La captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que también fue detenida una mujer y que el grupo criminal está relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

A través de redes sociales, García Harfuch detalló que durante el operativo “se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, 6 motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados 7 tigres”.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.

Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

Las investigaciones comenzaron tras el aseguramiento de una embarcación en Tamaulipas, hecho que permitió a las autoridades ubicar diversos inmuebles presuntamente ligados a actividades ilícitas relacionadas con tráfico de hidrocarburos y lavado de dinero.

El despliegue fue realizado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Cateos en Monterrey, San Pedro y Allende

Las fuerzas federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles ubicados en los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García y Allende.

Durante las diligencias fue detenido José Antonio N., de 39 años, señalado como presunto operador de una estructura criminal dedicada al contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y a operaciones financieras ilícitas. También fue arrestada una mujer de 41 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

Según la SSPC, las labores de inteligencia permitieron reunir datos de prueba suficientes para solicitar las órdenes de cateo ante un juez de control.

Aseguran armas, droga y animales exóticos

Como resultado de los operativos, las autoridades decomisaron 10 armas de fuego —nueve cortas y una larga—, cartuchos, diversas dosis de droga, documentación, equipos de cómputo, dinero en efectivo, 11 vehículos y seis motocicletas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el resguardo de siete tigres localizados en una de las propiedades intervenidas. Hasta el momento, las autoridades no han informado si los animales contaban con permisos legales ni el sitio al que serán trasladados mientras avanzan las investigaciones.

En los últimos años, distintas investigaciones federales han relacionado a integrantes del crimen organizado con la posesión de especies exóticas como símbolo de poder económico y control territorial.

Las investigaciones continúan: García Harfuch

El secretario de Seguridad informó que los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras continúan las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas en la red criminal.

“Las investigaciones continúan”, señaló Omar García Harfuch tras dar a conocer los resultados preliminares del operativo federal.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado el monto exacto del dinero asegurado ni si se emitirán nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con esta investigación.

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De acuerdo con las investigaciones, este grupo operaba mediante más de 40 empresas fachada en los sectores logístico, energético y de transporte, utilizadas para simular actividades legales y ocultar recursos de procedencia ilícita. Las acciones forman parte de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las detenciones se realizaron en los estados de Estado de México, Chihuahua y Querétaro, donde autoridades federales cumplimentaron órdenes de aprehensión contra los implicados. Entre los señalados se encuentra Héctor Iván Pineda, identificado como presunto líder de la organización.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que permitieron al juez dictar la vinculación a proceso. Como resultado, ocho personas enfrentarán prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que una más fue vinculada únicamente por este último delito, con prisión preventiva justificada.

Además, en una causa penal distinta, dos de los imputados también fueron vinculados por delitos contra la salud, posesión de cartuchos y cargadores, así como por lavado de dinero.

Como parte de los operativos, las autoridades aseguraron 47 vehículos, cinco inmuebles, joyería y dinero en efectivo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con las investigaciones.

La FGR informó que las nueve personas permanecerán bajo las medidas cautelares impuestas mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente. Asimismo, reiteró que todas las personas imputadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.

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El negocio, denominado “La Tortería“, ubicado en la calle 14 de Julio, es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia tras el hallazgo de dosis de estupefacientes y documentación que sugiere actividades ilícitas.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que, pese a tener pocos meses de operación y baja afluencia de clientes, el local reportaba facturaciones superiores a los 200 mil pesos mensuales.

Las autoridades presumen que el establecimiento funcionaba como fachada para el blanqueo de recursos provenientes del narcomenudeo.

Además, la indagatoria rastrea vínculos con células delictivas dedicadas al robo a casa habitación y su posible relación con un homicidio en la capital poblana.

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A través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Tesoro estadounidense congeló los bienes y prohibió cualquier transacción con Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas —a solo dos millas de la frontera con Estados Unidos—, y con Diamante Casino, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), con presencia en Tampico y un sitio web de apuestas.

Según el comunicado oficial, estos casinos formaban parte de una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo al servicio del Cártel del Noreste. En particular, el Casino Centenario habría sido utilizado como bodega para ocultar pastillas de fentanilo y cocaína, así como un lugar para intimidar o torturar a presuntos enemigos del cártel.

Las sanciones también alcanzaron a tres individuos clave:

• Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado señalado por prestar servicios al cártel (incluidos presuntos vínculos con el líder histórico “Z-40”)
• Jesús Reymundo Ramos Vázquez
• Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, acusado de participar en operaciones de tráfico de personas y otras actividades ilícitas

Estas personas desempeñarían roles centrales en el control del “plaza” de Nuevo Laredo y en el apoyo a las operaciones más amplias del CDN, que incluyen tráfico de fentanilo, contrabando de migrantes, extorsión y lavado de dinero.

“Esta acción desmantela empresas de casinos vinculadas al CDN y golpea su capacidad financiera cerca de la frontera”, destacó el Tesoro en su comunicado, titulado simbólicamente “The House Loses” (La casa pierde).

Se trata de la tercera acción contra líderes y afiliados del Cártel del Noreste durante la actual administración de Donald Trump. Las sanciones se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 14059 (contra la proliferación de drogas ilícitas) y la 13224 (contra terroristas y sus facilitadores). Como resultado, cualquier bien o interés de los sancionados que se encuentre en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses queda bloqueado, y se prohíben las transacciones con ellos.

El Cártel del Noreste, escisión de los antiguos Zetas, mantiene fuerte influencia en la zona fronteriza de Tamaulipas, especialmente alrededor del puerto de entrada más transitado de la frontera sur de EE.UU. en Laredo, Texas.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni los afectados han emitido declaraciones públicas sobre las sanciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha confirmado estar al tanto de la medida.

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La medida se aplica exclusivamente cuando existan “indicios suficientes” de que la persona o empresa está relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), financiamiento al terrorismo o delitos asociados. La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podrá actuar con base en información nacional o internacional, sin requerir una solicitud formal de una autoridad extranjera, como exigía el criterio anterior (conocido como “criterio Medina Mora” de 2018).

¿Qué implica para personas físicas y morales?

Para los ciudadanos y empresas, esta determinación representa un cambio significativo en la relación con el sistema financiero. Una vez que la UIF decide incorporar a alguien a la lista de bloqueados, las instituciones bancarias deben suspender de inmediato todas las operaciones: retiros, transferencias, pagos y cargos. Esto afecta tanto a cuentas personales como a las de compañías, paralizando flujos de efectivo esenciales.

• Personas físicas: puede impedir el acceso a salarios, ahorros o fondos para gastos cotidianos, hipotecas, colegiaturas o emergencias. Aunque la Corte enfatiza que se trata de una medida administrativa y preventiva (no una sanción penal), el impacto económico puede ser inmediato y severo, incluso si posteriormente se demuestra la inocencia
• Personas morales (empresas): el congelamiento puede detener nóminas, pagos a proveedores, operaciones comerciales o cumplimiento de contratos, con posibles efectos en cadena sobre empleos y la economía. La SCJN argumenta que la resolución respeta el derecho de audiencia, defensa y vías de impugnación (administrativas o mediante juicio de amparo), pero una reforma previa a la Ley de Amparo impide que los jueces otorguen suspensiones provisionales contra estos bloqueos.

La Corte ha subrayado que el bloqueo no constituye una “condena anticipada” ni viola la presunción de inocencia, ya que es una herramienta cautelar para evitar la dispersión de recursos ilícitos y fortalecer el combate al lavado de dinero, en línea con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Lo que podía y no podía hacer la UIF antes

Hasta ahora, la jurisprudencia de la SCJN limitaba el bloqueo inmediato sin orden judicial a casos en que existiera una petición expresa de una autoridad u organismo internacional. En escenarios de origen nacional, la UIF debía solicitar autorización judicial previa o limitarse a otras acciones menos directas. La nueva interpretación elimina esa restricción y otorga a la UIF autonomía para actuar con mayor rapidez y basándose en sus propias investigaciones o inteligencia financiera interna.

Críticas: ¿“Terrorismo fiscal” o herramienta necesaria?

La decisión ha generado un intenso debate. Mientras la mayoría de ministros consideró que fortalece la prevención de delitos financieros, la minoría (entre ellos la ministra Yasmín Esquivel) advirtió sobre los riesgos de una medida “grave” que podría afectar la seguridad jurídica y el debido proceso.

Diversas voces, principalmente de sectores opositores y analistas jurídicos, han señalado que esta facultad podría usarse como una forma de “terrorismo fiscal”; es decir, un instrumento de presión selectiva contra contribuyentes, opositores políticos o empresas incómodas, bajo el pretexto de indicios de lavado. Aunque la norma establece un candado claro —solo aplica por sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo—, son más las dudas que las certezas respecto a los alcances punitivos: ¿qué tan robustos son los “indicios suficientes”? ¿Existe riesgo de arbitrariedad en la discrecionalidad de la UIF? ¿Cómo se protege a quienes resulten afectados injustamente mientras se resuelve su caso?

La SCJN, por su parte, defendió que la resolución equilibra la lucha contra la delincuencia financiera con las garantías individuales, al prever mecanismos posteriores de control. Sin embargo, el fallo marca un punto de inflexión: la UIF cuenta ahora con un “superpoder” operativo que, según sus impulsores, era necesario para alinear a México con mejores prácticas globales; según sus críticos, abre la puerta a un mayor control estatal sobre los recursos privados.

La resolución ya es firme y entrará en plena aplicación. Organizaciones de la sociedad civil y el sector privado han anunciado que analizarán posibles acciones legales o legislativas para establecer mayores contrapesos. Mientras tanto, miles de cuentahabientes y empresas mexicanas operarán bajo la sombra de un posible bloqueo administrativo inmediato ante cualquier indicio de irregularidad financiera.

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La resolución fue emitida por el juez de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que impide por ahora la liberación del exmandatario.

Investigación durará seis meses

El juzgador fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa deberán reunir y presentar pruebas adicionales. La siguiente etapa del proceso está prevista para agosto próximo.

Durante la audiencia, que se prolongó por más de diez horas, la Fiscalía expuso datos que apuntan a que Duarte habría encabezado un esquema para mezclar recursos federales y estatales con el fin de desviarlos, presuntamente mediante instrucciones directas a funcionarios de su administración.

Posible salida de prisión queda en suspenso

La vinculación a proceso complica el escenario jurídico del exgobernador, quien permanece encarcelado desde 2017 tras declararse culpable de delitos como asociación delictuosa y lavado de dinero. Estaba previsto que en abril próximo cumpliera nueve años de prisión, lo que abría la posibilidad de solicitar su liberación.

Sin embargo, con este nuevo proceso penal abierto, su salida del Reclusorio Norte queda en vilo.

Reacción del exmandatario y su defensa

Al término de la audiencia, Duarte expresó su inconformidad con la decisión judicial:

“No me encuentro sorprendido. Gana nuevamente la política sobre la justicia”, sentenció.

Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la resolución e incluso analizarán promover un amparo, al considerar que hubo inconsistencias en los argumentos del juez respecto a las circunstancias del caso.

Posibles penas y nuevas investigaciones

El delito de peculado por el que fue vinculado podría implicar una pena de entre 2 y 14 años de prisión. Además, la Fiscalía anticorrupción adelantó que podrían ejercerse acciones penales contra otros exfuncionarios presuntamente involucrados en el desvío de recursos ocurrido entre 2012 y 2014.

Según las investigaciones, los fondos habrían sido originalmente destinados a dos casas hogar en Veracruz, pero terminaron dispersados mediante una presunta triangulación financiera operada por varios servidores públicos.

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De acuerdo con la FGR, la detención se realizó en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, mediante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tras su aseguramiento, se le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde quedó a disposición de un juez federal para que el Ministerio Público solicite la audiencia inicial.

Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señalan que María N. habría fungido como apoderada legal de una empresa vinculada a García Luna, la cual presuntamente utilizó el sistema financiero para canalizar recursos de origen ilícito y desviar fondos de la administración pública federal. Autoridades federales han indicado que los montos involucrados alcanzarían miles de millones de pesos, aunque será el proceso judicial el que determine responsabilidades.

Diversas indagatorias periodísticas y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han documentado que la detenida estuvo relacionada con la empresa Nunvav Inc, señalada como parte del esquema mediante el cual se desviaron recursos públicos a través de contratos durante y después de la gestión de García Luna. La UIF ha sostenido que dichas operaciones formaron parte de una red más amplia para el ocultamiento y lavado de activos.

María N. desarrolló su carrera dentro del sector seguridad entre 2001 y 2012, periodo en el que ocupó cargos en el sistema penitenciario federal y posteriormente en la Secretaría de Seguridad Pública, integrándose a la coordinación de asesores del entonces secretario.

El caso se suma a los procesos abiertos contra Genaro García Luna, a quien se le condenó en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa. Además, una corte civil en Florida ordenó recientemente a García Luna y a su esposa pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema de contrataciones ilegales.

La FGR subrayó que María N. se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar el origen de 73 millones 925 mil pesos, recursos presuntamente desviados cuando gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016. La Fiscalía sostiene la acusación con 120 datos de prueba, que incluyen convenios y subsidios otorgados desde dependencias estatales a empresas vinculadas al exmandatario y a su esposa, Bertha Olga Gómez Font.

Entre las empresas señaladas se encuentran Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera Rural División del Norte, donde Duarte era presidente del consejo de administración, así como Pavimentos y Servicios Parral e Hidroponia El Parral, donde su esposa fungía como representante legal. Los recursos, según la FGR, se transfirieron entre estas compañías y posteriormente terminaron en cuentas personales del exgobernador y de su esposa, incluso para cubrir pagos como una tarjeta de crédito American Express.

La defensa de Duarte solicitó que se le permitiera enfrentar el proceso en libertad mediante una caución; sin embargo, el Ministerio Público argumentó que su liberación implicaría riesgo de obstaculización del proceso, dada su influencia política como exgobernador.

Durante la audiencia de imputación, Duarte se reservó su derecho a declarar. Su defensa pidió la duplicidad del término constitucional para reunir elementos que puedan desvirtuar la acusación.

Será el sábado 10 de diciembre de 2025 a las 13:00 horas cuando la juez determine si se le vincula a proceso o si se dicta su no vinculación. Duarte fue detenido por segunda ocasión el 8 de diciembre de 2025, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en mayo de 2024.

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La defensa de Duarte argumenta que ya cumplió más del 95% de su condena de 9 años, impuesta en 2018 por asociación delictuosa y lavado de dinero, que ha tenido buena conducta y que cumple todos los requisitos legales para la libertad anticipada (saldría unos 5 meses antes; su condena termina en abril de 2026).

Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) se opone rotundamente al exponer testigos y pruebas para alegar mala conducta en prisión (por ejemplo, posesión de objetos prohibidos como celular, módem, alcohol y una pluma con cámara en años anteriores) y que la liberación podría entorpecer procesos pendientes. También mencionó una denuncia por desaparición forzada en Veracruz (aunque fue cancelada en 2024, está impugnada) y hasta una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Organizaciones como Propuesta Cívica han pedido a la jueza rechazar la libertad, argumentando que sería una afrenta a las víctimas de la corrupción y desapariciones durante su gobierno en Veracruz (2010-2016).

Hasta este jueves 20 de noviembre, Javier Duarte sigue preso y la decisión final se conocerá mañana viernes.

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Los establecimientos señalados se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde se identificaron operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estos casinos realizaron movimientos hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, con el objetivo de dispersar, ocultar y reinsertar recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano e internacional. Además, los verdaderos dueños reclutaron a personas con perfiles económicos modestos, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para transferir dinero y legitimar sus ingresos de origen criminal.

Hacienda explicó que el operativo forma parte de los compromisos de cooperación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La UIF informó que ya se bloquearon las cuentas de los establecimientos y que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para dar seguimiento a posibles delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión inmediata de actividades de los 13 casinos “para garantizar la legalidad de las operaciones y proteger a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal revisa todos los casinos del país, tanto desde la perspectiva de seguridad como de cumplimiento normativo, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF.

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Además de malestar hay temor de que les suceda lo mismo que al empresario Javier Milián Mora, el dueño de centros nocturnos, gimnasios y restaurantes que fue detenido a la salida del fraccionamiento La Vista y llevado a la Casa de Justicia de Cholula, donde permaneció casi 48 horas hasta que pagó varios millones de pesos por fuera para su liberación.

Los empresarios sostienen que la extorsión comienza con una visita o aviso de un exfuncionario del municipio de Puebla y de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que les informa de la existencia de una investigación en su contra por delitos de lavado de dinero o resultado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya carpeta podría conseguir mediante el pago de varios miles de pesos e incluso a desaparecer pero por una cantidad superior a los seis ceros.

De las extorsiones, algunos empresarios locales con influencias políticas y contactos al más alto nivel se quejaron, pero como estas no cesaron e incluso se intensificaron, escalaron al ámbito federal, donde algunas autoridades ya tomaron cartas en el asunto.

Por lo pronto ya se tiene identificado al personaje usado por los agentes de la Fiscalía para estos chantajes y ya se investiga a funcionarios de esta unidad que pudieran estar involucrados en la fabricación de carpetas de investigación en contra de empresarios y constructores acusados de enriquecimiento ilícito.

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Este viernes, el INE designará a tres consejeros del IEE

Este viernes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que elegir a los consejeros que sustituirán a Sofía Marisol Martínez Gorbea, Evangelina Mendoza y Jesús Arturo Baltazar Trujano en el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Los aspirantes finalistas son 9 agrupados en tres ternas, dos de mujeres y una de hombres.

La primera terna la integran Edith Aranzasú Abad Bazán, Andrea Berenice Castro Hinojosa y Christian Mariana Ceballos Garduño.

Aranzasú fue directora Administrativa del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y tiene entre sus negativos el haber sido asistente de Eukid Castañón Herrera, antecedente que eliminó de su currículo. Fue parte del Ayuntamiento de Puebla en la administración de la alcaldesa morenista Claudia Rivera Vivanco, como analista especializada de la Secretaría de Administración.

La segunda terna está formada por Maribel Cortez Blanca, Mónica Elena Edén Wynter Gutiérrez de Velasco y Sandra Timal López.

Aquí la de mejor currículum es Mónica Elena, quien labora para la ONU y ha trabajado para el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Integradora de Participación Ciudadana de Puebla. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UDLAP y maestra en Gobernanza Metropolitana por el Instituto de Estudios Políticos de París.

La terna de hombres la componen Víctor Antonio Carrera Montalvo, Carlos Alberto Montero Catalán y Héctor Tello Hernández.

El primero es un empleado de muchos años en organismos electorales de Querétaro, Ciudad de México y Sinaloa que estudió Ciencias Políticas en la BUAP; lo mismo que el segundo, que es abogado egresado de la UNAM, aunque este en el Registro Federal de Electores, y el tercero es también licenciado en Derecho que ha laborado para el IEE, el SOAPAP, el Tribunal Superior de Justicia y el INE.

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Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

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Zhang fue detenido originalmente en octubre de 2024 en México y estaba bajo arresto domiciliario con custodia de la Guardia Nacional, pero logró fugarse en julio de 2025 cavando un túnel. La Interpol había emitido una ficha roja para su búsqueda y detención.

Foto: Redes sociales

Las autoridades mexicanas confirmaron que Cuba notificó formalmente la detención de Zhang y que se espera su extradición a México para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero. Zhang es considerado una pieza clave en la logística de distribución de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y Cártel  Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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En un comunicado, el IPAB notificó a los clientes que pueden confiar en que sus depósitos están protegidos hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por persona, equivalentes a aproximadamente 3 millones 424 mil 262 pesos.

“Esta cobertura es aplicable solo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables”, destacó.

IPAB no garantizó depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado.

“No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación”, recalcó.

De igual manera, notificó que el pago de obligaciones garantizadas comenzará el 13 de octubre y se realizará en un plazo máximo de 90 días.

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— CIBanco (@cibanco) October 10, 2025

Las sucursales de CIBanco cerrarán, excepto algunas que estarán abiertas solo para consultas y aclaraciones.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a finales de junio a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de sustancias controladas; posteriormente y tras la petición de “pruebas” a Estados Unidos por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dichas entidades financieras fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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De acuerdo con información confirmada en el Registro Nacional de Detenciones (RND) y fuentes consultadas por el portal Ambas Manos, la aprehensión ocurrió alrededor de las 8:17 de la mañana, cuando el empresario circulaba en una camioneta negra sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del residencial La Vista Country Club, en inmediaciones de la colonia San Bernardino Tlaxcalancingo.

Testigos refirieron que una camioneta con agentes ministeriales interceptó el vehículo de Milian y procedió con su detención, lo que generó congestión vial entre Periférico y bulevar Municipio Libre.

El RND detalla que Milian, de 1.80 metros de estatura, tez clara, complexión delgada y cabello ondulado, vestía al momento de su arresto una chamarra deportiva blanca, short de color gris y tenis negros. Tras su aseguramiento, fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

Foto: Especial

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo de la detención, fuentes judiciales indicaron que la orden fue ejecutada por una Fiscalía Especial. De forma extraoficial, trascendió que el caso podría estar relacionado con presunto lavado de dinero y movimientos financieros irregulares vinculados a sus negocios.

Durante la pandemia, Javier Milian fungió como presidente de la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla, agrupación que representa a dueños de bares y centros nocturnos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la investigación, aunque se espera que en las próximas horas la FGE emita información oficial sobre el caso.

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