Como parte de las consideraciones del proyecto de dictamen, elaborado con las iniciativas de las diputadas Azucena Rosas Tapia, Floricel González Méndez y Delfina Pozos Vergara, se precisa que la figura de la denuncia popular representa un mecanismo de participación ciudadana que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, al permitir que cualquier persona haga de conocimiento de la autoridad hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir daños al ejercicio de los derechos sociales o afectaciones al desarrollo social.

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Además, se indica que la incorporación de este mecanismo en la norma resulta indispensable para su alineación con la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar el fortalecimiento de los principios de legalidad y certeza jurídica, evitar vacíos normativos o contradicciones entre disposiciones federales estatales, así como fomentar una cultura de denuncia y vigilancia ciudadana.

Mediante el proyecto de dictamen se reforma la fracción I del artículo 1, la fracción X del 2 bis, las fracciones I, IX y XI del 3, la fracción II del 4, el primer párrafo del 11, el primer párrafo del 13, el 18, los incisos b) y c) de la fracción II del 19 bis, el 19 ter, el 30, el primer párrafo y la fracción XXI del 38, el primer párrafo del 44, el primer párrafo del 45, el 46, el 47, las fracciones I y VII del 56, el primer párrafo del 59, el 60, el 61 y las fracciones I y IV del 62; y se adiciona un último párrafo al artículo 62, todos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.

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En la sesión estuvieron presentes las diputadas Elvia Graciela Palomares Ramírez, Modesta Delgado Juárez, Azucena Rosas Tapia, Ana Lilia Tepole Armenta y Araceli Celestino Rosas, así como los diputados Marcos Castro Martínez y Roberto Zataráin Leal.

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La legisladora plantea la creación de un nuevo capítulo en la Ley que establezca reglas claras sobre cómo deben operar las campañas de comunicación institucional de las dependencias estatales, evitando su uso para promoción personalizada de servidores públicos.

En la propuesta se indica que la comunicación social de las dependencias deberá tener carácter estrictamente institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que queda prohibido cualquier elemento de promoción personalizada.

Derivado de la iniciativa, se prohíbe: incluir nombre, imagen, voz o símbolos que identifiquen a personas servidoras públicas; incorporar elementos visuales o auditivos asociados a partidos políticos; generar posicionamiento político o electoral, y difundir logros de gobierno de manera personalizada o reiterada.

Además, se indica que toda campaña de comunicación social institucional deberá cumplir con lo siguiente: utilidad pública verificable, neutralidad personal, oportunidad no electoral, y no focalización con fines políticos. Para cumplir con esto, se solicita que la dependencia publique sus campañas acompañadas de objetivos, presupuesto, dictamen jurídico de constitucionalidad, validación del área de control interno y opinión del área de transparencia.

La iniciativa también contempla reglas específicas para el uso de redes sociales, pues señala que las cuentas institucionales deben mantenerse con carácter informativo y no personalizado, y que la difusión de logros de gobierno en cuentas personales será considerada propaganda gubernamental.

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En el proyecto también se incorpora el lenguaje incluyente en cada uno de los artículos que se modifican.

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Otro de los objetivos es adicionar un nuevo libro al Código, mediante el cual se establecen las reglas que regirán el proceso electoral para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Asimismo, se incorporan mecanismos que aseguran la paridad de género, tanto en la integración de las candidaturas como en la asignación de los cargos judiciales.

En su intervención, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales consideró que cambiar de fondo la manera en que se integra el Poder Judicial puede poner en riesgo la independencia con la que deben actuar los tribunales.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue formulado con las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado y la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas.

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Asimismo, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de dictamen para reformar la fracción XV del artículo 32 y la fracción XL del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de precisar la participación de la Secretaría de Gobernación en los procesos relativos únicamente a la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que, por lo que corresponde a las juezas y jueces del Tribunal de Justicia, serán electos a través de la elección popular.

De esta manera, la fracción XV del artículo 32 establece el ejercicio de las facultades que al gobernador o gobernadora otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla sobre el nombramiento de magistrados o magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, el proyecto de dictamen menciona expresamente la facultad de la dependencia competente en materia ambiental para colaborar con las autoridades federales en la implementación de mecanismos de protección de la vida silvestre, garantizando certeza jurídica, delimitación competencial y una coordinación eficaz.

El proyecto de dictamen fue formulado con la iniciativa del Ejecutivo del Estado.

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Por otra parte, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el proyecto de dictamen para reformar los artículos 1, 3, 6, primer párrafo y los incisos a) y b) del artículo 14, el 16, la fracción I del artículo 28, el 46, el 47 y el 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a fin de considerarla como reglamentaria del título noveno de la Constitución Política del Estado de Puebla, exclusivamente en materia de juicio político, especificando las autoridades competentes para su aplicación y aclarando la denominación correcta de la Comisión del Congreso del Estado encargada de la sustanciación, así como el trámite a realizar una vez aprobadas las resoluciones respectivas.

Uno de los objetivos específicos de este dictamen, formulado con la iniciativa del Ejecutivo del Estado, es establecer a los servidores públicos que son sujetos de juicio político, entre los que se encuentran: la persona titular del Poder Ejecutivo; diputadas y diputados del Congreso del Estado; la persona titular de la Auditoría Superior del Estado; magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia; magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; juezas y jueces de primera instancia, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Puebla, y las personas integrantes del Órgano de Administración Judicial.

En asuntos generales, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña hizo un llamado para que se cumplan los tiempos establecidos para el análisis de las iniciativas, con la finalidad de realizar adecuadamente el proceso de debate y discusión para el enriquecimiento del marco normativo.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Pável Gaspar Ramírez, María Soledad Amieva Zamora, Susana del Carmen Riestra Piña y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

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En la propuesta para adicionar la fracción LXV Bis del artículo 35 y la fracción XXXIII Bis del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, se precisa que la dependencia deberá priorizar la protección de grupos en situación de vulnerabilidad y garantizar el acceso a información clara, veraz y oportuna sobre oportunidades de empleo.

En tanto, la iniciativa contempla que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá como atribución coordinar acciones con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, y con las autoridades competentes para la prevención, detección y denuncia de esquemas fraudulentos relacionados con el empleo, el reclutamiento o la explotación laboral, incluyendo aquellos ofertados o difundidos a través de plataformas digitales, redes sociales o medios electrónicos, cuando dichos actos pudieran constituir delitos.

En la propuesta, la diputada argumenta que las personas enfrentan riesgos significativos debido a la difusión de vacantes ficticias y portales fraudulentos que exponen a la población a situaciones de alto riesgo personal y social, por lo que se deben implementar medidas preventivas, mecanismos de verificación y programas de orientación laboral que protejan a la ciudadanía.

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