El caso se originó cuando un particular promovió un juicio de amparo contra la norma, aprobada en junio de 2025 y reformada en julio del mismo año, que tipificaba el “ciberasedio” con penas de hasta tres años de prisión y multas por conductas como insultos, ofensas o expresiones que pudieran considerarse hostigamiento en el ámbito digital. Un juez de distrito ya había declarado inconstitucional el artículo por ser vago, impreciso y violatorio de los principios de seguridad jurídica y libertad de expresión, al no definir con claridad los elementos del delito y generar un posible efecto censor.

A pesar de ello, las autoridades estatales interpusieron un recurso de revisión. Este lunes, el Tercer Tribunal Colegiado confirmó el fallo y desestimó los argumentos del gobierno, manteniendo la protección al quejoso y estableciendo que la redacción de la norma no cumple con los estándares constitucionales ni con los previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Antecedentes y contexto

Esta decisión se suma a otros amparos concedidos con anterioridad, como los promovidos por organizaciones como ARTICLE 19 y Propuesta Cívica (PROJUC), que también lograron que se declarara inconstitucional el delito por su ambigüedad y riesgo de arbitrariedad en su aplicación. La norma había sido calificada por críticos como una “ley mordaza” o “ley censura”, pues podría inhibir la crítica y el ejercicio periodístico en redes sociales.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los artículos relacionados, argumentando que violan la libertad de expresión y el principio de taxatividad penal.

Implicaciones

Con la ratificación del Tribunal Colegiado, el artículo 480 no podrá aplicarse al promovente del amparo ni, en términos generales, genera un precedente que facilita que otras personas afectadas puedan ampararse. Analistas consideran que esto presiona al Congreso del Estado de Puebla para reformar o derogar la disposición.

Hasta el momento, ni el Gobierno estatal ni el Poder Legislativo local han emitido una postura oficial sobre la resolución. La sentencia refuerza la jurisprudencia en México sobre la necesidad de que las normas penales, especialmente las que inciden en el espacio digital, sean claras, precisas y proporcionales para no vulnerar derechos fundamentales.

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Pozos Vergara recordó que desde la discusión inicial de la iniciativa advirtió que el artículo contenía términos subjetivos y ambiguos, lo que podría derivar en abusos. Sin embargo, la mayoría legislativa conformada por Morena y sus aliados (PT, PVEM, FxM y PANAL) decidió aprobarlo pese a las alertas de la oposición. Incluso señaló que Movimiento Ciudadano, aunque votó en abstención, también terminó respaldando la aprobación del artículo.

El fallo judicial se originó tras el amparo promovido por el abogado César Pineda Zárate, quien impugnó el artículo 480 al considerar que atentaba contra la libertad de expresión. El juez Horacio Óscar Rosete, a cargo del caso, determinó que el contenido del artículo era impreciso y debía dejar de aplicarse, sin efectos ni en su primera aprobación ni en la reforma publicada el 11 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado.

La resolución sienta un precedente que permitirá que cualquier ciudadano acusado bajo ese precepto pueda ampararse y lograr que no se le aplique la Ley de Ciberasedio. Para Pozos Vergara, esto confirma que en el Congreso se está “legislando por encargo y pagando favores políticos”, situación que, afirmó, ha terminado por exhibir a la LXII Legislatura.

La diputada anunció que su bancada presentará un exhorto formal para derogar la Ley de Ciberasedio y abrir un nuevo proceso legislativo que permita sancionar el ciberasedio sin violar la libertad de expresión ni los derechos humanos. Aseguró que el Congreso debe corregir el error y legislar con responsabilidad para evitar nuevas resoluciones que invaliden su trabajo.

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El organismo considera que el artículo 480 del Código Penal de Puebla vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y la seguridad jurídica, pues establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, además de multas, a quienes vigilen, hostiguen, intimiden u ofendan a otra persona en entornos digitales, cuando estas acciones alteren su vida cotidiana o integridad.

Ambigüedades en términos legales

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que el texto de la norma carece de claridad, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de jueces y autoridades.

En los documentos entregados a la SCJN, la Comisión advirtió que conceptos como “hostigar”, “intimidar” u “ofender” son ambiguos y dependen de valoraciones subjetivas, lo que podría derivar en censura previa o en sanciones penales desproporcionadas.

Además, se resaltó que términos como “vigilar” o “ofender” no exigen acreditar intención de daño, por lo que bastaría la percepción de la víctima para configurar el delito. Esto, según la CNDH, viola el principio de taxatividad, que exige que las leyes penales describan con precisión las conductas prohibidas.

Riesgos para la libertad de expresión

El organismo alertó que la ley podría afectar la labor de periodistas, activistas y ciudadanos que usan redes sociales para expresar críticas o cuestionar a las autoridades. En este sentido, advirtió que el derecho penal debe usarse como último recurso y no como herramienta de restricción de la expresión en internet.

Las dos acciones de inconstitucionalidad —registradas con los expedientes 76/2025 y 88/2025— están en trámite y pendientes de resolución por parte de la Suprema Corte.

De ser declarada inválida por la SCJN, la norma dejaría de tener efecto legal, mientras que si se ratifica su constitucionalidad, seguirá vigente y de aplicación obligatoria en Puebla.

El cargo CNDH impugna Ley de Ciberasedio en Puebla ante la Suprema Corte por ambigüedades apareció primero en Reto Diario.

La diputada local Susana Riestra Piña argumentó que la norma “vulnera la libertad de expresión” y afecta los derechos político-electorales de la ciudadanía, lo que justifica que un partido político pueda impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque la primera acción de inconstitucionalidad podría declararse sin materia, la bancada panista prepara un nuevo recurso legal. Además, organizaciones civiles ya han solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que promueva una acción similar.

Riestra aseguró que su bancada continúa escuchando a la ciudadanía para construir una iniciativa integral que permita eliminar el artículo 480 en el próximo periodo legislativo.

Por su parte, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, desestimó el recurso del PAN, argumentando que no es de materia electoral. Sin embargo, la diputada panista afirmó que será la SCJN quien determine su procedencia.

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La demanda fue presentada el 8 de julio por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien argumentó que la ley de ciberasedio atenta contra la libertad de expresión y el principio de legalidad, protegidos por la Constitución. El recurso fue registrado con el expediente 75/2025.

Sin embargo, el Congreso de Puebla aprobó el 10 de julio modificaciones al artículo 480, ajustando su redacción para evitar ambigüedades y proteger derechos fundamentales. La nueva versión delimita el ciberasedio a actos sistemáticos de vigilancia, hostigamiento o intimidación a través de medios digitales que afecten la vida cotidiana, privacidad o integridad emocional de la víctima.

A pesar de que la SCJN aceptó el trámite, aclaró que la demanda no versa sobre materia electoral, lo que podría influir en su improcedencia. Además, el análisis de fondo se aplazará hasta que se renueve la integración del máximo tribunal en septiembre de 2025.

Actualmente, la sanción por este delito es de seis meses a tres años de prisión, que puede aumentar a cinco años si la víctima es menor de edad. Las multas oscilan entre los 5 mil 657 y 33 mil 942 pesos, según el valor de la UMA.

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