Las reglas están marcadas en la Ley de Ingresos 2026, donde se especifica que los permisos para intervenir árboles o palmeras sólo se otorgan cuando un análisis técnico determina que el ejemplar representa un peligro o que la acción es estrictamente necesaria, sin provocar daño ambiental. En situaciones relacionadas con obras de construcción, tanto en espacios públicos como en predios privados, el retiro o trasplante de árboles tiene un costo de hasta 3 mil 843 pesos por ejemplar, siempre y cuando exista un dictamen previo.

Hay excepciones. Cuando los árboles o palmeras ya cumplieron su vida útil, la poda realizada en calles, propiedades particulares o instituciones públicas y privadas no genera ningún tipo de cobro.

No obstante, saltarse el procedimiento legal resulta mucho más caro. El Código Reglamentario Municipal (Coremun) contempla multas que van de 20 a mil Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a sanciones que oscilan entre 2 mil 263 y 11 mil 314 pesos. En la práctica, el castigo económico por no pedir permiso puede triplicar el costo del trámite.

Las solicitudes de autorización suelen estar motivadas por riesgos de desplome, daños causados por plagas o afectaciones derivadas de lluvias intensas. Aun así, no todos los permisos han estado libres de cuestionamientos.

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La propuesta enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier fue avalada sin modificacaciones, pese a reservas y recriminaciones de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron impactos negativos en el gasto social.

De acuerdo con el dictamen, el monto total se integra por 63 mil 357.7 millones de pesos de participaciones e incentivos; 55 mil 424.9 millones de transferencias federales etiquetadas y 12 mil 583.2 millones de ingresos propios. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vargas Vargas, subrayó que la Ley de Ingresos no contempla nuevos impuestos ni endeudamiento, manteniendo una política de deuda cero y priorizando la disciplina fiscal.

La legisladora destacó un crecimiento real del 3.8% respecto a 2025, calificando el escenario como “conservador pero responsable”, en un contexto económico nacional e internacional complejo.

Sin embargo, la oposición advirtió efectos adversos. Pozos Vergara sostuvo que la Federación recortó más de 589 millones de pesos en aportaciones para Puebla y denunció que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud sufrió un desplome superior a 1,438 millones de pesos, lo que calificó como “inhumano”.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, alertó que el Ejecutivo operará con un “margen financiero muy limitado”, pues —dijo— los recursos federales no crecieron conforme a la inflación. “La Federación se olvidó de Puebla”, expresó.

Durante la discusión, también se rechazó una reserva de la panista Susana Riestra, quien solicitó incluir cobros por servicios del Teatro Principal y el Auditorio de la Reforma, señalando riesgos de ingresos discrecionales. La mayoría de Morena y sus aliados desechó la propuesta.

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“Ya estamos listos con nuestra Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, y no trae ningún nuevo impuesto”, precisó la funcionaria estatal, quien subrayó que el objetivo es mantener el equilibrio financiero y no afectar a ningún sector de la ciudadanía.

Morales Guerrero explicó que la política tributaria del estado se mantiene alineada con el Gobierno Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando una estrategia fiscal responsable y equitativa. Detalló que las únicas modificaciones contempladas son ajustes en las tasas de derechos y aprovechamientos, actualizadas conforme a la inflación proyectada.

De acuerdo con la titular de Finanzas, los recursos estimados financiarán el Presupuesto de Egresos 2026, enfocado en el desarrollo productivo, la innovación y la justicia social. Entre las fuentes de ingreso destacan los recursos propios, como el Control Vehicular, así como las transferencias federales.

“La política tributaria busca no afectar a ninguno de los sectores de la ciudadanía (…) solo estamos actualizando tasas de acuerdo a la inflación”, reiteró Morales Guerrero.

El paquete fiscal, que será enviado al Congreso del Estado para su revisión y votación, pretende mantener el balance financiero del estado, garantizar la continuidad de programas prioritarios y fortalecer áreas estratégicas como infraestructura, educación, salud y campo.

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