismo espacio, se ha especulado de tres causas. Vale la pena recordarlas:

Primera: durante el gobierno del autoritario exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas hubo una persecución política contra el entonces legislador federal Alejandro Armenta Mier. Lo querían meter a la cárcel.

Quien operó esa persecución fue José Eduardo Hernández Sánchez, en su calidad de subsecretario de la Contraloría. Actuó bajó las órdenes de Eukid Castañón Herrera, quien era el encargado del “trabajo sucio” en el morenovallismo.

Segunda: Hernández Sánchez llegó a la cúpula del Poder Judicial durante el mandato del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y quien lo recomendó fue Patricia Leal, otra importante operadora del morenovallismo y que en el pasado mandato del Poder Ejecutivo fungió como asesora.

Se sabe que, en el actual sexenio, se ha determinado que no tienen cabida los intereses de la morenovallista Patricia Leal.

Tercera: el presidente del Consejo de la Judicatura cometió un error garrafal, en el proceso interno de la 4T para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla, optó por el aspirante perdedor: Ignacio Mier Velazco.

Cualquiera que sea la causa que explique el mal trato que le dan a José Eduardo Hernández Sánchez, el magistrado debería aplicar la máxima: más vale irse a tiempo con la cabeza en alto, que acabar siendo echado y sin poder ver a la cara a los demás.

El cargo En el Poder Judicial al que manda no lo dejan mandar, y la que no puede mandar es la que quiere mandar apareció primero en Reto Diario.